El Gobierno no percibe una alarma económica en los u$s 100 millones mensuales que las personas importan a través de courier, aunque el notable incremento en el volumen de estas operaciones ha centrado la atención en la infraestructura y los mecanismos de control existentes.
Actualmente, el sistema operativo está sobrecargado y carece de una matriz de riesgo que permita una previsibilidad adecuada. En el transcurso de 2025, las importaciones crecieron un 274%, pasando de u$s 239 millones a 894 millones, tras implementarse ciertas medidas de flexibilización arancelaria.
La tendencia alcista se mantuvo en los primeros cinco meses de 2026, registrando transacciones por u$s 518 millones, un incremento del 113,2% con respecto al mismo período del año anterior, lo que indica que el volumen se ha casi duplicado.
El activarse de los controles y cupos al momento de la llegada de las cargas al país por vía aérea ha limitado la capacidad de análisis previo por parte de la Aduana, generando costos adicionales en almacenamiento para los operadores.
Ante esta situación, las autoridades han decidido modificar la dinámica que ha impulsado las importaciones bajo el régimen simplificado, anunciando que el sistema tradicional de cinco envíos con franquicia de u$s 400 “va a desaparecer” en la práctica.
Aunque no se espera una regulación que restrinja las compras a través de courier, la Aduana busca evitar el uso abusivo del sistema mediante CUITs no habilitados. Esta información se hizo pública en el Centro de Despachantes de Aduana (CDA), donde el titular de la Dirección General de Aduanas (DGA) detalló los próximos pasos a seguir.
Esta semana se iniciará un esquema piloto con Amazon, según dijo el funcionario. El objetivo final es que las plataformas de comercio electrónico global recojan e ingresen los tributos aduaneros pertinentes durante el proceso de pago de la compra.
Esto permitirá al Estado obtener información anticipada, proporcionando mayor seguridad antes de que los envíos salgan del país de origen.
Además, se implementará un cruce automatizado con las bases de datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper) para prevenir fraudes históricos, como el uso de CUITs de personas fallecidas o menores de edad. Así, si el comprador no cumple con los requisitos legales o fiscales mínimos, la operación será bloqueada inmediatamente en el origen.
Al automatizar este proceso previo al arribo, se espera aliviar la carga administrativa de prestadores de servicios internacionales como DHL o FedEx, y reducir en al menos una hora los tiempos de procesamiento por cada operación, según estima la Aduana.
Este cambio estructural responde al “colapso” experimentado por la aduana de Uruguay en el manejo de paquetería, una situación que en Ezeiza fue abordada temporalmente mediante la partición de depósitos fiscales y el uso compartido de escáneres, pero ahora busca una solución definitiva mediante la trazabilidad anticipada.
Más allá del régimen de encomiendas internacionales, el Gobierno está llevando a cabo una reforma profunda para desregular la carga general, eliminar costos considerados “ridículos” y acelerar los tiempos de operación del sector productivo local. El primer pilar de esta estrategia apunta hacia una “Aduana Cero Papeles” y la modernización del Sistema Malvina.
Se ha establecido un convenio estratégico con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos y Homeland Security para eliminar la necesidad de presencia física y de documentación impresa. Esta digitalización se aplicará principalmente en las exportaciones, dado que tienen un volumen menor de intervenciones por parte de organismos reguladores comparado con las importaciones.
El segundo eje del plan redefine el rol del Operador Económico Autorizado (OEA), ofreciendo beneficios tangibles a las empresas que cumplan con rigurosas auditorías. Se están finalizando detalles de un acuerdo operativo bilateral con las aduanas de Uruguay y Paraguay que integrará bases de datos y permitirá la co-localización de agentes en un mismo espacio.
De este modo, los escaneos y verificaciones realizados en el país de origen serán válidos automáticamente en el país de destino, eliminando así revisiones duplicadas que complican la logística regional.
El titular de la Aduana también anunció que las verificaciones exhaustivas se llevarán a cabo en la medida de lo posible en los depósitos de los importadores, para evitar altos costos en terminales portuarias.
Finalmente, la reforma incluirá medidas regulatorias para frenar lo que las autoridades han denominado “avivadas” en el Puerto de Buenos Aires. En este contexto, se diseñará un sistema de turnos públicos validado por la Aduana, que tendrá como objetivo desmantelar el monopolio de las empresas en la gestión de horarios en terminales privadas.
El Estado se basará en normativas vigentes que le otorgan la facultad de elaborar el manual operativo para la asignación de turnos, asegurando el control del sistema. Además, se auditarán y eliminarán costos arbitrarios como los recargos para contenedores High Cube, ya que el maquinaria utilizada es idéntica a la de un contenedor estándar de 40 pies.
Actualmente, el sistema operativo está sobrecargado y carece de una matriz de riesgo que permita una previsibilidad adecuada. En el transcurso de 2025, las importaciones crecieron un 274%, pasando de u$s 239 millones a 894 millones, tras implementarse ciertas medidas de flexibilización arancelaria.
La tendencia alcista se mantuvo en los primeros cinco meses de 2026, registrando transacciones por u$s 518 millones, un incremento del 113,2% con respecto al mismo período del año anterior, lo que indica que el volumen se ha casi duplicado.
El activarse de los controles y cupos al momento de la llegada de las cargas al país por vía aérea ha limitado la capacidad de análisis previo por parte de la Aduana, generando costos adicionales en almacenamiento para los operadores.
Ante esta situación, las autoridades han decidido modificar la dinámica que ha impulsado las importaciones bajo el régimen simplificado, anunciando que el sistema tradicional de cinco envíos con franquicia de u$s 400 “va a desaparecer” en la práctica.
Aunque no se espera una regulación que restrinja las compras a través de courier, la Aduana busca evitar el uso abusivo del sistema mediante CUITs no habilitados. Esta información se hizo pública en el Centro de Despachantes de Aduana (CDA), donde el titular de la Dirección General de Aduanas (DGA) detalló los próximos pasos a seguir.
Esta semana se iniciará un esquema piloto con Amazon, según dijo el funcionario. El objetivo final es que las plataformas de comercio electrónico global recojan e ingresen los tributos aduaneros pertinentes durante el proceso de pago de la compra.
Esto permitirá al Estado obtener información anticipada, proporcionando mayor seguridad antes de que los envíos salgan del país de origen.
Además, se implementará un cruce automatizado con las bases de datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper) para prevenir fraudes históricos, como el uso de CUITs de personas fallecidas o menores de edad. Así, si el comprador no cumple con los requisitos legales o fiscales mínimos, la operación será bloqueada inmediatamente en el origen.
Al automatizar este proceso previo al arribo, se espera aliviar la carga administrativa de prestadores de servicios internacionales como DHL o FedEx, y reducir en al menos una hora los tiempos de procesamiento por cada operación, según estima la Aduana.
Este cambio estructural responde al “colapso” experimentado por la aduana de Uruguay en el manejo de paquetería, una situación que en Ezeiza fue abordada temporalmente mediante la partición de depósitos fiscales y el uso compartido de escáneres, pero ahora busca una solución definitiva mediante la trazabilidad anticipada.
Más allá del régimen de encomiendas internacionales, el Gobierno está llevando a cabo una reforma profunda para desregular la carga general, eliminar costos considerados “ridículos” y acelerar los tiempos de operación del sector productivo local. El primer pilar de esta estrategia apunta hacia una “Aduana Cero Papeles” y la modernización del Sistema Malvina.
Se ha establecido un convenio estratégico con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos y Homeland Security para eliminar la necesidad de presencia física y de documentación impresa. Esta digitalización se aplicará principalmente en las exportaciones, dado que tienen un volumen menor de intervenciones por parte de organismos reguladores comparado con las importaciones.
El segundo eje del plan redefine el rol del Operador Económico Autorizado (OEA), ofreciendo beneficios tangibles a las empresas que cumplan con rigurosas auditorías. Se están finalizando detalles de un acuerdo operativo bilateral con las aduanas de Uruguay y Paraguay que integrará bases de datos y permitirá la co-localización de agentes en un mismo espacio.
De este modo, los escaneos y verificaciones realizados en el país de origen serán válidos automáticamente en el país de destino, eliminando así revisiones duplicadas que complican la logística regional.
El titular de la Aduana también anunció que las verificaciones exhaustivas se llevarán a cabo en la medida de lo posible en los depósitos de los importadores, para evitar altos costos en terminales portuarias.
Finalmente, la reforma incluirá medidas regulatorias para frenar lo que las autoridades han denominado “avivadas” en el Puerto de Buenos Aires. En este contexto, se diseñará un sistema de turnos públicos validado por la Aduana, que tendrá como objetivo desmantelar el monopolio de las empresas en la gestión de horarios en terminales privadas.
El Estado se basará en normativas vigentes que le otorgan la facultad de elaborar el manual operativo para la asignación de turnos, asegurando el control del sistema. Además, se auditarán y eliminarán costos arbitrarios como los recargos para contenedores High Cube, ya que el maquinaria utilizada es idéntica a la de un contenedor estándar de 40 pies.
