Los funcionarios del Gobierno que han estado involucrados con el PAMI coinciden en una conclusión contundente: la obra social de los jubilados, que cuenta con 5,4 millones de afiliados, es “deficitaria por definición” y siempre ha requerido asistencia del Tesoro. Este problema ha persistido incluso durante la administración de Javier Milei, que destinó alrededor de 800.000 millones de pesos en letras y aportes convencionales.
La situación es especialmente grave desde la eliminación del impuesto PAIS, que asignaba el 70% de lo recaudado al PAMI y a la Anses. Si se hubiera mantenido, este año habría aportado 2,8 billones de pesos a la obra social, en contraste con los 1,6 billones que se están considerando del Tesoro para 2026. Este desfase se hizo visible el año pasado, en paralelo a la caída general de la recaudación, y fue planteado en una reunión entre el ministro de Salud y su par de Economía, donde se cuestionó la posibilidad de aumentar el presupuesto del PAMI en un 40%, a lo que el ministro de Economía respondió negativamente.
Santiago Caputo, responsable del área de Salud, ha señalado a Carlos Guberman, secretario de Hacienda, como culpable del ajuste que afecta los pagos en múltiples áreas. Este conflicto también toca el núcleo del modelo de Milei: conceder el 40% de presupuesto adicional que reclama Salud significaría un impacto del 0,44% del PBI, lo que pondría en riesgo el superávit financiero proyectado de 0,3% para la Argentina.
El PAMI se convierte, así, en un desafío adicional para una administración que busca mantener el equilibrio fiscal como su principal fortaleza, mientras que el director ejecutivo y el subdirector enfrentan un panorama complicado, habiendo casi renunciado recientemente debido a tensiones internas que fueron atenuadas por el ministro de Salud.
Por otro lado, algunos sectores libertarios han planteado la posibilidad de que el PAMI firme acuerdos con provincias semejantes a los pactos para obras viales, delegando la atención en los gobiernos locales, algo que ya se aplica en Chubut y Catamarca. Estas propuestas han generado diferencias internas, donde algunos aceptan el ajuste, pero consideran inapropiado extender la misma lógica en temas tan sensibles como la salud pública.
A esta situación se suma el desafío demográfico que plantea un creciente número de jubilados y una población que vive cada vez más tiempo. Actualmente, el PAMI cuenta con 6.000 afiliados que superan los 100 años, lo que complica la sustentabilidad del sistema, que se financia principalmente a través de un aporte del 3% de los trabajadores activos y entre un 3% y un 5% de los jubilados, dependiendo de su pensión.
Las tensiones internas han llevado a la renuncia de la síndico general y virtual interventora, así como del coordinador ejecutivo, quienes habían sido designados en función del respaldo de Santiago Caputo, el único reemplazo anunciado ha sido acordado por el mismo asesor. Sin embargo, persisten disputas sobre la gestión y utilización de recursos, lo cual se evidenció en el aumento del 37,5% en el presupuesto del PAMI desde la llegada de Milei, cifra que resulta mínima en comparación con una inflación del 329% en el mismo periodo.
Esto ha provocado conflictos con prestadores como el Sanatorio de Concordia, que cuenta con 15.000 pacientes afiliados y envió una carta documento advirtiendo sobre la interrupción de servicios. Históricamente, el PAMI ha tenido un área de cobertura más amplia que otras obras sociales, asumiendo el costo total de intervenciones complejas, lo que eleva la presión sobre la institución.
La crisis resultante ha desencadenado protestas a nivel nacional. Clínicas y sanatorios ya habían suspendido actividades en varias oportunidades, reflejando una creciente insatisfacción. La resolución de estos conflictos debería preverse considerando cómo se estructuran los repartos de poder, en un contexto donde muchas de las 38 unidades de gestión local del PAMI operan bajo influencias políticas que pueden priorizar intereses libertarios sobre las necesidades sanitarias. Esto complica la toma de decisiones y la claridad del debate en curso.
La situación es especialmente grave desde la eliminación del impuesto PAIS, que asignaba el 70% de lo recaudado al PAMI y a la Anses. Si se hubiera mantenido, este año habría aportado 2,8 billones de pesos a la obra social, en contraste con los 1,6 billones que se están considerando del Tesoro para 2026. Este desfase se hizo visible el año pasado, en paralelo a la caída general de la recaudación, y fue planteado en una reunión entre el ministro de Salud y su par de Economía, donde se cuestionó la posibilidad de aumentar el presupuesto del PAMI en un 40%, a lo que el ministro de Economía respondió negativamente.
Santiago Caputo, responsable del área de Salud, ha señalado a Carlos Guberman, secretario de Hacienda, como culpable del ajuste que afecta los pagos en múltiples áreas. Este conflicto también toca el núcleo del modelo de Milei: conceder el 40% de presupuesto adicional que reclama Salud significaría un impacto del 0,44% del PBI, lo que pondría en riesgo el superávit financiero proyectado de 0,3% para la Argentina.
El PAMI se convierte, así, en un desafío adicional para una administración que busca mantener el equilibrio fiscal como su principal fortaleza, mientras que el director ejecutivo y el subdirector enfrentan un panorama complicado, habiendo casi renunciado recientemente debido a tensiones internas que fueron atenuadas por el ministro de Salud.
Por otro lado, algunos sectores libertarios han planteado la posibilidad de que el PAMI firme acuerdos con provincias semejantes a los pactos para obras viales, delegando la atención en los gobiernos locales, algo que ya se aplica en Chubut y Catamarca. Estas propuestas han generado diferencias internas, donde algunos aceptan el ajuste, pero consideran inapropiado extender la misma lógica en temas tan sensibles como la salud pública.
A esta situación se suma el desafío demográfico que plantea un creciente número de jubilados y una población que vive cada vez más tiempo. Actualmente, el PAMI cuenta con 6.000 afiliados que superan los 100 años, lo que complica la sustentabilidad del sistema, que se financia principalmente a través de un aporte del 3% de los trabajadores activos y entre un 3% y un 5% de los jubilados, dependiendo de su pensión.
Las tensiones internas han llevado a la renuncia de la síndico general y virtual interventora, así como del coordinador ejecutivo, quienes habían sido designados en función del respaldo de Santiago Caputo, el único reemplazo anunciado ha sido acordado por el mismo asesor. Sin embargo, persisten disputas sobre la gestión y utilización de recursos, lo cual se evidenció en el aumento del 37,5% en el presupuesto del PAMI desde la llegada de Milei, cifra que resulta mínima en comparación con una inflación del 329% en el mismo periodo.
Esto ha provocado conflictos con prestadores como el Sanatorio de Concordia, que cuenta con 15.000 pacientes afiliados y envió una carta documento advirtiendo sobre la interrupción de servicios. Históricamente, el PAMI ha tenido un área de cobertura más amplia que otras obras sociales, asumiendo el costo total de intervenciones complejas, lo que eleva la presión sobre la institución.
La crisis resultante ha desencadenado protestas a nivel nacional. Clínicas y sanatorios ya habían suspendido actividades en varias oportunidades, reflejando una creciente insatisfacción. La resolución de estos conflictos debería preverse considerando cómo se estructuran los repartos de poder, en un contexto donde muchas de las 38 unidades de gestión local del PAMI operan bajo influencias políticas que pueden priorizar intereses libertarios sobre las necesidades sanitarias. Esto complica la toma de decisiones y la claridad del debate en curso.
