El Ejecutivo se encuentra en plena negociación con el Senado para llevar a cabo la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, que incluye cambios en los criterios para realizar internaciones involuntarias, el enfoque en el tratamiento de las adicciones y el seguimiento de los pacientes tras su alta. La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, dará el miércoles una conferencia de prensa para presentar los acuerdos alcanzados.
Bullrich estará acompañada por Ivanna Arrascaeta, presidenta de la Comisión de Salud, y Nadia Márquez, titular de la Comisión de Legislación General. El encuentro tendrá lugar por la tarde en la oficina de Bullrich.
El objetivo del oficialismo es obtener un dictamen mayoritario en un plenario conjunto de ambas comisiones y presentar el proyecto en el recinto durante la última semana de octubre.
La propuesta contempla la modificación de aspectos clave de la Ley 26.657, particularmente en lo que respecta a las condiciones que permiten una internación involuntaria. Se introduce una nueva disposición que establece que dicha medida podrá aplicarse cuando exista un grave riesgo para la vida o la integridad física de la persona o de terceros, cambiando así el enfoque del riesgo cierto e inminente que estipula la legislación actual.
Para llevar a cabo una internación será necesaria la evaluación y firma de dos profesionales del servicio de salud, uno de los cuales deberá ser médico y preferentemente psiquiatra.
La reforma también incluye varias modificaciones adicionales: – El Estado deberá garantizar dispositivos comunitarios y medidas de apoyo cuando el paciente carezca de una red familiar o esta no pueda atender su cuidado. – Se incorporan las Reglas Nelson Mandela, referidas al tratamiento de personas privadas de la libertad, como un marco de referencia para las políticas públicas. – Para niños, niñas y adolescentes se propone una atención especializada en problemas de consumo, a través de equipos capacitados en infantojuvenil y espacios diferenciados de los que se utilizan para adultos. – Asimismo, se establecen principios de autonomía progresiva, confidencialidad, derecho a ser escuchado, enfoque familiar y no criminalización.
En agosto, Bullrich y Arrascaeta llevaron a cabo una serie de reuniones con representantes sanitarios de las 23 provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. En los encuentros también participó el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.
El objetivo fue recoger las opiniones de las diferentes jurisdicciones y avanzar en una redacción que reúna los votos necesarios para aprobar la reforma.
El debate legislativo se inició en mayo, cuando las comisiones de Salud y Legislación General recibieron a funcionarios nacionales y organizaron dos jornadas de exposiciones, contando con la participación de más de 70 invitados.
En estas discusiones participaron especialistas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales, familiares de pacientes, funcionarios provinciales y trabajadores del sistema de salud.
Los temas tratados se centraron en el régimen de internaciones, el papel de los equipos interdisciplinarios y las herramientas disponibles para intervenir en situaciones de riesgo.
“Estamos dando un paso fundamental. Este debate responde a una realidad que vemos todos los días: familias que no encuentran respuestas en la ley actual. Queremos una normativa que acompañe, que intervenga a tiempo y que no abandone”, manifestó Nadia Márquez.
La legisladora también subrayó la importancia de precisar las definiciones relacionadas con el consumo de sustancias.
“Las palabras tienen poder porque definen. No es lo mismo hablar de consumo social que de uso, abuso o adicción. Estamos hablando de enfermedades, y la ley debe reflejarlo con claridad”, enfatizó.
El oficialismo aún necesita consolidar los acuerdos parlamentarios para obtener el dictamen de mayoría. La conferencia prevista para el miércoles permitirá conocer las modificaciones consensuadas y cuáles se incorporarán a la versión que se presentará en el recinto.
Por el momento, las propuestas de cambio no están vigentes y su aprobación estará supeditada al avance del proceso legislativo.
Bullrich estará acompañada por Ivanna Arrascaeta, presidenta de la Comisión de Salud, y Nadia Márquez, titular de la Comisión de Legislación General. El encuentro tendrá lugar por la tarde en la oficina de Bullrich.
El objetivo del oficialismo es obtener un dictamen mayoritario en un plenario conjunto de ambas comisiones y presentar el proyecto en el recinto durante la última semana de octubre.
La propuesta contempla la modificación de aspectos clave de la Ley 26.657, particularmente en lo que respecta a las condiciones que permiten una internación involuntaria. Se introduce una nueva disposición que establece que dicha medida podrá aplicarse cuando exista un grave riesgo para la vida o la integridad física de la persona o de terceros, cambiando así el enfoque del riesgo cierto e inminente que estipula la legislación actual.
Para llevar a cabo una internación será necesaria la evaluación y firma de dos profesionales del servicio de salud, uno de los cuales deberá ser médico y preferentemente psiquiatra.
La reforma también incluye varias modificaciones adicionales: – El Estado deberá garantizar dispositivos comunitarios y medidas de apoyo cuando el paciente carezca de una red familiar o esta no pueda atender su cuidado. – Se incorporan las Reglas Nelson Mandela, referidas al tratamiento de personas privadas de la libertad, como un marco de referencia para las políticas públicas. – Para niños, niñas y adolescentes se propone una atención especializada en problemas de consumo, a través de equipos capacitados en infantojuvenil y espacios diferenciados de los que se utilizan para adultos. – Asimismo, se establecen principios de autonomía progresiva, confidencialidad, derecho a ser escuchado, enfoque familiar y no criminalización.
En agosto, Bullrich y Arrascaeta llevaron a cabo una serie de reuniones con representantes sanitarios de las 23 provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. En los encuentros también participó el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.
El objetivo fue recoger las opiniones de las diferentes jurisdicciones y avanzar en una redacción que reúna los votos necesarios para aprobar la reforma.
El debate legislativo se inició en mayo, cuando las comisiones de Salud y Legislación General recibieron a funcionarios nacionales y organizaron dos jornadas de exposiciones, contando con la participación de más de 70 invitados.
En estas discusiones participaron especialistas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales, familiares de pacientes, funcionarios provinciales y trabajadores del sistema de salud.
Los temas tratados se centraron en el régimen de internaciones, el papel de los equipos interdisciplinarios y las herramientas disponibles para intervenir en situaciones de riesgo.
“Estamos dando un paso fundamental. Este debate responde a una realidad que vemos todos los días: familias que no encuentran respuestas en la ley actual. Queremos una normativa que acompañe, que intervenga a tiempo y que no abandone”, manifestó Nadia Márquez.
La legisladora también subrayó la importancia de precisar las definiciones relacionadas con el consumo de sustancias.
“Las palabras tienen poder porque definen. No es lo mismo hablar de consumo social que de uso, abuso o adicción. Estamos hablando de enfermedades, y la ley debe reflejarlo con claridad”, enfatizó.
El oficialismo aún necesita consolidar los acuerdos parlamentarios para obtener el dictamen de mayoría. La conferencia prevista para el miércoles permitirá conocer las modificaciones consensuadas y cuáles se incorporarán a la versión que se presentará en el recinto.
Por el momento, las propuestas de cambio no están vigentes y su aprobación estará supeditada al avance del proceso legislativo.
