La planta láctea La Suipachense, ubicada en Suipacha, Buenos Aires, ha reanudado su producción después de más de nueve meses de inactividad. La reactivación se produce tras su declaración de quiebra en noviembre del año anterior, cuando el Juzgado en lo Civil y Comercial de Mercedes dio vía libre al arrendamiento de la fábrica, sus maquinarias y marcas a Compañía Láctea Suipacha S.A., con el objetivo de mantener la operación industrial, preservar puestos de trabajo y generar fondos para satisfacer parte de las deudas con los acreedores.
El plan inicial establece que la planta procesará 50.000 litros de leche al día, lo que representa el 20% de su capacidad histórica de 250.000 litros. En una primera fase, se prevé la reincorporación de entre 25 y 30 trabajadores. En su mejor época, La Suipachense llegó a dar empleo a 140 personas en la región.
El juez a cargo, Leandro Julio Enríquez, firmó la resolución que establece el arrendamiento, que incluye el terreno industrial, las máquinas y las marcas Lácteos Conosur y La Suipachense. Pablo Acsi, empresario que tomará la administración de la planta, liderará el esfuerzo por implementar un proceso de reacondicionamiento técnico y gestionar las habilitaciones necesarias ante los organismos de control. Se han anunciado colaboraciones entre la municipalidad y ministerios provinciales para agilizar la obtención de registros para la producción y comercialización.
Las nuevas operaciones se centrarán en tres líneas estratégicas, que son las más rentables: leche entera en envases tipo tetra, yogur y leche en polvo, con potencial de exportación. La producción de quesos, una de las categorías más solicitadas de la histórica marca, se programará para una fase futura, condicionada a la estabilidad de la producción y la capacidad para incrementar la plantilla laboral.
La decisión del juez Enríquez tiene como fundamento la preservación de la capacidad productiva. En su fallo, el magistrado destacó que la continuidad operativa contribuye a mantener los empleos, estimula la economía local y mejora el futuro de los activos.
El arrendamiento generará ingresos que se depositarán en una cuenta judicial destinada al pago parcial de los acreedores del negocio en quiebra.
Fundada en 1947 como cooperativa, La Suipachense enfrentó graves dificultades en años recientes tras estar bajo control privado. Primero se asoció con la empresa chilena Lácteos Conosur y, posteriormente, pasó a manos del grupo Maralac, que también era propietario de ARSA, una compañía que se ocupaba de la producción de yogures y postres bajo la conocida marca SanCor, que también cayó en quiebra en noviembre de 2025, justo una semana antes que La Suipachense.
A pesar de los esfuerzos para ampliar su producción y mercados, el desempeño fue decepcionante. Hubo retrasos en los pagos a tamberos y proveedores, acumulación de cheques rechazados y atrasos salariales para los trabajadores. Para mediados de 2025, la planta operaba a un nivel mínimo de 40.000 litros diarios, con varias líneas detenidas y problemas de suministro de gas y electricidad debido a impagos.
Ante la falta de respuestas por parte de la dirección, los trabajadores asumieron el control de la fábrica, apoyados por el gremio Atilra, con el fin de mantener sus puestos de empleo y proteger la empresa. Sin embargo, la falta de financiamiento llevó a una paralización completa de la producción.
Al momento de su quiebra, la empresa acumulaba una deuda superior a $8.000 millones por cheques rechazados, además de deudas con proveedores y una larga inactividad. Esto dejó a la marca fuera de las estanterías, mientras que los distribuidores habían dejado de recibir productos mucho antes de la resolución judicial.
En el mismo fallo que decretó la quiebra, el juez ordenó el cierre de la planta de Suipacha, la entrega de bienes a la sindicatura y la inhabilitación definitiva de los directivos, incluida la prohibición de salida del país para el entonces presidente de la firma, Jorge Luis Borges León.
La clausura de la planta dejó a unos 140 trabajadores sin empleo y tuvo un impacto negativo en la economía local de Suipacha, una comunidad de más de 12.000 habitantes que dependía en gran parte de la actividad de esta planta.
El plan inicial establece que la planta procesará 50.000 litros de leche al día, lo que representa el 20% de su capacidad histórica de 250.000 litros. En una primera fase, se prevé la reincorporación de entre 25 y 30 trabajadores. En su mejor época, La Suipachense llegó a dar empleo a 140 personas en la región.
El juez a cargo, Leandro Julio Enríquez, firmó la resolución que establece el arrendamiento, que incluye el terreno industrial, las máquinas y las marcas Lácteos Conosur y La Suipachense. Pablo Acsi, empresario que tomará la administración de la planta, liderará el esfuerzo por implementar un proceso de reacondicionamiento técnico y gestionar las habilitaciones necesarias ante los organismos de control. Se han anunciado colaboraciones entre la municipalidad y ministerios provinciales para agilizar la obtención de registros para la producción y comercialización.
Las nuevas operaciones se centrarán en tres líneas estratégicas, que son las más rentables: leche entera en envases tipo tetra, yogur y leche en polvo, con potencial de exportación. La producción de quesos, una de las categorías más solicitadas de la histórica marca, se programará para una fase futura, condicionada a la estabilidad de la producción y la capacidad para incrementar la plantilla laboral.
La decisión del juez Enríquez tiene como fundamento la preservación de la capacidad productiva. En su fallo, el magistrado destacó que la continuidad operativa contribuye a mantener los empleos, estimula la economía local y mejora el futuro de los activos.
El arrendamiento generará ingresos que se depositarán en una cuenta judicial destinada al pago parcial de los acreedores del negocio en quiebra.
Fundada en 1947 como cooperativa, La Suipachense enfrentó graves dificultades en años recientes tras estar bajo control privado. Primero se asoció con la empresa chilena Lácteos Conosur y, posteriormente, pasó a manos del grupo Maralac, que también era propietario de ARSA, una compañía que se ocupaba de la producción de yogures y postres bajo la conocida marca SanCor, que también cayó en quiebra en noviembre de 2025, justo una semana antes que La Suipachense.
A pesar de los esfuerzos para ampliar su producción y mercados, el desempeño fue decepcionante. Hubo retrasos en los pagos a tamberos y proveedores, acumulación de cheques rechazados y atrasos salariales para los trabajadores. Para mediados de 2025, la planta operaba a un nivel mínimo de 40.000 litros diarios, con varias líneas detenidas y problemas de suministro de gas y electricidad debido a impagos.
Ante la falta de respuestas por parte de la dirección, los trabajadores asumieron el control de la fábrica, apoyados por el gremio Atilra, con el fin de mantener sus puestos de empleo y proteger la empresa. Sin embargo, la falta de financiamiento llevó a una paralización completa de la producción.
Al momento de su quiebra, la empresa acumulaba una deuda superior a $8.000 millones por cheques rechazados, además de deudas con proveedores y una larga inactividad. Esto dejó a la marca fuera de las estanterías, mientras que los distribuidores habían dejado de recibir productos mucho antes de la resolución judicial.
En el mismo fallo que decretó la quiebra, el juez ordenó el cierre de la planta de Suipacha, la entrega de bienes a la sindicatura y la inhabilitación definitiva de los directivos, incluida la prohibición de salida del país para el entonces presidente de la firma, Jorge Luis Borges León.
La clausura de la planta dejó a unos 140 trabajadores sin empleo y tuvo un impacto negativo en la economía local de Suipacha, una comunidad de más de 12.000 habitantes que dependía en gran parte de la actividad de esta planta.
