El Gobierno ha implementado un plan de retiros voluntarios dirigido a empleados de la Administración Pública Nacional centralizada, ofreciendo compensaciones económicas que se ajustarán en función de la edad, los años de servicio y la situación previsional de cada trabajador. De acuerdo con estimaciones oficiales, aproximadamente 20.000 empleados pueden beneficiarse de esta iniciativa.
El período para presentar las solicitudes se realizará del 1 al 30 de noviembre, con la posibilidad de prorrogarse una sola vez por hasta 30 días adicionales.
Este plan está destinado al personal de planta permanente que esté sujeto a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, así como a aquellos con contratos de tiempo indefinido bajo la Ley de Contrato de Trabajo.
El objetivo declarado es la reorganización de las estructuras estatales y la reducción del número de empleados. Como parte del proceso, se eliminarán los cargos de aquellos que accedan al beneficio, y esta reducción no podrá ser utilizada como justificación para nuevas incorporaciones.
El régimen abarca a los trabajadores de las jurisdicciones y organismos que forman parte de la Administración Pública Nacional del Poder Ejecutivo Nacional, aunque hay exclusiones para ciertos sectores. No podrán adherir al plan los miembros de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, la Secretaría de Inteligencia del Estado, el Servicio Exterior de la Nación, el personal civil de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Sistema Federal de Manejo del Fuego, las orquestas, coros y ballets nacionales, así como docentes y aquellos que presten servicios civiles en el exterior.
Quienes hayan sido procesados por delitos contra la Administración Pública Nacional tampoco podrán sumarse, a menos que obtengan una absolución firmada antes de finalizado el plazo de inscripción. Igualmente, quienes tengan sumarios administrativos o procedimientos disciplinarios en curso que podrían resultar en cesantía o exoneración, y aquellos que hayan planteado reclamos legales o administrativos relacionados con su relación laboral, excepto en el marco de la Ley de Riesgos del Trabajo y siempre que decidan desistirse de dichas acciones, quedan excluidos.
Asimismo, los empleados que hayan iniciado trámites jubilatorios, que cumplan con los requisitos para acceder a prestaciones previsionales, que tengan una renuncia pendiente de aceptación, que se encuentren en disponibilidad, o que estén en un período de licencia por enfermedades o lesiones prolongadas o severas, también irán por fuera del plan.
Los trabajadores que tengan mandato sindical o que se hayan postulado como candidatos a delegados necesitarán presentar su renuncia, bajo la condición de que se apruebe su retiro.
El plan clasifica a los empleados en tres grupos, según su edad y sus aportes previsionales, tomando como referencia la edad de cada trabajador al 31 de octubre de 2026. Las modalidades de pago y los límites de las gratificaciones varían según el grupo.
El Grupo 1 incluye a aquellos trabajadores que se acercan a la edad jubilatoria pero no cuentan con los aportes necesarios, abarcando a mujeres de 58 años en adelante y hombres desde los 63 años. Este grupo podrá optar entre dos alternativas: recibir una gratificación mensual equivalente al 60% de su remuneración bruta normal durante un máximo de 36 meses o hasta alcanzar los requisitos para jubilarse, o una gratificación por única vez que equivale a un mes de salario por cada año de antigüedad, con un tope que no podrá superar el equivalente a 18 salarios mensuales.
El Grupo 2 comprende a trabajadores cercanos a la jubilación que ya poseen los aportes requeridos, que incluyen mujeres de entre 58 y 64 años y hombres de entre 63 y 64 años con al menos 30 años de aportes jubilatorios. Recibirán una gratificación única por cada año de antigüedad, con un tope similar al mencionado anteriormente, más un adicional de cinco salarios mensuales a ser abonados con la primera cuota.
Por su parte, el Grupo 3 está conformado por trabajadores más jóvenes, incluyendo a mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62 años. La compensación consistirá en una suma equivalente a un salario mensual por cada año de antigüedad, con un máximo de 20 salarios mensuales, a la que se suma un adicional de cuatro remuneraciones para quienes tengan menos de 15 años de antigüedad, y cinco remuneraciones para quienes cuenten con 15 años o más.
Se debe destacar que la presentación de la solicitud no asegura el acceso al retiro voluntario, ya que las autoridades competentes evaluarán cada caso según sus necesidades operativas.
La gratificación única se abonará en un pago único si su monto no supera los $20 millones; si excede dicha cifra, se pagará en cuotas mensuales, con un máximo de tres, donde la última incluirá el saldo restante. También se percibirá la liquidación final correspondiente por el cese de relación laboral.
Si el beneficiario del Grupo 1 que estaba recibiendo la gratificación mensual fallece, los pagos continuarán hacia sus derechohabientes durante el plazo acordado. Los que se adhieran al régimen no podrán reintegrarse ni prestar más servicios en el Sector Público Nacional durante un plazo de ocho años desde su desvinculación, lo cual incluye cargos jerárquicos y asesorías, así como contratos asociados a organismos internacionales, exceptuando el ejercicio de la docencia en universidades nacionales. El incumplimiento de esta prohibición resultará en la suspensión de los pagos pendientes y la obligación de restituir los fondos recibidos.
El período para presentar las solicitudes se realizará del 1 al 30 de noviembre, con la posibilidad de prorrogarse una sola vez por hasta 30 días adicionales.
Este plan está destinado al personal de planta permanente que esté sujeto a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, así como a aquellos con contratos de tiempo indefinido bajo la Ley de Contrato de Trabajo.
El objetivo declarado es la reorganización de las estructuras estatales y la reducción del número de empleados. Como parte del proceso, se eliminarán los cargos de aquellos que accedan al beneficio, y esta reducción no podrá ser utilizada como justificación para nuevas incorporaciones.
El régimen abarca a los trabajadores de las jurisdicciones y organismos que forman parte de la Administración Pública Nacional del Poder Ejecutivo Nacional, aunque hay exclusiones para ciertos sectores. No podrán adherir al plan los miembros de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, la Secretaría de Inteligencia del Estado, el Servicio Exterior de la Nación, el personal civil de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Sistema Federal de Manejo del Fuego, las orquestas, coros y ballets nacionales, así como docentes y aquellos que presten servicios civiles en el exterior.
Quienes hayan sido procesados por delitos contra la Administración Pública Nacional tampoco podrán sumarse, a menos que obtengan una absolución firmada antes de finalizado el plazo de inscripción. Igualmente, quienes tengan sumarios administrativos o procedimientos disciplinarios en curso que podrían resultar en cesantía o exoneración, y aquellos que hayan planteado reclamos legales o administrativos relacionados con su relación laboral, excepto en el marco de la Ley de Riesgos del Trabajo y siempre que decidan desistirse de dichas acciones, quedan excluidos.
Asimismo, los empleados que hayan iniciado trámites jubilatorios, que cumplan con los requisitos para acceder a prestaciones previsionales, que tengan una renuncia pendiente de aceptación, que se encuentren en disponibilidad, o que estén en un período de licencia por enfermedades o lesiones prolongadas o severas, también irán por fuera del plan.
Los trabajadores que tengan mandato sindical o que se hayan postulado como candidatos a delegados necesitarán presentar su renuncia, bajo la condición de que se apruebe su retiro.
El plan clasifica a los empleados en tres grupos, según su edad y sus aportes previsionales, tomando como referencia la edad de cada trabajador al 31 de octubre de 2026. Las modalidades de pago y los límites de las gratificaciones varían según el grupo.
El Grupo 1 incluye a aquellos trabajadores que se acercan a la edad jubilatoria pero no cuentan con los aportes necesarios, abarcando a mujeres de 58 años en adelante y hombres desde los 63 años. Este grupo podrá optar entre dos alternativas: recibir una gratificación mensual equivalente al 60% de su remuneración bruta normal durante un máximo de 36 meses o hasta alcanzar los requisitos para jubilarse, o una gratificación por única vez que equivale a un mes de salario por cada año de antigüedad, con un tope que no podrá superar el equivalente a 18 salarios mensuales.
El Grupo 2 comprende a trabajadores cercanos a la jubilación que ya poseen los aportes requeridos, que incluyen mujeres de entre 58 y 64 años y hombres de entre 63 y 64 años con al menos 30 años de aportes jubilatorios. Recibirán una gratificación única por cada año de antigüedad, con un tope similar al mencionado anteriormente, más un adicional de cinco salarios mensuales a ser abonados con la primera cuota.
Por su parte, el Grupo 3 está conformado por trabajadores más jóvenes, incluyendo a mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62 años. La compensación consistirá en una suma equivalente a un salario mensual por cada año de antigüedad, con un máximo de 20 salarios mensuales, a la que se suma un adicional de cuatro remuneraciones para quienes tengan menos de 15 años de antigüedad, y cinco remuneraciones para quienes cuenten con 15 años o más.
Se debe destacar que la presentación de la solicitud no asegura el acceso al retiro voluntario, ya que las autoridades competentes evaluarán cada caso según sus necesidades operativas.
La gratificación única se abonará en un pago único si su monto no supera los $20 millones; si excede dicha cifra, se pagará en cuotas mensuales, con un máximo de tres, donde la última incluirá el saldo restante. También se percibirá la liquidación final correspondiente por el cese de relación laboral.
Si el beneficiario del Grupo 1 que estaba recibiendo la gratificación mensual fallece, los pagos continuarán hacia sus derechohabientes durante el plazo acordado. Los que se adhieran al régimen no podrán reintegrarse ni prestar más servicios en el Sector Público Nacional durante un plazo de ocho años desde su desvinculación, lo cual incluye cargos jerárquicos y asesorías, así como contratos asociados a organismos internacionales, exceptuando el ejercicio de la docencia en universidades nacionales. El incumplimiento de esta prohibición resultará en la suspensión de los pagos pendientes y la obligación de restituir los fondos recibidos.
