La diputada nacional Marcela Pagano ha dejado de ser una figura aislada en el Congreso para convertirse en una activa denunciante del Gobierno. Desde hace aproximadamente dos meses, la periodista que en el 2023 se presentó en la lista de La Libertad Avanza (LLA) encabezada por Bertie Benegas Lynch, ha lanzado una serie de acusaciones contra la cúpula gubernamental desde Comodoro Py.
El nuevo papel de “denunciadora serial” de Pagano se revela en las cifras que ha logrado reunir en su trayectoria reciente: ha presentado un total de 31 escritos en la Justicia, incluyendo tanto denuncias iniciales como ampliaciones.
Sus acusaciones a menudo se basan en informes de medios de comunicación, aunque en otras ocasiones utiliza datos recopilados por ella misma. En varias de estas iniciativas, ha contado con el respaldo de su pareja, el abogado penalista Franco Bindi.
La actividad judicial de Pagano dio comienzo el 11 de marzo con una denuncia relacionada con el viaje a Nueva York de Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni, como parte de una delegación oficial. Aunque el juez Daniel Rafecas desestimó este caso a instancias de la fiscal Alejandra Mángano, al considerar que no existía delito, otras acusaciones han avanzado, generando problemas para el Gobierno.
Una de las investigaciones más significativas está centrada en el jefe de Gabinete, quien es indagado por su vuelo privado a Punta del Este durante los feriados de carnaval. El juez Ariel Lijo está preparado para interrogar al funcionario sobre este viaje, en el que viajaron también su familia y el periodista Marcelo Grandio, quien presuntamente financió los pasajes.
En esa misma línea, Pagano inició una causa por enriquecimiento ilícito que examina las finanzas de Adorni, un proceso que lo ha puesto en una situación delicada durante los últimos dos meses. Pagano remitió información sobre propiedades que Adorni ha añadido a su patrimonio, incluyendo un departamento en Caballito y una residencia en el country Indio Cuá.
Además, la diputada ha denunciado a varios familiares y colegas de Adorni, incluyendo a su hermano Francisco por enriquecimiento ilícito, y a su esposa Bettina por un uso presuntamente indebido de su custodia y por contratos con empresas estatales. También ha apuntado al senador Joaquín Benegas Lynch y a su antiguo compañero de bancada, el diputado Santiago Santurio, por diversas irregularidades.
Las polémicas gubernamentales han coincidido con las acciones legales de Pagano, quien también ha apuntado al uso excesivo de tarjetas corporativas por parte de Nucleoeléctrica, involucrando a Demian Reidel en una de sus acusaciones.
Recientemente, la legisladora aportó información a un expediente en contra de Karina Milei, hermana del presidente, por posibles irregularidades en la contratación de servicios de jardinería en la residencia presidencial.
La actividad judicial de Pagano continuó hasta el último viernes, cuando presentó una denuncia ante el juez Daniel Rafecas vinculada a la cuenta en X de @PeriodistaRufus, atribuida a Martín Menem, la cual fue eliminada tras un error digital que reveló su conexión con el presidente de la Cámara de Diputados. Pagano solicitó que se realicen acciones “urgentes” para identificar al titular de la cuenta y asegurar su contenido, además de pedir ser reconocida como querellante, argumentando que dicha cuenta le dirigió ataques personales durante su gestión al frente de la Comisión de Juicio Político.
Esta situación se remonta a su ruptura con el Gobierno cuando Menem se opuso a su candidatura para presidir la mencionada comisión, que se encarga de tramitar los pedidos de remoción de funcionarios y jueces. Aunque Pagano logró los votos necesarios para asumir el cargo, Menem nunca aceptó oficialmente su elección, lo que generó un enfrentamiento que culminó en agosto de 2025, cuando Pagano se desmarcó del bloque oficialista y comenzó a actuar de manera independiente.
Hasta marzo de este año, Pagano había manifestado sus diferencias con el Gobierno en el ámbito político, incluyendo una disputa con Lilia Lemoine en la Cámara de Diputados. Su distanciamiento se cristalizó en una carta abierta dirigida al Presidente, en la que expresaba que su entorno lo llevaba hacia un “abismo”.
El conflicto entre Pagano y el Gobierno se ha trasladado a los tribunales y recientemente ha escalado hasta el Poder Ejecutivo. Luego de que la diputada relacionara el posible enriquecimiento ilícito de Adorni con la criptomoneda digital $LIBRA, el 5 de mayo, el presidente Milei respondió en un canal de televisión, afirmando que Adorni tenía toda la documentación necesaria y que pronto presentaría su declaración jurada. “Está hablando para justo poder presentarlos antes y que se terminen todas estas fantasías y mentiras engendradas por una gran mentirosa como la señora Pagano”, declaró el Presidente, quien posteriormente se refirió a ella de manera despectiva como “lechón iraní”.
La controversia, que comenzó en la televisión, ha encontrado su paralelo en los juzgados. El 15 de mayo, Pagano denunció directamente a Milei, sosteniendo que el Presidente había omitido reportar un “intento de golpe de Estado” y una oferta de soborno por parte de un empresario. “Lo que estoy haciendo no es más ni menos que mantener las promesas que hicimos en campaña, cuando promovíamos la transparencia como uno de los pilares de nuestro contrato social”, expresó Pagano.
Milei volvió a intensificar el conflicto al difundir un mensaje en redes sociales en el que la diputada Leila Lemoine acusaba a Pagano de grabar a personas en el Congreso y de dedicarse al “chantaje y la extorsión”. Lemoine también mencionó que Pagano y Bindi tenían conexiones con jueces y fiscales que podrían actuar a su favor en situaciones comprometedoras, refiriéndose a un supuesto intento de tomar el control de la Comisión de Juicio Político para destituir al Presidente.
Entre la ruptura política y el inicio de la confrontación legal, se produjo otro episodio en los tribunales. En septiembre, durante un escándalo relacionado con audios de Diego Spagnuolo sobre supuestos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el Gobierno presentó una denuncia por presunto espionaje ilegal, en la que incluyó a la pareja de Pagano, Bindi.
