El Gobierno está avanzando en la modificación de la Ley de Semillas, mientras elabora una resolución destinada a fortalecer los controles antes de presentar un proyecto ante el Congreso.
Desde el Ejecutivo se enfatiza que este asunto es parte de la agenda mencionada por Javier Milei durante la inauguración de las sesiones ordinarias, y se han iniciado diálogos con organizaciones agrícolas y del sector de semillas.
El tema forma parte de una mesa de trabajo que reúne al Gobierno, a los productores y a las entidades relacionadas con el ámbito semillero. La próxima reunión está programada para el 9 de junio, siendo considerada por la Nación como una oportunidad para acercar posturas antes de iniciar la discusión legislativa.
La estrategia oficial consiste en avanzar inicialmente con una resolución de fiscalización, dejando para más adelante la propuesta de reforma de la ley.
Esta decisión busca coordinar un frente que abarca la productividad agropecuaria, la propiedad intelectual, el uso propio de semillas y los controles estatales. Desde el Gobierno se considera que es necesario actualizar el marco normativo en Argentina para fomentar las inversiones en biotecnología y nuevas variedades, aunque son conscientes de que este tema puede generar negociaciones complejas con productores, semilleros y entidades rurales.
Javier Milei destacó la reforma a la Ley de Semillas en la 144° Apertura de Sesiones Ordinarias en el Congreso de la Nación.
La Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, 20.247, fue aprobada en 1973 y mantiene un equilibrio que los productores defienden fervientemente: reconoce los derechos de los obtentores, permitiendo a su vez el uso propio, es decir, que el productor pueda reservar parte de su cosecha para volver a sembrarla en la siguiente campaña. Este aspecto es el núcleo del desacuerdo.
La discusión se ha intensificado tras el acuerdo comercial con Estados Unidos, que implica avanzar hacia normativas más estrictas en la protección de la propiedad intelectual.
En este contexto, surge el debate sobre UPOV-91, un tratado internacional que amplía los derechos de los obtentores vegetales. Argentina actualmente está suscripta al acta UPOV-78, considerada más flexible para los productores debido al margen que ofrece para el uso propio.
Los semilleros y empresas de innovación argumentan que el régimen actual desincentiva la inversión en nuevas variedades y limita la entrada de tecnología al país. En este sector se sostiene que la falta de protección efectiva menoscaba las oportunidades de mejorar rendimientos, capturar valor en origen y competir con naciones que ya aplican regulaciones más estrictas en materia de propiedad intelectual agrícola.
Las organizaciones agropecuarias tienen una perspectiva diferente. La Mesa de Enlace está dispuesta a abordar una actualización de la ley, pero busca garantizar el uso propio y evitar un esquema que conlleve pagos múltiples o una transferencia desmedida de rentas hacia los obtentores.
En su propuesta, las organizaciones solicitan mantener el uso propio gratuito hasta un cierto límite de superficie y establecer normas claras para los casos donde se presente el uso propio oneroso.
Uno de los puntos de discusión incluye el límite de 500 hectáreas propuesto por el sector productivo para conservar el uso propio gratuito. Por encima de esa superficie, se abriría la posibilidad de implementar un esquema de pago solo sobre el área excedente.
Asimismo, se están evaluando aspectos como la cantidad de años de multiplicación, el alcance de las regalías, el papel del Estado en la fiscalización y los mecanismos para prevenir abusos contractuales entre particulares.
La resolución que está preparando el Gobierno tiene como objetivo fortalecer la fiscalización antes de la modificación de la ley. En términos prácticos, el Ejecutivo busca mejorar los controles sobre el origen legal de la semilla, la trazabilidad, las declaraciones de uso propio y el cumplimiento de las regulaciones vigentes.
Se pone el énfasis en disminuir la informalidad del mercado y limitar la llamada “bolsa blanca”, que se refiere a la semilla comercializada o reutilizada fuera de los circuitos establecidos.
En la Nación consideran que este paso podría funcionar como un mensaje hacia ambas partes. Para la industria semillera, indicaría que el Estado está dispuesto a ejercer un control más riguroso sobre el uso de tecnología protegida.
A los productores, por su parte, les permitiría desvincular la discusión sobre fiscalización de la reforma legal más profunda, que aún necesita consenso y puede generar resistencia en el Congreso.
El Instituto Nacional de Semillas será una pieza fundamental en este proceso. Este organismo es responsable de la aplicación de la Ley de Semillas, la inscripción de cultivares, la fiscalización de producción y comercialización, así como la protección de las creaciones fitogenéticas.
Desde el campo se exige que cualquier cambio legal esté acompañado por un INASE con la capacidad real de control, reglas claras y mecanismos que no desplacen toda la carga hacia el productor.
La próxima reunión del 9 de junio será crucial para evaluar el progreso en estos temas. Desde el Gobierno esperan que, en la misma mesa, se mantenga un diálogo entre la producción y la industria semillera, aunque reconocen que todavía existen diferencias significativas en algunas cuestiones. Las entidades rurales solicitan que el texto que se envíe al Congreso sea consensuado y no impuesto de manera unilateral por el Ejecutivo.
Desde el Ejecutivo se enfatiza que este asunto es parte de la agenda mencionada por Javier Milei durante la inauguración de las sesiones ordinarias, y se han iniciado diálogos con organizaciones agrícolas y del sector de semillas.
El tema forma parte de una mesa de trabajo que reúne al Gobierno, a los productores y a las entidades relacionadas con el ámbito semillero. La próxima reunión está programada para el 9 de junio, siendo considerada por la Nación como una oportunidad para acercar posturas antes de iniciar la discusión legislativa.
La estrategia oficial consiste en avanzar inicialmente con una resolución de fiscalización, dejando para más adelante la propuesta de reforma de la ley.
Esta decisión busca coordinar un frente que abarca la productividad agropecuaria, la propiedad intelectual, el uso propio de semillas y los controles estatales. Desde el Gobierno se considera que es necesario actualizar el marco normativo en Argentina para fomentar las inversiones en biotecnología y nuevas variedades, aunque son conscientes de que este tema puede generar negociaciones complejas con productores, semilleros y entidades rurales.
Javier Milei destacó la reforma a la Ley de Semillas en la 144° Apertura de Sesiones Ordinarias en el Congreso de la Nación.
La Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, 20.247, fue aprobada en 1973 y mantiene un equilibrio que los productores defienden fervientemente: reconoce los derechos de los obtentores, permitiendo a su vez el uso propio, es decir, que el productor pueda reservar parte de su cosecha para volver a sembrarla en la siguiente campaña. Este aspecto es el núcleo del desacuerdo.
La discusión se ha intensificado tras el acuerdo comercial con Estados Unidos, que implica avanzar hacia normativas más estrictas en la protección de la propiedad intelectual.
En este contexto, surge el debate sobre UPOV-91, un tratado internacional que amplía los derechos de los obtentores vegetales. Argentina actualmente está suscripta al acta UPOV-78, considerada más flexible para los productores debido al margen que ofrece para el uso propio.
Los semilleros y empresas de innovación argumentan que el régimen actual desincentiva la inversión en nuevas variedades y limita la entrada de tecnología al país. En este sector se sostiene que la falta de protección efectiva menoscaba las oportunidades de mejorar rendimientos, capturar valor en origen y competir con naciones que ya aplican regulaciones más estrictas en materia de propiedad intelectual agrícola.
Las organizaciones agropecuarias tienen una perspectiva diferente. La Mesa de Enlace está dispuesta a abordar una actualización de la ley, pero busca garantizar el uso propio y evitar un esquema que conlleve pagos múltiples o una transferencia desmedida de rentas hacia los obtentores.
En su propuesta, las organizaciones solicitan mantener el uso propio gratuito hasta un cierto límite de superficie y establecer normas claras para los casos donde se presente el uso propio oneroso.
Uno de los puntos de discusión incluye el límite de 500 hectáreas propuesto por el sector productivo para conservar el uso propio gratuito. Por encima de esa superficie, se abriría la posibilidad de implementar un esquema de pago solo sobre el área excedente.
Asimismo, se están evaluando aspectos como la cantidad de años de multiplicación, el alcance de las regalías, el papel del Estado en la fiscalización y los mecanismos para prevenir abusos contractuales entre particulares.
La resolución que está preparando el Gobierno tiene como objetivo fortalecer la fiscalización antes de la modificación de la ley. En términos prácticos, el Ejecutivo busca mejorar los controles sobre el origen legal de la semilla, la trazabilidad, las declaraciones de uso propio y el cumplimiento de las regulaciones vigentes.
Se pone el énfasis en disminuir la informalidad del mercado y limitar la llamada “bolsa blanca”, que se refiere a la semilla comercializada o reutilizada fuera de los circuitos establecidos.
En la Nación consideran que este paso podría funcionar como un mensaje hacia ambas partes. Para la industria semillera, indicaría que el Estado está dispuesto a ejercer un control más riguroso sobre el uso de tecnología protegida.
A los productores, por su parte, les permitiría desvincular la discusión sobre fiscalización de la reforma legal más profunda, que aún necesita consenso y puede generar resistencia en el Congreso.
El Instituto Nacional de Semillas será una pieza fundamental en este proceso. Este organismo es responsable de la aplicación de la Ley de Semillas, la inscripción de cultivares, la fiscalización de producción y comercialización, así como la protección de las creaciones fitogenéticas.
Desde el campo se exige que cualquier cambio legal esté acompañado por un INASE con la capacidad real de control, reglas claras y mecanismos que no desplacen toda la carga hacia el productor.
La próxima reunión del 9 de junio será crucial para evaluar el progreso en estos temas. Desde el Gobierno esperan que, en la misma mesa, se mantenga un diálogo entre la producción y la industria semillera, aunque reconocen que todavía existen diferencias significativas en algunas cuestiones. Las entidades rurales solicitan que el texto que se envíe al Congreso sea consensuado y no impuesto de manera unilateral por el Ejecutivo.
