La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la condena de ocho años de prisión impuesta a Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos y exembajador argentino en Israel, por los delitos de negociación incompatible con la función pública y peculado. Además, se dictó su inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos.
Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el recurso extraordinario interpuesto por la defensa de Urribarri, aplicando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el cual no obliga a detallar las razones de la decisión. Esta resolución también se extiende a los demás condenados, con una excepción formal en el caso de Gustavo Tamay.
La condena surge de cinco investigaciones realizadas en la justicia de Entre Ríos. De acuerdo con la acusación, durante su período como gobernador, se habrían utilizado recursos y contrataciones de publicidad del Estado provincial para fines particulares. En este esquema, su cuñado, Juan Pablo Aguilera, fue señalado como el encargado de un entramado de empresas y testaferros que ostentaban el control del negocio de la publicidad oficial en la vía pública.
Uno de los casos investigados se centra en la contratación de publicidad estatal en beneficio de Global Means, una empresa asociada al empresario Germán Buffa, que según la acusación, recibió pautas publicitarias antes de siquiera estar constituida como entidad legal.
Otra causa, conocida como ‘la causa de la vaca’ o ‘de las imprentas’, investigó a las empresas Tep SRL y Next SRL, vinculadas a Aguilera. Estas empresas habrían concentrado durante cinco años el negocio de la publicidad oficial en cartelería callejera. También formaron parte de este proceso la megacausa del ‘Sueño Entrerriano’, relacionada con la difusión de una solicitada contra los fondos buitre, la instalación de un parador en Mar del Plata en 2015 con un costo estimado de 14 millones de pesos, y el pago a la productora Nelly Entertainment para la realización de tres spots vinculados, aparentemente, con la Cumbre del Mercosur de 2014, realizada en Paraná. Según la investigación, estas acciones también se relacionaban con la promoción de la candidatura presidencial de Urribarri para 2015.
La condena inicial fue dictada el 7 de abril de 2022 por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. Además de los ocho años de prisión, se le impuso a Urribarri la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. En esa misma resolución, el exministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, Pedro Báez, y Juan Pablo Aguilera fueron condenados a seis años de prisión y también inhabilitados.
Por otro lado, otros acusados recibieron penas menores. Corina Elizabeth Cargnel, Gustavo Rubén Tamay y Gerardo Daniel ‘Foia’ Caruso fueron condenados a tres años de prisión en suspenso. Luciana Belén Almada, esposa de Aguilera, y Emiliano Giacopuzzi fueron sentenciados a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, mientras que Germán Esteban Buffa fue condenado a un año y dos meses de prisión condicional.
El tribunal absolvió a varios exfuncionarios, como el exministro de Turismo Hugo Marsó, a los exfuncionarios de la Unidad Operativa Mercosur Hugo Céspedes —quien falleció durante el proceso— y Gustavo Tórtul, así como a Alejandro Almada y Maximiliano Sena.
El trayecto judicial de este caso se extendió a lo largo de varios años. En 2023, el Tribunal de Casación de Entre Ríos ratificó las condenas y, posteriormente, el Superior Tribunal de Justicia provincial desestimó los recursos de las defensas. El último intento de los condenados por revertir las sentencias llegó a la Corte Suprema, que con su decisión ha dejado firme la condena contra Urribarri y ha cerrado el proceso extraordinario del expediente.
El exgobernador, que estuvo detenido durante 50 días entre noviembre de 2024 y enero de 2025, había sido enviado a prisión preventiva por la Cámara de Casación provincial ante el riesgo de fuga, aunque esta medida fue revocada más tarde por la Sala de Feria del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.
Urribarri ocupó la gobernación de Entre Ríos entre diciembre de 2007 y diciembre de 2015. En su último año, fue elegido legislador provincial y en 2020 asumió como embajador argentino en Israel, cargo que mantuvo hasta mayo de 2022, momento en el que renunció tras conocerse su condena.
La investigación fue impulsada por la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche, quien posteriormente enfrentó un jury por presunto mal desempeño. Ahora, con el rechazo a los recursos extraordinarios, la Corte ha consolidado el resultado de uno de los procesos por corrupción más significativos de la justicia entrerriana y la condena que pesa sobre quien fue gobernador en dos períodos.
Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el recurso extraordinario interpuesto por la defensa de Urribarri, aplicando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el cual no obliga a detallar las razones de la decisión. Esta resolución también se extiende a los demás condenados, con una excepción formal en el caso de Gustavo Tamay.
La condena surge de cinco investigaciones realizadas en la justicia de Entre Ríos. De acuerdo con la acusación, durante su período como gobernador, se habrían utilizado recursos y contrataciones de publicidad del Estado provincial para fines particulares. En este esquema, su cuñado, Juan Pablo Aguilera, fue señalado como el encargado de un entramado de empresas y testaferros que ostentaban el control del negocio de la publicidad oficial en la vía pública.
Uno de los casos investigados se centra en la contratación de publicidad estatal en beneficio de Global Means, una empresa asociada al empresario Germán Buffa, que según la acusación, recibió pautas publicitarias antes de siquiera estar constituida como entidad legal.
Otra causa, conocida como ‘la causa de la vaca’ o ‘de las imprentas’, investigó a las empresas Tep SRL y Next SRL, vinculadas a Aguilera. Estas empresas habrían concentrado durante cinco años el negocio de la publicidad oficial en cartelería callejera. También formaron parte de este proceso la megacausa del ‘Sueño Entrerriano’, relacionada con la difusión de una solicitada contra los fondos buitre, la instalación de un parador en Mar del Plata en 2015 con un costo estimado de 14 millones de pesos, y el pago a la productora Nelly Entertainment para la realización de tres spots vinculados, aparentemente, con la Cumbre del Mercosur de 2014, realizada en Paraná. Según la investigación, estas acciones también se relacionaban con la promoción de la candidatura presidencial de Urribarri para 2015.
La condena inicial fue dictada el 7 de abril de 2022 por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. Además de los ocho años de prisión, se le impuso a Urribarri la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. En esa misma resolución, el exministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, Pedro Báez, y Juan Pablo Aguilera fueron condenados a seis años de prisión y también inhabilitados.
Por otro lado, otros acusados recibieron penas menores. Corina Elizabeth Cargnel, Gustavo Rubén Tamay y Gerardo Daniel ‘Foia’ Caruso fueron condenados a tres años de prisión en suspenso. Luciana Belén Almada, esposa de Aguilera, y Emiliano Giacopuzzi fueron sentenciados a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, mientras que Germán Esteban Buffa fue condenado a un año y dos meses de prisión condicional.
El tribunal absolvió a varios exfuncionarios, como el exministro de Turismo Hugo Marsó, a los exfuncionarios de la Unidad Operativa Mercosur Hugo Céspedes —quien falleció durante el proceso— y Gustavo Tórtul, así como a Alejandro Almada y Maximiliano Sena.
El trayecto judicial de este caso se extendió a lo largo de varios años. En 2023, el Tribunal de Casación de Entre Ríos ratificó las condenas y, posteriormente, el Superior Tribunal de Justicia provincial desestimó los recursos de las defensas. El último intento de los condenados por revertir las sentencias llegó a la Corte Suprema, que con su decisión ha dejado firme la condena contra Urribarri y ha cerrado el proceso extraordinario del expediente.
El exgobernador, que estuvo detenido durante 50 días entre noviembre de 2024 y enero de 2025, había sido enviado a prisión preventiva por la Cámara de Casación provincial ante el riesgo de fuga, aunque esta medida fue revocada más tarde por la Sala de Feria del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.
Urribarri ocupó la gobernación de Entre Ríos entre diciembre de 2007 y diciembre de 2015. En su último año, fue elegido legislador provincial y en 2020 asumió como embajador argentino en Israel, cargo que mantuvo hasta mayo de 2022, momento en el que renunció tras conocerse su condena.
La investigación fue impulsada por la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche, quien posteriormente enfrentó un jury por presunto mal desempeño. Ahora, con el rechazo a los recursos extraordinarios, la Corte ha consolidado el resultado de uno de los procesos por corrupción más significativos de la justicia entrerriana y la condena que pesa sobre quien fue gobernador en dos períodos.
