Después de que el Gobierno decidiera retirar en el último momento el capítulo de la Ley de Tierras del proyecto de Propiedad Privada, la incertidumbre relacionada con el futuro de esta propuesta, considerada esencial por el oficialismo, sigue latente.
En este contexto, Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, participó el lunes de un programa de análisis económico, donde expresó que el mensaje de la reforma no logró llegar adecuadamente a la opinión pública.
El funcionario afirmó que “ganó el discurso de la extranjerización, el miedo al extranjero, el no dejar que vengan los capitales extranjeros”. A su vez, Cacace advirtió que la carencia de una comunicación efectiva influyó en las posturas adoptadas por los senadores: “La opinión pública repercute obviamente en la posición de los senadores y lo que han ido manifestando”, explicó.
En un acto que podría interpretarse como una autocrítica, señaló que la ausencia de una estrategia comunicacional sólida debilitó el apoyo legislativo. Asimismo, enfatizó que la eliminación del capítulo con respecto a las tierras “demorará proyectos de inversión”, recordando que el país necesita justamente lo contrario a un cierre de fronteras. “Creo que todo lo que hablamos recién te demuestra que el país necesita de lo contrario, de más capital extranjero, de más inversión”, sostuvo.
Cacace destacó que la no aprobación de la ley postergará importantes proyectos económicos: “Hoy no va a salir y eso va a demorar inversiones importantes para el país”, afirmó, considerando esencial el capítulo de tierras dentro del paquete legislativo más amplio.
No obstante, el tratamiento legislativo sigue abordando otros importantes temas, como “expropiaciones, desalojos, manejo del fuego, registro de la propiedad inmueble y regularización dominial”, aunque subrayó que el apartado sobre tierras era prioritario. “Desde luego que vamos a tener que pensar de acá en adelante cómo discutir el tema en profundidad, comunicarlo bien porque estamos convencidos que es algo necesario para el país, que va a traer muchas inversiones”, afirmó, con una mirada hacia el futuro.
El funcionario comparó la pérdida de esta oportunidad con “pegarnos un tiro en los pies” y, ante el fracaso comunicacional, instó a reforzar la estrategia de difusión pública: “Tenemos que hacer un esfuerzo mayor por comunicarlo mejor”, concluyó.
En lo que respecta al capítulo sobre desalojos dentro de la reforma integral, este busca acelerar los procedimientos judiciales para los propietarios que enfrentan ocupaciones ilegales. Al respecto, Cacace indicó que ocupar propiedad ajena constituye un ilícito claro, aunque reveló un problema estructural: “desalojar se vuelve imposible”, ya que el proceso judicial es “muy engorroso”.
El funcionario describió la actual arquitectura procesal, explicando que el proceso ordinario es “lentísimo”, mientras que el sumarísimo es la vía más rápida. No obstante, mencionó una anomalía: “Casi todas las legislaciones provinciales al regular los procesos empezaron a llevar el tema del desalojo al proceso sumarísimo, el más rápido”. A nivel nacional, las vacantes legislativas han generado interpretaciones judiciales poco favorables y demoras extremas.
Por esta razón, la reforma propone reclasificar el desalojo como un proceso sumarísimo a nivel nacional. “Lo que hicimos, que es súper racional, súper razonable, fue decir que ese proceso de desalojo que está en el Código Civil Procesal Civil Nacional sea un juicio sumarísimo. Es decir que sea un juicio rápido, como lo es en la mayoría de las provincias”, indicó.
Cacace subrayó que el nuevo procedimiento deberá garantizar velocidad. “Yo te tengo que dar un procedimiento judicial breve, rápido, con celeridad para que vos puedas desalojar, que ese es el proceso sumarísimo”, señaló, señalando que la reforma tiene como objetivo que los propietarios puedan recuperar la posesión sin esperar años.
En este contexto, Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, participó el lunes de un programa de análisis económico, donde expresó que el mensaje de la reforma no logró llegar adecuadamente a la opinión pública.
El funcionario afirmó que “ganó el discurso de la extranjerización, el miedo al extranjero, el no dejar que vengan los capitales extranjeros”. A su vez, Cacace advirtió que la carencia de una comunicación efectiva influyó en las posturas adoptadas por los senadores: “La opinión pública repercute obviamente en la posición de los senadores y lo que han ido manifestando”, explicó.
En un acto que podría interpretarse como una autocrítica, señaló que la ausencia de una estrategia comunicacional sólida debilitó el apoyo legislativo. Asimismo, enfatizó que la eliminación del capítulo con respecto a las tierras “demorará proyectos de inversión”, recordando que el país necesita justamente lo contrario a un cierre de fronteras. “Creo que todo lo que hablamos recién te demuestra que el país necesita de lo contrario, de más capital extranjero, de más inversión”, sostuvo.
Cacace destacó que la no aprobación de la ley postergará importantes proyectos económicos: “Hoy no va a salir y eso va a demorar inversiones importantes para el país”, afirmó, considerando esencial el capítulo de tierras dentro del paquete legislativo más amplio.
No obstante, el tratamiento legislativo sigue abordando otros importantes temas, como “expropiaciones, desalojos, manejo del fuego, registro de la propiedad inmueble y regularización dominial”, aunque subrayó que el apartado sobre tierras era prioritario. “Desde luego que vamos a tener que pensar de acá en adelante cómo discutir el tema en profundidad, comunicarlo bien porque estamos convencidos que es algo necesario para el país, que va a traer muchas inversiones”, afirmó, con una mirada hacia el futuro.
El funcionario comparó la pérdida de esta oportunidad con “pegarnos un tiro en los pies” y, ante el fracaso comunicacional, instó a reforzar la estrategia de difusión pública: “Tenemos que hacer un esfuerzo mayor por comunicarlo mejor”, concluyó.
En lo que respecta al capítulo sobre desalojos dentro de la reforma integral, este busca acelerar los procedimientos judiciales para los propietarios que enfrentan ocupaciones ilegales. Al respecto, Cacace indicó que ocupar propiedad ajena constituye un ilícito claro, aunque reveló un problema estructural: “desalojar se vuelve imposible”, ya que el proceso judicial es “muy engorroso”.
El funcionario describió la actual arquitectura procesal, explicando que el proceso ordinario es “lentísimo”, mientras que el sumarísimo es la vía más rápida. No obstante, mencionó una anomalía: “Casi todas las legislaciones provinciales al regular los procesos empezaron a llevar el tema del desalojo al proceso sumarísimo, el más rápido”. A nivel nacional, las vacantes legislativas han generado interpretaciones judiciales poco favorables y demoras extremas.
Por esta razón, la reforma propone reclasificar el desalojo como un proceso sumarísimo a nivel nacional. “Lo que hicimos, que es súper racional, súper razonable, fue decir que ese proceso de desalojo que está en el Código Civil Procesal Civil Nacional sea un juicio sumarísimo. Es decir que sea un juicio rápido, como lo es en la mayoría de las provincias”, indicó.
Cacace subrayó que el nuevo procedimiento deberá garantizar velocidad. “Yo te tengo que dar un procedimiento judicial breve, rápido, con celeridad para que vos puedas desalojar, que ese es el proceso sumarísimo”, señaló, señalando que la reforma tiene como objetivo que los propietarios puedan recuperar la posesión sin esperar años.
