La Cámara de Diputados se encuentra ante una semana determinante, con un cronograma que enfrenta dos agendas: la del Gobierno, que busca avanzar con sus prioridades económicas, y la de la oposición, que intenta provocar una reacción del recinto respecto a las denuncias patrimoniales en contra del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El desenlace de este enfrentamiento depende en gran medida de una decisión que los bloques del PRO y de la Unión Cívica Radical (UCR) se resisten a tomar hasta el último momento: si otorgar o no quórum para la sesión del 23, donde la oposición intentará discutir los pedidos de informes, la interpelación y la moción de censura al ministro coordinador.
“Anticipo que no revelarán su decisión hasta el día de la sesión”, comentó un representante de la oposición dialoguista, reflexionando sobre el panorama previsto. Desde el oficialismo, en tanto, anunciaron que insistirán en convocar a una sesión el 24 para avanzar con proyectos clave que fueron dictaminados en la semana.
Las iniciativas en cuestión incluyen el Super RIGI y el acuerdo con los holdouts, que ya cuentan con mayoría en las comisiones gracias al apoyo del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal y otros bloques provinciales. El contexto en el Senado, donde aún no lograron aprobar la ley de Propiedad Privada, complica la situación frente a la presión por el caso Adorni.
“Estaremos presentes, eso queremos”, expresaron desde La Libertad Avanza. “Por ahora, sí”, agregó un importante líder del Ejecutivo. Son conscientes de la así llamada “parálisis política”, aunque estiman que “igual sucederá debido al Mundial”, según se indicó.
La urgencia del Ministerio de Economía se acentúa en relación al pago a los holdouts, ya que el acuerdo cuenta con media sanción del Senado y debe convertirse en ley antes del 30 de junio. Este plazo se ha postergado en dos ocasiones debido a los retrasos legislativos, y ahora no queda margen para más demoras.
Además, el orden del día del 23 incluirá seis expedientes, entre ellos dos solicitudes de informes sobre el patrimonio del jefe de Gabinete y la presunta irregularidad en el uso de bienes públicos, así como tres proyectos fundamentales: la interpelación del ministro y la moción de censura.
El núcleo del debate radica en los números. La oposición cuenta actualmente con alrededor de 91 bancas. Con el peronismo promoviendo la sesión especial junto con un sector de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, la Izquierda y algunos monobloques, podrían alcanzar hasta 115 votos. No obstante, se requieren 14 más para alcanzar el quórum necesario.
Esos 14 votos se encuentran exactamente en los bloques que el Gobierno necesita para sus propias propuestas al día siguiente. Desde el PRO señalaron que no hay una postura clara y que el bloque encabezado por Cristian Ritondo ha instado al Gobierno a separar a Adorni de su cargo.
Por su parte, la UCR ha bajado el tono del desafío y anunció una reunión del interbloque Fuerzas del Cambio, que también incluye al MID y a la diputada Karina Banfi, donde definirán una postura común. Según lo anunciado previamente, su decisión dependerá de lo que ocurra en el Senado. Allí, la definición se ha pospuesto para la sesión del 25.
Dentro de ese interbloque, hay dos excepciones confirmadas. Álvaro González, diputado del PRO y miembro del espacio liderado por el ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, ha indicado que dará quórum el 23. Del mismo modo, el bloque del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), que preside el diputado Oscar Zago, también confirmó su asistencia.
Si hay quórum, el 23 se podría aprobar una medida para obligar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento a convocarse y dictaminar los proyectos en un plazo determinado. Cualquier avance en la moción de censura no se daría antes del segundo semestre.
Ese es el debate que el Gobierno quiere plantear. El titular de la comisión de Asuntos, Nicolás Mayoraz, ha comenzado a actuar en este sentido, debatiendo en redes con el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien propuso que se vote directamente las interpelaciones sin necesidad de emplazar a las comisiones.
“No se requieren comisiones ni dictámenes. Solo hay que reunir quórum y votar la interpelación. Después de ello, votaremos si conserva la confianza política necesaria”, afirmó Ferraro, basándose en una interpretación acordada entre José Mayans y Patricia Bullrich en el Senado. “No es una idea mía”, enfatizó.
Mayoraz, que participó en reuniones clave en la Casa Rosada, defendió el enfoque decidido desde la Mesa Política: “El artículo 101 de la Constitución dictamina la mayoría necesaria para aprobar una moción de censura, pero no anula los requisitos que establece el reglamento de la HCDN para el tratamiento de asuntos en el recinto”, argumentó.
“Para habilitar las interpelaciones se requerían dos tercios de votos, y al no alcanzarse se logró solo el emplazamiento de las comisiones. La cuestión es clara, y la interpretación doctrinal no deja lugar a dudas: los asuntos sin dictamen deben ser habilitados mediante una votación que requiere dos tercios, según el reglamento”, sostuvo.
Ferraro concluyó la disputa interna: “Nicolás, no pierdas tiempo debatiendo conmigo. En realidad, esta discusión deberías tenerla con Patricia Bullrich, quien sostuvo y avaló esta interpretación”, replicó.
Este argumento ha sido transmitido por fuentes de Balcarce 50 para delinear su estrategia y extender el tiempo, evitando así la ofensiva de la oposición.
De hecho, en el acuerdo de Labor Parlamentaria del Senado se ha programado una sesión para el próximo jueves 25, donde se tratarán todas las iniciativas que solicitan la interpelación y la moción de censura a Adorni. De obtener mayoría, el jefe de Gabinete deberá asistir ante los senadores el 2 de julio, fecha en la que se ha agendado su informe de gestión.
La líder de la bancada oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, logró retrasar una semana la sesión originalmente prevista para este jueves. Como contrapartida, debió aceptar que la agenda del 25 incluyera los pedidos de interpelación, con la posibilidad de que se deriven en una moción de censura.
La estrategia de dilación tiene un tiempo limitado. Adorni tiene programado un evento en Rosario este fin de semana, y entre la oposición prevalece una clara interpretación de su situación. “Cualquier cosa puede suceder con Adorni hasta el martes”, admitió en privado un diputado con contacto directo con el bloque dialoguista. “Nada que mejore su situación, todo puede empeorar”, concluyó la misma fuente.
También consideran que el acto del Día de la Bandera será vital para que los bloques evalúen el clima: “Hay que observar qué sucede en Rosario: si lo aplauden o lo abuchean. La reacción del público será decisiva”, opinan.
El Gobierno se encuentra ante la necesidad de contar con el respaldo político de sus aliados en ambos frentes: que el PRO y la UCR no otorguen quórum el 23 para proteger a Adorni, y que sí lo hagan el 24 para aprobar sus proyectos económicos. El objetivo del Super RIGI es fomentar inversiones por más de 1.000 millones de dólares en las llamadas “industrias del futuro”.
Los aliados comunes del oficialismo han respaldado el dictamen, aunque han planteado la inclusión de un mínimo de contratación de proveedores locales y una definición más precisa de las industrias que se beneficiarán.
Otra de las iniciativas que el Gobierno planea aprobar el 24 es el acuerdo alcanzado con dos fondos buitre para saldar litigios relacionados con el default de 2001. El proyecto contempla un pago de 171 millones de dólares: 67 millones a Bainbridge Ltd. y 104 millones al grupo encabezado por Attestor Value Master Fund. El Gobierno precisa que la Cámara baja lo apruebe antes del 30 de junio, que es la fecha límite del acuerdo.
Por otro lado, se encuentra pendiente el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), que ya obtuvo dictamen en su momento, y cuyo avance es esperado por las multinacionales para su tratamiento en el recinto el 24 de junio. Sin embargo, deberá volver al Senado debido a modificaciones que impulsaron, especialmente en el controversial Capítulo II, que ha generado gran discusión entre los laboratorios nacionales.
Este tratado es uno de los compromisos que se abordan en el acuerdo comercial con Estados Unidos y originalmente tenía como fecha de adhesión el 30 de abril. Esa fecha se ha visto comprometida no solo por el lobby relacionado con el tratado, sino también debido a dificultades provocadas por la Corte Suprema de Estados Unidos en relación con el presidente Donald Trump.
La estrategia del oficialismo es que sus aliados logren diferenciar entre ambos temas: que entiendan que detener la agenda económica del 24 por no haber querido dar quórum el 23 tiene un costo que ninguno de los dos bloques está dispuesto a asumir. Sin embargo, esta dinámica otorga poder de negociación tanto al PRO como a la UCR ante la Casa Rosada.
El desenlace de este enfrentamiento depende en gran medida de una decisión que los bloques del PRO y de la Unión Cívica Radical (UCR) se resisten a tomar hasta el último momento: si otorgar o no quórum para la sesión del 23, donde la oposición intentará discutir los pedidos de informes, la interpelación y la moción de censura al ministro coordinador.
“Anticipo que no revelarán su decisión hasta el día de la sesión”, comentó un representante de la oposición dialoguista, reflexionando sobre el panorama previsto. Desde el oficialismo, en tanto, anunciaron que insistirán en convocar a una sesión el 24 para avanzar con proyectos clave que fueron dictaminados en la semana.
Las iniciativas en cuestión incluyen el Super RIGI y el acuerdo con los holdouts, que ya cuentan con mayoría en las comisiones gracias al apoyo del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal y otros bloques provinciales. El contexto en el Senado, donde aún no lograron aprobar la ley de Propiedad Privada, complica la situación frente a la presión por el caso Adorni.
“Estaremos presentes, eso queremos”, expresaron desde La Libertad Avanza. “Por ahora, sí”, agregó un importante líder del Ejecutivo. Son conscientes de la así llamada “parálisis política”, aunque estiman que “igual sucederá debido al Mundial”, según se indicó.
La urgencia del Ministerio de Economía se acentúa en relación al pago a los holdouts, ya que el acuerdo cuenta con media sanción del Senado y debe convertirse en ley antes del 30 de junio. Este plazo se ha postergado en dos ocasiones debido a los retrasos legislativos, y ahora no queda margen para más demoras.
Además, el orden del día del 23 incluirá seis expedientes, entre ellos dos solicitudes de informes sobre el patrimonio del jefe de Gabinete y la presunta irregularidad en el uso de bienes públicos, así como tres proyectos fundamentales: la interpelación del ministro y la moción de censura.
El núcleo del debate radica en los números. La oposición cuenta actualmente con alrededor de 91 bancas. Con el peronismo promoviendo la sesión especial junto con un sector de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, la Izquierda y algunos monobloques, podrían alcanzar hasta 115 votos. No obstante, se requieren 14 más para alcanzar el quórum necesario.
Esos 14 votos se encuentran exactamente en los bloques que el Gobierno necesita para sus propias propuestas al día siguiente. Desde el PRO señalaron que no hay una postura clara y que el bloque encabezado por Cristian Ritondo ha instado al Gobierno a separar a Adorni de su cargo.
Por su parte, la UCR ha bajado el tono del desafío y anunció una reunión del interbloque Fuerzas del Cambio, que también incluye al MID y a la diputada Karina Banfi, donde definirán una postura común. Según lo anunciado previamente, su decisión dependerá de lo que ocurra en el Senado. Allí, la definición se ha pospuesto para la sesión del 25.
Dentro de ese interbloque, hay dos excepciones confirmadas. Álvaro González, diputado del PRO y miembro del espacio liderado por el ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, ha indicado que dará quórum el 23. Del mismo modo, el bloque del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), que preside el diputado Oscar Zago, también confirmó su asistencia.
Si hay quórum, el 23 se podría aprobar una medida para obligar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento a convocarse y dictaminar los proyectos en un plazo determinado. Cualquier avance en la moción de censura no se daría antes del segundo semestre.
Ese es el debate que el Gobierno quiere plantear. El titular de la comisión de Asuntos, Nicolás Mayoraz, ha comenzado a actuar en este sentido, debatiendo en redes con el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien propuso que se vote directamente las interpelaciones sin necesidad de emplazar a las comisiones.
“No se requieren comisiones ni dictámenes. Solo hay que reunir quórum y votar la interpelación. Después de ello, votaremos si conserva la confianza política necesaria”, afirmó Ferraro, basándose en una interpretación acordada entre José Mayans y Patricia Bullrich en el Senado. “No es una idea mía”, enfatizó.
Mayoraz, que participó en reuniones clave en la Casa Rosada, defendió el enfoque decidido desde la Mesa Política: “El artículo 101 de la Constitución dictamina la mayoría necesaria para aprobar una moción de censura, pero no anula los requisitos que establece el reglamento de la HCDN para el tratamiento de asuntos en el recinto”, argumentó.
“Para habilitar las interpelaciones se requerían dos tercios de votos, y al no alcanzarse se logró solo el emplazamiento de las comisiones. La cuestión es clara, y la interpretación doctrinal no deja lugar a dudas: los asuntos sin dictamen deben ser habilitados mediante una votación que requiere dos tercios, según el reglamento”, sostuvo.
Ferraro concluyó la disputa interna: “Nicolás, no pierdas tiempo debatiendo conmigo. En realidad, esta discusión deberías tenerla con Patricia Bullrich, quien sostuvo y avaló esta interpretación”, replicó.
Este argumento ha sido transmitido por fuentes de Balcarce 50 para delinear su estrategia y extender el tiempo, evitando así la ofensiva de la oposición.
De hecho, en el acuerdo de Labor Parlamentaria del Senado se ha programado una sesión para el próximo jueves 25, donde se tratarán todas las iniciativas que solicitan la interpelación y la moción de censura a Adorni. De obtener mayoría, el jefe de Gabinete deberá asistir ante los senadores el 2 de julio, fecha en la que se ha agendado su informe de gestión.
La líder de la bancada oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, logró retrasar una semana la sesión originalmente prevista para este jueves. Como contrapartida, debió aceptar que la agenda del 25 incluyera los pedidos de interpelación, con la posibilidad de que se deriven en una moción de censura.
La estrategia de dilación tiene un tiempo limitado. Adorni tiene programado un evento en Rosario este fin de semana, y entre la oposición prevalece una clara interpretación de su situación. “Cualquier cosa puede suceder con Adorni hasta el martes”, admitió en privado un diputado con contacto directo con el bloque dialoguista. “Nada que mejore su situación, todo puede empeorar”, concluyó la misma fuente.
También consideran que el acto del Día de la Bandera será vital para que los bloques evalúen el clima: “Hay que observar qué sucede en Rosario: si lo aplauden o lo abuchean. La reacción del público será decisiva”, opinan.
El Gobierno se encuentra ante la necesidad de contar con el respaldo político de sus aliados en ambos frentes: que el PRO y la UCR no otorguen quórum el 23 para proteger a Adorni, y que sí lo hagan el 24 para aprobar sus proyectos económicos. El objetivo del Super RIGI es fomentar inversiones por más de 1.000 millones de dólares en las llamadas “industrias del futuro”.
Los aliados comunes del oficialismo han respaldado el dictamen, aunque han planteado la inclusión de un mínimo de contratación de proveedores locales y una definición más precisa de las industrias que se beneficiarán.
Otra de las iniciativas que el Gobierno planea aprobar el 24 es el acuerdo alcanzado con dos fondos buitre para saldar litigios relacionados con el default de 2001. El proyecto contempla un pago de 171 millones de dólares: 67 millones a Bainbridge Ltd. y 104 millones al grupo encabezado por Attestor Value Master Fund. El Gobierno precisa que la Cámara baja lo apruebe antes del 30 de junio, que es la fecha límite del acuerdo.
Por otro lado, se encuentra pendiente el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), que ya obtuvo dictamen en su momento, y cuyo avance es esperado por las multinacionales para su tratamiento en el recinto el 24 de junio. Sin embargo, deberá volver al Senado debido a modificaciones que impulsaron, especialmente en el controversial Capítulo II, que ha generado gran discusión entre los laboratorios nacionales.
Este tratado es uno de los compromisos que se abordan en el acuerdo comercial con Estados Unidos y originalmente tenía como fecha de adhesión el 30 de abril. Esa fecha se ha visto comprometida no solo por el lobby relacionado con el tratado, sino también debido a dificultades provocadas por la Corte Suprema de Estados Unidos en relación con el presidente Donald Trump.
La estrategia del oficialismo es que sus aliados logren diferenciar entre ambos temas: que entiendan que detener la agenda económica del 24 por no haber querido dar quórum el 23 tiene un costo que ninguno de los dos bloques está dispuesto a asumir. Sin embargo, esta dinámica otorga poder de negociación tanto al PRO como a la UCR ante la Casa Rosada.
