La Libertad Avanza está enfocada en asegurar los apoyos necesarios para avanzar en los cambios a la Ley de Tierras y ha comenzado una serie de reuniones con sus legisladores y aliados, con el objetivo de debatir el proyecto en el Senado el próximo 6 de agosto.
A pesar de que el oficialismo ha ajustado el texto luego de varias negociaciones con el Ministerio de Desregulación, en el Gobierno aún no hay certezas sobre la obtención de las mayorías requeridas para aprobar esta iniciativa.
La senadora Patricia Bullrich ya ha programado encuentros para la semana siguiente con miembros de su bloque y con sectores dispuestos al diálogo, con el fin de evaluar el respaldo a la propuesta del Poder Ejecutivo. La medida, que también incluye desalojos exprés y enmiendas a la Ley de Manejo del Fuego, se presentará en el recinto en su decimoquinta versión, producto de las conversaciones con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
El aspecto más conflictivo continúa siendo la reforma de la Ley de Tierras, en particular el régimen que regula la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
Desde el oficialismo argumentan que las modificaciones beneficiarán la producción y atraerán inversiones. “La ley es favorable a la producción y generará fuentes de trabajo. La tierra estará vinculada a la producción, sin que se pierda soberanía, permitiendo inversiones y generación de empleo”, manifestó el senador libertario Bartolomé Abdala.
No obstante, la iniciativa enfrenta resistencias incluso entre sectores que generalmente son cercanos al Gobierno. Un punto de incertidumbre se encuentra en Misiones, donde el Frente Renovador de la Concordia está atravesando una crisis política entre el gobernador Hugo Passalacqua y el líder provincial Carlos Rovira.
Los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut aún no han indicado su postura de voto. En tanto, el exgobernador Oscar Herrera Ahuad ha expresado su desacuerdo con el proyecto, advirtiendo que su aprobación podría comprometer la producción, el medio ambiente y la soberanía provincial. “Votar esta ley sería perjudicial para las economías regionales y la política de cuidado del ambiente del Gobierno provincial”, aseguró.
Para buscar consensos, el oficialismo también ha tenido en cuenta una particularidad institucional: la vicepresidenta Victoria Villarruel no presidirá la sesión debido a un viaje del presidente Javier Milei, quien se trasladará a Colombia. La dirección del debate quedará bajo la responsabilidad de Bartolomé Abdala.
Villarruel ha manifestado su oposición a la liberalización de la venta de tierras a extranjeros. En un intercambio en redes sociales con la diputada Lilia Lemoine, reiteró su postura: “Tampoco queremos la venta de tierras a extranjeros”.
La ausencia de Villarruel podría facilitar al oficialismo evitar un desempate negativo, como ocurrió con el exvicepresidente Julio Cobos en 2008, con las retenciones móviles.
La Iglesia Católica también volvió a enviar un mensaje crítico sobre el proyecto. En una carta dirigida a todos los senadores, la Comisión Episcopal de Pastoral Social, junto con la Pastoral Aborigen y Cáritas, solicitó que “quienes debatan esta iniciativa guíen sus decisiones en función del bien común y el futuro de las generaciones venideras, en lugar de por intereses particulares”.
Dentro de la Unión Cívica Radical, la mayoría apoya la propuesta del Gobierno. El espacio liderado por Eduardo Vischi considera que la redacción final del proyecto logra convencer, inicialmente, a siete de los diez integrantes del bloque.
Los senadores que han expresado su rechazo son Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, mientras que Flavio Fama aún no ha hecho oficial su decisión.
Por otro lado, la conducción nacional de la UCR emitió un comunicado firmado por Leonel Chiarella en el que criticó la propuesta oficial, advirtiendo que “se trata de eliminar limitaciones razonables, comprometiendo así la soberanía nacional”. El comunicado recordó que la ley actual, sancionada en 2011, establece que los extranjeros no pueden poseer más del 15% de las tierras rurales del país, prohíbe la adquisición de campos en zonas de frontera y limita a 1000 hectáreas la compra en la zona núcleo.
Bullrich ha convocado a los senadores de La Libertad Avanza para el miércoles anterior a la reanudación de la sesión. También mantendrá una reunión con legisladores dispuestos al diálogo en las oficinas del bloque radical en el Palacio Legislativo.
El objetivo es aclarar cuántos votos tiene asegurados el oficialismo y definir la versión definitiva del texto a ser presentado en el recinto.
La senadora espera contar con el respaldo de los 21 miembros del bloque libertario, además de los tres representantes del PRO bajo la conducción de Martín Goerling Lara, incluyendo el regreso de Andrea Cristina tras su licencia por maternidad. También busca el apoyo de Carlos Espínola, Beatriz Ávila, Flavia Royón y Julieta Corroza.
La Libertad Avanza intentará también atraer apoyo de la interna política en Misiones, aprovechando la cercanía de Carlos Arce con Carlos Rovira. Además, buscará la colaboración del bloque Convicción Federal, liderado por Carolina Moisés e integrado por Sandra Mendoza y Guillermo Andrada, de Tucumán y Catamarca, provincias cuyos gobernadores, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, tienen buena relación con el Gobierno nacional.
Antes de la última tentativa de debatir el proyecto, se alcanzó un texto consensuado que consideraba la participación de las provincias en las decisiones sobre la venta de tierras rurales. Sin embargo, esta propuesta no convenció inicialmente a Federico Sturzenegger, quien envió al Senado al secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, y contactó a varios legisladores para advertir que, de aprobarse, el Poder Ejecutivo vetaría dicha versión.
La posición de Sturzenegger cambió tras una reunión con Bullrich, que se llevó a cabo el jueves pasado, donde finalmente dio su visto bueno a la nueva redacción. Sin embargo, la Casa Rosada sigue firme en su objetivo de eliminar los límites para la venta de tierras rurales a extranjeros, excepto en zonas de frontera, donde la autorización dependería de una doble aprobación por parte de las autoridades nacionales y provinciales.
A pesar de que el oficialismo ha ajustado el texto luego de varias negociaciones con el Ministerio de Desregulación, en el Gobierno aún no hay certezas sobre la obtención de las mayorías requeridas para aprobar esta iniciativa.
La senadora Patricia Bullrich ya ha programado encuentros para la semana siguiente con miembros de su bloque y con sectores dispuestos al diálogo, con el fin de evaluar el respaldo a la propuesta del Poder Ejecutivo. La medida, que también incluye desalojos exprés y enmiendas a la Ley de Manejo del Fuego, se presentará en el recinto en su decimoquinta versión, producto de las conversaciones con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
El aspecto más conflictivo continúa siendo la reforma de la Ley de Tierras, en particular el régimen que regula la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
Desde el oficialismo argumentan que las modificaciones beneficiarán la producción y atraerán inversiones. “La ley es favorable a la producción y generará fuentes de trabajo. La tierra estará vinculada a la producción, sin que se pierda soberanía, permitiendo inversiones y generación de empleo”, manifestó el senador libertario Bartolomé Abdala.
No obstante, la iniciativa enfrenta resistencias incluso entre sectores que generalmente son cercanos al Gobierno. Un punto de incertidumbre se encuentra en Misiones, donde el Frente Renovador de la Concordia está atravesando una crisis política entre el gobernador Hugo Passalacqua y el líder provincial Carlos Rovira.
Los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut aún no han indicado su postura de voto. En tanto, el exgobernador Oscar Herrera Ahuad ha expresado su desacuerdo con el proyecto, advirtiendo que su aprobación podría comprometer la producción, el medio ambiente y la soberanía provincial. “Votar esta ley sería perjudicial para las economías regionales y la política de cuidado del ambiente del Gobierno provincial”, aseguró.
Para buscar consensos, el oficialismo también ha tenido en cuenta una particularidad institucional: la vicepresidenta Victoria Villarruel no presidirá la sesión debido a un viaje del presidente Javier Milei, quien se trasladará a Colombia. La dirección del debate quedará bajo la responsabilidad de Bartolomé Abdala.
Villarruel ha manifestado su oposición a la liberalización de la venta de tierras a extranjeros. En un intercambio en redes sociales con la diputada Lilia Lemoine, reiteró su postura: “Tampoco queremos la venta de tierras a extranjeros”.
La ausencia de Villarruel podría facilitar al oficialismo evitar un desempate negativo, como ocurrió con el exvicepresidente Julio Cobos en 2008, con las retenciones móviles.
La Iglesia Católica también volvió a enviar un mensaje crítico sobre el proyecto. En una carta dirigida a todos los senadores, la Comisión Episcopal de Pastoral Social, junto con la Pastoral Aborigen y Cáritas, solicitó que “quienes debatan esta iniciativa guíen sus decisiones en función del bien común y el futuro de las generaciones venideras, en lugar de por intereses particulares”.
Dentro de la Unión Cívica Radical, la mayoría apoya la propuesta del Gobierno. El espacio liderado por Eduardo Vischi considera que la redacción final del proyecto logra convencer, inicialmente, a siete de los diez integrantes del bloque.
Los senadores que han expresado su rechazo son Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, mientras que Flavio Fama aún no ha hecho oficial su decisión.
Por otro lado, la conducción nacional de la UCR emitió un comunicado firmado por Leonel Chiarella en el que criticó la propuesta oficial, advirtiendo que “se trata de eliminar limitaciones razonables, comprometiendo así la soberanía nacional”. El comunicado recordó que la ley actual, sancionada en 2011, establece que los extranjeros no pueden poseer más del 15% de las tierras rurales del país, prohíbe la adquisición de campos en zonas de frontera y limita a 1000 hectáreas la compra en la zona núcleo.
Bullrich ha convocado a los senadores de La Libertad Avanza para el miércoles anterior a la reanudación de la sesión. También mantendrá una reunión con legisladores dispuestos al diálogo en las oficinas del bloque radical en el Palacio Legislativo.
El objetivo es aclarar cuántos votos tiene asegurados el oficialismo y definir la versión definitiva del texto a ser presentado en el recinto.
La senadora espera contar con el respaldo de los 21 miembros del bloque libertario, además de los tres representantes del PRO bajo la conducción de Martín Goerling Lara, incluyendo el regreso de Andrea Cristina tras su licencia por maternidad. También busca el apoyo de Carlos Espínola, Beatriz Ávila, Flavia Royón y Julieta Corroza.
La Libertad Avanza intentará también atraer apoyo de la interna política en Misiones, aprovechando la cercanía de Carlos Arce con Carlos Rovira. Además, buscará la colaboración del bloque Convicción Federal, liderado por Carolina Moisés e integrado por Sandra Mendoza y Guillermo Andrada, de Tucumán y Catamarca, provincias cuyos gobernadores, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, tienen buena relación con el Gobierno nacional.
Antes de la última tentativa de debatir el proyecto, se alcanzó un texto consensuado que consideraba la participación de las provincias en las decisiones sobre la venta de tierras rurales. Sin embargo, esta propuesta no convenció inicialmente a Federico Sturzenegger, quien envió al Senado al secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, y contactó a varios legisladores para advertir que, de aprobarse, el Poder Ejecutivo vetaría dicha versión.
La posición de Sturzenegger cambió tras una reunión con Bullrich, que se llevó a cabo el jueves pasado, donde finalmente dio su visto bueno a la nueva redacción. Sin embargo, la Casa Rosada sigue firme en su objetivo de eliminar los límites para la venta de tierras rurales a extranjeros, excepto en zonas de frontera, donde la autorización dependería de una doble aprobación por parte de las autoridades nacionales y provinciales.
