Hugo Sigman, fundador y CEO del Grupo Insud, optó por no responder preguntas durante su declaración indagatoria en relación a la demora en el acuerdo con el laboratorio Pfizer respecto a la provisión de vacunas durante la pandemia de Covid-19. No obstante, en un escrito presentado ante la Justicia, afirmó que el retraso “estuvo relacionado con las condiciones jurídicas exigidas por la compañía y el marco legal argentino, y no con una exigencia de incorporar un socio local”. Además, rechazó cualquier indicio de favoritismos por parte del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner hacia sus empresas.
Sigman expuso que “no existe evidencia que permita vincular relaciones personales o profesionales con una maniobra concreta destinada a desplazar a Pfizer para beneficiar económicamente a AstraZeneca, Mabxience, Sinopharm o Elea Phoenix”, en el marco de su rol en la provisión de vacunas al gobierno durante el periodo crítico de 2020 y 2021. Cabe destacar que Sigman mantiene una relación personal cercana con la ex presidenta Cristina Kirchner.
El empresario realizó su declaración por videoconferencia debido a su avanzada edad (83 años) y su residencia en Madrid. Durante la indagatoria, su testimonio se centró en varios puntos relevantes, incluidos los motivos detrás de la demora en la adquisición de las vacunas de Pfizer y la compra de las dosis de Sputnik V a Rusia, así como las de Sinopharm a China. En Argentina, la pandemia de Covid-19 ha causado más de 130.000 muertes.
Ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli, Sigman argumentó que “Mabxience produjo el principio activo de la vacuna de AstraZeneca, pero no vendió vacunas al Estado argentino, ni obtuvo beneficios vinculados con la cantidad de dosis adquiridas por el país”. Además, se sostuvo que “Elea Phoenix participó técnicamente en una parte del ensayo clínico de la vacuna china Sinopharm pero no intervino en su comercialización ni obtuvo beneficios derivados de las compras que realizó el Estado”.
La defensa de Sigman adujo que “la imputación fiscal se construye sobre inferencias y una valoración fragmentaria de los hechos, sin evidencia suficiente de que haya existido una conducta con relevancia jurídico-penal. Por estas razones, debería corresponder el sobreseimiento solicitado en la causa”, aseguraron las fuentes que llevaron adelante la defensa.
El fiscal Stornelli, en su exposición, impulsó la denuncia presentada por un grupo de diputados de la oposición, acusando a la ex ministra de Salud y a otros funcionarios de haberse mostrado interesados en la compra de vacunas locales y posteriormente en la de Sputnik con el fin de obtener un beneficio propio o de un tercero, lo que podría constituir un conflicto de intereses, según se indica en los artículos 248, 249 y 265 del Código Penal.
También afirmó que durante la pandemia existió una “matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflictos de intereses” en el manejo de las compras de vacunas.
Desde mediados de 2020, el laboratorio Pfizer ofreció alrededor de 13,3 millones de dosis de su vacuna, mientras el fondo Covax, de la Organización Mundial de la Salud, ofreció otras 25 millones. Sin embargo, Stornelli señaló que los funcionarios nacionales involucrados habrían mostrado un “claro favoritismo” hacia los laboratorios locales que actuaban como “socios locales” de los fabricantes de las vacunas, autorizando su venta y desestimando a aquellos que no tenían dicha asociación.
Tres meses atrás, la ex ministra de Salud, Carla Vizzotti, había declarado ante la Justicia que no participó en la redacción de la Ley 27.573, que retrasó la compra de las vacunas de Pfizer, ni en las negociaciones relacionadas con Rusia y los laboratorios locales para adquirir las dosis de Sputnik V. Vizzotti se presentó ante el juez Lijo y el fiscal Stornelli, y aunque se negó a responder preguntas, presentó un escrito en el que rechazó las imputaciones, argumentando que la Ley 27.573 que autorizó la compra directa incluyó el concepto de negligencia que obstaculizó las negociaciones con Pfizer. Esta normativa fue impulsada por la diputada kirchnerista Cecilia Moreau.
Vizzotti, quien ocupó el cargo de ministra de Salud entre 2021 y 2023, señaló en un intento por desvincularse de la adquisición de vacunas rusas que sus responsabilidades “se circunscribieron a aspectos estrictamente sanitarios, técnicos y epidemiológicos, vinculados al análisis de la información científica disponible, la caracterización de plataformas vacunales, el análisis de criterios de eficacia, seguridad, logística de distribución y estrategias de implementación en el territorio nacional”.
Por otro lado, fuentes de la defensa de Sigman afirmaron que “AstraZeneca y la Fundación Carlos Slim emprendieron un esquema para la producción de la vacuna contra el Covid-19 a un costo accesible para los países de América Latina, como lo demuestra su precio de 4 dólares en comparación con los 12 dólares o más de otras opciones”.
“Dado que AstraZeneca no contaba con plantas propias en la región para llevar a cabo todas las etapas de producción, contrató a Mabxience, cuya planta se ubica en Garín, provincia de Buenos Aires, para la fabricación del principio activo. Para la formulación y el llenado de los viales, se contrató al laboratorio Liomont, en México”, añadieron los voceros defensores.
Aclararon que “Mabxience no vendió vacunas al Estado argentino, no participó en su comercialización, distribución o adjudicación, y tampoco tuvo injerencia en los ensayos clínicos o en el registro sanitario de la vacuna. Estas funciones y responsabilidades correspondieron a AstraZeneca”.
En este sentido, según la defensa, Mabxience no fue un “socio local” de AstraZeneca en la venta de vacunas, sino un proveedor industrial contratado con el fin específico de fabricar el principio activo. AstraZeneca contrató a Mabxience para producir un volumen determinado de principio activo destinado a aproximadamente 220 millones de dosis para América Latina. Esta contratación no estaba vinculada a la cantidad de vacunas que finalmente adquirieran Argentina o los demás países de la región.
Por lo tanto, según la defensa, Mabxience no obtiene beneficios económicos si Argentina compra más dosis de AstraZeneca, ya que su remuneración está asociada al servicio de manufactura contratado y no al volumen total de vacunas formalmente adquiridas por el Estado argentino.
Por otro lado, un informe de AstraZeneca clarifica que Argentina recibió únicamente el 9% del total de vacunas que la empresa vendió en América Latina. En lo que respecta a la participación de Elea Phoenix en el ensayo clínico de la vacuna Sinopharm, esta también fue exclusivamente técnica y se limitó a una parte del estudio de Fase III realizado en Argentina, como parte de una investigación más amplia a nivel internacional, según expresaron las fuentes de la defensa.
Se reiteró que Elea Phoenix no estuvo involucrada en las negociaciones entre el fabricante chino y el Estado argentino, ni en la venta o distribución de la vacuna Sinopharm. Por su rol en el ensayo clínico, recibió un honorario previamente acordado y, conforme a la defensa, no obtuvo beneficio económico alguno relacionado con las cantidades de vacunas que posteriormente adquirió Argentina.
La situación de Elea Phoenix es análoga a la presentada por Pfizer, que contrató al equipo de los doctores Fernando Polack y Gonzalo Pérez Marc, de la Fundación Infant, para llevar a cabo parte de su ensayo clínico en el Hospital Militar. En este caso, aproximadamente 3.000 personas en Argentina participaron de las 40.000 incluidas en el estudio global de Pfizer. La realización de un ensayo clínico local no convierte al laboratorio, institución o profesionales contratados en “socios locales” del laboratorio fabricante, ni les otorga derechos en cuanto a la venta posterior de la vacuna al Estado.
La defensa concluyó que “los vínculos mencionados en la investigación con Ginés González García, Pedro Cahn, Carla Vizzotti o Sonia Tarragona no justifican una intervención concreta que haya obstaculizado la compra de Pfizer, ni favorecido a AstraZeneca o Sinopharm”. Por lo tanto, la relación comercial y estratégica con Pfizer había estado vigente mucho antes del inicio de la pandemia.
A pesar de que el juez Lijo había desestimado la denuncia a finales de 2023, la Cámara Federal porteña, compuesta por los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia, revocó esa decisión en abril de 2025, ordenando reabrir y profundizar la investigación.
La denuncia original fue presentada por una serie de diputados nacionales, quienes argumentaron que “Hugo Sigman, propietario de Mabxience, se asoció con el consorcio internacional que incluye a la Universidad de Oxford y a la farmacéutica AstraZeneca, logrando un contrato significativo que el Gobierno habría abonado por anticipado, aún antes de que se entregaran las vacunas comprometidas, hasta que se formalizó la denuncia”. Sostuvieron que el acuerdo suscrito con esas compañías en octubre de 2020 contempló la compra de 11 millones de dosis de vacunas, por las cuales el Estado habría pagado el 60% del contrato de manera anticipada en noviembre de ese mismo año.
En relación con la adquisición de las vacunas de Sinopharm, los denunciantes reafirmaron que “aparecería nuevamente como denominador común la figura de Hugo Sigman”, presentando a la Justicia que el empresario, como titular de Elea, se habría asociado también con Phoenix SRL y con la Fundación Huésped, fundada por el doctor Pedro Cahn, quien se desempeñó como asesor del Poder Ejecutivo Nacional y que estaba integrado por la entonces ministra de Salud, Carla Vizzotti, con el fin de realizar las pruebas de esas vacunas y llevar a cabo su representación.
Sigman expuso que “no existe evidencia que permita vincular relaciones personales o profesionales con una maniobra concreta destinada a desplazar a Pfizer para beneficiar económicamente a AstraZeneca, Mabxience, Sinopharm o Elea Phoenix”, en el marco de su rol en la provisión de vacunas al gobierno durante el periodo crítico de 2020 y 2021. Cabe destacar que Sigman mantiene una relación personal cercana con la ex presidenta Cristina Kirchner.
El empresario realizó su declaración por videoconferencia debido a su avanzada edad (83 años) y su residencia en Madrid. Durante la indagatoria, su testimonio se centró en varios puntos relevantes, incluidos los motivos detrás de la demora en la adquisición de las vacunas de Pfizer y la compra de las dosis de Sputnik V a Rusia, así como las de Sinopharm a China. En Argentina, la pandemia de Covid-19 ha causado más de 130.000 muertes.
Ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli, Sigman argumentó que “Mabxience produjo el principio activo de la vacuna de AstraZeneca, pero no vendió vacunas al Estado argentino, ni obtuvo beneficios vinculados con la cantidad de dosis adquiridas por el país”. Además, se sostuvo que “Elea Phoenix participó técnicamente en una parte del ensayo clínico de la vacuna china Sinopharm pero no intervino en su comercialización ni obtuvo beneficios derivados de las compras que realizó el Estado”.
La defensa de Sigman adujo que “la imputación fiscal se construye sobre inferencias y una valoración fragmentaria de los hechos, sin evidencia suficiente de que haya existido una conducta con relevancia jurídico-penal. Por estas razones, debería corresponder el sobreseimiento solicitado en la causa”, aseguraron las fuentes que llevaron adelante la defensa.
El fiscal Stornelli, en su exposición, impulsó la denuncia presentada por un grupo de diputados de la oposición, acusando a la ex ministra de Salud y a otros funcionarios de haberse mostrado interesados en la compra de vacunas locales y posteriormente en la de Sputnik con el fin de obtener un beneficio propio o de un tercero, lo que podría constituir un conflicto de intereses, según se indica en los artículos 248, 249 y 265 del Código Penal.
También afirmó que durante la pandemia existió una “matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflictos de intereses” en el manejo de las compras de vacunas.
Desde mediados de 2020, el laboratorio Pfizer ofreció alrededor de 13,3 millones de dosis de su vacuna, mientras el fondo Covax, de la Organización Mundial de la Salud, ofreció otras 25 millones. Sin embargo, Stornelli señaló que los funcionarios nacionales involucrados habrían mostrado un “claro favoritismo” hacia los laboratorios locales que actuaban como “socios locales” de los fabricantes de las vacunas, autorizando su venta y desestimando a aquellos que no tenían dicha asociación.
Tres meses atrás, la ex ministra de Salud, Carla Vizzotti, había declarado ante la Justicia que no participó en la redacción de la Ley 27.573, que retrasó la compra de las vacunas de Pfizer, ni en las negociaciones relacionadas con Rusia y los laboratorios locales para adquirir las dosis de Sputnik V. Vizzotti se presentó ante el juez Lijo y el fiscal Stornelli, y aunque se negó a responder preguntas, presentó un escrito en el que rechazó las imputaciones, argumentando que la Ley 27.573 que autorizó la compra directa incluyó el concepto de negligencia que obstaculizó las negociaciones con Pfizer. Esta normativa fue impulsada por la diputada kirchnerista Cecilia Moreau.
Vizzotti, quien ocupó el cargo de ministra de Salud entre 2021 y 2023, señaló en un intento por desvincularse de la adquisición de vacunas rusas que sus responsabilidades “se circunscribieron a aspectos estrictamente sanitarios, técnicos y epidemiológicos, vinculados al análisis de la información científica disponible, la caracterización de plataformas vacunales, el análisis de criterios de eficacia, seguridad, logística de distribución y estrategias de implementación en el territorio nacional”.
Por otro lado, fuentes de la defensa de Sigman afirmaron que “AstraZeneca y la Fundación Carlos Slim emprendieron un esquema para la producción de la vacuna contra el Covid-19 a un costo accesible para los países de América Latina, como lo demuestra su precio de 4 dólares en comparación con los 12 dólares o más de otras opciones”.
“Dado que AstraZeneca no contaba con plantas propias en la región para llevar a cabo todas las etapas de producción, contrató a Mabxience, cuya planta se ubica en Garín, provincia de Buenos Aires, para la fabricación del principio activo. Para la formulación y el llenado de los viales, se contrató al laboratorio Liomont, en México”, añadieron los voceros defensores.
Aclararon que “Mabxience no vendió vacunas al Estado argentino, no participó en su comercialización, distribución o adjudicación, y tampoco tuvo injerencia en los ensayos clínicos o en el registro sanitario de la vacuna. Estas funciones y responsabilidades correspondieron a AstraZeneca”.
En este sentido, según la defensa, Mabxience no fue un “socio local” de AstraZeneca en la venta de vacunas, sino un proveedor industrial contratado con el fin específico de fabricar el principio activo. AstraZeneca contrató a Mabxience para producir un volumen determinado de principio activo destinado a aproximadamente 220 millones de dosis para América Latina. Esta contratación no estaba vinculada a la cantidad de vacunas que finalmente adquirieran Argentina o los demás países de la región.
Por lo tanto, según la defensa, Mabxience no obtiene beneficios económicos si Argentina compra más dosis de AstraZeneca, ya que su remuneración está asociada al servicio de manufactura contratado y no al volumen total de vacunas formalmente adquiridas por el Estado argentino.
Por otro lado, un informe de AstraZeneca clarifica que Argentina recibió únicamente el 9% del total de vacunas que la empresa vendió en América Latina. En lo que respecta a la participación de Elea Phoenix en el ensayo clínico de la vacuna Sinopharm, esta también fue exclusivamente técnica y se limitó a una parte del estudio de Fase III realizado en Argentina, como parte de una investigación más amplia a nivel internacional, según expresaron las fuentes de la defensa.
Se reiteró que Elea Phoenix no estuvo involucrada en las negociaciones entre el fabricante chino y el Estado argentino, ni en la venta o distribución de la vacuna Sinopharm. Por su rol en el ensayo clínico, recibió un honorario previamente acordado y, conforme a la defensa, no obtuvo beneficio económico alguno relacionado con las cantidades de vacunas que posteriormente adquirió Argentina.
La situación de Elea Phoenix es análoga a la presentada por Pfizer, que contrató al equipo de los doctores Fernando Polack y Gonzalo Pérez Marc, de la Fundación Infant, para llevar a cabo parte de su ensayo clínico en el Hospital Militar. En este caso, aproximadamente 3.000 personas en Argentina participaron de las 40.000 incluidas en el estudio global de Pfizer. La realización de un ensayo clínico local no convierte al laboratorio, institución o profesionales contratados en “socios locales” del laboratorio fabricante, ni les otorga derechos en cuanto a la venta posterior de la vacuna al Estado.
La defensa concluyó que “los vínculos mencionados en la investigación con Ginés González García, Pedro Cahn, Carla Vizzotti o Sonia Tarragona no justifican una intervención concreta que haya obstaculizado la compra de Pfizer, ni favorecido a AstraZeneca o Sinopharm”. Por lo tanto, la relación comercial y estratégica con Pfizer había estado vigente mucho antes del inicio de la pandemia.
A pesar de que el juez Lijo había desestimado la denuncia a finales de 2023, la Cámara Federal porteña, compuesta por los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia, revocó esa decisión en abril de 2025, ordenando reabrir y profundizar la investigación.
La denuncia original fue presentada por una serie de diputados nacionales, quienes argumentaron que “Hugo Sigman, propietario de Mabxience, se asoció con el consorcio internacional que incluye a la Universidad de Oxford y a la farmacéutica AstraZeneca, logrando un contrato significativo que el Gobierno habría abonado por anticipado, aún antes de que se entregaran las vacunas comprometidas, hasta que se formalizó la denuncia”. Sostuvieron que el acuerdo suscrito con esas compañías en octubre de 2020 contempló la compra de 11 millones de dosis de vacunas, por las cuales el Estado habría pagado el 60% del contrato de manera anticipada en noviembre de ese mismo año.
En relación con la adquisición de las vacunas de Sinopharm, los denunciantes reafirmaron que “aparecería nuevamente como denominador común la figura de Hugo Sigman”, presentando a la Justicia que el empresario, como titular de Elea, se habría asociado también con Phoenix SRL y con la Fundación Huésped, fundada por el doctor Pedro Cahn, quien se desempeñó como asesor del Poder Ejecutivo Nacional y que estaba integrado por la entonces ministra de Salud, Carla Vizzotti, con el fin de realizar las pruebas de esas vacunas y llevar a cabo su representación.
