Una nueva controversia en torno a una caja del Ejército Argentino derivó en una auditoría interna para determinar responsabilidades por la salida de al menos 300 millones de pesos mediante tarjetas corporativas. Los plásticos estaban asociados a una cuenta destinada a financiar el extinto Escudo Norte, un operativo de vigilancia fronteriza impulsado en 2011 por Cristina Kirchner y dado de baja en diciembre de 2017 durante la gestión de Mauricio Macri. El caso abrió un cruce de acusaciones sobre lo ocurrido.
En la cúpula del Ejército confirmaron el inicio de “un control interno” para investigar “presuntos movimientos irregulares” de fondos. “Los hechos y circunstancias son motivo de investigación y, por lo tanto, son de carácter reservado para garantizar la transparencia del proceso”, señalaron.
La pesquisa comenzó tras detectarse “movimientos sospechosos” en la Intendencia del Ejército. Las maniobras se habrían realizado en “un centro de costos”, una especie de cuenta corriente institucional, correspondiente a la “Operación Escudo Norte”. La cuenta debería haber quedado desactivada al concluir el programa militar, pero habría mantenido fondos públicos que luego se retiraron discrecionalmente con tarjetas corporativas. En principio, se habrían registrado extracciones y presuntos pagos de “combustible y víveres”.
Por ahora, no se conoce qué período examina la auditoría interna. Algunas versiones indican que solo abarcaría movimientos registrados durante 20, aunque no hay confirmación oficial. La Intendencia depende del Comando de Adiestramiento y Alistamiento del Ejército, que hasta diciembre estuvo a cargo del actual jefe de la fuerza, el teniente general Oscar Zarich. Hoy, esa dependencia está dirigida por Héctor Ochoa, de confianza del ministro de Defensa, Carlos Presti.
Una versión sostiene que una oficial de Intendencia, identificada por las iniciales S. V., alertó sobre los movimientos, pero luego quedó bajo investigación. El titular de esa oficina, Pablo López Bueno, también habría advertido sobre “movimientos sospechosos” en la cuenta realizados con tarjetas corporativas.
El abogado José Echenique, representante de la oficial involucrada, dijo que desconoce el contenido de la auditoría interna y no descartó acudir a la Justicia con una posible contradenuncia si las autoridades de la fuerza avanzan contra los intereses de su defendida. La oficial está apartada de sus funciones y sometida a una “instrucción disciplinaria”.
Fuentes de la fuerza, en tanto, afirmaron que “no fue esa oficial la que detectó la situación que se investiga, sino que fue el Ejército el que, ante presuntos movimientos irregulares, ordena efectuar un control interno e iniciar las investigaciones correspondientes”.
La auditoría generó malestar entre los rangos inferiores de la fuerza porque, hasta ahora, las medidas no alcanzan a las autoridades y se concentran exclusivamente en personal de menor rango.
La controversia surgió después de que se conociera la polémica por los descuentos millonarios aplicados a miles de soldados en sus recibos de sueldo por la Revista Soldados, que se publicó una sola vez durante el año. Semanas después de la difusión del caso, el Ejército emitió una circular con el procedimiento para cancelar la suscripción obligatoria a esa publicación.
En septiembre también había trascendido un escándalo de corrupción en la Armada Argentina por el presunto desvío de fondos multimillonarios del presupuesto de esa fuerza a cuentas de oficiales y civiles, quienes se habrían enriquecido con esas transferencias ilegales.
En la cúpula del Ejército confirmaron el inicio de “un control interno” para investigar “presuntos movimientos irregulares” de fondos. “Los hechos y circunstancias son motivo de investigación y, por lo tanto, son de carácter reservado para garantizar la transparencia del proceso”, señalaron.
La pesquisa comenzó tras detectarse “movimientos sospechosos” en la Intendencia del Ejército. Las maniobras se habrían realizado en “un centro de costos”, una especie de cuenta corriente institucional, correspondiente a la “Operación Escudo Norte”. La cuenta debería haber quedado desactivada al concluir el programa militar, pero habría mantenido fondos públicos que luego se retiraron discrecionalmente con tarjetas corporativas. En principio, se habrían registrado extracciones y presuntos pagos de “combustible y víveres”.
Por ahora, no se conoce qué período examina la auditoría interna. Algunas versiones indican que solo abarcaría movimientos registrados durante 20, aunque no hay confirmación oficial. La Intendencia depende del Comando de Adiestramiento y Alistamiento del Ejército, que hasta diciembre estuvo a cargo del actual jefe de la fuerza, el teniente general Oscar Zarich. Hoy, esa dependencia está dirigida por Héctor Ochoa, de confianza del ministro de Defensa, Carlos Presti.
Una versión sostiene que una oficial de Intendencia, identificada por las iniciales S. V., alertó sobre los movimientos, pero luego quedó bajo investigación. El titular de esa oficina, Pablo López Bueno, también habría advertido sobre “movimientos sospechosos” en la cuenta realizados con tarjetas corporativas.
El abogado José Echenique, representante de la oficial involucrada, dijo que desconoce el contenido de la auditoría interna y no descartó acudir a la Justicia con una posible contradenuncia si las autoridades de la fuerza avanzan contra los intereses de su defendida. La oficial está apartada de sus funciones y sometida a una “instrucción disciplinaria”.
Fuentes de la fuerza, en tanto, afirmaron que “no fue esa oficial la que detectó la situación que se investiga, sino que fue el Ejército el que, ante presuntos movimientos irregulares, ordena efectuar un control interno e iniciar las investigaciones correspondientes”.
La auditoría generó malestar entre los rangos inferiores de la fuerza porque, hasta ahora, las medidas no alcanzan a las autoridades y se concentran exclusivamente en personal de menor rango.
La controversia surgió después de que se conociera la polémica por los descuentos millonarios aplicados a miles de soldados en sus recibos de sueldo por la Revista Soldados, que se publicó una sola vez durante el año. Semanas después de la difusión del caso, el Ejército emitió una circular con el procedimiento para cancelar la suscripción obligatoria a esa publicación.
En septiembre también había trascendido un escándalo de corrupción en la Armada Argentina por el presunto desvío de fondos multimillonarios del presupuesto de esa fuerza a cuentas de oficiales y civiles, quienes se habrían enriquecido con esas transferencias ilegales.
