El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, admitió recientemente que ocultó ingresos por aproximadamente 500.000 dólares en sus declaraciones juradas, los cuales, según su versión, provienen de una inversión realizada antes de asumir su cargo. La intención de Adorni sería que esta confesión lo ayude en la causa que enfrenta por enriquecimiento ilícito, donde debe justificar el notable aumento en su nivel de vida. Sin embargo, su reconocimiento también lo expone a una posible acusación por omisión maliciosa.
El artículo 268, inciso 3, del Código Penal sanciona a quienes, en virtud de su cargo, están obligados a presentar una declaración jurada patrimonial y, por malicia, omiten hacerlo o falsean los datos que estas deben contener.
La pena por omisión maliciosa oscila entre 15 días y dos años de prisión, además de inhabilitación perpetua. Este delito es considerado menos grave que el de enriquecimiento ilícito, del cual Adorni busca eximirse mediante esta revelación.
La investigación que se desarrolla en los tribunales de Comodoro Py ya había evidenciado que los ingresos reportados por Adorni no eran suficientes para justificar los más de 406.681 dólares en gastos que se le atribuyen desde su llegada al Gobierno, sin contar los gastos corrientes. Además, se le identificó un aumento de 335.000 dólares en deudas. Según trascendió, a los investigadores les resulta inconsistente la información proporcionada por él, especialmente en relación a sus gastos, por lo que el fiscal Gerardo Pollicita estaba preparado para solicitar que justifique su patrimonio.
Es probable que la solicitud se retrase, no obstante, los investigadores continuarán examinando su versión, que hasta el momento no es más que una explicación que podría haber sido elaborada para coincidir con los intereses de Adorni al argumentar que no se enriqueció debido a que los fondos que utilizó eran parte de ahorros anteriores.
El escenario más desfavorable para Adorni no solo sería el enriquecimiento ilícito, sino que también se abrieran pesquisas sobre delitos vinculados a ese supuesto enriquecimiento, como el lavado de dinero. Sin embargo, hasta ahora, la causa llevada por Pollicita y Lijo no parece enfocarse en esa dirección.
La defensa de Adorni, como es habitual en estos casos, probablemente argumentará que su omisión no fue “maliciosa”. El término “malicioso” en el marco legal implica un dolo calificado, es decir, una intención subyacente en la decisión de no declarar lo que debía. Este concepto se refiere a un “elemento normativo de recorte” que acota el ámbito de las conductas penales a perseguir.
En cuanto a las razones que ofreció Adorni respecto a la omisión de estos ingresos, sostuvo que actuó de esa manera para escapar a las prácticas de la “vieja política”. No obstante, no explicó por qué decidió hacer pública esta información recién ahora, dos años y medio después de la asunción de Milei y justo tras ser evidenciados los gastos y las inversiones que no corresponden a sus ingresos declarados.
Adorni también reconoció que inscribió a nombre exclusivo de su esposa, Bettina Angeletti, la propiedad de Indio Cuá, cuando en realidad también es de su propiedad, otro dato que considera un error.
La próxima semana, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el juez encargado de la causa, Ariel Lijo, participarán como representantes argentinos en un encuentro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que supervisa las políticas del país en la lucha contra el lavado de dinero. Aunque Argentina no se encuentra bajo evaluación en el GAFI, se espera que los funcionarios deban abordar la ley de inocencia fiscal, que incluye un régimen simplificado de impuesto a las ganancias, del cual Adorni es adherente. El GAFI ha implementado cada vez más controles para frenar el flujo de capitales ilícitos, y esta normativa contrasta con esa tendencia.
El artículo 268, inciso 3, del Código Penal sanciona a quienes, en virtud de su cargo, están obligados a presentar una declaración jurada patrimonial y, por malicia, omiten hacerlo o falsean los datos que estas deben contener.
La pena por omisión maliciosa oscila entre 15 días y dos años de prisión, además de inhabilitación perpetua. Este delito es considerado menos grave que el de enriquecimiento ilícito, del cual Adorni busca eximirse mediante esta revelación.
La investigación que se desarrolla en los tribunales de Comodoro Py ya había evidenciado que los ingresos reportados por Adorni no eran suficientes para justificar los más de 406.681 dólares en gastos que se le atribuyen desde su llegada al Gobierno, sin contar los gastos corrientes. Además, se le identificó un aumento de 335.000 dólares en deudas. Según trascendió, a los investigadores les resulta inconsistente la información proporcionada por él, especialmente en relación a sus gastos, por lo que el fiscal Gerardo Pollicita estaba preparado para solicitar que justifique su patrimonio.
Es probable que la solicitud se retrase, no obstante, los investigadores continuarán examinando su versión, que hasta el momento no es más que una explicación que podría haber sido elaborada para coincidir con los intereses de Adorni al argumentar que no se enriqueció debido a que los fondos que utilizó eran parte de ahorros anteriores.
El escenario más desfavorable para Adorni no solo sería el enriquecimiento ilícito, sino que también se abrieran pesquisas sobre delitos vinculados a ese supuesto enriquecimiento, como el lavado de dinero. Sin embargo, hasta ahora, la causa llevada por Pollicita y Lijo no parece enfocarse en esa dirección.
La defensa de Adorni, como es habitual en estos casos, probablemente argumentará que su omisión no fue “maliciosa”. El término “malicioso” en el marco legal implica un dolo calificado, es decir, una intención subyacente en la decisión de no declarar lo que debía. Este concepto se refiere a un “elemento normativo de recorte” que acota el ámbito de las conductas penales a perseguir.
En cuanto a las razones que ofreció Adorni respecto a la omisión de estos ingresos, sostuvo que actuó de esa manera para escapar a las prácticas de la “vieja política”. No obstante, no explicó por qué decidió hacer pública esta información recién ahora, dos años y medio después de la asunción de Milei y justo tras ser evidenciados los gastos y las inversiones que no corresponden a sus ingresos declarados.
Adorni también reconoció que inscribió a nombre exclusivo de su esposa, Bettina Angeletti, la propiedad de Indio Cuá, cuando en realidad también es de su propiedad, otro dato que considera un error.
La próxima semana, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el juez encargado de la causa, Ariel Lijo, participarán como representantes argentinos en un encuentro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que supervisa las políticas del país en la lucha contra el lavado de dinero. Aunque Argentina no se encuentra bajo evaluación en el GAFI, se espera que los funcionarios deban abordar la ley de inocencia fiscal, que incluye un régimen simplificado de impuesto a las ganancias, del cual Adorni es adherente. El GAFI ha implementado cada vez más controles para frenar el flujo de capitales ilícitos, y esta normativa contrasta con esa tendencia.
