Al comparar el inicio de 2024 con fines de 2025, se observa una disminución ‘pronunciada’ en la pobreza, así como en menor medida en la indigencia. Sin embargo, la proporción de niños en situación de pobreza sigue siendo notablemente superior a la media general.
Actualmente, el 42,3% de los niños vive en la pobreza, en contraste con el 28,2% de la población total, lo que equivale a 5,1 millones de menores. A pesar de esta cifra elevada, más de un millón de niños han logrado salir de la pobreza en el último año.
El gobierno y el FMI celebraron el descenso de la pobreza a fines de 2025, aunque las proyecciones para el primer semestre de 2026 sugieren un aumento del 44,4% en la pobreza infantil y un incremento al 30,2% en la pobreza general, impulsados por el resurgimiento de la inflación. Según UNICEF Argentina, esto refleja la ‘fragilidad’ del panorama, con un núcleo duro de pobreza que afecta al 25% de los niños.
En cuanto a la indigencia, afecta al 9,4% de la población infantil, frente al 6,3% en la población general. Unicef Argentina destaca que “hay una sobre representación de la niñez en la pobreza monetaria”, según la afirmación de un especialista en Inclusión Social y Monitoreo del organismo.
Las estimaciones indican que la indigencia podría subir al 10,4% entre los niños y al 7,2% en la población general en el primer semestre de 2026, debido también al aumento de precios.
La pobreza se mide en el país en términos monetarios, lo que vincula la reducción de la pobreza a la contención de la inflación.
A pesar de las mejoras, persisten disparidades en las condiciones de vida de quienes viven en pobreza. Tener empleo no asegura necesariamente salir de este estado, incluso en el caso de trabajos formales, subraya el analista. Un 21,5% de los niños son considerados pobres en hogares liderados por asalariados formales.
Cuando los ingresos son proporcionados por mujeres, la pobreza infantil asciende al 52%, mientras que en hogares comandados por hombres se sitúa en el 37%. Esta diferencia se debe a las brechas salariales y las políticas de cuidado.
Las transferencias de ingresos han contribuido a mantener el nivel de pobreza infantil, puesto que, sin ello, se estima que esta podría haber sido 6 puntos porcentuales más alta. La asignación universal por hijo (AUH) ha sido una de las pocas medidas sociales que el Gobierno no ha recortado.
El especialista propuso “generar mecanismos de movilidad automática para todas las prestaciones de ingresos y no solo para la asistencia alimentaria”.
Por otro lado, el Presupuesto nacional para niñez ha sido redistribuido hacia políticas de ingresos, pero ha disminuido el porcentaje destinado al ámbito educativo. En los años 2024 y 2025, se registró un ajuste del 5,4% del PBI en las políticas dirigidas a la infancia, y para 2026 se prevé un ajuste adicional del 1,9% del PBI, en medio de pronósticos de un recorte del 16% si no se actualizan las partidas. Este presupuesto fue formulado con proyecciones de inflación que han resultado ser muy bajas, fijándose en un 10,1% para el presente año.
Las políticas de actualizaciones automáticas han experimentado un aumento del 4% en 2025, mientras que la asistencia alimentaria ha registrado una reducción real del 15% por la falta de dicha actualización automática. Se anticipa que los créditos vigentes se ajusten, en lo que el FMI establece como un aspecto a proteger ante el ajuste, “sosteniendo la protección de los más vulnerables”.
Se ha indicado que algunas partidas destinadas a políticas relacionadas con la infancia, como salud y educación, muestran una baja ejecución hasta el momento.
UNICEF ha realizado un análisis para abordar la pobreza desde una perspectiva no monetaria, considerando otras privaciones. En este marco, se evidenció un estancamiento desde 2020, con factores que carecen de los ciclos ligados a lo macroeconómico, señala un especialista al relacionar esta medición con el acceso a salud, nutrición, educación y derechos.
Cuatro de cada diez niños enfrenta al menos una privación no monetaria. “La interrogante es si la disminución debería ser más contundente”, consideró el especialista.
En la revisión del Presupuesto 2026, se aprecian reducciones en los cuatro pilares de acceso a derechos, salvo en Salud, que se ha beneficiado de la compra de vacunas.
Al combinar los datos monetarios con las privaciones relacionadas con los derechos, se encuentra que un 40% de la población infantil no es considerada pobre ni carece de derechos; sin embargo, un 25% vive simultáneamente en pobreza e iniquidad en el acceso a alguno de estos derechos, lo cual evidencia una pobreza estructural que demanda una atención más significativa.
El 75% de las familias con niños han requerido de ayuda, recurrido al endeudamiento o a la venta de bienes para afrontar los gastos diarios. “No estamos analizando los datos de mora, sino solo las estrategias”, aclaró el especialista.
Rafael Ramírez Mesec, representante de UNICEF Argentina, resumió la situación al señalar que aunque ha disminuido la cantidad de niños en pobreza, el contexto sigue siendo delicado. “Las transferencias continúan jugando un papel fundamental. Estamos, ojalá, al final del proceso de ajuste. Es crucial que se mantenga el nivel de protección con movilidad automática, ya que esto es útil cuando la inflación supera las previsiones”, agregó.
Advirtió que la fragilidad indica una posible reversión de la tendencia a la baja de la pobreza después de tres semestres, ya que el poder de protección de las ayudas ha disminuido frente al aumento de la inflación.
Las privaciones no monetarias también reflejan restricciones, pero suscitan inquietud sobre la ‘estabilidad’, pues son aspectos que requieren atención. “El país debería realizar una encuesta sobre condiciones de vida”, sugirió Ramírez Mesec.
La débil ejecución del Presupuesto también se inscribe entre las áreas de preocupación destacadas por el organismo de Naciones Unidas. El 60% del gasto en salud y educación se encuentra supeditado a las jurisdicciones provinciales, lo que plantea el desafío de evaluar cómo se mantiene esa cobertura, reconoció Ramírez Mesec. Este impacto también se da en un contexto de disminución de transferencias hacia las provincias.
El funcionario del organismo subrayó el diálogo constante con el Gobierno. En relación a la ejecución del financiamiento internacional que recibe Argentina a través de diferentes entidades, Ramírez explicó que se trabaja junto al Gobierno para asegurar la pertinencia de los créditos y evitar la subejecución de estos recursos.
Además, se mantiene una alianza con CAF, bajo el marco de Banco Futuro, para facilitar financiamiento enfocado en la infancia. “Nos estamos comunicando con las provincias para identificar formas innovadoras de financiación”, concluyó Ramírez.
Actualmente, el 42,3% de los niños vive en la pobreza, en contraste con el 28,2% de la población total, lo que equivale a 5,1 millones de menores. A pesar de esta cifra elevada, más de un millón de niños han logrado salir de la pobreza en el último año.
El gobierno y el FMI celebraron el descenso de la pobreza a fines de 2025, aunque las proyecciones para el primer semestre de 2026 sugieren un aumento del 44,4% en la pobreza infantil y un incremento al 30,2% en la pobreza general, impulsados por el resurgimiento de la inflación. Según UNICEF Argentina, esto refleja la ‘fragilidad’ del panorama, con un núcleo duro de pobreza que afecta al 25% de los niños.
En cuanto a la indigencia, afecta al 9,4% de la población infantil, frente al 6,3% en la población general. Unicef Argentina destaca que “hay una sobre representación de la niñez en la pobreza monetaria”, según la afirmación de un especialista en Inclusión Social y Monitoreo del organismo.
Las estimaciones indican que la indigencia podría subir al 10,4% entre los niños y al 7,2% en la población general en el primer semestre de 2026, debido también al aumento de precios.
La pobreza se mide en el país en términos monetarios, lo que vincula la reducción de la pobreza a la contención de la inflación.
A pesar de las mejoras, persisten disparidades en las condiciones de vida de quienes viven en pobreza. Tener empleo no asegura necesariamente salir de este estado, incluso en el caso de trabajos formales, subraya el analista. Un 21,5% de los niños son considerados pobres en hogares liderados por asalariados formales.
Cuando los ingresos son proporcionados por mujeres, la pobreza infantil asciende al 52%, mientras que en hogares comandados por hombres se sitúa en el 37%. Esta diferencia se debe a las brechas salariales y las políticas de cuidado.
Las transferencias de ingresos han contribuido a mantener el nivel de pobreza infantil, puesto que, sin ello, se estima que esta podría haber sido 6 puntos porcentuales más alta. La asignación universal por hijo (AUH) ha sido una de las pocas medidas sociales que el Gobierno no ha recortado.
El especialista propuso “generar mecanismos de movilidad automática para todas las prestaciones de ingresos y no solo para la asistencia alimentaria”.
Por otro lado, el Presupuesto nacional para niñez ha sido redistribuido hacia políticas de ingresos, pero ha disminuido el porcentaje destinado al ámbito educativo. En los años 2024 y 2025, se registró un ajuste del 5,4% del PBI en las políticas dirigidas a la infancia, y para 2026 se prevé un ajuste adicional del 1,9% del PBI, en medio de pronósticos de un recorte del 16% si no se actualizan las partidas. Este presupuesto fue formulado con proyecciones de inflación que han resultado ser muy bajas, fijándose en un 10,1% para el presente año.
Las políticas de actualizaciones automáticas han experimentado un aumento del 4% en 2025, mientras que la asistencia alimentaria ha registrado una reducción real del 15% por la falta de dicha actualización automática. Se anticipa que los créditos vigentes se ajusten, en lo que el FMI establece como un aspecto a proteger ante el ajuste, “sosteniendo la protección de los más vulnerables”.
Se ha indicado que algunas partidas destinadas a políticas relacionadas con la infancia, como salud y educación, muestran una baja ejecución hasta el momento.
UNICEF ha realizado un análisis para abordar la pobreza desde una perspectiva no monetaria, considerando otras privaciones. En este marco, se evidenció un estancamiento desde 2020, con factores que carecen de los ciclos ligados a lo macroeconómico, señala un especialista al relacionar esta medición con el acceso a salud, nutrición, educación y derechos.
Cuatro de cada diez niños enfrenta al menos una privación no monetaria. “La interrogante es si la disminución debería ser más contundente”, consideró el especialista.
En la revisión del Presupuesto 2026, se aprecian reducciones en los cuatro pilares de acceso a derechos, salvo en Salud, que se ha beneficiado de la compra de vacunas.
Al combinar los datos monetarios con las privaciones relacionadas con los derechos, se encuentra que un 40% de la población infantil no es considerada pobre ni carece de derechos; sin embargo, un 25% vive simultáneamente en pobreza e iniquidad en el acceso a alguno de estos derechos, lo cual evidencia una pobreza estructural que demanda una atención más significativa.
El 75% de las familias con niños han requerido de ayuda, recurrido al endeudamiento o a la venta de bienes para afrontar los gastos diarios. “No estamos analizando los datos de mora, sino solo las estrategias”, aclaró el especialista.
Rafael Ramírez Mesec, representante de UNICEF Argentina, resumió la situación al señalar que aunque ha disminuido la cantidad de niños en pobreza, el contexto sigue siendo delicado. “Las transferencias continúan jugando un papel fundamental. Estamos, ojalá, al final del proceso de ajuste. Es crucial que se mantenga el nivel de protección con movilidad automática, ya que esto es útil cuando la inflación supera las previsiones”, agregó.
Advirtió que la fragilidad indica una posible reversión de la tendencia a la baja de la pobreza después de tres semestres, ya que el poder de protección de las ayudas ha disminuido frente al aumento de la inflación.
Las privaciones no monetarias también reflejan restricciones, pero suscitan inquietud sobre la ‘estabilidad’, pues son aspectos que requieren atención. “El país debería realizar una encuesta sobre condiciones de vida”, sugirió Ramírez Mesec.
La débil ejecución del Presupuesto también se inscribe entre las áreas de preocupación destacadas por el organismo de Naciones Unidas. El 60% del gasto en salud y educación se encuentra supeditado a las jurisdicciones provinciales, lo que plantea el desafío de evaluar cómo se mantiene esa cobertura, reconoció Ramírez Mesec. Este impacto también se da en un contexto de disminución de transferencias hacia las provincias.
El funcionario del organismo subrayó el diálogo constante con el Gobierno. En relación a la ejecución del financiamiento internacional que recibe Argentina a través de diferentes entidades, Ramírez explicó que se trabaja junto al Gobierno para asegurar la pertinencia de los créditos y evitar la subejecución de estos recursos.
Además, se mantiene una alianza con CAF, bajo el marco de Banco Futuro, para facilitar financiamiento enfocado en la infancia. “Nos estamos comunicando con las provincias para identificar formas innovadoras de financiación”, concluyó Ramírez.
