El Ente Provincial Regulador de la Electricidad de San Juan (EPRE) presentó oficialmente ante el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) su negativa al pedido de uso prioritario de la línea de 500 kV por parte del proyecto de cobre Vicuña, que cuenta con un RIGI aprobado por 9.700 millones de dólares. El acceso a la energía es un requisito fundamental para que la asociación entre la minera BHP, considerada la mayor del mundo, y la canadiense Lundin Mining pueda avanzar en la construcción de la mina en la cordillera sanjuanina.
La presentación del EPRE se realizó al concluir los 30 días de plazo que tenía para expedirse, tras la audiencia pública celebrada el 3 de junio, según lo establece la Nota EPRE N° 11.978/26. Sin embargo, la decisión final corresponde a la jurisdicción nacional, en virtud de la Ley 24.065. Ahora, el ENReGE, que esperaba que el EPRE y la empresa minera lograran un acuerdo, tiene la responsabilidad de emitir el veredicto final sobre este asunto.
Vicuña había solicitado prioridad de acceso a la energía a cambio de asumir la obra para elevar la tensión de las líneas existentes de 132 kV a 500 kV, una inversión considerable que la empresa argumentó no afectaría a los usuarios locales.
Sin embargo, otras compañías del sector se manifestaron en contra de esta solicitud durante el proceso, indicando que todos los proyectos mineros y de generación de energía renovable requieren acceso a la misma fuente de energía.
En la audiencia pública, representantes de Vicuña defendieron su solicitud de prioridad, aclarando que esta se refiere exclusivamente a la capacidad adicional que generará la ampliación a 500 kV, y no sobre la capacidad ya existente en el sistema. Además, afirmaron que la infraestructura se integrará al Sistema Argentino de Interconexión, bajo la operación de Transener, lo que, según la empresa, no implica control ni exclusividad sobre la misma.
El EPRE solicitó “igualdad de condiciones” para todos los proyectos que requieran acceso a la red y destacó que esta fue financiada en parte mediante el Fondo PIEDE, creado por empresas, hogares, comercios e industrias de San Juan.
Roberto Ferrero, vicepresidente del EPRE, explicó los fundamentos de la posición presentada, afirmando que “asignar el uso monopólico de la red eléctrica, financiada parcialmente con esfuerzo local, a nuestro criterio tendría un alto riesgo de conflictividad, que podría demorar la concreción de las inversiones”.
Además, señaló: “No hay que cerrar la puerta del sistema a otros proyectos concurrentes, como Los Azules (de McEwen Copper) o las nuevas generadoras renovables, y es fundamental asegurar que se internalicen los costos de las obras de mitigación sistémica”.
Según Ferrero, el organismo sigue en diálogo con ENReGE, Vicuña y el resto de los actores de la región “buscando una alternativa que permita el rápido inicio de las obras”. Asimismo, el EPRE ha adjuntado al expediente un estudio con una propuesta sobre la causalidad de costos, realizado por el Instituto de Energía Eléctrica (IEE) de la Universidad Nacional de San Juan y el CONICET. En caso de que esta instancia no sea fructífera ante ENReGE, el organismo ya está elaborando una vía alternativa: un Consorcio Público-Privado para la inversión.
Vicuña abarca los yacimientos Josemaría y Filo del Sol. El acceso a la energía se presenta como uno de los principales obstáculos que enfrenta para avanzar de la etapa de aprobación a la de construcción efectiva. La primera fase de Josemaría requerirá aproximadamente 260 megavatios (MW) y podría llegar a 700 MW en etapas posteriores de desarrollo. Según el EPRE, la demanda eléctrica de la provincia se sitúa en torno a los 520 MW como máximo y su consumo anual asciende a más de 1900 gigavatios-hora (GWh).
La presentación del EPRE se realizó al concluir los 30 días de plazo que tenía para expedirse, tras la audiencia pública celebrada el 3 de junio, según lo establece la Nota EPRE N° 11.978/26. Sin embargo, la decisión final corresponde a la jurisdicción nacional, en virtud de la Ley 24.065. Ahora, el ENReGE, que esperaba que el EPRE y la empresa minera lograran un acuerdo, tiene la responsabilidad de emitir el veredicto final sobre este asunto.
Vicuña había solicitado prioridad de acceso a la energía a cambio de asumir la obra para elevar la tensión de las líneas existentes de 132 kV a 500 kV, una inversión considerable que la empresa argumentó no afectaría a los usuarios locales.
Sin embargo, otras compañías del sector se manifestaron en contra de esta solicitud durante el proceso, indicando que todos los proyectos mineros y de generación de energía renovable requieren acceso a la misma fuente de energía.
En la audiencia pública, representantes de Vicuña defendieron su solicitud de prioridad, aclarando que esta se refiere exclusivamente a la capacidad adicional que generará la ampliación a 500 kV, y no sobre la capacidad ya existente en el sistema. Además, afirmaron que la infraestructura se integrará al Sistema Argentino de Interconexión, bajo la operación de Transener, lo que, según la empresa, no implica control ni exclusividad sobre la misma.
El EPRE solicitó “igualdad de condiciones” para todos los proyectos que requieran acceso a la red y destacó que esta fue financiada en parte mediante el Fondo PIEDE, creado por empresas, hogares, comercios e industrias de San Juan.
Roberto Ferrero, vicepresidente del EPRE, explicó los fundamentos de la posición presentada, afirmando que “asignar el uso monopólico de la red eléctrica, financiada parcialmente con esfuerzo local, a nuestro criterio tendría un alto riesgo de conflictividad, que podría demorar la concreción de las inversiones”.
Además, señaló: “No hay que cerrar la puerta del sistema a otros proyectos concurrentes, como Los Azules (de McEwen Copper) o las nuevas generadoras renovables, y es fundamental asegurar que se internalicen los costos de las obras de mitigación sistémica”.
Según Ferrero, el organismo sigue en diálogo con ENReGE, Vicuña y el resto de los actores de la región “buscando una alternativa que permita el rápido inicio de las obras”. Asimismo, el EPRE ha adjuntado al expediente un estudio con una propuesta sobre la causalidad de costos, realizado por el Instituto de Energía Eléctrica (IEE) de la Universidad Nacional de San Juan y el CONICET. En caso de que esta instancia no sea fructífera ante ENReGE, el organismo ya está elaborando una vía alternativa: un Consorcio Público-Privado para la inversión.
Vicuña abarca los yacimientos Josemaría y Filo del Sol. El acceso a la energía se presenta como uno de los principales obstáculos que enfrenta para avanzar de la etapa de aprobación a la de construcción efectiva. La primera fase de Josemaría requerirá aproximadamente 260 megavatios (MW) y podría llegar a 700 MW en etapas posteriores de desarrollo. Según el EPRE, la demanda eléctrica de la provincia se sitúa en torno a los 520 MW como máximo y su consumo anual asciende a más de 1900 gigavatios-hora (GWh).
