Durante su defensa del plan de privatizaciones, Javier Milei sostuvo que “todo lo que pueda estar en manos del sector privado” debería salir de la gestión estatal. Esta afirmación iba acompañada de su contundente opinión sobre lo público: “El Estado es una organización criminal”.
A medida que avanza la gestión libertaria, se han tomado decisiones que parecen contradictorias con dicha postura. Aunque el Gobierno ha impulsado un plan para reducir la intervención estatal en la vida de los argentinos, la participación del sector público ha crecido en varias de las empresas más relevantes del país. Este desarrollo se ha producido a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que opera bajo la órbita de la Anses.
El FGS, que depende del Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, se encuentra influenciado por el Ministerio de Economía, bajo la dirección de Luis Caputo. Este medio se comunicó con autoridades del Palacio de Hacienda, que optaron por no emitir comentarios al respecto.
Entre finales de 2023 y octubre de 2025, el Estado ha incrementado su participación mediante la adquisición de acciones en firmar como YPF, BYMA, Banco Galicia, Banco Macro, TGS y Central Puerto, según datos obtenidos a través de un pedido de acceso a la información pública. Este fenómeno fue anticipado por la periodista Florencia Donovan en un artículo previo.
El dinero del FGS destinado a acciones de empresas tuvo un incremento del 15% en el último año, según fuentes del mercado. En este momento, los activos de empresas privadas representan entre el 13% y el 15% del total del fondo. Es relevante mencionar que el artículo 74 de la ley 24.241 establece un límite mínimo del 7% y máximo del 50% para la tenencia de acciones del fondo, lo que indica que actualmente está más cerca del mínimo que del máximo.
Entre la gestión de Alberto Fernández y el 31 de octubre del año pasado, la participación estatal en BYMA, la bolsa de valores, aumentó de 0,33% a 6,77% de su capital social, modificando su ratio de conversión de 20:1 a 60:1. Según la información, se adquirieron 249.143.525 acciones en el mercado secundario y 241.896.036 adicionales mediante dividendos, sumando un total de 491.039.561 acciones.
En YPF, la petrolera nacional donde Horacio Marín es el director, el Estado incrementó sus tenencias de 1% a 6,76% tras adquirir 20.825.109 acciones en el mercado secundario. La participación en Banco Galicia también creció, pasando del 18,1% al 21,65% con la compra de 80.786.999 acciones.
El Banco Macro vio su participación estatal elevarse a 29,76% tras la adquisición de 6.162.591 acciones, subiendo desde el 28,8% que se tenía bajo la administración anterior. En el ámbito energético, en TGS y Central Puerto, la participación del Estado se incrementó del 24% al 25,33% y del 1,85% al 4,73% respectivamente.
El estado también aumentó su participación en BBVA, que pasó de 7,06% a 7,32%, sumando 1.564.686 acciones. En Cresud, la tenencia aumentó de 4,06% a 4,72%, con la compra de 1.400.805 acciones en el mercado secundario y 5.091.371 mediante derechos de suscripción, totalizando 6.492.177 acciones.
En IRSA, la empresa de Eduardo Elsztain, la participación estatal creció de 5,50% a 6,15%, mediante la suma de 1.460.081 acciones a través de dividendos y otras 5.603.001 por suscripción. En Loma Negra, el FGS aumentó su participación del 5,33% al 7,82%, mediante la compra de 14.563.540 acciones.
La participación estatal en Pampa Energía subió de 22,51% a 22,81% con la adquisición de 4.071.629 acciones, y en Supervielle de 3,34% a 4,57% sumando 4.965.504 acciones. Por su parte, en TGN, la participación se incrementó de 0,76% a 1,73%, con 4.239.585 acciones adicionales. La participación en el Banco de Valores pasó de 7,22% a 7,51% tras la compra de 14.408.137 acciones.
Por otro lado, el FGS también desinvirtió en dos oportunidades. En Ecogas, la participación cayó de 26,12% a 14,63% y en San Miguel el ajuste fue más significativo, bajando de 26,06% a 9,98%.
Fuentes ligadas al funcionamiento del FGS han señalado que su objetivo siempre ha sido maximizar los retornos de inversión y mantener el valor de la cartera, aclarando que el Gobierno no tiene planes de aprovechar los derechos políticos asociados a la adquisición de acciones en estas empresas. A diferencia de lo que sucedió en administraciones anteriores, no se ha intentado aumentar la cantidad de directores en las empresas privadas.
La discusión sobre el papel del Estado como accionista se avivó durante la gestión de Cristina Kirchner, cuando tras la estatización de las AFJP estuvo en el centro de una fuerte disputa con el sector privado. La situación cambió con las gestiones de Axel Kicillof y Mauricio Macri, que alternaron el control sobre los derechos económicos y políticos del FGS.
Al inicio del año pasado, Fernando Bearzi asumió la dirección de la Anses, renunciando un año después. Guillermo Arancibia le sucedió, manteniendo un enfoque financiero especializado en asesoramiento. El manejo de los activos del FGS fue delegado en Raúl Osvaldo Benítez, quien está respaldado por un comité ejecutivo que incluye a relevantes funcionarios del gobierno.
A comienzos del año pasado, la gestión de Bearzi tomó medidas inusuales para proteger la rentabilidad del FGS, a través de la compra de bonos AL30 en una paridad que había mejorado considerablemente desde su previa venta.
A medida que avanza la gestión libertaria, se han tomado decisiones que parecen contradictorias con dicha postura. Aunque el Gobierno ha impulsado un plan para reducir la intervención estatal en la vida de los argentinos, la participación del sector público ha crecido en varias de las empresas más relevantes del país. Este desarrollo se ha producido a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que opera bajo la órbita de la Anses.
El FGS, que depende del Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, se encuentra influenciado por el Ministerio de Economía, bajo la dirección de Luis Caputo. Este medio se comunicó con autoridades del Palacio de Hacienda, que optaron por no emitir comentarios al respecto.
Entre finales de 2023 y octubre de 2025, el Estado ha incrementado su participación mediante la adquisición de acciones en firmar como YPF, BYMA, Banco Galicia, Banco Macro, TGS y Central Puerto, según datos obtenidos a través de un pedido de acceso a la información pública. Este fenómeno fue anticipado por la periodista Florencia Donovan en un artículo previo.
El dinero del FGS destinado a acciones de empresas tuvo un incremento del 15% en el último año, según fuentes del mercado. En este momento, los activos de empresas privadas representan entre el 13% y el 15% del total del fondo. Es relevante mencionar que el artículo 74 de la ley 24.241 establece un límite mínimo del 7% y máximo del 50% para la tenencia de acciones del fondo, lo que indica que actualmente está más cerca del mínimo que del máximo.
Entre la gestión de Alberto Fernández y el 31 de octubre del año pasado, la participación estatal en BYMA, la bolsa de valores, aumentó de 0,33% a 6,77% de su capital social, modificando su ratio de conversión de 20:1 a 60:1. Según la información, se adquirieron 249.143.525 acciones en el mercado secundario y 241.896.036 adicionales mediante dividendos, sumando un total de 491.039.561 acciones.
En YPF, la petrolera nacional donde Horacio Marín es el director, el Estado incrementó sus tenencias de 1% a 6,76% tras adquirir 20.825.109 acciones en el mercado secundario. La participación en Banco Galicia también creció, pasando del 18,1% al 21,65% con la compra de 80.786.999 acciones.
El Banco Macro vio su participación estatal elevarse a 29,76% tras la adquisición de 6.162.591 acciones, subiendo desde el 28,8% que se tenía bajo la administración anterior. En el ámbito energético, en TGS y Central Puerto, la participación del Estado se incrementó del 24% al 25,33% y del 1,85% al 4,73% respectivamente.
El estado también aumentó su participación en BBVA, que pasó de 7,06% a 7,32%, sumando 1.564.686 acciones. En Cresud, la tenencia aumentó de 4,06% a 4,72%, con la compra de 1.400.805 acciones en el mercado secundario y 5.091.371 mediante derechos de suscripción, totalizando 6.492.177 acciones.
En IRSA, la empresa de Eduardo Elsztain, la participación estatal creció de 5,50% a 6,15%, mediante la suma de 1.460.081 acciones a través de dividendos y otras 5.603.001 por suscripción. En Loma Negra, el FGS aumentó su participación del 5,33% al 7,82%, mediante la compra de 14.563.540 acciones.
La participación estatal en Pampa Energía subió de 22,51% a 22,81% con la adquisición de 4.071.629 acciones, y en Supervielle de 3,34% a 4,57% sumando 4.965.504 acciones. Por su parte, en TGN, la participación se incrementó de 0,76% a 1,73%, con 4.239.585 acciones adicionales. La participación en el Banco de Valores pasó de 7,22% a 7,51% tras la compra de 14.408.137 acciones.
Por otro lado, el FGS también desinvirtió en dos oportunidades. En Ecogas, la participación cayó de 26,12% a 14,63% y en San Miguel el ajuste fue más significativo, bajando de 26,06% a 9,98%.
Fuentes ligadas al funcionamiento del FGS han señalado que su objetivo siempre ha sido maximizar los retornos de inversión y mantener el valor de la cartera, aclarando que el Gobierno no tiene planes de aprovechar los derechos políticos asociados a la adquisición de acciones en estas empresas. A diferencia de lo que sucedió en administraciones anteriores, no se ha intentado aumentar la cantidad de directores en las empresas privadas.
La discusión sobre el papel del Estado como accionista se avivó durante la gestión de Cristina Kirchner, cuando tras la estatización de las AFJP estuvo en el centro de una fuerte disputa con el sector privado. La situación cambió con las gestiones de Axel Kicillof y Mauricio Macri, que alternaron el control sobre los derechos económicos y políticos del FGS.
Al inicio del año pasado, Fernando Bearzi asumió la dirección de la Anses, renunciando un año después. Guillermo Arancibia le sucedió, manteniendo un enfoque financiero especializado en asesoramiento. El manejo de los activos del FGS fue delegado en Raúl Osvaldo Benítez, quien está respaldado por un comité ejecutivo que incluye a relevantes funcionarios del gobierno.
A comienzos del año pasado, la gestión de Bearzi tomó medidas inusuales para proteger la rentabilidad del FGS, a través de la compra de bonos AL30 en una paridad que había mejorado considerablemente desde su previa venta.
