La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha revisado a la baja sus expectativas de crecimiento para Argentina, pronosticando un incremento de la actividad económica del 2,6% para este año, acompañado de una disminución en la inflación, que se espera alcance una variación anual del 30,8%.
Este nuevo análisis muestra ajustes con respecto a lo reportado en junio, cuando la OCDE había anticipado un crecimiento del 2,8% y una inflación del 31,1%. Así, el informe actual indica una reducción de dos décimas en la proyección de crecimiento y una baja de 0,3 puntos porcentuales en estimaciones inflacionarias, reflejando una leve desaceleración económica.
Con respecto a las proyecciones para 2027, se anticipa que la actividad continuará su crecimiento, con un aumento del 3,0%, mientras que la inflación podría desacelerarse aún más, con un incremento previsto del 20,5%.
Al comparar estas cifras con las estimaciones del Gobierno, presentadas en el proyecto de Presupuesto 2027, se evidencian diferencias significativas: el oficialismo prevé un crecimiento del PBI del 4% y una inflación del 18% para ese año.
A nivel global, la OCDE estima un crecimiento del 2,9% en 2026 y del 3,0% en 2027, advirtiendo sobre la incertidumbre del conflicto en Oriente Medio, que representa riesgos considerables para las proyecciones.
En análisis del contexto actual y futuro, el organismo indicó que “la economía mundial ha resistido mejor de lo esperado la crisis de suministro energético provocada por el conflicto en Oriente Medio, pero las continuas presiones inflacionarias y la incertidumbre están lastrando las perspectivas a corto plazo”.
Asimismo, proyectó que los precios en el G20 podrían ser más altos en 2026 y 2027, debido al aumento en los costos globales de energía, con inflaciones esperadas del 4,1% para 2026 y una disminución al 3,6% para 2027.
En este sentido, la OCDE instó a que “los bancos centrales deben mantenerse vigilantes y garantizar que las expectativas de inflación estén bien ancladas”, enfatizando la necesidad de mayores esfuerzos para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y que las medidas para mitigar el impacto económico de la crisis energética sean específicas y temporales, de modo que se mantengan los incentivos al ahorro energético.
Este nuevo análisis muestra ajustes con respecto a lo reportado en junio, cuando la OCDE había anticipado un crecimiento del 2,8% y una inflación del 31,1%. Así, el informe actual indica una reducción de dos décimas en la proyección de crecimiento y una baja de 0,3 puntos porcentuales en estimaciones inflacionarias, reflejando una leve desaceleración económica.
Con respecto a las proyecciones para 2027, se anticipa que la actividad continuará su crecimiento, con un aumento del 3,0%, mientras que la inflación podría desacelerarse aún más, con un incremento previsto del 20,5%.
Al comparar estas cifras con las estimaciones del Gobierno, presentadas en el proyecto de Presupuesto 2027, se evidencian diferencias significativas: el oficialismo prevé un crecimiento del PBI del 4% y una inflación del 18% para ese año.
A nivel global, la OCDE estima un crecimiento del 2,9% en 2026 y del 3,0% en 2027, advirtiendo sobre la incertidumbre del conflicto en Oriente Medio, que representa riesgos considerables para las proyecciones.
En análisis del contexto actual y futuro, el organismo indicó que “la economía mundial ha resistido mejor de lo esperado la crisis de suministro energético provocada por el conflicto en Oriente Medio, pero las continuas presiones inflacionarias y la incertidumbre están lastrando las perspectivas a corto plazo”.
Asimismo, proyectó que los precios en el G20 podrían ser más altos en 2026 y 2027, debido al aumento en los costos globales de energía, con inflaciones esperadas del 4,1% para 2026 y una disminución al 3,6% para 2027.
En este sentido, la OCDE instó a que “los bancos centrales deben mantenerse vigilantes y garantizar que las expectativas de inflación estén bien ancladas”, enfatizando la necesidad de mayores esfuerzos para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y que las medidas para mitigar el impacto económico de la crisis energética sean específicas y temporales, de modo que se mantengan los incentivos al ahorro energético.
