El Gobierno tiene como objetivo avanzar mañana en el Senado con un conjunto de tres iniciativas, pero antes debe finalizar los acuerdos necesarios para asegurar una sesión que aún no está oficialmente convocada. La resolución se espera para hoy, a partir de las 14, cuando los líderes de los bloques se reúnan en Labor Parlamentaria para discutir la agenda y verificar si hay suficientes votos para la sesión.
El proyecto que despierta mayor atención es el de Biocombustibles, que la líder del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, pudo llevar a dictamen tras una intensa negociación con los bloques aliados y representantes de las provincias productoras.
Este acuerdo permite avanzar en el tratamiento en comisión, aunque persiste un conflicto que podría resurgir en el recinto: el régimen de biodiésel y, específicamente, la situación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) no integradas en comparación con las grandes aceiteras.
La propuesta mantiene un corte obligatorio de biodiésel del 7,5% y la posibilidad de incrementarlo al 10% un año después de su sanción. Posteriormente, las empresas no integradas tendrán un esquema de participación gradual que irá disminuyendo: 6,5% hasta fines de 2028, 5,5% en 2029, 5% en 2030 y 3% desde 2031.
El aspecto que facilitó el dictamen fue la inclusión de una garantía para el futuro. Desde 2036, el 30% del volumen del corte obligatorio será reservado para empresas no integradas, lo cual, con un corte del 10%, representa un 3% del mercado. Este porcentaje se mantendría incluso si en el futuro se aumenta el corte.
Sin embargo, el sector de las pymes considera que ese esquema es insuficiente. Su solicitud es que el 3% funcione no solo como un mínimo, sino que asegure una participación mayor y permanente que les permita competir con las grandes aceiteras integradas. Durante las negociaciones previas al dictamen, senadores aliados expresaron objeciones al porcentaje acordado.
Esta situación se convierte en un desafío significativo para el Gobierno de cara a la sesión del jueves. Algunos senadores que respaldaron el dictamen no están del todo convencidos de que la discusión esté completamente cerrada, mientras que desde el sector del bioetanol ya habían advertido que no aceptarían que el tema del biodiésel se abra unilateralmente en el recinto.
Flavia Royón, senadora vinculada a las provincias productoras de bioetanol que apoyó el acuerdo, dejó abierta la posibilidad de modificar aspectos durante el tratamiento en el recinto. “Lo relevante es que tenemos un dictamen, y que podamos debatirlo en sesión. Podrían existir modificaciones en el recinto”, afirmó.
Por el contrario, un miembro aliado al oficialismo desestimó esa posibilidad y aseguró que el texto negociado es el mejor equilibrio alcanzado.
En este sentido, los representantes del bioetanol advierten que, si se busca complicar la situación en la votación, se retirará el capítulo del biodiésel.
La disputa también tiene un componente territorial. Las pymes del biodiésel se quejan de tener que competir en el mercado obligatorio con grandes grupos aceiteros integrados que poseen ventajas estructurales al estar más cerca de las materias primas y los puertos del Gran Rosario. Buenos Aires alberga diez plantas pyme que, según el sector, producen más de 345.000 toneladas anuales y generan aproximadamente 3.500 puestos de trabajo.
Así, la situación que enfrenta Bullrich es más complicada de lo que parecía tras la firma del dictamen: necesita que el acuerdo alcanzado en comisión se mantenga hasta la votación, al mismo tiempo que debe evitar que reclamos de provincias o pymes reabran la negociación.
Si en Labor Parlamentaria se confirma que hay los números necesarios, el oficialismo intentará incluir en la agenda el traspaso de nuevas competencias de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires.
El Senado avanzó la semana pasada con los dictámenes de dos convenios firmados entre la Nación y CABA. Uno de ellos permite que la Justicia porteña asuma competencias en materia criminal y correccional de menores, y el otro corresponde al Cuarto Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales, que incluye delitos contra la integridad sexual, delitos contra el honor, y otros vinculados a la libertad y la propiedad intelectual.
Este traspaso se inscribe en el proceso de autonomía de la Ciudad. Actualmente, la Ley 24.588 establece que la Justicia Nacional ordinaria en Buenos Aires sigue bajo la esfera del Poder Judicial de la Nación, aunque permite la celebración de convenios para transferir organismos, funciones y competencias.
El tercer proyecto se conoce como la Ley Hojarasca, impulsada por el Gobierno actual. Esta iniciativa busca derogar legislación considerada obsoleta, redundante o superada por normas más recientes. La propuesta contempla la derogación de alrededor de 70 leyes y disposiciones, además de modificaciones específicas, y ya cuenta con media sanción de Diputados.
La propuesta tuvo dictamen en Diputados en abril y posteriormente fue enviada al Senado, donde fue analizada en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
Por lo tanto, la reunión de Labor Parlamentaria de este miércoles se presenta como la instancia definitoria para determinar si el Gobierno podrá materializar el acuerdo político alcanzado en las comisiones. La atención se centrará en los Biocombustibles: el oficialismo cuenta con dictamen, pero aún necesita comprobar que el compromiso respecto al biodiésel es suficiente para asegurar los votos hasta el recinto.
El proyecto que despierta mayor atención es el de Biocombustibles, que la líder del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, pudo llevar a dictamen tras una intensa negociación con los bloques aliados y representantes de las provincias productoras.
Este acuerdo permite avanzar en el tratamiento en comisión, aunque persiste un conflicto que podría resurgir en el recinto: el régimen de biodiésel y, específicamente, la situación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) no integradas en comparación con las grandes aceiteras.
La propuesta mantiene un corte obligatorio de biodiésel del 7,5% y la posibilidad de incrementarlo al 10% un año después de su sanción. Posteriormente, las empresas no integradas tendrán un esquema de participación gradual que irá disminuyendo: 6,5% hasta fines de 2028, 5,5% en 2029, 5% en 2030 y 3% desde 2031.
El aspecto que facilitó el dictamen fue la inclusión de una garantía para el futuro. Desde 2036, el 30% del volumen del corte obligatorio será reservado para empresas no integradas, lo cual, con un corte del 10%, representa un 3% del mercado. Este porcentaje se mantendría incluso si en el futuro se aumenta el corte.
Sin embargo, el sector de las pymes considera que ese esquema es insuficiente. Su solicitud es que el 3% funcione no solo como un mínimo, sino que asegure una participación mayor y permanente que les permita competir con las grandes aceiteras integradas. Durante las negociaciones previas al dictamen, senadores aliados expresaron objeciones al porcentaje acordado.
Esta situación se convierte en un desafío significativo para el Gobierno de cara a la sesión del jueves. Algunos senadores que respaldaron el dictamen no están del todo convencidos de que la discusión esté completamente cerrada, mientras que desde el sector del bioetanol ya habían advertido que no aceptarían que el tema del biodiésel se abra unilateralmente en el recinto.
Flavia Royón, senadora vinculada a las provincias productoras de bioetanol que apoyó el acuerdo, dejó abierta la posibilidad de modificar aspectos durante el tratamiento en el recinto. “Lo relevante es que tenemos un dictamen, y que podamos debatirlo en sesión. Podrían existir modificaciones en el recinto”, afirmó.
Por el contrario, un miembro aliado al oficialismo desestimó esa posibilidad y aseguró que el texto negociado es el mejor equilibrio alcanzado.
En este sentido, los representantes del bioetanol advierten que, si se busca complicar la situación en la votación, se retirará el capítulo del biodiésel.
La disputa también tiene un componente territorial. Las pymes del biodiésel se quejan de tener que competir en el mercado obligatorio con grandes grupos aceiteros integrados que poseen ventajas estructurales al estar más cerca de las materias primas y los puertos del Gran Rosario. Buenos Aires alberga diez plantas pyme que, según el sector, producen más de 345.000 toneladas anuales y generan aproximadamente 3.500 puestos de trabajo.
Así, la situación que enfrenta Bullrich es más complicada de lo que parecía tras la firma del dictamen: necesita que el acuerdo alcanzado en comisión se mantenga hasta la votación, al mismo tiempo que debe evitar que reclamos de provincias o pymes reabran la negociación.
Si en Labor Parlamentaria se confirma que hay los números necesarios, el oficialismo intentará incluir en la agenda el traspaso de nuevas competencias de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires.
El Senado avanzó la semana pasada con los dictámenes de dos convenios firmados entre la Nación y CABA. Uno de ellos permite que la Justicia porteña asuma competencias en materia criminal y correccional de menores, y el otro corresponde al Cuarto Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales, que incluye delitos contra la integridad sexual, delitos contra el honor, y otros vinculados a la libertad y la propiedad intelectual.
Este traspaso se inscribe en el proceso de autonomía de la Ciudad. Actualmente, la Ley 24.588 establece que la Justicia Nacional ordinaria en Buenos Aires sigue bajo la esfera del Poder Judicial de la Nación, aunque permite la celebración de convenios para transferir organismos, funciones y competencias.
El tercer proyecto se conoce como la Ley Hojarasca, impulsada por el Gobierno actual. Esta iniciativa busca derogar legislación considerada obsoleta, redundante o superada por normas más recientes. La propuesta contempla la derogación de alrededor de 70 leyes y disposiciones, además de modificaciones específicas, y ya cuenta con media sanción de Diputados.
La propuesta tuvo dictamen en Diputados en abril y posteriormente fue enviada al Senado, donde fue analizada en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
Por lo tanto, la reunión de Labor Parlamentaria de este miércoles se presenta como la instancia definitoria para determinar si el Gobierno podrá materializar el acuerdo político alcanzado en las comisiones. La atención se centrará en los Biocombustibles: el oficialismo cuenta con dictamen, pero aún necesita comprobar que el compromiso respecto al biodiésel es suficiente para asegurar los votos hasta el recinto.
