El debate sobre las modificaciones al régimen de discapacidad en el Presupuesto 2027 ha evidenciado las diferencias internas del Gobierno respecto a la gestión del programa económico y la construcción política de cara a las elecciones de 2027. Este conflicto va más allá de los cambios propuestos, ya que también resalta problemas de coordinación entre el equipo económico, la dirigencia política y los legisladores encargados de negociar el proyecto en el Congreso.
Una de las primeras manifestaciones públicas provino de Patricia Bullrich, líder del bloque de La Libertad Avanza en el Senado. Bullrich admitió desconocer las modificaciones relacionadas con la discapacidad y afirmó que el asunto no había sido discutido en la mesa política, alertando sobre el riesgo de que esto resintiera la relación con los aliados parlamentarios, crucial en un momento en que el oficialismo necesita forjar consensos para avanzar tanto con el Presupuesto como con otros aspectos de su agenda legislativa.
Los diputados oficialistas también se mostraron sorprendidos por el episodio. La bancada libertaria había estado colaborando con sectores aliados en un dictamen alternativo, buscando modificar el esquema actual y avanzar hacia una solución que pudiera captar apoyos en la Cámara baja. La inclusión del Presupuesto en la agenda obligó a reevaluar una negociación que ya estaba en proceso.
Bullrich, visiblemente molesta por las enmiendas en Discapacidad, destacó la existencia de dos tiempos en el Gobierno: por un lado, el equipo económico defiende la necesidad de mantener el equilibrio fiscal y evitar que las decisiones tomadas en la primera etapa de la gestión sean cuestionadas por presiones políticas. Por otro lado, la facción política plantea que ciertas medidas podrían acarrear un costo parlamentario y electoral que complicaría la vinculación con gobernadores, bloques aliados y otros sectores imprescindibles para la aprobación de proyectos.
El debate en torno a la discapacidad evidenció esta tensión. Según algunas fuentes, el bloque oficialista había optado por participar activamente en el debate parlamentario en lugar de bloquearlo, elaborando un dictamen en conjunto con aliados. Sin embargo, la introducción de modificaciones en el Presupuesto que alteraban el espíritu de esta negociación generó malestar y llevó a la bancada a distanciarse parcialmente de la estrategia de Balcarce 50.
Bullrich subrayó la necesidad de discutir las decisiones en la mesa política con antelación, a fin de que los legisladores no enfrenten en el Congreso un proyecto diferente al que habían negociado previamente. Este asunto se relaciona con un debate más amplio que persiste en el Gobierno desde hace meses: el ala política ha señalado internamente la importancia de tomar medidas rumbo a 2027 sin alterar los fundamentos del programa económico. Esta facción no aboga por abandonar el equilibrio fiscal ni regresar a políticas identificadas con el populismo, sino que busca implementar acciones que permitan que la recuperación tenga un impacto más visible en la economía cotidiana.
Las discusiones en torno a la política cambiaria también reflejan este planteo. En reuniones de la mesa política, Bullrich argumentó que el tipo de cambio debería ajustarse a la inflación para evitar que un posible atraso cambiario afecte la actividad y competitividad. No obstante, esta posición encontró resistencia en el equipo económico, que sostiene que cualquier cambio debe integrarse al programa global y no ser una respuesta a presiones momentáneas.
Desde el entorno de Javier Milei se defiende la idea de que el programa debe mantenerse sin concesiones, instando a los legisladores a justificar públicamente sus resultados. Durante una reunión reciente, el Presidente desestimó los diagnósticos sobre la disminución de la actividad, el empleo y el poder adquisitivo, dejando clara la necesidad de mantener el rumbo. Sin embargo, ese encuentro también puso en evidencia la fricción entre quienes defienden la preservación de la estrategia económica y los que reclaman más libertad para desarrollar acciones políticas.
Este desacuerdo no implica necesariamente que existan dos proyectos económicos distintos en el Gobierno. La discusión radica en los márgenes para administrar políticamente el mismo programa. El área económica busca mantener condiciones de estabilidad, mientras que otros miembros del Gabinete empiezan a reconocer que la estrategia debe coexistir con una agenda electoral y la necesidad de ampliar apoyos legislativos en la segunda parte de la gestión.
La mesa política tiene la encomienda de forjar consensos en torno al Presupuesto y otros proyectos clave que el Gobierno considera fundamentales, como la reforma política. En una cena reciente en San Telmo, Karina Milei enfatizó a los legisladores libertarios la importancia de cultivar relaciones cuidadosas con los líderes que pueden colaborar con el oficialismo en el Congreso.
En este contexto, surge una interrogante que empieza a cobrar relevancia dentro del oficialismo: cómo alcanzar 2027 sin desestabilizar las bases del modelo, al tiempo que se logran resultados palpables en la vida cotidiana. Esta discusión se torna vital mientras avanza el tratamiento del Presupuesto 2027.
Una de las primeras manifestaciones públicas provino de Patricia Bullrich, líder del bloque de La Libertad Avanza en el Senado. Bullrich admitió desconocer las modificaciones relacionadas con la discapacidad y afirmó que el asunto no había sido discutido en la mesa política, alertando sobre el riesgo de que esto resintiera la relación con los aliados parlamentarios, crucial en un momento en que el oficialismo necesita forjar consensos para avanzar tanto con el Presupuesto como con otros aspectos de su agenda legislativa.
Los diputados oficialistas también se mostraron sorprendidos por el episodio. La bancada libertaria había estado colaborando con sectores aliados en un dictamen alternativo, buscando modificar el esquema actual y avanzar hacia una solución que pudiera captar apoyos en la Cámara baja. La inclusión del Presupuesto en la agenda obligó a reevaluar una negociación que ya estaba en proceso.
Bullrich, visiblemente molesta por las enmiendas en Discapacidad, destacó la existencia de dos tiempos en el Gobierno: por un lado, el equipo económico defiende la necesidad de mantener el equilibrio fiscal y evitar que las decisiones tomadas en la primera etapa de la gestión sean cuestionadas por presiones políticas. Por otro lado, la facción política plantea que ciertas medidas podrían acarrear un costo parlamentario y electoral que complicaría la vinculación con gobernadores, bloques aliados y otros sectores imprescindibles para la aprobación de proyectos.
El debate en torno a la discapacidad evidenció esta tensión. Según algunas fuentes, el bloque oficialista había optado por participar activamente en el debate parlamentario en lugar de bloquearlo, elaborando un dictamen en conjunto con aliados. Sin embargo, la introducción de modificaciones en el Presupuesto que alteraban el espíritu de esta negociación generó malestar y llevó a la bancada a distanciarse parcialmente de la estrategia de Balcarce 50.
Bullrich subrayó la necesidad de discutir las decisiones en la mesa política con antelación, a fin de que los legisladores no enfrenten en el Congreso un proyecto diferente al que habían negociado previamente. Este asunto se relaciona con un debate más amplio que persiste en el Gobierno desde hace meses: el ala política ha señalado internamente la importancia de tomar medidas rumbo a 2027 sin alterar los fundamentos del programa económico. Esta facción no aboga por abandonar el equilibrio fiscal ni regresar a políticas identificadas con el populismo, sino que busca implementar acciones que permitan que la recuperación tenga un impacto más visible en la economía cotidiana.
Las discusiones en torno a la política cambiaria también reflejan este planteo. En reuniones de la mesa política, Bullrich argumentó que el tipo de cambio debería ajustarse a la inflación para evitar que un posible atraso cambiario afecte la actividad y competitividad. No obstante, esta posición encontró resistencia en el equipo económico, que sostiene que cualquier cambio debe integrarse al programa global y no ser una respuesta a presiones momentáneas.
Desde el entorno de Javier Milei se defiende la idea de que el programa debe mantenerse sin concesiones, instando a los legisladores a justificar públicamente sus resultados. Durante una reunión reciente, el Presidente desestimó los diagnósticos sobre la disminución de la actividad, el empleo y el poder adquisitivo, dejando clara la necesidad de mantener el rumbo. Sin embargo, ese encuentro también puso en evidencia la fricción entre quienes defienden la preservación de la estrategia económica y los que reclaman más libertad para desarrollar acciones políticas.
Este desacuerdo no implica necesariamente que existan dos proyectos económicos distintos en el Gobierno. La discusión radica en los márgenes para administrar políticamente el mismo programa. El área económica busca mantener condiciones de estabilidad, mientras que otros miembros del Gabinete empiezan a reconocer que la estrategia debe coexistir con una agenda electoral y la necesidad de ampliar apoyos legislativos en la segunda parte de la gestión.
La mesa política tiene la encomienda de forjar consensos en torno al Presupuesto y otros proyectos clave que el Gobierno considera fundamentales, como la reforma política. En una cena reciente en San Telmo, Karina Milei enfatizó a los legisladores libertarios la importancia de cultivar relaciones cuidadosas con los líderes que pueden colaborar con el oficialismo en el Congreso.
En este contexto, surge una interrogante que empieza a cobrar relevancia dentro del oficialismo: cómo alcanzar 2027 sin desestabilizar las bases del modelo, al tiempo que se logran resultados palpables en la vida cotidiana. Esta discusión se torna vital mientras avanza el tratamiento del Presupuesto 2027.
