Tras el incidente donde se utilizó un contenedor que había albergado glifosato para el transporte de chorizos en una fiesta en General La Madrid, expertos de una entidad dedicada a la gestión de envases de fitosanitarios destacaron que estos recipientes son inapropiados para el contacto con alimentos y su uso en la cocina. Recomiendan a los productores devolver estos envases en los centros designados o en jornadas itinerantes para asegurar un tratamiento adecuado conforme a la normativa vigente.
El hecho ocurrió durante la primera edición de la Fiesta del Chorizo a la Pomarola, que se llevó a cabo en La Colina. La festividad tenía como atractivo principal la elaboración de unos 1000 chorizos a la pomarola. Durante el evento, se empleó un bidón de 20 litros que llevaba la inscripción “GLIF”, correspondiente al herbicida. Posteriormente, el Municipio también se pronunció sobre la situación.
“Este tipo de envases no puede usarse para cocinar”, enfatizó un representante de la entidad. “Consideramos que este caso es emblemático, ya que vincula un envase con utensilios de cocina en un evento público”, añadió.
El directivo hizo hincapié en que estos recipientes deben ser manejados de manera adecuada: “Es fundamental que los productores los devuelvan en los puntos habilitados o en las campañas itinerantes que organizamos”.
La ley nacional 27.279, promulgada en 2016, determina los estándares de protección ambiental para la gestión de envases de fitosanitarios vacíos, considerando su toxicidad. Esta norma abarca todos los recipientes utilizados en el país y prohíbe su abandono, quema, enterramiento, vertido o comercio fuera del circuito autorizado.
Asimismo, esta restricción se extiende al destino del plástico recuperado. El decreto reglamentario 134/2018 establece restricciones para productos que puedan entrar en contacto con alimentos o que representen un riesgo para la salud y el ambiente. La reutilización permitida consiste únicamente en el rellenado por parte del registrante con el mismo producto u otro autorizado.
“El plástico utilizado no es apto para cocinar, como se ha visto en este caso, ni para fabricar cucharas que usaremos para comer”, reiteró el representante.
La entidad gestiona la recolección de envases y representa a más de 110 empresas que corresponden al 90% del mercado. Según se mencionó, todas las provincias continentales están adheridas al sistema, excepto Tierra del Fuego. En 2025, Chubut se convirtió en la provincia número 22 en aprobar este esquema, que abarca Buenos Aires y otras provincias.
“En la mayoría de las provincias existen centros de acopio, mientras que en otras, por su bajo volumen, se llevan a cabo campañas itinerantes”, explicó.
La entrega de envases es solo el primer paso en un proceso regulado que debe cumplir con las normativas. Para los recipientes que contienen productos solubles en agua, la ley exige un lavado específico, aunque este proceso no habilita su uso doméstico.
“Los productores deben devolver los envases con un lavado triple. Luego, nosotros nos encargamos de su tratamiento y destino final conforme a la ley”, subrayó el representante.
Una vez recolectados, los envases se envían a operadores autorizados para su reciclaje. Allí se realiza el picado y peletizado del plástico, que se destina a la producción de nuevos envases y otros productos.
“Estamos viendo un aumento en el uso de plástico reciclado en la elaboración de envases tricapa, lo que representa una economía circular efectiva. Controlamos la trazabilidad del plástico para asegurar que no se utilice de manera prohibida”, subrayó.
Entre los problemas identificados, se destaca la disposición inadecuada en áreas rurales y la entrega a recolectores informales. “El mayor riesgo que observamos es la incorrecta disposición, especialmente el enterramiento de envases o su abandono en terrenos rurales, lo que también incluye el riesgo de contaminar cuerpos de agua”, comentó.
La concientización sobre este tema también incluye a los municipios. Sin embargo, hay un circuito de comercio ilegal de plásticos que complica la situación. “Todavía existe un comercio no regulado de plásticos en el país”, señaló. Según lo explicado, hay recuperadores que buscan estos recipientes en los campos, lo cual genera preocupaciones sobre su uso indebido.
Por eso, la entidad colabora con las autoridades provinciales. “Realizamos tareas de fiscalización en conjunto para abordar los circuitos ilegales y confiscamos materiales para reintegrarlos al sistema autorizado”, concluyó.
El hecho ocurrió durante la primera edición de la Fiesta del Chorizo a la Pomarola, que se llevó a cabo en La Colina. La festividad tenía como atractivo principal la elaboración de unos 1000 chorizos a la pomarola. Durante el evento, se empleó un bidón de 20 litros que llevaba la inscripción “GLIF”, correspondiente al herbicida. Posteriormente, el Municipio también se pronunció sobre la situación.
“Este tipo de envases no puede usarse para cocinar”, enfatizó un representante de la entidad. “Consideramos que este caso es emblemático, ya que vincula un envase con utensilios de cocina en un evento público”, añadió.
El directivo hizo hincapié en que estos recipientes deben ser manejados de manera adecuada: “Es fundamental que los productores los devuelvan en los puntos habilitados o en las campañas itinerantes que organizamos”.
La ley nacional 27.279, promulgada en 2016, determina los estándares de protección ambiental para la gestión de envases de fitosanitarios vacíos, considerando su toxicidad. Esta norma abarca todos los recipientes utilizados en el país y prohíbe su abandono, quema, enterramiento, vertido o comercio fuera del circuito autorizado.
Asimismo, esta restricción se extiende al destino del plástico recuperado. El decreto reglamentario 134/2018 establece restricciones para productos que puedan entrar en contacto con alimentos o que representen un riesgo para la salud y el ambiente. La reutilización permitida consiste únicamente en el rellenado por parte del registrante con el mismo producto u otro autorizado.
“El plástico utilizado no es apto para cocinar, como se ha visto en este caso, ni para fabricar cucharas que usaremos para comer”, reiteró el representante.
La entidad gestiona la recolección de envases y representa a más de 110 empresas que corresponden al 90% del mercado. Según se mencionó, todas las provincias continentales están adheridas al sistema, excepto Tierra del Fuego. En 2025, Chubut se convirtió en la provincia número 22 en aprobar este esquema, que abarca Buenos Aires y otras provincias.
“En la mayoría de las provincias existen centros de acopio, mientras que en otras, por su bajo volumen, se llevan a cabo campañas itinerantes”, explicó.
La entrega de envases es solo el primer paso en un proceso regulado que debe cumplir con las normativas. Para los recipientes que contienen productos solubles en agua, la ley exige un lavado específico, aunque este proceso no habilita su uso doméstico.
“Los productores deben devolver los envases con un lavado triple. Luego, nosotros nos encargamos de su tratamiento y destino final conforme a la ley”, subrayó el representante.
Una vez recolectados, los envases se envían a operadores autorizados para su reciclaje. Allí se realiza el picado y peletizado del plástico, que se destina a la producción de nuevos envases y otros productos.
“Estamos viendo un aumento en el uso de plástico reciclado en la elaboración de envases tricapa, lo que representa una economía circular efectiva. Controlamos la trazabilidad del plástico para asegurar que no se utilice de manera prohibida”, subrayó.
Entre los problemas identificados, se destaca la disposición inadecuada en áreas rurales y la entrega a recolectores informales. “El mayor riesgo que observamos es la incorrecta disposición, especialmente el enterramiento de envases o su abandono en terrenos rurales, lo que también incluye el riesgo de contaminar cuerpos de agua”, comentó.
La concientización sobre este tema también incluye a los municipios. Sin embargo, hay un circuito de comercio ilegal de plásticos que complica la situación. “Todavía existe un comercio no regulado de plásticos en el país”, señaló. Según lo explicado, hay recuperadores que buscan estos recipientes en los campos, lo cual genera preocupaciones sobre su uso indebido.
Por eso, la entidad colabora con las autoridades provinciales. “Realizamos tareas de fiscalización en conjunto para abordar los circuitos ilegales y confiscamos materiales para reintegrarlos al sistema autorizado”, concluyó.
