La semana pasada, sin que se ofreciera explicación, el oficialismo decidió suspender el debate sobre el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Esta iniciativa formaba parte del paquete relacionado con las Malvinas que fue impulsado por Javier Milei para reinsertar el tema en la agenda política. Sin embargo, por orden del Departamento de Estado de Estados Unidos, se detuvo la tramitación del proyecto, ya que el gobierno de Donald Trump busca garantizar que las empresas estadounidenses no se vean afectadas por las sanciones contempladas en la futura legislación. Así lo afirmó Christopher Landau, número dos de Marco Rubio, durante una conferencia de prensa junto al canciller Pablo Quirno. “Nosotros estamos obviamente viendo los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupe por eso, pero quiero destacar que nosotros respetamos el proceso legislativo de la gran nación argentina”, comentó el subsecretario del Departamento de Estado. Por su parte, Quirno destacó la alineación total con Trump: “El presidente Javier Milei hizo de la alianza con los Estados Unidos una prioridad geopolítica de la Argentina. Somos dos países que asumen sus posiciones sin eufemismos. Decimos lo que pensamos y cumplimos lo que prometemos”. La reunión anterior entre Quirno y Landau estuvo marcada por la discusión de temas de seguridad, inversiones y cooperación económica. Landau tiene agendada una reunión con Milei este viernes. Los funcionarios de la Casa Rosada ya conocían la misión de Landau; de hecho, el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, había transmitido previamente la inquietud de Washington acerca de las sanciones planteadas en el proyecto de Defensa de la Soberanía que afectarían a empresas vinculadas con las petroleras Rockhopper (del Reino Unido) y Navitas (israelí) que operan en las Malvinas. Esta preocupación es relevante dado que muchas de las empresas que colaboran con las que llevan adelante el proyecto Sea Lion son de origen estadounidense.









