Los 12 activistas de Greenpeace que llevaron a cabo una protesta frente al Congreso en contra de la modificación de la Ley de Glaciares se enfrentan a una instancia judicial, donde la ONG busca anular el procesamiento. La manifestación tuvo lugar el 26 de febrero, coincidiendo con un debate en el Congreso sobre la reforma de esta normativa.
En una entrevista, el director de Proyectos de Greenpeace Argentina, Diego Salas, expresó que la intención de esta causa es “que no se animen a repetir la protesta, a amedrentarnos”. “Lamentablemente tengo que decirles que no es el camino”, agregó.
Salas defendió la posición de los activistas, asegurando que estaban firmes en sus convicciones dado que la protesta fue completamente pacífica y sin actos de violencia. “Están las pruebas, los videos que demuestran que todas las acusaciones se basan en argumentos como que había candado o resistencia a la autoridad, pero no es más que una forma de criminalizar el derecho a manifestarse pacíficamente”, explicó.
El director de Greenpeace también abordó las imputaciones de desobediencia y violación de domicilio, afirmando que “no hubo violación de domicilio”. “Los activistas estaban en las escalinatas del Congreso. No entramos en ningún momento, no impidieron la labor parlamentaria, y no se generó violencia ni daño alguno”, subrayó.
“Es un edificio público. No ingresamos al interior, solo estuvimos en la escalinata del Congreso. No hubo violación de propiedad”, insistió Salas.
“No entendemos este enfoque, pero son estrategias legales que buscan obstaculizar lo que en esencia es el derecho a protestar pacíficamente”, reflexionó.
“Continuaremos con estas acciones porque es lo que los argentinos y las argentinas necesitan, especialmente cuando se trata del agua y la modificación de la Ley de Glaciares. Esa modificación es inconstitucional y, por el momento, no hay novedades al respecto”, concluyó.
En una entrevista, el director de Proyectos de Greenpeace Argentina, Diego Salas, expresó que la intención de esta causa es “que no se animen a repetir la protesta, a amedrentarnos”. “Lamentablemente tengo que decirles que no es el camino”, agregó.
Salas defendió la posición de los activistas, asegurando que estaban firmes en sus convicciones dado que la protesta fue completamente pacífica y sin actos de violencia. “Están las pruebas, los videos que demuestran que todas las acusaciones se basan en argumentos como que había candado o resistencia a la autoridad, pero no es más que una forma de criminalizar el derecho a manifestarse pacíficamente”, explicó.
El director de Greenpeace también abordó las imputaciones de desobediencia y violación de domicilio, afirmando que “no hubo violación de domicilio”. “Los activistas estaban en las escalinatas del Congreso. No entramos en ningún momento, no impidieron la labor parlamentaria, y no se generó violencia ni daño alguno”, subrayó.
“Es un edificio público. No ingresamos al interior, solo estuvimos en la escalinata del Congreso. No hubo violación de propiedad”, insistió Salas.
“No entendemos este enfoque, pero son estrategias legales que buscan obstaculizar lo que en esencia es el derecho a protestar pacíficamente”, reflexionó.
“Continuaremos con estas acciones porque es lo que los argentinos y las argentinas necesitan, especialmente cuando se trata del agua y la modificación de la Ley de Glaciares. Esa modificación es inconstitucional y, por el momento, no hay novedades al respecto”, concluyó.
