El amanecer del día se asomó en el monte cuando cinco camionetas y tres motocicletas se adentraron por un camino de tierra. A bordo viajaban 40 agentes policiales y miembros de la fiscalía. Tras recorrer varios kilómetros, llegaron a un campo de 11.800 hectáreas en Talavera, ubicado al este de Salta, cerca de Santiago del Estero. Este lugar, aislado y de difícil acceso, se encuentra a aproximadamente 11 kilómetros de la ruta más cercana, donde la señal de teléfono a menudo falla y, en épocas de lluvia, algunos caminos se tornan impracticables.
Para las autoridades, esta lejanía ha convertido a estas tierras en un objetivo vulnerable. En Salta y Santiago del Estero, se denuncian bandas que se dedican a la usurpación de terrenos, la tala ilegal de montes nativos, la extorsión, el robo de ganado y la explotación laboral, muchos de ellos con conexiones políticas.
“Son bandas que ocupan campos y aprovechan las demoras de la Justicia”, señala Jorge Neme, vicepresidente de Agrosol S.A., la compañía que posee la finca Santa Rita. Desde principios de 2026, unas 2.500 hectáreas están tomadas por uno de estos grupos usurpadores.
Al llegar al campo en Talavera, los policías hallaron dos campamentos. Fuentes de la justicia indican que había varias personas en el lugar, algunas portando armas. El operativo se extendió por tres días, durante los cuales se inspeccionaron diferentes áreas ocupadas y se incautaron hachas, motosierras, motoguadañas, puñales, ganchos, lazos, un camión con rastra, rollos de alambre y dos pistolas.
Siete individuos fueron arrestados, acusados de abigeato y tenencia de armas. Cuatro de ellos –Juan Dalmasiano Díaz (52), Rafael Torres (38), Francisco Coccioli (34) y Juan Carlos Barvero (45)– enfrentan prisión preventiva bajo la decisión del Juzgado de Garantías, mientras que el juez determinó que Guillermo Bouhid (27), Víctor Gutiérrez (43) y Rodrigo Bermúdez (40) continúen el proceso en libertad, aunque la fiscalía no descarta ampliar los cargos.
“Otros hallazgos se relacionan con la presencia de otras actividades delictivas que se están investigando, por lo que las responsabilidades podrían extenderse”, apunta la fiscal Celeste Pisacic.
El conflicto se originó cuando el administrador del campo advirtió que un grupo de personas había establecido un campamento clandestino en el norte del predio y estaban talando postes de quebracho colorado en grandes cantidades. Se presentó una denuncia ante la Policía Rural y Ambiental de El Quebrachal.
La Justicia Penal ha recibido numerosas denuncias de este tipo, sobre grupos relacionados con la política en Salta o Santiago del Estero que usurpan tierras y establecen campamentos. Su estrategia inicial al ocupar un terreno es romper los alambrados y reemplazarlos. Posteriormente, bloquean caminos e impiden el libre tránsito. En una etapa extrema, instalan retenes ilegales con armados que interrogan a quienes transitan por la zona.
“Este problema viene desde hace años. La primera denuncia de la empresa fue el año pasado, cuando comenzaron a invadir. La situación se tornó más grave este enero, cuando empezaron a cercar los campos con personas armadas y chalecos”, comenta Julián Aguilar, abogado de Agrosol.
“Estaban armados, por eso fueron detenidos. Amenazaron y agredieron a personas, además de robar ganado. Las acciones fueron muy graves”, agrega Neme.
En una de las denuncias se mencionó la posible explotación laboral de un menor. En consecuencia, la Justicia Federal llevó a cabo un allanamiento por presunta trata de personas con fines laborales, donde se encontraron cuatro campamentos precarios y un total de 20 personas.
“Estas personas fueron entrevistadas como víctimas de trata en condiciones lamentables, pero no quisieron ser rescatadas; desean continuar trabajando”, revela una fuente vinculada a la investigación.
Una vez que usurpan un campo, las bandas inician una segunda fase en la que presentan ante la Justicia civil una demanda por usucapión, solicitando una medida cautelar para que no se realicen cambios en la propiedad hasta que se resuelva el juicio civil. Los grupos aprovechan la extensión de los procesos legales para seguir explotando los montes nativos y sustraer ganado de campos vecinos, dejando a sus legítimos dueños sin recursos y paralizados.
“No lo van a ganar, pero a ellos no les interesa, solo buscan ganar tiempo para seguir explotando el campo. Ellos incumplieron la cautelar. Lo informamos en el juicio civil que ordenó una verificación en el lugar. Solicitamos la reintegración del terreno”, sostiene Aguilar.
La situación del campo de 11.800 hectáreas aún no se ha resuelto. La empresa agropecuaria indica que el líder de la banda sigue en libertad, mientras que los detenidos operaban bajo su mando.
La semana pasada, el abogado Mariano Sitelli, defensor de cinco de los acusados, renunció debido a la falta de pago por parte de sus clientes.
El abigeato también forma parte de las actividades delictivas de estos grupos. La resolución que ordenó la prisión preventiva de Díaz, Torres, Coccioli y Barvero indica que varios propietarios de campos cercanos han denunciado amenazas y extorsiones.
“Se presentaron en el establecimiento para exigir el 50% de su ganado bajo la amenaza de que, en caso de negarse, encerrarán y cargarán todos los animales en camiones”, detalla un extracto de la resolución.
La presión se intensificó hasta que muchos recibieron llamadas donde se exigían coimas en efectivo de entre $ 3.000.000 y $ 10.000.000 a cambio de no robar su ganado. Algunos accedieron a pagar por temor, aunque eso no impidió que los acusados continuaran robando animales sistemáticamente.
“La banda arreaba los animales a la fuerza desde el exterior hacia el interior del nuevo alambrado, reclamándolos como propios”, añade otro fragmento de la resolución.
“Se están analizando entre 8 y 10 teléfonos. Estamos insistiendo en imputar la extorsión; consideramos que existe una asociación ilícita. Creemos que el problema es estructural en la zona”, explica Aguilar.
Por otra parte, una fuente judicial señala que estas usurpaciones no solo tienen lugar en Salta, sino que son un fenómeno presente en varias provincias del norte.
“En Santiago del Estero, existe una alta proporción de tierras rurales. La usurpación de tierras es un hecho frecuente en el interior de la provincia”, agrega la fuente judicial.
Mientras se tramitan los juicios civiles, estas bandas mueven camiones de noche con postes y troncos de quebracho blanco y colorado sin la debida autorización. “Están causando un daño económico y ambiental significativo. Explotan animales y obtienen grandes ganancias con la madera”, confiesa Aguilar.
Numerosos propietarios han denunciado esta situación ante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta, pero han sido informados de que carecen de recursos y que acceder a esos campos inhóspitos es complicado. Algunos vecinos creen que estas personas cuentan con protección y operan entre los límites de ambas provincias.
“Se secuestraron cerca de 500 postes de quebracho sin la autorización de desmonte”, añade el abogado.
El campo usurpado es una franja horizontal que limita con el Río Juramento y se encuentra a menos de 11 kilómetros del límite con Santiago del Estero. Las bandas cargaban camiones de noche en el este de Salta y en menos de quince minutos los trasladaban a Santiago.
“La situación actual mantiene la prisión preventiva de cuatro de los acusados para evitar más consecuencias, como la explotación ilícita de productos forestales. Estos temas han sido abordados en busca de sanciones individuales y remediación ambiental”, concluye la fiscal Pisacic.
Para las autoridades, esta lejanía ha convertido a estas tierras en un objetivo vulnerable. En Salta y Santiago del Estero, se denuncian bandas que se dedican a la usurpación de terrenos, la tala ilegal de montes nativos, la extorsión, el robo de ganado y la explotación laboral, muchos de ellos con conexiones políticas.
“Son bandas que ocupan campos y aprovechan las demoras de la Justicia”, señala Jorge Neme, vicepresidente de Agrosol S.A., la compañía que posee la finca Santa Rita. Desde principios de 2026, unas 2.500 hectáreas están tomadas por uno de estos grupos usurpadores.
Al llegar al campo en Talavera, los policías hallaron dos campamentos. Fuentes de la justicia indican que había varias personas en el lugar, algunas portando armas. El operativo se extendió por tres días, durante los cuales se inspeccionaron diferentes áreas ocupadas y se incautaron hachas, motosierras, motoguadañas, puñales, ganchos, lazos, un camión con rastra, rollos de alambre y dos pistolas.
Siete individuos fueron arrestados, acusados de abigeato y tenencia de armas. Cuatro de ellos –Juan Dalmasiano Díaz (52), Rafael Torres (38), Francisco Coccioli (34) y Juan Carlos Barvero (45)– enfrentan prisión preventiva bajo la decisión del Juzgado de Garantías, mientras que el juez determinó que Guillermo Bouhid (27), Víctor Gutiérrez (43) y Rodrigo Bermúdez (40) continúen el proceso en libertad, aunque la fiscalía no descarta ampliar los cargos.
“Otros hallazgos se relacionan con la presencia de otras actividades delictivas que se están investigando, por lo que las responsabilidades podrían extenderse”, apunta la fiscal Celeste Pisacic.
El conflicto se originó cuando el administrador del campo advirtió que un grupo de personas había establecido un campamento clandestino en el norte del predio y estaban talando postes de quebracho colorado en grandes cantidades. Se presentó una denuncia ante la Policía Rural y Ambiental de El Quebrachal.
La Justicia Penal ha recibido numerosas denuncias de este tipo, sobre grupos relacionados con la política en Salta o Santiago del Estero que usurpan tierras y establecen campamentos. Su estrategia inicial al ocupar un terreno es romper los alambrados y reemplazarlos. Posteriormente, bloquean caminos e impiden el libre tránsito. En una etapa extrema, instalan retenes ilegales con armados que interrogan a quienes transitan por la zona.
“Este problema viene desde hace años. La primera denuncia de la empresa fue el año pasado, cuando comenzaron a invadir. La situación se tornó más grave este enero, cuando empezaron a cercar los campos con personas armadas y chalecos”, comenta Julián Aguilar, abogado de Agrosol.
“Estaban armados, por eso fueron detenidos. Amenazaron y agredieron a personas, además de robar ganado. Las acciones fueron muy graves”, agrega Neme.
En una de las denuncias se mencionó la posible explotación laboral de un menor. En consecuencia, la Justicia Federal llevó a cabo un allanamiento por presunta trata de personas con fines laborales, donde se encontraron cuatro campamentos precarios y un total de 20 personas.
“Estas personas fueron entrevistadas como víctimas de trata en condiciones lamentables, pero no quisieron ser rescatadas; desean continuar trabajando”, revela una fuente vinculada a la investigación.
Una vez que usurpan un campo, las bandas inician una segunda fase en la que presentan ante la Justicia civil una demanda por usucapión, solicitando una medida cautelar para que no se realicen cambios en la propiedad hasta que se resuelva el juicio civil. Los grupos aprovechan la extensión de los procesos legales para seguir explotando los montes nativos y sustraer ganado de campos vecinos, dejando a sus legítimos dueños sin recursos y paralizados.
“No lo van a ganar, pero a ellos no les interesa, solo buscan ganar tiempo para seguir explotando el campo. Ellos incumplieron la cautelar. Lo informamos en el juicio civil que ordenó una verificación en el lugar. Solicitamos la reintegración del terreno”, sostiene Aguilar.
La situación del campo de 11.800 hectáreas aún no se ha resuelto. La empresa agropecuaria indica que el líder de la banda sigue en libertad, mientras que los detenidos operaban bajo su mando.
La semana pasada, el abogado Mariano Sitelli, defensor de cinco de los acusados, renunció debido a la falta de pago por parte de sus clientes.
El abigeato también forma parte de las actividades delictivas de estos grupos. La resolución que ordenó la prisión preventiva de Díaz, Torres, Coccioli y Barvero indica que varios propietarios de campos cercanos han denunciado amenazas y extorsiones.
“Se presentaron en el establecimiento para exigir el 50% de su ganado bajo la amenaza de que, en caso de negarse, encerrarán y cargarán todos los animales en camiones”, detalla un extracto de la resolución.
La presión se intensificó hasta que muchos recibieron llamadas donde se exigían coimas en efectivo de entre $ 3.000.000 y $ 10.000.000 a cambio de no robar su ganado. Algunos accedieron a pagar por temor, aunque eso no impidió que los acusados continuaran robando animales sistemáticamente.
“La banda arreaba los animales a la fuerza desde el exterior hacia el interior del nuevo alambrado, reclamándolos como propios”, añade otro fragmento de la resolución.
“Se están analizando entre 8 y 10 teléfonos. Estamos insistiendo en imputar la extorsión; consideramos que existe una asociación ilícita. Creemos que el problema es estructural en la zona”, explica Aguilar.
Por otra parte, una fuente judicial señala que estas usurpaciones no solo tienen lugar en Salta, sino que son un fenómeno presente en varias provincias del norte.
“En Santiago del Estero, existe una alta proporción de tierras rurales. La usurpación de tierras es un hecho frecuente en el interior de la provincia”, agrega la fuente judicial.
Mientras se tramitan los juicios civiles, estas bandas mueven camiones de noche con postes y troncos de quebracho blanco y colorado sin la debida autorización. “Están causando un daño económico y ambiental significativo. Explotan animales y obtienen grandes ganancias con la madera”, confiesa Aguilar.
Numerosos propietarios han denunciado esta situación ante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta, pero han sido informados de que carecen de recursos y que acceder a esos campos inhóspitos es complicado. Algunos vecinos creen que estas personas cuentan con protección y operan entre los límites de ambas provincias.
“Se secuestraron cerca de 500 postes de quebracho sin la autorización de desmonte”, añade el abogado.
El campo usurpado es una franja horizontal que limita con el Río Juramento y se encuentra a menos de 11 kilómetros del límite con Santiago del Estero. Las bandas cargaban camiones de noche en el este de Salta y en menos de quince minutos los trasladaban a Santiago.
“La situación actual mantiene la prisión preventiva de cuatro de los acusados para evitar más consecuencias, como la explotación ilícita de productos forestales. Estos temas han sido abordados en busca de sanciones individuales y remediación ambiental”, concluye la fiscal Pisacic.
