El Gobierno y las empresas han decidido unirse en la lucha contra el contrabando, una medida que responde a un reclamo histórico de diversas cámaras que han advertido sobre la gravedad de este problema. Se estima que Argentina pierde alrededor de 2.500 millones de dólares en impuestos debido a esta actividad ilícita, que se ha desplazado del ámbito físico al digital.
“Por la naturaleza propia del contrabando –una actividad ilícita que se presenta en diferentes escalas y puntos del territorio nacional– es prácticamente imposible hacer mediciones precisas sobre el monto y la pérdida de recaudación impositiva que genera”, comentó el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Natalio Mario Grinman.
Sin embargo, Grinman precisó que “las estimaciones disponibles evidencian un impacto fiscal que oscila entre 2.000 y 2.500 millones de dólares”. Acerca del acuerdo firmado, subrayó que “consideramos que es una iniciativa positiva para combatir la venta ilegal por medios digitales”.
“Es sobre esta valoración que desde la CAC nos unimos a la convocatoria hecha por las autoridades nacionales”, agregó. En este contexto, enfatizó que “dada la magnitud y la complejidad del comercio ilegal, se requiere de acciones en múltiples frentes”, los cuales incluyen el control fronterizo, la lucha contra la venta callejera y las redes de comercialización ilegales.
“Para lograrlo, es fundamental implementar acciones decididas y coordinadas entre los distintos niveles del Estado. Desde la CAC estamos completamente disponibles para colaborar en lo que esté a nuestro alcance para avanzar hacia ese objetivo”, afirmó.
La Secretaría de Industria, Comercio y PyME firmó este lunes acuerdos marco con las principales cámaras del comercio, con el propósito de facilitar el intercambio de información sobre productos comercializados en plataformas digitales. Esto busca detectar la oferta de productos ingresados al país de forma ilegal, y varias empresas y tiendas virtuales se han sumado mediante acuerdos específicos.
Están involucradas la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y la Unión Industrial Argentina (UIA). Desde el ámbito de las plataformas, han firmado Mercado Libre, Meta (para Facebook e Instagram), Frávega y Cetrogar.
En el comercio agéntico, el usuario delega en la inteligencia artificial la decisión sobre qué comprar, dónde hacerlo y cuánto pagar.
“Las plataformas firmantes proporcionarán información sobre los principales oferentes de productos en categorías sensibles. El Estado Nacional, a través de ARCA, cruzará los datos para identificar inconsistencias e indicios de posibles irregularidades en la comercialización”, se comunicó oficialmente. Además, se indicó que la empresa Meta eliminará los sitios denunciados en sus plataformas.
La Secretaría de Industria anunció que, “en caso de ser pertinente, se procederá conforme al Protocolo de Vigilancia de Mercado aprobado por la Resolución 56/2026, que asegura que los productos y servicios que se comercializan en el país cumplan con las normas de seguridad, calidad e información vigentes”. “Los procedimientos pueden derivar en el retiro de productos del mercado, el cese de su comercialización y la intervención judicial si corresponde”, advierte el comunicado.
Asimismo, las plataformas se comprometen a llevar a cabo campañas de comunicación dirigidas a sus vendedores y proveedores para reforzar el conocimiento de las obligaciones vigentes, especialmente en lo que respecta al origen de los productos ofrecidos.
Industrias como la textil han denunciado que el contrabando de indumentaria ha alcanzado niveles tan altos que ha logrado una considerable participación en las ventas, particularmente en espacios conocidos como “saladas”, donde también se verifica el fraude marcario.
Se señala que otros sectores afectados por el ingreso ilegal son el de electrónicos, cigarrillos y bebidas alcohólicas, siendo la cerveza el producto que comúnmente ingresa desde la frontera norte.
Los esfuerzos realizados por la Ciudad de Buenos Aires para contener la actividad de manteros y puestos callejeros han llevado a que el comercio de mercadería contrabandeada se desplace hacia las redes y los denominados “Market Places”.
Así, las estadísticas de la CAC sobre la venta ilegal callejera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires muestran una disminución de la actividad en el “mundo real”.
“Durante agosto de 2026, se detectaron 99 puestos de venta ilegal callejera en las áreas monitoreadas por la CAC en CABA. Esto representa una caída del 38,1% en comparación con agosto de 2025. En relación a la medición anterior (julio de 2026), hubo una baja de 11,6%”, señala el último informe de la entidad.
Recientemente, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó el régimen de comercio fronterizo, que establece una franquicia de 150 dólares por persona diaria. Esto busca que las compras sean habituales para uso doméstico.
No obstante, se limita el volumen de los bultos para evitar que se utilicen esos espacios como fachada para el traslado de mercaderías destinadas a uso industrial y comercial. Se prohibirá la venta de granos y productos envasados que superen los 10 kilogramos o su equivalente en volumen. Aunque la medida estaba prevista para entrar en vigor el 10 de octubre, su implementación ha sido postergada por 120 días.
“Por la naturaleza propia del contrabando –una actividad ilícita que se presenta en diferentes escalas y puntos del territorio nacional– es prácticamente imposible hacer mediciones precisas sobre el monto y la pérdida de recaudación impositiva que genera”, comentó el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Natalio Mario Grinman.
Sin embargo, Grinman precisó que “las estimaciones disponibles evidencian un impacto fiscal que oscila entre 2.000 y 2.500 millones de dólares”. Acerca del acuerdo firmado, subrayó que “consideramos que es una iniciativa positiva para combatir la venta ilegal por medios digitales”.
“Es sobre esta valoración que desde la CAC nos unimos a la convocatoria hecha por las autoridades nacionales”, agregó. En este contexto, enfatizó que “dada la magnitud y la complejidad del comercio ilegal, se requiere de acciones en múltiples frentes”, los cuales incluyen el control fronterizo, la lucha contra la venta callejera y las redes de comercialización ilegales.
“Para lograrlo, es fundamental implementar acciones decididas y coordinadas entre los distintos niveles del Estado. Desde la CAC estamos completamente disponibles para colaborar en lo que esté a nuestro alcance para avanzar hacia ese objetivo”, afirmó.
La Secretaría de Industria, Comercio y PyME firmó este lunes acuerdos marco con las principales cámaras del comercio, con el propósito de facilitar el intercambio de información sobre productos comercializados en plataformas digitales. Esto busca detectar la oferta de productos ingresados al país de forma ilegal, y varias empresas y tiendas virtuales se han sumado mediante acuerdos específicos.
Están involucradas la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y la Unión Industrial Argentina (UIA). Desde el ámbito de las plataformas, han firmado Mercado Libre, Meta (para Facebook e Instagram), Frávega y Cetrogar.
En el comercio agéntico, el usuario delega en la inteligencia artificial la decisión sobre qué comprar, dónde hacerlo y cuánto pagar.
“Las plataformas firmantes proporcionarán información sobre los principales oferentes de productos en categorías sensibles. El Estado Nacional, a través de ARCA, cruzará los datos para identificar inconsistencias e indicios de posibles irregularidades en la comercialización”, se comunicó oficialmente. Además, se indicó que la empresa Meta eliminará los sitios denunciados en sus plataformas.
La Secretaría de Industria anunció que, “en caso de ser pertinente, se procederá conforme al Protocolo de Vigilancia de Mercado aprobado por la Resolución 56/2026, que asegura que los productos y servicios que se comercializan en el país cumplan con las normas de seguridad, calidad e información vigentes”. “Los procedimientos pueden derivar en el retiro de productos del mercado, el cese de su comercialización y la intervención judicial si corresponde”, advierte el comunicado.
Asimismo, las plataformas se comprometen a llevar a cabo campañas de comunicación dirigidas a sus vendedores y proveedores para reforzar el conocimiento de las obligaciones vigentes, especialmente en lo que respecta al origen de los productos ofrecidos.
Industrias como la textil han denunciado que el contrabando de indumentaria ha alcanzado niveles tan altos que ha logrado una considerable participación en las ventas, particularmente en espacios conocidos como “saladas”, donde también se verifica el fraude marcario.
Se señala que otros sectores afectados por el ingreso ilegal son el de electrónicos, cigarrillos y bebidas alcohólicas, siendo la cerveza el producto que comúnmente ingresa desde la frontera norte.
Los esfuerzos realizados por la Ciudad de Buenos Aires para contener la actividad de manteros y puestos callejeros han llevado a que el comercio de mercadería contrabandeada se desplace hacia las redes y los denominados “Market Places”.
Así, las estadísticas de la CAC sobre la venta ilegal callejera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires muestran una disminución de la actividad en el “mundo real”.
“Durante agosto de 2026, se detectaron 99 puestos de venta ilegal callejera en las áreas monitoreadas por la CAC en CABA. Esto representa una caída del 38,1% en comparación con agosto de 2025. En relación a la medición anterior (julio de 2026), hubo una baja de 11,6%”, señala el último informe de la entidad.
Recientemente, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó el régimen de comercio fronterizo, que establece una franquicia de 150 dólares por persona diaria. Esto busca que las compras sean habituales para uso doméstico.
No obstante, se limita el volumen de los bultos para evitar que se utilicen esos espacios como fachada para el traslado de mercaderías destinadas a uso industrial y comercial. Se prohibirá la venta de granos y productos envasados que superen los 10 kilogramos o su equivalente en volumen. Aunque la medida estaba prevista para entrar en vigor el 10 de octubre, su implementación ha sido postergada por 120 días.
