Desde la ocupación británica en 1833, Argentina ha mantenido su reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas. En este contexto, el Congreso está evaluando un proyecto de ley que podría incrementar las facultades del Poder Ejecutivo en las áreas de seguridad e inteligencia. La propuesta incluye sanciones para aquellas empresas que operen en el archipiélago, así como la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y medidas relacionadas con la desinformación y el financiamiento.
Mariana Altieri, politóloga especializada en geopolítica, mencionó que esta combinación de factores superaría el reclamo territorial argentino. Según indicó, el caso de las Malvinas está enmarcado por la ONU como una cuestión de descolonización e integridad territorial, mientras que las posiciones británicas y de los isleños sostienen la autodeterminación de sus habitantes.
Para Altieri, la afirmación de que las islas poseen ese derecho es incorrecta: “Si vos decís que las Malvinas tienen derecho a la autodeterminación de los pueblos, estás desinformando”.
La especialista apoyó la idea de que Argentina implemente una campaña para contrarrestar estas narrativas, aunque se opuso a que el proyecto vincule la cuestión de soberanía con campañas políticas, procesos electorales, terrorismo, interferencia extranjera o desinformación masiva.
“Están mezclando dos cosas y están poniendo a Malvinas como mascarón de proa”, comentó Altieri. Su propuesta es que el Congreso aborde por separado estos temas y considere con tiempo una posible reforma de la política de seguridad y defensa.
La creación de un Consejo de Seguridad Nacional podría funcionar, según la analista, como un posible “caballo de Troya”, permitiendo que el reclamo argentino por las islas se utilice para establecer una estructura estatal con funciones que irían más allá de la disputa de soberanía. “Te están metiendo una especie de ley base de seguridad con un consejo de seguridad”, apuntó.
Desde la transición democrática, Argentina ha diferenciado entre la defensa nacional y la seguridad interior. La Ley de Defensa se refiere a ataques de actores estatales externos, mientras que la seguridad interior trata problemáticas internas.
Altieri subrayó la necesidad de conservar esta distinción, aunque reconoció que el país debe enfrentar temas complejos como el crimen organizado, el narcotráfico y la protección de infraestructuras, sugiriendo que estos debates deberían llevarse a cabo mediante normas específicas, y no a través de una iniciativa relacionada con las Malvinas.
La politóloga también cuestionó la concentración de definiciones en torno a defensa, terrorismo y desinformación en el eventual organismo propuesto. Asimismo, alertó sobre la posibilidad de que el proyecto brinde al Ejecutivo herramientas de actuación sin los controles legislativos adecuados.
“Voy a correr al Legislativo, vos simplemente hacé esta ley que me va a dar un montón de facultades”, resumió Altieri sobre su interpretación de la propuesta, añadiendo que cualquier organismo de este tipo debe garantizar una participación efectiva del Congreso.
La Secretaría de Inteligencia del Estado, previamente conocida como Agencia Federal de Inteligencia, es uno de los organismos cuyas competencias están claramente definidas. Altieri acotó que esta entidad puede aportar información al Ejecutivo, pero no tiene autorización para investigar a civiles sin causas ni procedimientos establecidos.
La posibilidad de intervenir de oficio en asuntos considerados como seguridad nacional también generó críticas. La especialista señaló que el proyecto contiene “letras pequeñas” que podrían habilitar medidas sin la realización de trámites administrativos previos.
Las definiciones amplias podrían extenderse a asuntos no relacionados directamente con las islas, como la Patagonia, los centros de datos, las actividades de organizaciones extranjeras o tensiones con pueblos originarios, lo que podría facilitar acciones represivas y usos judiciales de esas herramientas en períodos electorales.
Altieri respalda las restricciones para las empresas que operen en Malvinas, recordando que la Cancillería argentina ha trabajado en limitaciones respecto a la explotación hidrocarburífera en la región. La politóloga propuso mantener ese capítulo y excluir del proyecto los artículos vinculados al Consejo de Seguridad Nacional.
En 2022, Argentina inhabilitó a Navitas para operar en su territorio durante 20 años debido a actividades relacionadas con las islas. Esta sanción forma parte de las medidas dirigidas a desincentivar la explotación de recursos en un área cuya soberanía sigue en disputa con el Reino Unido.
Sin embargo, las multas podrían no ser suficientes para disuadir a las empresas, según Altieri, quien sostuvo que el mayor desincentivo sería el riesgo de perder oportunidades de negocio en Vaca Muerta. “Las empresas no van a dejar de operar solo por las multas o las sanciones”, señaló.
“Sólo por el miedo a perderse Vaca Muerta”, añadió en referencia al posible impacto de las restricciones. La analista sugirió que también se deben considerar la logística, los servicios a las petroleras y la explotación de recursos vivos marinos, áreas que podrían encarecer la ocupación británica. Mencionó a Rockhopper y Navitas como algunas de las compañías activas en la zona.
Las grandes petroleras internacionales no participan en estos proyectos debido a que se llevan a cabo en un territorio que está en disputa entre Argentina y el Reino Unido.
Una ley que se limite a imponer sanciones empresariales podría proporcionar certidumbre a las compañías, mientras que una iniciativa que incluya aspectos de seguridad y defensa podría diluir ese mensaje. “Si vos mandás eso mezclado en un montón de otras cosas”, advirtió Altieri.
La politóloga sugirió que el Congreso revise la propuesta en partes o que se realicen modificaciones para mantener las sanciones y eliminar las demás disposiciones. “Si hacemos un consejo de estas características, hagamos un consejo serio”, concluyó, al reclamar controles, intervención parlamentaria y legitimidad para su funcionamiento.
Mariana Altieri, politóloga especializada en geopolítica, mencionó que esta combinación de factores superaría el reclamo territorial argentino. Según indicó, el caso de las Malvinas está enmarcado por la ONU como una cuestión de descolonización e integridad territorial, mientras que las posiciones británicas y de los isleños sostienen la autodeterminación de sus habitantes.
Para Altieri, la afirmación de que las islas poseen ese derecho es incorrecta: “Si vos decís que las Malvinas tienen derecho a la autodeterminación de los pueblos, estás desinformando”.
La especialista apoyó la idea de que Argentina implemente una campaña para contrarrestar estas narrativas, aunque se opuso a que el proyecto vincule la cuestión de soberanía con campañas políticas, procesos electorales, terrorismo, interferencia extranjera o desinformación masiva.
“Están mezclando dos cosas y están poniendo a Malvinas como mascarón de proa”, comentó Altieri. Su propuesta es que el Congreso aborde por separado estos temas y considere con tiempo una posible reforma de la política de seguridad y defensa.
La creación de un Consejo de Seguridad Nacional podría funcionar, según la analista, como un posible “caballo de Troya”, permitiendo que el reclamo argentino por las islas se utilice para establecer una estructura estatal con funciones que irían más allá de la disputa de soberanía. “Te están metiendo una especie de ley base de seguridad con un consejo de seguridad”, apuntó.
Desde la transición democrática, Argentina ha diferenciado entre la defensa nacional y la seguridad interior. La Ley de Defensa se refiere a ataques de actores estatales externos, mientras que la seguridad interior trata problemáticas internas.
Altieri subrayó la necesidad de conservar esta distinción, aunque reconoció que el país debe enfrentar temas complejos como el crimen organizado, el narcotráfico y la protección de infraestructuras, sugiriendo que estos debates deberían llevarse a cabo mediante normas específicas, y no a través de una iniciativa relacionada con las Malvinas.
La politóloga también cuestionó la concentración de definiciones en torno a defensa, terrorismo y desinformación en el eventual organismo propuesto. Asimismo, alertó sobre la posibilidad de que el proyecto brinde al Ejecutivo herramientas de actuación sin los controles legislativos adecuados.
“Voy a correr al Legislativo, vos simplemente hacé esta ley que me va a dar un montón de facultades”, resumió Altieri sobre su interpretación de la propuesta, añadiendo que cualquier organismo de este tipo debe garantizar una participación efectiva del Congreso.
La Secretaría de Inteligencia del Estado, previamente conocida como Agencia Federal de Inteligencia, es uno de los organismos cuyas competencias están claramente definidas. Altieri acotó que esta entidad puede aportar información al Ejecutivo, pero no tiene autorización para investigar a civiles sin causas ni procedimientos establecidos.
La posibilidad de intervenir de oficio en asuntos considerados como seguridad nacional también generó críticas. La especialista señaló que el proyecto contiene “letras pequeñas” que podrían habilitar medidas sin la realización de trámites administrativos previos.
Las definiciones amplias podrían extenderse a asuntos no relacionados directamente con las islas, como la Patagonia, los centros de datos, las actividades de organizaciones extranjeras o tensiones con pueblos originarios, lo que podría facilitar acciones represivas y usos judiciales de esas herramientas en períodos electorales.
Altieri respalda las restricciones para las empresas que operen en Malvinas, recordando que la Cancillería argentina ha trabajado en limitaciones respecto a la explotación hidrocarburífera en la región. La politóloga propuso mantener ese capítulo y excluir del proyecto los artículos vinculados al Consejo de Seguridad Nacional.
En 2022, Argentina inhabilitó a Navitas para operar en su territorio durante 20 años debido a actividades relacionadas con las islas. Esta sanción forma parte de las medidas dirigidas a desincentivar la explotación de recursos en un área cuya soberanía sigue en disputa con el Reino Unido.
Sin embargo, las multas podrían no ser suficientes para disuadir a las empresas, según Altieri, quien sostuvo que el mayor desincentivo sería el riesgo de perder oportunidades de negocio en Vaca Muerta. “Las empresas no van a dejar de operar solo por las multas o las sanciones”, señaló.
“Sólo por el miedo a perderse Vaca Muerta”, añadió en referencia al posible impacto de las restricciones. La analista sugirió que también se deben considerar la logística, los servicios a las petroleras y la explotación de recursos vivos marinos, áreas que podrían encarecer la ocupación británica. Mencionó a Rockhopper y Navitas como algunas de las compañías activas en la zona.
Las grandes petroleras internacionales no participan en estos proyectos debido a que se llevan a cabo en un territorio que está en disputa entre Argentina y el Reino Unido.
Una ley que se limite a imponer sanciones empresariales podría proporcionar certidumbre a las compañías, mientras que una iniciativa que incluya aspectos de seguridad y defensa podría diluir ese mensaje. “Si vos mandás eso mezclado en un montón de otras cosas”, advirtió Altieri.
La politóloga sugirió que el Congreso revise la propuesta en partes o que se realicen modificaciones para mantener las sanciones y eliminar las demás disposiciones. “Si hacemos un consejo de estas características, hagamos un consejo serio”, concluyó, al reclamar controles, intervención parlamentaria y legitimidad para su funcionamiento.
