El Gobierno ha decidido prorrogar la apertura de ofertas para la licitación que permitirá avanzar en la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), que estaba programada para este jueves. Esta extensión del plazo responde a las solicitudes de varios potenciales oferentes, quienes pidieron más tiempo para presentar la documentación requerida.
Desde AySA confirmaron que múltiples interesado manifestaron la necesidad de contar con más tiempo para la preparación de sus propuestas. Hasta el momento, no hay una nueva fecha oficial para la apertura de ofertas.
La ampliación del cronograma busca favorecer una mayor participación en la licitación y facilitar que las empresas interesadas puedan cumplir con los requisitos establecidos para competir por el control de la compañía.
El plan del Gobierno establece que el 90% del paquete accionario será privatizado, conservando el 10% restante en manos de los trabajadores. La primera fase del proceso implicará la concesión del 51% de las acciones actualmente bajo control estatal, y en una segunda etapa se prevé realizar una oferta pública inicial para colocar otro 39% de las acciones en el mercado bursátil.
El Ejecutivo aprobó a finales de abril los contratos relacionados con la concesión y transferencia de acciones. La concesión tendrá una duración de 30 años, con una posible extensión por 10 años más. Durante este período, AySA mantendrá la explotación exclusiva del servicio en el área regulada.
Previo a la licitación, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) dio su visto bueno al Plan de Acción del Primer Ciclo Tarifario de AySA para el intervalo 2027-2031. La Resolución 30, publicada en el Boletín Oficial, detalla los compromisos, inversiones, metas operativas y criterios tarifarios que regirán durante los próximos cinco años. Según la normativa, la aprobación del plan es un requisito esencial para asegurar la continuidad y regularidad del servicio público a partir del 1° de enero de 2027.
Entre los aspectos más destacados se encuentra el esquema tarifario. El ERAS determinó que el nivel tarifario actual, con un coeficiente K real de 1.877,6167, se mantendrá constante en términos reales durante todo el Primer Ciclo Tarifario. Así, no se prevén aumentos reales entre 2027 y 2031. Las futuras actualizaciones podrán alinearse con la evolución de precios estipulada en el marco regulatorio, pero no incluirán incrementos adicionales en términos reales.
El organismo también estableció la Base de Activos Regulatorios (BAR) inicial en $790.074,6 millones, cifra que representa la infraestructura e instalaciones utilizadas por AySA para proveer el servicio y que servirá como referencia para las inversiones reconocidas y la rentabilidad regulada.
El plan elaborado por el ERAS se estructura en cuatro ejes: mantenimiento, operaciones, mejoras y obras de infraestructura. Los compromisos a cumplir por la compañía durante el primer ciclo tarifario se determinarán en función de estos capítulos.
La definición del marco regulatorio busca garantizar la continuidad del servicio en el proceso de cambio de control de la empresa, que suministra agua potable y servicios de saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. Con este enfoque, el Gobierno pretende facilitar la privatización bajo un marco tarifario y operativo claramente definido para los primeros cinco años de la concesión.
Desde AySA confirmaron que múltiples interesado manifestaron la necesidad de contar con más tiempo para la preparación de sus propuestas. Hasta el momento, no hay una nueva fecha oficial para la apertura de ofertas.
La ampliación del cronograma busca favorecer una mayor participación en la licitación y facilitar que las empresas interesadas puedan cumplir con los requisitos establecidos para competir por el control de la compañía.
El plan del Gobierno establece que el 90% del paquete accionario será privatizado, conservando el 10% restante en manos de los trabajadores. La primera fase del proceso implicará la concesión del 51% de las acciones actualmente bajo control estatal, y en una segunda etapa se prevé realizar una oferta pública inicial para colocar otro 39% de las acciones en el mercado bursátil.
El Ejecutivo aprobó a finales de abril los contratos relacionados con la concesión y transferencia de acciones. La concesión tendrá una duración de 30 años, con una posible extensión por 10 años más. Durante este período, AySA mantendrá la explotación exclusiva del servicio en el área regulada.
Previo a la licitación, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) dio su visto bueno al Plan de Acción del Primer Ciclo Tarifario de AySA para el intervalo 2027-2031. La Resolución 30, publicada en el Boletín Oficial, detalla los compromisos, inversiones, metas operativas y criterios tarifarios que regirán durante los próximos cinco años. Según la normativa, la aprobación del plan es un requisito esencial para asegurar la continuidad y regularidad del servicio público a partir del 1° de enero de 2027.
Entre los aspectos más destacados se encuentra el esquema tarifario. El ERAS determinó que el nivel tarifario actual, con un coeficiente K real de 1.877,6167, se mantendrá constante en términos reales durante todo el Primer Ciclo Tarifario. Así, no se prevén aumentos reales entre 2027 y 2031. Las futuras actualizaciones podrán alinearse con la evolución de precios estipulada en el marco regulatorio, pero no incluirán incrementos adicionales en términos reales.
El organismo también estableció la Base de Activos Regulatorios (BAR) inicial en $790.074,6 millones, cifra que representa la infraestructura e instalaciones utilizadas por AySA para proveer el servicio y que servirá como referencia para las inversiones reconocidas y la rentabilidad regulada.
El plan elaborado por el ERAS se estructura en cuatro ejes: mantenimiento, operaciones, mejoras y obras de infraestructura. Los compromisos a cumplir por la compañía durante el primer ciclo tarifario se determinarán en función de estos capítulos.
La definición del marco regulatorio busca garantizar la continuidad del servicio en el proceso de cambio de control de la empresa, que suministra agua potable y servicios de saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. Con este enfoque, el Gobierno pretende facilitar la privatización bajo un marco tarifario y operativo claramente definido para los primeros cinco años de la concesión.
