La Comisión de Administración Financiera del Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó, en una sesión del jueves, por unanimidad, la estructura y el total de las erogaciones correspondientes al Anteproyecto de Presupuesto 2027 del Poder Judicial, que se eleva a $2.841.911.406.537.
En dicha reunión, el administrador general del Poder Judicial, Alexis Varady, presentó un informe sobre la situación económica y financiera del organismo, junto a las gestiones realizadas para abordar el déficit operativo. Varady indicó que el informe del mes de julio fue enviado a la Comisión el 4 de agosto, detallando ingresos, gastos y proyecciones financieras.
En este contexto, mencionó que se ha solicitado al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Economía, una asistencia de $550.000 millones, monto del cual se ha recibido aproximadamente la mitad. Estos recursos estarán destinados a cubrir las obligaciones del mes actual y a atender parcialmente el déficit operativo, que asciende a $143.000 millones.
Además, Varady se refirió a los avances del Comité Tripartito, destacando que ya se ha entregado de manera provisional un espacio del Ministerio Público de la Defensa en la provincia de Corrientes, acuerdo que fue suscripto por la presidencia de la Cámara y las autoridades del organismo.
En cuanto a la implementación del sistema acusatorio, recordó que el Ministerio de Justicia cumplió con el compromiso asumido al entregar 105 notebooks para enero de 2026, y que se recibieron 180 equipos adicionales conforme al convenio vigente. Anticipó también que ya se ha solicitado el equipamiento necesario para la siguiente jurisdicción donde se aplicará el nuevo sistema.
Durante la reunión, la Comisión aprobó también la implementación del Expediente Digital Administrativo para el Consejo de la Magistratura, con el fin de modernizar la gestión interna del organismo. Asimismo, autorizó la solicitud de anticipo de fondos presentada por la Federación Argentina de Colegios de Abogados para financiar la organización y desarrollo del proceso electoral en el que se elegirán los representantes del estamento de la abogacía para el periodo 2026-2030.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, avanza en el plan para establecer la nueva Justicia Laboral de la ciudad. En el oficialismo confían en que los pliegos de los futuros magistrados y fiscales recibirán la aprobación de la Legislatura, y estiman que para febrero estarán dadas las condiciones para que esta nueva estructura comience a operar.
“Estamos avanzando con su implementación para que los porteños puedan tener un sistema moderno y ágil para resolver conflictos laborales”, subrayó el mandatario durante la apertura de sesiones ordinarias en marzo, tras la aprobación en el Congreso del convenio que transferirá competencias a la jurisdicción local. Con este acuerdo firmado, la Ciudad recibió un fuerte apoyo a su histórica demanda de autonomía.
Desde la administracion porteña argumentan que estas modificaciones buscan igualar las condiciones con las de las demás provincias, ya que aseguran que CABA se encuentra en una situación “desigual”. Además, hacen hincapié en la necesidad de respetar la Constitución nacional y la Carta Magna de la ciudad, así como de combatir la “Industria del Juicio”, en referencia a un fuero nacional que consideran “afín al kirchnerismo”, una acusación que tanto en el ámbito judicial como en el peronismo es rechazada.
En dicha reunión, el administrador general del Poder Judicial, Alexis Varady, presentó un informe sobre la situación económica y financiera del organismo, junto a las gestiones realizadas para abordar el déficit operativo. Varady indicó que el informe del mes de julio fue enviado a la Comisión el 4 de agosto, detallando ingresos, gastos y proyecciones financieras.
En este contexto, mencionó que se ha solicitado al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Economía, una asistencia de $550.000 millones, monto del cual se ha recibido aproximadamente la mitad. Estos recursos estarán destinados a cubrir las obligaciones del mes actual y a atender parcialmente el déficit operativo, que asciende a $143.000 millones.
Además, Varady se refirió a los avances del Comité Tripartito, destacando que ya se ha entregado de manera provisional un espacio del Ministerio Público de la Defensa en la provincia de Corrientes, acuerdo que fue suscripto por la presidencia de la Cámara y las autoridades del organismo.
En cuanto a la implementación del sistema acusatorio, recordó que el Ministerio de Justicia cumplió con el compromiso asumido al entregar 105 notebooks para enero de 2026, y que se recibieron 180 equipos adicionales conforme al convenio vigente. Anticipó también que ya se ha solicitado el equipamiento necesario para la siguiente jurisdicción donde se aplicará el nuevo sistema.
Durante la reunión, la Comisión aprobó también la implementación del Expediente Digital Administrativo para el Consejo de la Magistratura, con el fin de modernizar la gestión interna del organismo. Asimismo, autorizó la solicitud de anticipo de fondos presentada por la Federación Argentina de Colegios de Abogados para financiar la organización y desarrollo del proceso electoral en el que se elegirán los representantes del estamento de la abogacía para el periodo 2026-2030.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, avanza en el plan para establecer la nueva Justicia Laboral de la ciudad. En el oficialismo confían en que los pliegos de los futuros magistrados y fiscales recibirán la aprobación de la Legislatura, y estiman que para febrero estarán dadas las condiciones para que esta nueva estructura comience a operar.
“Estamos avanzando con su implementación para que los porteños puedan tener un sistema moderno y ágil para resolver conflictos laborales”, subrayó el mandatario durante la apertura de sesiones ordinarias en marzo, tras la aprobación en el Congreso del convenio que transferirá competencias a la jurisdicción local. Con este acuerdo firmado, la Ciudad recibió un fuerte apoyo a su histórica demanda de autonomía.
Desde la administracion porteña argumentan que estas modificaciones buscan igualar las condiciones con las de las demás provincias, ya que aseguran que CABA se encuentra en una situación “desigual”. Además, hacen hincapié en la necesidad de respetar la Constitución nacional y la Carta Magna de la ciudad, así como de combatir la “Industria del Juicio”, en referencia a un fuero nacional que consideran “afín al kirchnerismo”, una acusación que tanto en el ámbito judicial como en el peronismo es rechazada.
