Las privatizaciones impulsadas por el Gobierno nacional empiezan a rodearse de términos como subvaluación, opacidad y favoritismo en la selección de beneficiarios. En este contexto, la atención se centra en la inminente privatización del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles en Mendoza, tras meses de escrutinio sobre las empresas estatales que podrían ser entregadas a grupos económicos vinculados al oficialismo.
En julio pasado, mediante un decreto provincial firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y el decreto de necesidad y urgencia del gobierno nacional, se anunció una licitación pública nacional e internacional conjunta para el complejo hidroeléctrico, sorprendiendo a muchos.
El sistema Los Nihuiles incluye los diques El Nihuil y Valle Grande, las presas Aisol y Tierras Blancas, y las centrales Nihuil I, II y III en el río Atuel. Actualmente, la empresa Pampa Energía opera el sistema, aunque se encuentra en proceso de salida. El gobierno nacional presentó la reprivatización como “la reorganización del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles”, considerándola la segunda etapa tras la privatización de las represas del Comahue.
Fuentes autorizadas han señalado que, de manera inesperada, cuando se planeaba vender el 90 por ciento de las acciones, el gobierno provincial anunció que sería el 100 por ciento el que se pondría a la venta. Esto se interpreta como una presión del gobierno nacional para que la privatización favorezca a quienes ya han sido beneficiados en procesos similares, sugiriendo que se trata de una decisión política a nivel nacional.
Una de las principales interrogantes es por qué un complejo hidroeléctrico provincial que estaba en camino de ser privatizado por Mendoza, con el expediente aprobado por la Fiscalía de Estado, ahora se licita en conjunto con Nación sin la aprobación legislativa correspondiente.
El Grupo Neuss, dirigido por los hermanos Juan y Patricio, se encuentra en el centro de la controversia. En Mendoza, Edison Energy controla el Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos (CEMPSA) y otras usinas como Cacheuta y El Carrizal. Su vinculación en la privatización no sorprende, dado que la concesión venció y fue prorrogada por cinco años, con la opción de una extensión de 20 años. Además, el 22 de diciembre de 2025, el gobierno nacional prorrogó la autorización de generación de energía a la firma de los Neuss.
Los Neuss están en el foco de críticas porque se ha indicado que se firmó un contrato entre la empresa que gestiona Los Nihuiles y CEMPSA, permitiendo a la firma de los Neuss acceder a información privilegiada antes de la licitación.
Edison, además de adquirir Transener, también se ha involucrado en la privatización de las represas del complejo Comahue. Recientemente, según se ha informado, la Fundación Soberanía de Neuquén amplió una denuncia sobre una “cadena de ilegalidades” para subvaluar las represas y definir quiénes obtendrán su explotación.
Hasta 1993, el complejo Los Nihuiles estuvo bajo administración del Estado nacional, cuando la Ley provincial N° 6087 transfirió su dominio a Mendoza, obligando a la provincia a formar una sociedad anónima y licitar la venta del 51% de las acciones. La concesión inicial de uso del río Atuel fue otorgada por 30 años a la nueva empresa, y esta concesión vencerá el 31 de mayo de 2024.
En enero de 2025, una crecida del río Atuel provocó inundaciones y daños importantes en las instalaciones de las centrales, lo que llevó a la Legislatura a declarar la emergencia del sistema hidroeléctrico por 14 meses, manteniendo a HINISA operativa en forma provisional.
La negociación actual con las aseguradoras por el monto de la póliza está retrasando el avance de la licitación. Críticos como el diputado provincial Gustavo Perret plantean preocupaciones sobre el futuro de Mendoza en esta privatización, que podría pasar de poseer el 49% a no tener participación alguna durante 30 años, dejando solo el 6% de las regalías, ya que el otro 6% se queda la provincia de La Pampa.
Se han planteado dudas sobre la legalidad de la “licitación conjunta” y los criterios que llevaron a esta decisión, mientras que la falta de transparencia en el pliego licitatorio y el destino de los ingresos provenientes de la venta de acciones y posibles indemnizaciones se suman a las preocupaciones.
Recientemente, un proyecto en la Cámara de Diputados fue presentado para formar una Comisión Especial Investigadora que examine el proceso de licitación y transferencia del 100% de las acciones de Hidroelectricidad Mendocina S.A., buscando revisar los actos administrativos y determinar si se requería autorización legislativa para la venta total. En los próximos meses, se espera que la situación genere un creciente escrutinio hacia el gobierno de Cornejo.
En julio pasado, mediante un decreto provincial firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y el decreto de necesidad y urgencia del gobierno nacional, se anunció una licitación pública nacional e internacional conjunta para el complejo hidroeléctrico, sorprendiendo a muchos.
El sistema Los Nihuiles incluye los diques El Nihuil y Valle Grande, las presas Aisol y Tierras Blancas, y las centrales Nihuil I, II y III en el río Atuel. Actualmente, la empresa Pampa Energía opera el sistema, aunque se encuentra en proceso de salida. El gobierno nacional presentó la reprivatización como “la reorganización del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles”, considerándola la segunda etapa tras la privatización de las represas del Comahue.
Fuentes autorizadas han señalado que, de manera inesperada, cuando se planeaba vender el 90 por ciento de las acciones, el gobierno provincial anunció que sería el 100 por ciento el que se pondría a la venta. Esto se interpreta como una presión del gobierno nacional para que la privatización favorezca a quienes ya han sido beneficiados en procesos similares, sugiriendo que se trata de una decisión política a nivel nacional.
Una de las principales interrogantes es por qué un complejo hidroeléctrico provincial que estaba en camino de ser privatizado por Mendoza, con el expediente aprobado por la Fiscalía de Estado, ahora se licita en conjunto con Nación sin la aprobación legislativa correspondiente.
El Grupo Neuss, dirigido por los hermanos Juan y Patricio, se encuentra en el centro de la controversia. En Mendoza, Edison Energy controla el Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos (CEMPSA) y otras usinas como Cacheuta y El Carrizal. Su vinculación en la privatización no sorprende, dado que la concesión venció y fue prorrogada por cinco años, con la opción de una extensión de 20 años. Además, el 22 de diciembre de 2025, el gobierno nacional prorrogó la autorización de generación de energía a la firma de los Neuss.
Los Neuss están en el foco de críticas porque se ha indicado que se firmó un contrato entre la empresa que gestiona Los Nihuiles y CEMPSA, permitiendo a la firma de los Neuss acceder a información privilegiada antes de la licitación.
Edison, además de adquirir Transener, también se ha involucrado en la privatización de las represas del complejo Comahue. Recientemente, según se ha informado, la Fundación Soberanía de Neuquén amplió una denuncia sobre una “cadena de ilegalidades” para subvaluar las represas y definir quiénes obtendrán su explotación.
Hasta 1993, el complejo Los Nihuiles estuvo bajo administración del Estado nacional, cuando la Ley provincial N° 6087 transfirió su dominio a Mendoza, obligando a la provincia a formar una sociedad anónima y licitar la venta del 51% de las acciones. La concesión inicial de uso del río Atuel fue otorgada por 30 años a la nueva empresa, y esta concesión vencerá el 31 de mayo de 2024.
En enero de 2025, una crecida del río Atuel provocó inundaciones y daños importantes en las instalaciones de las centrales, lo que llevó a la Legislatura a declarar la emergencia del sistema hidroeléctrico por 14 meses, manteniendo a HINISA operativa en forma provisional.
La negociación actual con las aseguradoras por el monto de la póliza está retrasando el avance de la licitación. Críticos como el diputado provincial Gustavo Perret plantean preocupaciones sobre el futuro de Mendoza en esta privatización, que podría pasar de poseer el 49% a no tener participación alguna durante 30 años, dejando solo el 6% de las regalías, ya que el otro 6% se queda la provincia de La Pampa.
Se han planteado dudas sobre la legalidad de la “licitación conjunta” y los criterios que llevaron a esta decisión, mientras que la falta de transparencia en el pliego licitatorio y el destino de los ingresos provenientes de la venta de acciones y posibles indemnizaciones se suman a las preocupaciones.
Recientemente, un proyecto en la Cámara de Diputados fue presentado para formar una Comisión Especial Investigadora que examine el proceso de licitación y transferencia del 100% de las acciones de Hidroelectricidad Mendocina S.A., buscando revisar los actos administrativos y determinar si se requería autorización legislativa para la venta total. En los próximos meses, se espera que la situación genere un creciente escrutinio hacia el gobierno de Cornejo.
