Cristina Kirchner y su hijo, Máximo Kirchner, están en la recta final para recibir información sobre el desarrollo del juicio en su contra por asociación ilícita, lavado de dinero y, en el caso de la ex presidenta, también por dádivas. Este viernes se llevará a cabo una audiencia preliminar donde el Tribunal aclarará la estructura del debate oral y público. Fuentes del ámbito judicial señalaron que se admitirán alrededor de 300 testigos.
Actualmente, la exmandataria cumple condena en San José 1111 por administración fraudulenta en el marco del caso Vialidad. Desde el 6 de noviembre del año pasado, enfrenta un juicio relacionado con los Cuadernos de las Coimas, donde es la principal imputada por asociación ilícita y la recepción de sobornos en 204 ocasiones.
Por delante, Cristina se enfrenta a otro juicio por corrupción que presenta una novedad: será la primera vez que compartirá el banquillo de los acusados con su hijo, Máximo Kirchner, quien ocupa el cargo de diputado nacional.
El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) será el encargado de llevar a cabo el juicio por los casos Hotesur-Los Sauces, con la intervención del fiscal general Diego Velasco.
Para decidir la fecha de inicio del debate, el TOF 5, compuesto por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, ha convocado a una audiencia ordenatoria para el 4 de septiembre.
Desde diciembre de 2024, cuando la Corte Suprema de Justicia desestimó el último recurso presentado por Cristina Kirchner y otros imputados, el fiscal Velasco ha insistido en diversas ocasiones para que el TOF 5 fije una fecha de inicio para el juicio por los hechos de corrupción que involucran a la exmandataria.
El fiscal considera que, a pesar de que se espera la conclusión de una pericia contable sobre una de las empresas de la familia Kirchner que está siendo investigada, el juicio podría comenzar de todas formas. Luego de que el Tribunal rechazara esta premisa inicialmente, el representante del Ministerio Público apeló la decisión, la cual se encuentra ahora a consideración de la Cámara Federal de Casación Penal.
En la audiencia programada para el 4 de septiembre a las 10 de la mañana, todas las partes involucradas en el juicio -fiscalía, querellas y defensas- discutirán cómo se llevará a cabo el proceso: el número de testigos que intervendrán, la frecuencia de las audiencias durante la semana y los horarios, entre otros aspectos.
Según información extraída de fuentes judiciales, actualmente hay una solicitud total de 400 testigos. El TOF 5 admitirá 120 testigos en el expediente Los Sauces y aproximadamente 180 para Hotesur.
El Tribunal ha determinado que es esencial esperar la conclusión de una medida de prueba solicitada por los magistrados, en respuesta a un pedido de Cristina Kirchner y Lázaro Báez: la realización de una pericia contable sobre las dos empresas familiares investigadas por lavado de activos.
El juez Michilini ha argumentado que el impacto público que pueda tener este caso, en el que Cristina Kirchner es la principal acusada, no debería influir en las decisiones del Tribunal ni comprometer las garantías procesales existentes.
Acceder a lo solicitado por el fiscal podría ser un incumplimiento de las normas procesales vigentes y, potencialmente, afectar la validez de las actuaciones, lo que podría dar lugar a diversas apelaciones de las defensas.
El TOF 5 ha subrayado que prioriza el “control de legalidad del procedimiento”, asegurándose de que se cumplan rigurosamente las normativas y garantías establecidas en el marco jurídico.
El Tribunal ha decidido postergar el inicio del juicio hasta que se completen las medidas de prueba preliminares dictadas cuando la Corte Suprema, a finales de 2024, ordenó la realización del juicio para los 16 imputados.
El expediente se ha centrado en las empresas familiares Hotesur, dedicada a la hotelería, y Los Sauces, vinculada al sector inmobiliario, investigadas por ser supuestos instrumentos de lavado de 120 millones de pesos entre 2008 y 2015. Esta maniobra, según el fiscal, se habría llevado a cabo “mediante la simulación de contratos de alquiler en las áreas hotelera e inmobiliaria”.
Ambas compañías jamás tuvieron sedes comerciales. Lázaro Báez ha sido un elemento común, como arrendatario en la inmobiliaria y como gestor y explotador de los hoteles. Las acusaciones lo vinculan como una figura clave para “devolver” a los ex presidentes al menos una parte del dinero proveniente de sobreprecios en obras públicas que sus empresas habían ganado en licitaciones problemáticas en el contexto del caso Vialidad.
En este contexto de causas por lavado de dinero, se incluye otro delito: el de dádivas, dado que Cristina era funcionaria y Báez, un empresario estatal con quien mantuvo más de veinte transacciones comerciales durante el período en cuestión.
En este marco administrativo, el Tribunal ha instado nuevamente a un perito recientemente designado para que acelere la finalización de la pericia contable sobre Los Sauces SA.
Se han solicitado dos pericias contables. La primera fue entregada y sostenía que Hotesur operaría únicamente para recibir dinero de Lázaro Báez, quien administraba la firma hotelera a través de la empresa Valle Mitre, la cual recibía financiación exclusivamente de Austral Construcciones, que a su vez únicamente obtenía fondos de la obra pública durante el gobierno kirchnerista.
Hace un mes, el presidente del TOF 5, José Michilini, destituyó al perito que estaba demorando la finalización de la pericia contable sobre Los Sauces.
Ante la falta de respuesta a las distintas intimaciones hechas para que se completara el estudio técnico, el TOF 5 decidió nombrar peritos contables de la Corte Suprema, estableciendo un plazo para la entrega del informe.
Recientemente, el TOF 5 volvió a realizar una intimación para que dicha medida de prueba se entregue dentro de los plazos acordados.
En relación con los contratos comerciales entre el dueño del Grupo Austral y la familia Kirchner, tanto el fiscal Velasco como Mario Villar, fiscal ante la Casación, han señalado que “el lavado no se agota en Lázaro Báez” y que además, en este expediente, las operaciones de blanqueo se “llevaron a cabo para que el dinero llegara con apariencia de legitimidad a los titulares de las empresas Los Sauces y Hotesur, a través de contratos simulados e innecesarios”.
Así, se ha vinculado el caso Vialidad con los casos Hotesur y Los Sauces. Según el circuito señalado por el Ministerio Público Fiscal, con el desembolso inicial del Estado, “era Lázaro quien lavaba el dinero, pero posteriormente lo lograban lavar los destinatarios finales”, es decir, Cristina Kirchner y su familia.
La cronología es la siguiente: entre 2009 y julio de 2013, Lázaro Báez transfirió a la ex presidenta un total de 27.592.110 pesos mediante Valle Mitre, por la explotación del hotel Alto Calafate, la hostería Las Dunas (que pertenecía inicialmente a Báez, quien luego la vendió a los Kirchner para posteriormente alquilarla) y La Aldea de El Chaltén, construida sobre un terreno a nombre del dueño del Grupo Austral.
El alquiler del Alto Calafate significó otro ingreso significativo: entre 2010 y 2011, el 50% de lo facturado por el complejo turístico provino de seis empresas de Báez que alquilaron habitaciones y el salón del lugar. Todo en una misma caja.
A estos acuerdos se suma el alquiler de habitaciones por parte de siete empresas del Grupo Austral, lo cual garantizó ingresos por 11 millones de pesos. Muchas de estas habitaciones, además, nunca llegaron a ser ocupadas.
Los ingresos de Valle Mitre y de las otras empresas de Báez provenían de Austral Construcciones. Esta compañía, que obtenía contratos en el ámbito vial, financió a las demás empresas del grupo, que a su vez emitieron cheques a favor de los hoteles de Cristina Kirchner. El principal componente del holding aportó 70 millones de pesos a la gerenciadora de los hoteles, fondos que terminaron en el patrimonio de la ex vicepresidenta.
Actualmente, la exmandataria cumple condena en San José 1111 por administración fraudulenta en el marco del caso Vialidad. Desde el 6 de noviembre del año pasado, enfrenta un juicio relacionado con los Cuadernos de las Coimas, donde es la principal imputada por asociación ilícita y la recepción de sobornos en 204 ocasiones.
Por delante, Cristina se enfrenta a otro juicio por corrupción que presenta una novedad: será la primera vez que compartirá el banquillo de los acusados con su hijo, Máximo Kirchner, quien ocupa el cargo de diputado nacional.
El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) será el encargado de llevar a cabo el juicio por los casos Hotesur-Los Sauces, con la intervención del fiscal general Diego Velasco.
Para decidir la fecha de inicio del debate, el TOF 5, compuesto por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, ha convocado a una audiencia ordenatoria para el 4 de septiembre.
Desde diciembre de 2024, cuando la Corte Suprema de Justicia desestimó el último recurso presentado por Cristina Kirchner y otros imputados, el fiscal Velasco ha insistido en diversas ocasiones para que el TOF 5 fije una fecha de inicio para el juicio por los hechos de corrupción que involucran a la exmandataria.
El fiscal considera que, a pesar de que se espera la conclusión de una pericia contable sobre una de las empresas de la familia Kirchner que está siendo investigada, el juicio podría comenzar de todas formas. Luego de que el Tribunal rechazara esta premisa inicialmente, el representante del Ministerio Público apeló la decisión, la cual se encuentra ahora a consideración de la Cámara Federal de Casación Penal.
En la audiencia programada para el 4 de septiembre a las 10 de la mañana, todas las partes involucradas en el juicio -fiscalía, querellas y defensas- discutirán cómo se llevará a cabo el proceso: el número de testigos que intervendrán, la frecuencia de las audiencias durante la semana y los horarios, entre otros aspectos.
Según información extraída de fuentes judiciales, actualmente hay una solicitud total de 400 testigos. El TOF 5 admitirá 120 testigos en el expediente Los Sauces y aproximadamente 180 para Hotesur.
El Tribunal ha determinado que es esencial esperar la conclusión de una medida de prueba solicitada por los magistrados, en respuesta a un pedido de Cristina Kirchner y Lázaro Báez: la realización de una pericia contable sobre las dos empresas familiares investigadas por lavado de activos.
El juez Michilini ha argumentado que el impacto público que pueda tener este caso, en el que Cristina Kirchner es la principal acusada, no debería influir en las decisiones del Tribunal ni comprometer las garantías procesales existentes.
Acceder a lo solicitado por el fiscal podría ser un incumplimiento de las normas procesales vigentes y, potencialmente, afectar la validez de las actuaciones, lo que podría dar lugar a diversas apelaciones de las defensas.
El TOF 5 ha subrayado que prioriza el “control de legalidad del procedimiento”, asegurándose de que se cumplan rigurosamente las normativas y garantías establecidas en el marco jurídico.
El Tribunal ha decidido postergar el inicio del juicio hasta que se completen las medidas de prueba preliminares dictadas cuando la Corte Suprema, a finales de 2024, ordenó la realización del juicio para los 16 imputados.
El expediente se ha centrado en las empresas familiares Hotesur, dedicada a la hotelería, y Los Sauces, vinculada al sector inmobiliario, investigadas por ser supuestos instrumentos de lavado de 120 millones de pesos entre 2008 y 2015. Esta maniobra, según el fiscal, se habría llevado a cabo “mediante la simulación de contratos de alquiler en las áreas hotelera e inmobiliaria”.
Ambas compañías jamás tuvieron sedes comerciales. Lázaro Báez ha sido un elemento común, como arrendatario en la inmobiliaria y como gestor y explotador de los hoteles. Las acusaciones lo vinculan como una figura clave para “devolver” a los ex presidentes al menos una parte del dinero proveniente de sobreprecios en obras públicas que sus empresas habían ganado en licitaciones problemáticas en el contexto del caso Vialidad.
En este contexto de causas por lavado de dinero, se incluye otro delito: el de dádivas, dado que Cristina era funcionaria y Báez, un empresario estatal con quien mantuvo más de veinte transacciones comerciales durante el período en cuestión.
En este marco administrativo, el Tribunal ha instado nuevamente a un perito recientemente designado para que acelere la finalización de la pericia contable sobre Los Sauces SA.
Se han solicitado dos pericias contables. La primera fue entregada y sostenía que Hotesur operaría únicamente para recibir dinero de Lázaro Báez, quien administraba la firma hotelera a través de la empresa Valle Mitre, la cual recibía financiación exclusivamente de Austral Construcciones, que a su vez únicamente obtenía fondos de la obra pública durante el gobierno kirchnerista.
Hace un mes, el presidente del TOF 5, José Michilini, destituyó al perito que estaba demorando la finalización de la pericia contable sobre Los Sauces.
Ante la falta de respuesta a las distintas intimaciones hechas para que se completara el estudio técnico, el TOF 5 decidió nombrar peritos contables de la Corte Suprema, estableciendo un plazo para la entrega del informe.
Recientemente, el TOF 5 volvió a realizar una intimación para que dicha medida de prueba se entregue dentro de los plazos acordados.
En relación con los contratos comerciales entre el dueño del Grupo Austral y la familia Kirchner, tanto el fiscal Velasco como Mario Villar, fiscal ante la Casación, han señalado que “el lavado no se agota en Lázaro Báez” y que además, en este expediente, las operaciones de blanqueo se “llevaron a cabo para que el dinero llegara con apariencia de legitimidad a los titulares de las empresas Los Sauces y Hotesur, a través de contratos simulados e innecesarios”.
Así, se ha vinculado el caso Vialidad con los casos Hotesur y Los Sauces. Según el circuito señalado por el Ministerio Público Fiscal, con el desembolso inicial del Estado, “era Lázaro quien lavaba el dinero, pero posteriormente lo lograban lavar los destinatarios finales”, es decir, Cristina Kirchner y su familia.
La cronología es la siguiente: entre 2009 y julio de 2013, Lázaro Báez transfirió a la ex presidenta un total de 27.592.110 pesos mediante Valle Mitre, por la explotación del hotel Alto Calafate, la hostería Las Dunas (que pertenecía inicialmente a Báez, quien luego la vendió a los Kirchner para posteriormente alquilarla) y La Aldea de El Chaltén, construida sobre un terreno a nombre del dueño del Grupo Austral.
El alquiler del Alto Calafate significó otro ingreso significativo: entre 2010 y 2011, el 50% de lo facturado por el complejo turístico provino de seis empresas de Báez que alquilaron habitaciones y el salón del lugar. Todo en una misma caja.
A estos acuerdos se suma el alquiler de habitaciones por parte de siete empresas del Grupo Austral, lo cual garantizó ingresos por 11 millones de pesos. Muchas de estas habitaciones, además, nunca llegaron a ser ocupadas.
Los ingresos de Valle Mitre y de las otras empresas de Báez provenían de Austral Construcciones. Esta compañía, que obtenía contratos en el ámbito vial, financió a las demás empresas del grupo, que a su vez emitieron cheques a favor de los hoteles de Cristina Kirchner. El principal componente del holding aportó 70 millones de pesos a la gerenciadora de los hoteles, fondos que terminaron en el patrimonio de la ex vicepresidenta.
