El Gobierno comenzó a pagar por adelantado el compromiso de un sector de la oposición de acompañar la suspensión de las PASO. En pocas horas habilitó un acercamiento con el bloque bisagra del Senado, que puede facilitar o bloquear el avance de los proyectos. El jueves, después de una aprobación que el oficialismo demoró hasta la exasperación, el bloque de la UCR consiguió que se aprobara un régimen de promoción para pequeñas empresas que quedaron fuera del RIMI y el RIGI. La Cámara sancionó el RIIM, Régimen de Incentivo a las Inversiones Medianas, por 60 votos contra 2, los de legisladores de Santa Cruz. El proyecto fue elaborado por el jefe de la bancada radical, Eduardo Vischi. Otro proyecto impulsado por ese bloque para crear un mercado de bonos de carbono obtuvo el mismo resultado.
La coincidencia de voluntades expresa un entendimiento novedoso, anticipado la semana pasada en la Cámara de Diputados. Allí se aprobó un proyecto de financiamiento de la discapacidad, después de que el Gobierno cediera ante la oposición y aceptara casi todos sus pedidos. Fue un giro significativo, que solo se entiende como un pago anticipado por el acuerdo para eliminar las PASO, una decisión que genera diferencias en todos los bloques. Las posiciones están repartidas entre quienes quieren mantener el sistema y quienes creen que tendrían más posibilidades de avanzar sin las primarias.
El acuerdo alteró las previsiones del proyecto oficial de Presupuesto, que nunca contempló que se aprobara el financiamiento de la discapacidad en los términos reclamados por la oposición. Como resultado, el debate en Diputados sobre el proyecto de gastos y recursos para 2027 quedó paralizado. El Gobierno prefiere entrar en una zona de incertidumbre presupuestaria con tal de mantener vigente la iniciativa para eliminar las PASO. No está claro con qué objetivo: todavía no existe un plan de reelección sólido. Sin embargo, en el Gobierno creen que asociar la eliminación de las primarias con la reelección de Milei convenció a los mercados de que el objetivo es posible.
Además, el bloque radical consiguió que su partido conservara un lugar en el Consejo de la Magistratura. Según el reglamento, las dos primeras minorías, el interbloque peronista y el espacio no peronista, tendrían fuerza para ocupar las cuatro vacantes, dos cada uno.
El último paso de las negociaciones que podrían liberar un voto contra las PASO en el Senado se dio el miércoles por la tarde. El calendario electoral se acorta y exige mayor velocidad, un factor que ayuda a explicar el clima de acuerdos que se extendió entre los partidos. El entendimiento para destrabar el demorado proyecto del RIIM y reservar un lugar para los radicales en el Consejo de la Magistratura se cerró ese día, en una reunión entre José Mayans y Juliana Di Tullio, por el peronismo, y Patricia Bullrich y Eduardo “Peteco” Vischi, por el espacio no peronista.
Mayans dijo que su sector propondría para el Consejo a Wado de Pedro y Florencia López, ambos cristinistas. Luego le dijo a Patricia: “Tenés que proponer dos tipos tuyos”. Vischi intervino para plantear que quería continuar en el Consejo en representación de la UCR. Le recordaron que no puede ser reelegido en ese puesto. Patricia puso fin a la discusión: “Necesitamos a los radicales, pero vos “Peteco” no me judicialicés el tema porque nos hace daño a todos, tiene que ser otro”. Vischi aceptó que Maxi Abad podría ocupar su lugar. Si la propuesta avanza, el peronismo tendrá dos lugares, La Libertad Avanza otro, que ocuparía la fueguina María Belén Monte de Oca, y la UCR el restante, para Abad.
En el mismo encuentro también avanzó el acuerdo para que Enzo Fullone, de La Libertad Avanza y de Río Negro, presida la Comisión de Acuerdos. El puesto está vacante desde la muerte de Juan Carlos Pagotto. La neuquina Nadia Márquez aspiraba a ocuparlo, pero otro sector de Olivos respaldó a Fullone, quien acumula cargos en la Cámara: ya preside la Comisión de Biblioteca. Su llegada desató un conflicto gremial que costó resolver. La Comisión de Acuerdos interviene en la designación de jueces y, si se concreta, en la integración de la Corte Suprema; también participa en el nombramiento de un procurador general, jefe de los fiscales, y en otras decisiones que requieren mayorías especiales. No es una tarea para improvisados. Por eso, los nombramientos suelen demorarse.
Ese mismo miércoles, un grupo de dirigentes peronistas se reunió fuera del Congreso para definir la estrategia de defensa de las PASO y preparar la presentación de los cuatro candidatos presidenciales del sector, prevista para el 17 de noviembre, durante la celebración del día dedicado a la lealtad partidaria.
La reunión fue encabezada por el presidente interino del PJ, José Mayans, y participaron representantes de cuatro postulantes peronistas a la Presidencia. El grupo buscó acordar una estrategia para impedir la suspensión de las PASO y definir un mecanismo de selección que sume apoyos, en vez de restarlos, como suele ocurrir en las internas partidarias. La mesa se reunió en algún lugar de Buenos Aires y por eso Mayans no asistió al encuentro de Labor Parlamentaria en el que se organizó la sesión del jueves. Juliana Di Tullio también faltó, por asuntos personales. En su lugar, representó al interbloque peronista el puntano Fernando Salino, del monobloque Justicia Social Federal.
En la reunión de dirigentes se buscó un pacto que protegiera los intereses de cuatro precandidatos que hoy se perfilan en el peronismo: Axel Kicillof, Sergio Massa, Sergio Uñac y el radical Gerardo Zamora. También se conversó sobre la posibilidad de organizar un acto el 17 de noviembre para presentar a ese grupo. Jorge Capitanich propuso realizarlo en Chaco, con la presencia de Massa y Uñac. En esa provincia ya recibió a Kicillof y a Máximo Kirchner.
El episodio de Bolsonaro resume algunos errores habituales de la política:
Un Gobierno que incumple las leyes sobre discapacidad y universidades no va a adoptar una postura inflexible por un conflicto vecinal con Brasil. ¿Dónde quedó “el que las hace las paga” de Patricia? El punitivismo oficial resulta selectivo. En plena campaña, el episodio les ofrece un regalo a la oposición y al periodismo que sigue con interés esta historia de espías, contada por quienes la protagonizan, y que transcurre lejos, en la Triple Frontera. La Argentina, país de Saavedra Lamas y de una tradición de más de un siglo en materia de asilo, reduce la tensión.
La protección de quienes son perseguidos es uno de los aportes argentinos más relevantes a la legalidad internacional. El derecho de asilo no está reconocido universalmente como suele suponerse. En América, y en especial en la Argentina, tiene una consideración importante. El país no entrega personas sin más. La persecución política que sufrió y el criminal Plan Cóndor ayudan a explicar la protección a los perseguidos, tengan o no asilo o condición de refugiados.
Saavedra Lamas concibió el asilo como una protección humanitaria que iba más allá de lo legal cuando un fugitivo creía que lo perseguían por sus ideas. Al infante Bolsonaro lo acusan en su país de lavado de dinero, una figura que varía según la legislación de cada lugar. En la Argentina, este Gobierno aprobó dos versiones de una ley de inocencia fiscal que modifican los criterios para definir cuándo hay lavado. Las otras denuncias contra Bolsonaro se relacionan con normas electorales. Una cosa es un tránsfuga de la política y otra, un ladrón de gallinas.
La historia de Bolsonaro recibió una atención periodística desmesurada, aunque su impacto es mayor en los ánimos que en los hechos. Las relaciones personales entre los presidentes de la Argentina y Brasil no deterioran los vínculos entre los dos países. La complementariedad económica bilateral sigue un camino distinto del estado de ánimo de sus dirigentes. Depende de las políticas internas, los tipos de cambio, las medidas de protección y apertura comercial, y de un contexto internacional alterado por conflictos ante los cuales la Argentina es un espectador pasivo.
La relación entre Brasil y la Argentina arrastra tensiones desde la primera década de este siglo, cuando ambos países discutieron la apertura de los mercados. El vínculo empeoró cuando el BNDES suspendió el crédito para el soterramiento del Sarmiento (“soterramiento según una delicadeza idiomática digna de mejor causa) durante el Gobierno de Cristina de Kirchner, que buscaba acuerdos comerciales con China que irritaron a Brasilia. La relación mejoró durante la presidencia de Macri, que mantuvo buenos vínculos con Michel Temer y Jair Bolsonaro. Luego se deterioró durante los gobiernos de Bolsonaro y Alberto Fernández, con Daniel Scioli como mediador.
La imagen de Lula y Bolsonaro tampoco genera diferencias importantes entre el público argentino. La atención que los protagonistas de la política local dedican al episodio parece exagerada. Según la mayoría de las encuestas que abordaron el tema, la opinión pública argentina se divide en partes similares ante Lula. Ninguna lo presenta como muy popular ni como alguien ampliamente rechazado. Lula tiene respaldo en el peronismo y es rechazado por quienes no se identifican con ese espacio. Como bandera electoral, resulta neutral.
Es comprensible que un Gobierno débil, sin partido, legisladores, gobernadores, funcionarios ni programas propios, salvo los del PRO, se aferre a una causa como la de Bolsonaro para ganar algo de fuerza. Pero eso no cambiará su suerte, del mismo modo que la bandera de Venezuela que Macri enarboló con fines electorales antes de 2019 tampoco se la cambió. Entonces, como ahora con Lula, servía para consolidar adhesiones dentro de la propia tribu.
La coincidencia de voluntades expresa un entendimiento novedoso, anticipado la semana pasada en la Cámara de Diputados. Allí se aprobó un proyecto de financiamiento de la discapacidad, después de que el Gobierno cediera ante la oposición y aceptara casi todos sus pedidos. Fue un giro significativo, que solo se entiende como un pago anticipado por el acuerdo para eliminar las PASO, una decisión que genera diferencias en todos los bloques. Las posiciones están repartidas entre quienes quieren mantener el sistema y quienes creen que tendrían más posibilidades de avanzar sin las primarias.
El acuerdo alteró las previsiones del proyecto oficial de Presupuesto, que nunca contempló que se aprobara el financiamiento de la discapacidad en los términos reclamados por la oposición. Como resultado, el debate en Diputados sobre el proyecto de gastos y recursos para 2027 quedó paralizado. El Gobierno prefiere entrar en una zona de incertidumbre presupuestaria con tal de mantener vigente la iniciativa para eliminar las PASO. No está claro con qué objetivo: todavía no existe un plan de reelección sólido. Sin embargo, en el Gobierno creen que asociar la eliminación de las primarias con la reelección de Milei convenció a los mercados de que el objetivo es posible.
Además, el bloque radical consiguió que su partido conservara un lugar en el Consejo de la Magistratura. Según el reglamento, las dos primeras minorías, el interbloque peronista y el espacio no peronista, tendrían fuerza para ocupar las cuatro vacantes, dos cada uno.
El último paso de las negociaciones que podrían liberar un voto contra las PASO en el Senado se dio el miércoles por la tarde. El calendario electoral se acorta y exige mayor velocidad, un factor que ayuda a explicar el clima de acuerdos que se extendió entre los partidos. El entendimiento para destrabar el demorado proyecto del RIIM y reservar un lugar para los radicales en el Consejo de la Magistratura se cerró ese día, en una reunión entre José Mayans y Juliana Di Tullio, por el peronismo, y Patricia Bullrich y Eduardo “Peteco” Vischi, por el espacio no peronista.
Mayans dijo que su sector propondría para el Consejo a Wado de Pedro y Florencia López, ambos cristinistas. Luego le dijo a Patricia: “Tenés que proponer dos tipos tuyos”. Vischi intervino para plantear que quería continuar en el Consejo en representación de la UCR. Le recordaron que no puede ser reelegido en ese puesto. Patricia puso fin a la discusión: “Necesitamos a los radicales, pero vos “Peteco” no me judicialicés el tema porque nos hace daño a todos, tiene que ser otro”. Vischi aceptó que Maxi Abad podría ocupar su lugar. Si la propuesta avanza, el peronismo tendrá dos lugares, La Libertad Avanza otro, que ocuparía la fueguina María Belén Monte de Oca, y la UCR el restante, para Abad.
En el mismo encuentro también avanzó el acuerdo para que Enzo Fullone, de La Libertad Avanza y de Río Negro, presida la Comisión de Acuerdos. El puesto está vacante desde la muerte de Juan Carlos Pagotto. La neuquina Nadia Márquez aspiraba a ocuparlo, pero otro sector de Olivos respaldó a Fullone, quien acumula cargos en la Cámara: ya preside la Comisión de Biblioteca. Su llegada desató un conflicto gremial que costó resolver. La Comisión de Acuerdos interviene en la designación de jueces y, si se concreta, en la integración de la Corte Suprema; también participa en el nombramiento de un procurador general, jefe de los fiscales, y en otras decisiones que requieren mayorías especiales. No es una tarea para improvisados. Por eso, los nombramientos suelen demorarse.
Ese mismo miércoles, un grupo de dirigentes peronistas se reunió fuera del Congreso para definir la estrategia de defensa de las PASO y preparar la presentación de los cuatro candidatos presidenciales del sector, prevista para el 17 de noviembre, durante la celebración del día dedicado a la lealtad partidaria.
La reunión fue encabezada por el presidente interino del PJ, José Mayans, y participaron representantes de cuatro postulantes peronistas a la Presidencia. El grupo buscó acordar una estrategia para impedir la suspensión de las PASO y definir un mecanismo de selección que sume apoyos, en vez de restarlos, como suele ocurrir en las internas partidarias. La mesa se reunió en algún lugar de Buenos Aires y por eso Mayans no asistió al encuentro de Labor Parlamentaria en el que se organizó la sesión del jueves. Juliana Di Tullio también faltó, por asuntos personales. En su lugar, representó al interbloque peronista el puntano Fernando Salino, del monobloque Justicia Social Federal.
En la reunión de dirigentes se buscó un pacto que protegiera los intereses de cuatro precandidatos que hoy se perfilan en el peronismo: Axel Kicillof, Sergio Massa, Sergio Uñac y el radical Gerardo Zamora. También se conversó sobre la posibilidad de organizar un acto el 17 de noviembre para presentar a ese grupo. Jorge Capitanich propuso realizarlo en Chaco, con la presencia de Massa y Uñac. En esa provincia ya recibió a Kicillof y a Máximo Kirchner.
El episodio de Bolsonaro resume algunos errores habituales de la política:
Un Gobierno que incumple las leyes sobre discapacidad y universidades no va a adoptar una postura inflexible por un conflicto vecinal con Brasil. ¿Dónde quedó “el que las hace las paga” de Patricia? El punitivismo oficial resulta selectivo. En plena campaña, el episodio les ofrece un regalo a la oposición y al periodismo que sigue con interés esta historia de espías, contada por quienes la protagonizan, y que transcurre lejos, en la Triple Frontera. La Argentina, país de Saavedra Lamas y de una tradición de más de un siglo en materia de asilo, reduce la tensión.
La protección de quienes son perseguidos es uno de los aportes argentinos más relevantes a la legalidad internacional. El derecho de asilo no está reconocido universalmente como suele suponerse. En América, y en especial en la Argentina, tiene una consideración importante. El país no entrega personas sin más. La persecución política que sufrió y el criminal Plan Cóndor ayudan a explicar la protección a los perseguidos, tengan o no asilo o condición de refugiados.
Saavedra Lamas concibió el asilo como una protección humanitaria que iba más allá de lo legal cuando un fugitivo creía que lo perseguían por sus ideas. Al infante Bolsonaro lo acusan en su país de lavado de dinero, una figura que varía según la legislación de cada lugar. En la Argentina, este Gobierno aprobó dos versiones de una ley de inocencia fiscal que modifican los criterios para definir cuándo hay lavado. Las otras denuncias contra Bolsonaro se relacionan con normas electorales. Una cosa es un tránsfuga de la política y otra, un ladrón de gallinas.
La historia de Bolsonaro recibió una atención periodística desmesurada, aunque su impacto es mayor en los ánimos que en los hechos. Las relaciones personales entre los presidentes de la Argentina y Brasil no deterioran los vínculos entre los dos países. La complementariedad económica bilateral sigue un camino distinto del estado de ánimo de sus dirigentes. Depende de las políticas internas, los tipos de cambio, las medidas de protección y apertura comercial, y de un contexto internacional alterado por conflictos ante los cuales la Argentina es un espectador pasivo.
La relación entre Brasil y la Argentina arrastra tensiones desde la primera década de este siglo, cuando ambos países discutieron la apertura de los mercados. El vínculo empeoró cuando el BNDES suspendió el crédito para el soterramiento del Sarmiento (“soterramiento según una delicadeza idiomática digna de mejor causa) durante el Gobierno de Cristina de Kirchner, que buscaba acuerdos comerciales con China que irritaron a Brasilia. La relación mejoró durante la presidencia de Macri, que mantuvo buenos vínculos con Michel Temer y Jair Bolsonaro. Luego se deterioró durante los gobiernos de Bolsonaro y Alberto Fernández, con Daniel Scioli como mediador.
La imagen de Lula y Bolsonaro tampoco genera diferencias importantes entre el público argentino. La atención que los protagonistas de la política local dedican al episodio parece exagerada. Según la mayoría de las encuestas que abordaron el tema, la opinión pública argentina se divide en partes similares ante Lula. Ninguna lo presenta como muy popular ni como alguien ampliamente rechazado. Lula tiene respaldo en el peronismo y es rechazado por quienes no se identifican con ese espacio. Como bandera electoral, resulta neutral.
Es comprensible que un Gobierno débil, sin partido, legisladores, gobernadores, funcionarios ni programas propios, salvo los del PRO, se aferre a una causa como la de Bolsonaro para ganar algo de fuerza. Pero eso no cambiará su suerte, del mismo modo que la bandera de Venezuela que Macri enarboló con fines electorales antes de 2019 tampoco se la cambió. Entonces, como ahora con Lula, servía para consolidar adhesiones dentro de la propia tribu.
