El ejercicio simultáneo de funciones en los tribunales disciplinarios de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y en la magistratura federal derivó en una presentación formal ante el Consejo de la Magistratura. La acusación apunta a dilucidar posibles incompatibilidades y conflictos de intereses, en un escenario donde el propio titular de la entidad deportiva, Chiqui Tapia, acumula cinco expedientes abiertos en la Justicia.
El foco disciplinario recae sobre la actividad que llevan adelante Sergio Fernández (integrante de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal) dentro del Tribunal de Disciplina, y Pablo Fernando Morán (a cargo del Juzgado Federal número 1 de Formosa), Roberto Minguillón (del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata), Matías Mancini (juez del Tribunal Oral Federal de San Martín número 4) y Juan Pablo Rodríguez (de la Cámara Nacional en lo Civil), quienes figuran como miembros del Tribunal de Ética según los registros de la propia asociación.
En la esfera deportiva, estos magistrados intervienen en la sustanciación de sumarios, análisis de elementos probatorios, audiencias y emisión de resoluciones sancionatorias vinculantes para clubes, directivos, futbolistas y afiliados, desarrollando un rol análogo al jurisdiccional. Sin embargo, el artículo 9 del decreto-ley 1285/58 prohíbe de manera expresa que los jueces desempeñen cualquier otra actividad profesional, bajo el principio de que la función judicial no admite desdoblamientos ni coexistencia con labores disciplinarias en el ámbito del fútbol.
A este marco normativo se agrega que el Reglamento para la Justicia Nacional exige un aval previo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para participar en comisiones directivas de entidades asociativas. En los registros de acceso público no consta que dicho permiso haya sido expedido ni tramitado por los involucrados.
La problemática también se vincula con los lineamientos internacionales sobre ética judicial, los cuales establecen que los jueces deben no solo actuar con imparcialidad sino también proyectar esa conducta hacia la sociedad para asegurar la confianza pública. El fútbol argentino congrega un alto flujo de directivos, instituciones, deportistas, letrados, representantes y patrocinadores que frecuentemente interactúan en causas judiciales o relaciones institucionales, lo que sitúa a los magistrados en escenarios con riesgo objetivo de conflicto de intereses y múltiples causales de excusación.
El cuestionamiento a estas funciones ya cuenta con antecedentes: en diciembre de 2025 se produjo un pedido a la Corte Suprema para disponer el cese de magistrados federales en los órganos de la entidad, derivando en la renuncia de otros cuatro funcionarios, entre ellos Diego Barroetaveña, juez de la Cámara Federal de Casación Penal. Frente a la continuidad de Fernández, Morán, Minguillón, Mancini y Rodríguez en sus puestos dentro de la AFA, la presentación ante el Consejo de la Magistratura reclama que se determine su responsabilidad, se impongan sanciones y se les intime a abandonar de inmediato sus cargos deportivos.
