La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este jueves que la Justicia nacional de instrucción, y no el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, investigue una denuncia por presunto lavado de dinero contra las autoridades de la AFA.
El máximo tribunal también dispuso que las causas penales vinculadas con presuntos “balances falsos” de la entidad tramiten en el fuero nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Uno de esos expedientes se inició a partir de una denuncia del empresario Guillermo Tofoni contra el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y otros directivos. El denunciante sostuvo que la entidad habría omitido registrar en sus balances ingresos por aproximadamente 300 millones de dólares, generados por el contrato con TourProdEnter LLC, agente comercial exclusivo.
En un asunto separado de las causas penales, la Corte falló a favor de la Inspección General de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, y la mantuvo como organismo de control de la AFA.
El conflicto se originó con la resolución 140/2026 de la IGJ, que rechazó inscribir la reforma del estatuto de la AFA. La entidad buscaba cambiar su domicilio para quedar bajo la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Como consecuencia, la IGJ también denegó la cancelación de la inscripción de la asociación en sus registros, necesaria para pasar al control del organismo provincial.
La AFA impugnó esa decisión ante la Justicia. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil declaró nula la resolución y dio por cancelada la inscripción de la entidad en el registro de la IGJ, lo que le permitió inscribirse en la provincia.
La resolución de la Corte representa un revés para González Charvay, quien había reclamado el expediente por su presunta relación con la mansión de Pilar valuada en 17 millones de dólares y atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
En septiembre, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, había dictaminado que la investigación debía seguir en la Justicia nacional de instrucción y no pasar al juzgado federal de Campana.
La denuncia de Tofoni apunta a investigar una presunta administración fraudulenta de los fondos millonarios que la AFA maneja en el exterior. Es el primer expediente vinculado con la entidad sobre el que se pronuncia la Corte, aunque el tribunal todavía debe resolver otras controversias judiciales relacionadas con la asociación que preside Tapia, conocido como “Chiqui”. Entre ellas están el intento de trasladar la sede social a Pilar y la definición del juzgado que investigará las presuntas irregularidades en torno a la mansión atribuida a Toviggino.
La presentación de Tofoni también acusa a Tapia, a Toviggino y a TourProdEnter LLC, empresa perteneciente al empresario Javier Faroni y a su esposa, Érica Gillette, por presunta administración fraudulenta contra la AFA. En concreto, el denunciante afirmó que la compañía habría desviado fondos recaudados por la entidad en el exterior hacia otros destinos, incluidas sociedades presuntamente relacionadas con Toviggino.
La investigación había quedado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de Instrucción N.º 11, a cargo de la jueza Paula Petazzi. González Charvay reclamó el expediente al sostener que estaba relacionado con la causa por la mansión de Pilar, que tramitaba en su juzgado. Argumentó que ambas investigaciones debían unificarse porque el dinero presuntamente desviado de la AFA podría haber financiado la compra de la propiedad. Así, planteó que había una conexión entre la supuesta defraudación a la asociación y el origen de los fondos utilizados para adquirir el inmueble.
Petazzi aceptó inicialmente el planteo y envió el expediente al juzgado federal de Campana. Luego, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó esa decisión y ordenó que la causa continuara en la Justicia de instrucción hasta que la Corte resolviera el conflicto de competencia.
Antes de decidir, el máximo tribunal pidió la opinión de Casal. El procurador rechazó los argumentos de González Charvay para justificar el traslado al fuero federal.
“La conexión entre ambos no basta para acordar la intervención de la justicia federal para conocer del primero del delito procedente cuando no corresponde por su materia o las personas, o su competencia específica”, sostuvo Casal.
También señaló que “se debe separar el juzgamiento de los hechos de índole federal de aquellos de carácter común, cualquiera fuera la relación de conexidad que media entre sí”.
Casal objetó, además, las razones planteadas para acumular los expedientes en un mismo juzgado. En ese sentido, sostuvo que “no basta con acudir a expresiones como ‘comunidad probatoria’, ‘estrecha o íntima vinculación’, ‘mismo contexto delictivo’ o ‘riesgo de resoluciones contradictorias'” para alterar las reglas de competencia.
El procurador concluyó que esas circunstancias no permiten apartar una investigación de las normas que establecen qué juez debe intervenir. La Corte resolvió ahora el conflicto y determinó que la denuncia de Tofoni siga bajo la órbita de la Justicia nacional de instrucción. De ese modo, González Charvay no podrá concentrar en su juzgado la investigación sobre el presunto manejo irregular de los fondos de la AFA en el exterior.
Casal también se pronunció sobre otra controversia de competencia, originada por una denuncia de Tofoni contra las autoridades de la AFA por presuntas irregularidades y falsedades en los balances de la entidad. Ese expediente había quedado inicialmente en la Justicia en lo Penal Económico, que consideró que debía tramitar junto con la investigación por administración fraudulenta a cargo de Petazzi. La jueza rechazó recibirlo y el conflicto también llegó a la Corte.
En ese segundo caso, Casal dictaminó que la investigación debía quedar en la Justicia nacional de instrucción. Consideró que las presuntas irregularidades contables estaban vinculadas con el manejo de los fondos de TourProdEnter LLC, ya investigado por Petazzi. También señaló que el fuero de instrucción tiene competencia más amplia que el Penal Económico para analizar el conjunto de los hechos denunciados.
La Corte debe resolver otras controversias que definirán qué tribunales investigarán las denuncias sobre los fondos de la AFA y las operaciones de sociedades relacionadas con sus dirigentes.
Por otra parte, Casal mantuvo ante la Corte Suprema un recurso de queja para que la causa por la mansión de Pilar atribuida a Toviggino vuelva al fuero Penal Económico y deje de tramitar en el juzgado federal de Campana, a cargo de González Charvay.
En un dictamen firmado el 30 de octubre, el procurador cuestionó la decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que por mayoría había dispuesto que la investigación por presunto lavado de dinero continuara en el juzgado federal de Campana.
El pronunciamiento representa otro revés para la postura que permitió concentrar en ese juzgado la investigación sobre el origen de los fondos usados para adquirir la propiedad atribuida al tesorero de la AFA.
La causa está dirigida contra Luciana Pantano y Ana Lucía Conte por presunto lavado de dinero y se relaciona con la compra de un inmueble que habría sido utilizado para convertir fondos de origen ilícito.
La controversia llegó a la Corte después de que la Cámara de Casación aceptara un recurso de las defensas y declarara competente al Juzgado Federal de Campana. El fiscal general presentó un recurso extraordinario federal contra esa decisión. Tras su rechazo por parte de Casación, acudió directamente a la Corte mediante una queja.
Casal respaldó ese planteo y sostuvo que había razones excepcionales para que el máximo tribunal interviniera, aunque las decisiones sobre competencia normalmente no se consideran sentencias definitivas.
El procurador afirmó que el fallo de Casación incurrió en una “prístina y grosera” violación de las reglas de competencia, lo que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, habilitaría su intervención antes de que concluya el proceso.
El argumento central de Casal es que no hay elementos jurídicamente relevantes que justifiquen que la investigación permanezca en la jurisdicción territorial de Campana.
“A esta altura es evidente que no existen puntos de contacto jurídicamente relevantes con la jurisdicción territorial de Campana”, sostuvo el jefe de los fiscales en su dictamen.
Para Casal, el hecho de que el inmueble investigado esté en esa jurisdicción no alcanza para establecer que deba intervenir el juez de Campana en una causa por lavado de dinero. Explicó que la ubicación de una propiedad sospechada de haber sido adquirida con fondos ilícitos solo podría justificar la intervención inicial del juez del lugar si la investigación hubiera comenzado allí.
El máximo tribunal también dispuso que las causas penales vinculadas con presuntos “balances falsos” de la entidad tramiten en el fuero nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Uno de esos expedientes se inició a partir de una denuncia del empresario Guillermo Tofoni contra el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y otros directivos. El denunciante sostuvo que la entidad habría omitido registrar en sus balances ingresos por aproximadamente 300 millones de dólares, generados por el contrato con TourProdEnter LLC, agente comercial exclusivo.
En un asunto separado de las causas penales, la Corte falló a favor de la Inspección General de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, y la mantuvo como organismo de control de la AFA.
El conflicto se originó con la resolución 140/2026 de la IGJ, que rechazó inscribir la reforma del estatuto de la AFA. La entidad buscaba cambiar su domicilio para quedar bajo la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Como consecuencia, la IGJ también denegó la cancelación de la inscripción de la asociación en sus registros, necesaria para pasar al control del organismo provincial.
La AFA impugnó esa decisión ante la Justicia. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil declaró nula la resolución y dio por cancelada la inscripción de la entidad en el registro de la IGJ, lo que le permitió inscribirse en la provincia.
La resolución de la Corte representa un revés para González Charvay, quien había reclamado el expediente por su presunta relación con la mansión de Pilar valuada en 17 millones de dólares y atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
En septiembre, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, había dictaminado que la investigación debía seguir en la Justicia nacional de instrucción y no pasar al juzgado federal de Campana.
La denuncia de Tofoni apunta a investigar una presunta administración fraudulenta de los fondos millonarios que la AFA maneja en el exterior. Es el primer expediente vinculado con la entidad sobre el que se pronuncia la Corte, aunque el tribunal todavía debe resolver otras controversias judiciales relacionadas con la asociación que preside Tapia, conocido como “Chiqui”. Entre ellas están el intento de trasladar la sede social a Pilar y la definición del juzgado que investigará las presuntas irregularidades en torno a la mansión atribuida a Toviggino.
La presentación de Tofoni también acusa a Tapia, a Toviggino y a TourProdEnter LLC, empresa perteneciente al empresario Javier Faroni y a su esposa, Érica Gillette, por presunta administración fraudulenta contra la AFA. En concreto, el denunciante afirmó que la compañía habría desviado fondos recaudados por la entidad en el exterior hacia otros destinos, incluidas sociedades presuntamente relacionadas con Toviggino.
La investigación había quedado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de Instrucción N.º 11, a cargo de la jueza Paula Petazzi. González Charvay reclamó el expediente al sostener que estaba relacionado con la causa por la mansión de Pilar, que tramitaba en su juzgado. Argumentó que ambas investigaciones debían unificarse porque el dinero presuntamente desviado de la AFA podría haber financiado la compra de la propiedad. Así, planteó que había una conexión entre la supuesta defraudación a la asociación y el origen de los fondos utilizados para adquirir el inmueble.
Petazzi aceptó inicialmente el planteo y envió el expediente al juzgado federal de Campana. Luego, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó esa decisión y ordenó que la causa continuara en la Justicia de instrucción hasta que la Corte resolviera el conflicto de competencia.
Antes de decidir, el máximo tribunal pidió la opinión de Casal. El procurador rechazó los argumentos de González Charvay para justificar el traslado al fuero federal.
“La conexión entre ambos no basta para acordar la intervención de la justicia federal para conocer del primero del delito procedente cuando no corresponde por su materia o las personas, o su competencia específica”, sostuvo Casal.
También señaló que “se debe separar el juzgamiento de los hechos de índole federal de aquellos de carácter común, cualquiera fuera la relación de conexidad que media entre sí”.
Casal objetó, además, las razones planteadas para acumular los expedientes en un mismo juzgado. En ese sentido, sostuvo que “no basta con acudir a expresiones como ‘comunidad probatoria’, ‘estrecha o íntima vinculación’, ‘mismo contexto delictivo’ o ‘riesgo de resoluciones contradictorias'” para alterar las reglas de competencia.
El procurador concluyó que esas circunstancias no permiten apartar una investigación de las normas que establecen qué juez debe intervenir. La Corte resolvió ahora el conflicto y determinó que la denuncia de Tofoni siga bajo la órbita de la Justicia nacional de instrucción. De ese modo, González Charvay no podrá concentrar en su juzgado la investigación sobre el presunto manejo irregular de los fondos de la AFA en el exterior.
Casal también se pronunció sobre otra controversia de competencia, originada por una denuncia de Tofoni contra las autoridades de la AFA por presuntas irregularidades y falsedades en los balances de la entidad. Ese expediente había quedado inicialmente en la Justicia en lo Penal Económico, que consideró que debía tramitar junto con la investigación por administración fraudulenta a cargo de Petazzi. La jueza rechazó recibirlo y el conflicto también llegó a la Corte.
En ese segundo caso, Casal dictaminó que la investigación debía quedar en la Justicia nacional de instrucción. Consideró que las presuntas irregularidades contables estaban vinculadas con el manejo de los fondos de TourProdEnter LLC, ya investigado por Petazzi. También señaló que el fuero de instrucción tiene competencia más amplia que el Penal Económico para analizar el conjunto de los hechos denunciados.
La Corte debe resolver otras controversias que definirán qué tribunales investigarán las denuncias sobre los fondos de la AFA y las operaciones de sociedades relacionadas con sus dirigentes.
Por otra parte, Casal mantuvo ante la Corte Suprema un recurso de queja para que la causa por la mansión de Pilar atribuida a Toviggino vuelva al fuero Penal Económico y deje de tramitar en el juzgado federal de Campana, a cargo de González Charvay.
En un dictamen firmado el 30 de octubre, el procurador cuestionó la decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que por mayoría había dispuesto que la investigación por presunto lavado de dinero continuara en el juzgado federal de Campana.
El pronunciamiento representa otro revés para la postura que permitió concentrar en ese juzgado la investigación sobre el origen de los fondos usados para adquirir la propiedad atribuida al tesorero de la AFA.
La causa está dirigida contra Luciana Pantano y Ana Lucía Conte por presunto lavado de dinero y se relaciona con la compra de un inmueble que habría sido utilizado para convertir fondos de origen ilícito.
La controversia llegó a la Corte después de que la Cámara de Casación aceptara un recurso de las defensas y declarara competente al Juzgado Federal de Campana. El fiscal general presentó un recurso extraordinario federal contra esa decisión. Tras su rechazo por parte de Casación, acudió directamente a la Corte mediante una queja.
Casal respaldó ese planteo y sostuvo que había razones excepcionales para que el máximo tribunal interviniera, aunque las decisiones sobre competencia normalmente no se consideran sentencias definitivas.
El procurador afirmó que el fallo de Casación incurrió en una “prístina y grosera” violación de las reglas de competencia, lo que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, habilitaría su intervención antes de que concluya el proceso.
El argumento central de Casal es que no hay elementos jurídicamente relevantes que justifiquen que la investigación permanezca en la jurisdicción territorial de Campana.
“A esta altura es evidente que no existen puntos de contacto jurídicamente relevantes con la jurisdicción territorial de Campana”, sostuvo el jefe de los fiscales en su dictamen.
Para Casal, el hecho de que el inmueble investigado esté en esa jurisdicción no alcanza para establecer que deba intervenir el juez de Campana en una causa por lavado de dinero. Explicó que la ubicación de una propiedad sospechada de haber sido adquirida con fondos ilícitos solo podría justificar la intervención inicial del juez del lugar si la investigación hubiera comenzado allí.
