Un incremento del 119% en su patrimonio ha llevado a detectar números inconsistentes y cifras carentes de sustento documental en la declaración de Manuel Adorni. La falta de respaldo para la tenencia de dólares genera una serie de interrogantes que, según la Justicia federal, superan a las certezas. Por esta razón, el fiscal federal Gerardo Pollicita firmó un requerimiento de justificación, un paso previo a la indagatoria. Será el juez Ariel Lijo quien se encargue de notificar al ex funcionario, quien tendrá un plazo de 15 días para abordar 20 puntos clave de su fortuna.
A las 10:20, el juez Lijo notificó formalmente a Adorni, iniciando así el conteo del tiempo estipulado por el Código Penal para presentar explicaciones por escrito sobre su patrimonio.
La decisión de renunciar a su cargo como Jefe de Gabinete no exime a Adorni de comparecer ante la Justicia federal para aclarar las dudas que emergen no solo de su más reciente declaración del período fiscal 2025, sino también de todas las rectificaciones que realizó respecto a la cantidad de bienes, su valor y los dólares que utilizó para justificar el aumento de su patrimonio.
Ante la Oficina Anticorrupción (OA) y en el marco de la pesquisa por presunto enriquecimiento ilícito, Adorni presentó una declaración jurada anticipada, que para el fiscal Pollicita suscitó más interrogantes que respuestas. Este hecho, junto a una serie de declaraciones testimoniales, alimentó las dudas sobre su patrimonio.
El requerimiento de justificación que firmó Pollicita se basa en un informe elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), que examinó los ingresos y egresos tanto de Adorni como de su esposa, Bettina Angeletti.
Las inconsistencias halladas llevaron al fiscal a solicitar que el ex funcionario aclare su patrimonio. Los 20 puntos que Adorni deberá explicar han sido detallados en un dictamen que, según el fiscal, es el resultado de un análisis exhaustivo de la evidencia recopilada, incluida la evaluación técnica de la SIFRAI-DAFI y las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales, tanto públicas como reservadas.
La solicitud implica que Adorni justifique la procedencia del aumento patrimonial registrado, tanto a título personal como a través de su cónyuge, durante el período que abarca desde su ingreso a la función pública el 14 de diciembre de 2023 hasta su renuncia el 27 de junio de 2026.
El requerimiento, al que tuvo acceso el público, menciona claramente incrementos, adquisiciones y desembolsos que, al ser confrontados con los ingresos lícitos comprobados del núcleo familiar, no tienen hasta ahora una explicación satisfactoria.
El fiscal destacó que durante el período señalado, Adorni recibió un total de 35 haberes por su desempeño, sumados a los correspondientes a ingresos verificables de su cónyuge. Sin embargo, frente a estos recursos, que totalizan $ 229.752.283,20, el grupo familiar afrontó gastos que suman $ 272.820.832,20, lo que genera un desbalance de $ 43.068.549 en moneda nacional.
Respecto a las divisas, que no cuentan con justificación en los ingresos comprobados y se destinaron, entre otros gastos –viajes y alquileres– a la compra de un lote en el Country Indio Cuá, así como a su remodelación y a la adquisición de un departamento, se estima que el total desembolsado asciende a 402.578,12 dólares.
Este desajuste es uno de los aspectos que el fiscal Pollicita considera debe ser esclarecido. Además, se deben justificar las tenencias de dólares declaradas, así como el origen de las divisas utilizadas en diversas erogaciones, incluyendo viajes al exterior.
Adicionalmente, entre los elementos que deberán ser clarificados en el plazo de 15 días se incluyen las fuentes de financiamiento mencionadas, como mutuos atribuidos a familiares cuyas condiciones no están documentadas, y las deudas informadas en su declaración inicial con el Banco Galicia que fueron omitidas en versiones posteriores.
Se observa también la falta de presentación a tiempo de los Anexos Reservados de su cónyuge, así como la disparidad en los gastos reportados, que pasaron de ser nulos a un aumento aproximado del 119% a finales del período considerado.
Adorni presentó 22 documentos para rectificar varios ítems no declarados que resultaban en un patrimonio inferior al real. Un análisis de las cifras muestra que en 2023 se registró un patrimonio de $ 61.018.251, que en 2024 fue declarado en $ 107.894.811, valores que ya no aparecen en el sistema tras las modificaciones.
La base de su última declaración jurada, correspondiente a su patrimonio al 31 de diciembre de 2025, reporta un total de 944.575.052 pesos. Esta fortuna es objeto de cuestionamientos por parte del fiscal, quien ha solicitado a la DAFI un informe sobre la evolución patrimonial y financiera de Adorni y su esposa.
Finalmente, se menciona la necesidad de determinar la congruencia del origen de fondos aplicados en las mejoras a sus propiedades, las diferencias en la declaración de un inmueble entre él y su cónyuge, así como ingresos exentos, herencias y donaciones que se alegan como explicaciones para el incremento patrimonial. Adorni también deberá justificar la operativa con criptoactivos, sin haberlos declarado ante la Oficina Anticorrupción.
A las 10:20, el juez Lijo notificó formalmente a Adorni, iniciando así el conteo del tiempo estipulado por el Código Penal para presentar explicaciones por escrito sobre su patrimonio.
La decisión de renunciar a su cargo como Jefe de Gabinete no exime a Adorni de comparecer ante la Justicia federal para aclarar las dudas que emergen no solo de su más reciente declaración del período fiscal 2025, sino también de todas las rectificaciones que realizó respecto a la cantidad de bienes, su valor y los dólares que utilizó para justificar el aumento de su patrimonio.
Ante la Oficina Anticorrupción (OA) y en el marco de la pesquisa por presunto enriquecimiento ilícito, Adorni presentó una declaración jurada anticipada, que para el fiscal Pollicita suscitó más interrogantes que respuestas. Este hecho, junto a una serie de declaraciones testimoniales, alimentó las dudas sobre su patrimonio.
El requerimiento de justificación que firmó Pollicita se basa en un informe elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), que examinó los ingresos y egresos tanto de Adorni como de su esposa, Bettina Angeletti.
Las inconsistencias halladas llevaron al fiscal a solicitar que el ex funcionario aclare su patrimonio. Los 20 puntos que Adorni deberá explicar han sido detallados en un dictamen que, según el fiscal, es el resultado de un análisis exhaustivo de la evidencia recopilada, incluida la evaluación técnica de la SIFRAI-DAFI y las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales, tanto públicas como reservadas.
La solicitud implica que Adorni justifique la procedencia del aumento patrimonial registrado, tanto a título personal como a través de su cónyuge, durante el período que abarca desde su ingreso a la función pública el 14 de diciembre de 2023 hasta su renuncia el 27 de junio de 2026.
El requerimiento, al que tuvo acceso el público, menciona claramente incrementos, adquisiciones y desembolsos que, al ser confrontados con los ingresos lícitos comprobados del núcleo familiar, no tienen hasta ahora una explicación satisfactoria.
El fiscal destacó que durante el período señalado, Adorni recibió un total de 35 haberes por su desempeño, sumados a los correspondientes a ingresos verificables de su cónyuge. Sin embargo, frente a estos recursos, que totalizan $ 229.752.283,20, el grupo familiar afrontó gastos que suman $ 272.820.832,20, lo que genera un desbalance de $ 43.068.549 en moneda nacional.
Respecto a las divisas, que no cuentan con justificación en los ingresos comprobados y se destinaron, entre otros gastos –viajes y alquileres– a la compra de un lote en el Country Indio Cuá, así como a su remodelación y a la adquisición de un departamento, se estima que el total desembolsado asciende a 402.578,12 dólares.
Este desajuste es uno de los aspectos que el fiscal Pollicita considera debe ser esclarecido. Además, se deben justificar las tenencias de dólares declaradas, así como el origen de las divisas utilizadas en diversas erogaciones, incluyendo viajes al exterior.
Adicionalmente, entre los elementos que deberán ser clarificados en el plazo de 15 días se incluyen las fuentes de financiamiento mencionadas, como mutuos atribuidos a familiares cuyas condiciones no están documentadas, y las deudas informadas en su declaración inicial con el Banco Galicia que fueron omitidas en versiones posteriores.
Se observa también la falta de presentación a tiempo de los Anexos Reservados de su cónyuge, así como la disparidad en los gastos reportados, que pasaron de ser nulos a un aumento aproximado del 119% a finales del período considerado.
Adorni presentó 22 documentos para rectificar varios ítems no declarados que resultaban en un patrimonio inferior al real. Un análisis de las cifras muestra que en 2023 se registró un patrimonio de $ 61.018.251, que en 2024 fue declarado en $ 107.894.811, valores que ya no aparecen en el sistema tras las modificaciones.
La base de su última declaración jurada, correspondiente a su patrimonio al 31 de diciembre de 2025, reporta un total de 944.575.052 pesos. Esta fortuna es objeto de cuestionamientos por parte del fiscal, quien ha solicitado a la DAFI un informe sobre la evolución patrimonial y financiera de Adorni y su esposa.
Finalmente, se menciona la necesidad de determinar la congruencia del origen de fondos aplicados en las mejoras a sus propiedades, las diferencias en la declaración de un inmueble entre él y su cónyuge, así como ingresos exentos, herencias y donaciones que se alegan como explicaciones para el incremento patrimonial. Adorni también deberá justificar la operativa con criptoactivos, sin haberlos declarado ante la Oficina Anticorrupción.
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