Punta Arenas está dando pasos firmes en el desarrollo del comercio relacionado con las Islas Malvinas, mientras que Tierra del Fuego intenta obstaculizar estos avances. En este contexto, el Gobierno de Javier Milei permanece en silencio respecto a una propuesta que podría transformar el circuito comercial en la región sur. Este lunes 28 y martes 29 de septiembre, la ciudad chilena alberga a una delegación de empresarios isleños que buscan concretar acuerdos con compañías locales y establecer una nueva conexión marítima directa con Puerto Argentino, que se espera que inicie operaciones en noviembre.
Por esta vía se podrían trasladar alimentos frescos y congelados, materiales de construcción, gas licuado, repuestos y otros productos. Para la región de Magallanes, el negocio es atractivo: el alcalde Claudio Radonich estima que esta iniciativa podría generar unos 20 millones de dólares anuales. El objetivo es captar una porción de un mercado que actualmente se canaliza principalmente a través de Montevideo.
Radonich, en defensa del proyecto, planteó el debate en términos económicos, cuestionando: “No entiendo por qué Montevideo puede venderle a Malvinas y Punta Arenas no. ¿Es porque somos más chiquititos? Esto no puede ser. Mido con la misma vara, finalmente”. Asimismo, fue contundente al afirmar: “No podemos bailar a la música que nos ponga un país externo, sea quien sea el otro país”.
El alcalde subrayó que esta iniciativa no es nueva, ya que desde hace casi tres meses se sabía que las islas habían contratado a una empresa naviera chilena para establecer la conexión. Además, se realizaron viajes de empresarios y representantes de la Cámara de Comercio de las islas para explorar opciones de suministro.
Por su parte, Tierra del Fuego se está preparando para responder legalmente a este avance. El subsecretario de Asuntos Relativos a Malvinas, Andrés Dachary, confirmó que están trabajando en una ley que no se enfoca exclusivamente en Chile, sino que tiene como objetivo cualquier firma que colabore con el fortalecimiento de la presencia británica en las islas. “A eso apunta nuestra ley. No a Chile, sino a cualquier empresa que apoye la presencia del Reino Unido. Estamos un poco demorados con la presentación, pero la lanzaremos”, aseguró.
La propuesta busca regular ciertas actividades marítimas en el área correspondiente al departamento de Islas del Atlántico Sur, que incluye Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y requerirá autorización del gobierno fueguino. Desde la provincia argumentan que las restricciones actuales en el Mercosur no abarcan todas las operaciones comerciales que podrían favorecer las conexiones con las islas, así que buscan ampliar los controles.
Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei aún no ha tomado una postura clara frente a esta situación. Hasta ahora, no se ha anunciado ninguna medida específica en respuesta al proyecto. Se intentó obtener información de la Cancillería argentina, pero no hubo respuesta; lo mismo ocurrió con el gobierno de Kast.
Si la nueva conexión se llega a poner en marcha en noviembre, Punta Arenas podría no solo captar parte de un negocio que históricamente estuvo en manos de Montevideo, sino también ofrecer a las islas una nueva vía de abastecimiento y fortalecer sus relaciones comerciales con otros mercados. Para Argentina, la situación trasciende los 20 millones de dólares del negocio, ya que cada nueva ruta de abastecimiento otorga a las islas mayor autonomía, las conecta con nuevos mercados y disminuye su dependencia respecto a Argentina. Cuantas más alternativas comerciales surjan, más distante se vuelve el objetivo nacional de mantener la soberanía como eje de la relación con las islas.
Por esta vía se podrían trasladar alimentos frescos y congelados, materiales de construcción, gas licuado, repuestos y otros productos. Para la región de Magallanes, el negocio es atractivo: el alcalde Claudio Radonich estima que esta iniciativa podría generar unos 20 millones de dólares anuales. El objetivo es captar una porción de un mercado que actualmente se canaliza principalmente a través de Montevideo.
Radonich, en defensa del proyecto, planteó el debate en términos económicos, cuestionando: “No entiendo por qué Montevideo puede venderle a Malvinas y Punta Arenas no. ¿Es porque somos más chiquititos? Esto no puede ser. Mido con la misma vara, finalmente”. Asimismo, fue contundente al afirmar: “No podemos bailar a la música que nos ponga un país externo, sea quien sea el otro país”.
El alcalde subrayó que esta iniciativa no es nueva, ya que desde hace casi tres meses se sabía que las islas habían contratado a una empresa naviera chilena para establecer la conexión. Además, se realizaron viajes de empresarios y representantes de la Cámara de Comercio de las islas para explorar opciones de suministro.
Por su parte, Tierra del Fuego se está preparando para responder legalmente a este avance. El subsecretario de Asuntos Relativos a Malvinas, Andrés Dachary, confirmó que están trabajando en una ley que no se enfoca exclusivamente en Chile, sino que tiene como objetivo cualquier firma que colabore con el fortalecimiento de la presencia británica en las islas. “A eso apunta nuestra ley. No a Chile, sino a cualquier empresa que apoye la presencia del Reino Unido. Estamos un poco demorados con la presentación, pero la lanzaremos”, aseguró.
La propuesta busca regular ciertas actividades marítimas en el área correspondiente al departamento de Islas del Atlántico Sur, que incluye Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y requerirá autorización del gobierno fueguino. Desde la provincia argumentan que las restricciones actuales en el Mercosur no abarcan todas las operaciones comerciales que podrían favorecer las conexiones con las islas, así que buscan ampliar los controles.
Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei aún no ha tomado una postura clara frente a esta situación. Hasta ahora, no se ha anunciado ninguna medida específica en respuesta al proyecto. Se intentó obtener información de la Cancillería argentina, pero no hubo respuesta; lo mismo ocurrió con el gobierno de Kast.
Si la nueva conexión se llega a poner en marcha en noviembre, Punta Arenas podría no solo captar parte de un negocio que históricamente estuvo en manos de Montevideo, sino también ofrecer a las islas una nueva vía de abastecimiento y fortalecer sus relaciones comerciales con otros mercados. Para Argentina, la situación trasciende los 20 millones de dólares del negocio, ya que cada nueva ruta de abastecimiento otorga a las islas mayor autonomía, las conecta con nuevos mercados y disminuye su dependencia respecto a Argentina. Cuantas más alternativas comerciales surjan, más distante se vuelve el objetivo nacional de mantener la soberanía como eje de la relación con las islas.
