El tribunal arbitral del Banco Mundial acordó este martes aceptar la solicitud de Burford Capital para abordar el caso relacionado con la expropiación de YPF.
Esta acción de arbitraje ante el CIADI se produce tras el rechazo por parte de la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York a la decisión de la jueza Loretta Preska, quien había ordenado al país el pago de 12.000 millones de dólares más intereses.
La denuncia fue presentada el martes por la tarde, y el tribunal anunció su disposición a avanzar con el arbitraje.
El CIADI ahora deberá constituir el tribunal arbitral en un plazo no mayor a 90 días. Luego de su conformación, las partes deberán pactar un calendario para las distintas presentaciones y definir los niveles de confidencialidad que regirán en el caso.
Burford Capital, la entidad que ha planteado la denuncia, adquirió los derechos para litigar el laudo que anteriormente pertenecía a Petersen Energía S.A.U. y Petersen Energía Inversora S.A.U., empresas que tienen su sede en España.
Es relevante notar que la decisión de acudir al tribunal internacional no guarda relación con el caso tramitado en Nueva York; por el contrario, se trata de un proceso distinto, donde se abordará la cuestión original. Los demandantes sostienen que el Estado argentino no realizó una oferta pública tras su anuncio de adquirir la mayoría de las acciones de la compañía.
Cabe aclarar que el arbitraje no se configura como una instancia judicial, sino que se considera un paso previo para llegar a juicio, al ser un espacio destinado a la negociación entre las partes. En este contexto, la etapa judicial fue la primera en realizarse.
La decisión de presentar el caso ante el CIADI ya estaba contemplada en los tratados de inversión firmados por Argentina, en este caso con España, y los demandantes habían anticipado esta opción entre sus posibles estrategias.
Desde la Procuración del Tesoro, que se ocupa de la defensa judicial en causas contra el Estado, informaron que la presentación era parte del plan que tenían previsto y que ya se estaba trabajando en la elaboración de la defensa ante el tribunal.
“La República Argentina defenderá su posición con la misma firmeza con la que lo hizo en el frente judicial. Vamos a seguir defendiendo los intereses de nuestro país en cada una de las instancias que se planteen”, afirmaron desde la Procuración bajo la dirección de Sebastián Amerio.
Esta acción de arbitraje ante el CIADI se produce tras el rechazo por parte de la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York a la decisión de la jueza Loretta Preska, quien había ordenado al país el pago de 12.000 millones de dólares más intereses.
La denuncia fue presentada el martes por la tarde, y el tribunal anunció su disposición a avanzar con el arbitraje.
El CIADI ahora deberá constituir el tribunal arbitral en un plazo no mayor a 90 días. Luego de su conformación, las partes deberán pactar un calendario para las distintas presentaciones y definir los niveles de confidencialidad que regirán en el caso.
Burford Capital, la entidad que ha planteado la denuncia, adquirió los derechos para litigar el laudo que anteriormente pertenecía a Petersen Energía S.A.U. y Petersen Energía Inversora S.A.U., empresas que tienen su sede en España.
Es relevante notar que la decisión de acudir al tribunal internacional no guarda relación con el caso tramitado en Nueva York; por el contrario, se trata de un proceso distinto, donde se abordará la cuestión original. Los demandantes sostienen que el Estado argentino no realizó una oferta pública tras su anuncio de adquirir la mayoría de las acciones de la compañía.
Cabe aclarar que el arbitraje no se configura como una instancia judicial, sino que se considera un paso previo para llegar a juicio, al ser un espacio destinado a la negociación entre las partes. En este contexto, la etapa judicial fue la primera en realizarse.
La decisión de presentar el caso ante el CIADI ya estaba contemplada en los tratados de inversión firmados por Argentina, en este caso con España, y los demandantes habían anticipado esta opción entre sus posibles estrategias.
Desde la Procuración del Tesoro, que se ocupa de la defensa judicial en causas contra el Estado, informaron que la presentación era parte del plan que tenían previsto y que ya se estaba trabajando en la elaboración de la defensa ante el tribunal.
“La República Argentina defenderá su posición con la misma firmeza con la que lo hizo en el frente judicial. Vamos a seguir defendiendo los intereses de nuestro país en cada una de las instancias que se planteen”, afirmaron desde la Procuración bajo la dirección de Sebastián Amerio.
