La compañía de maquinaria agrícola Metalfor ha iniciado un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante el Ministerio de Trabajo de Córdoba debido a la demora en el pago de salarios a sus 600 empleados. Esta firma, ubicada en Marcos Juárez en el sudeste de la provincia, había recibido recientemente un financiamiento de 50 millones de dólares del banco de desarrollo del gobierno estadounidense.
Metalfor deberá entablar negociaciones con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) para revisar las condiciones laborales mientras enfrenta una creciente deuda salarial. El PPC permite un diálogo tripartito entre la empresa, el sindicato y el Estado, con el objetivo de prevenir despidos o suspensiones masivas.
Este recurso, regulado por la Secretaría de Trabajo, permite a las empresas que presentan dificultades económicas reducir costos laborales a través de ajustes en sus convenios colectivos, lo que puede incluir suspensiones o despidos.
La decisión de abrir el procedimiento ocurre en un contexto financiero adverso para la firma. Datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) indican que Metalfor debe a 23 entidades bancarias alrededor de 52.000 millones de pesos, de los cuales aproximadamente 22.000 millones están clasificados en categorías de alto riesgo de insolvencia. Además, la compañía cuenta con 558 cheques rechazados por un total de 5.348 millones de pesos, habiendo saldado apenas el 11% de esa deuda.
Pese a esta situación, Metalfor se mantuvo en la categoría de menor riesgo hasta mayo de 2025, luego pasó a Situación 2 entre agosto y noviembre de ese año, y alcanzó la Situación 3 entre marzo y abril de 2026.
La crisis se refleja también en su producción, que opera al 50% de su capacidad instalada en las dos plantas de Marcos Juárez y otra en Noetinger, así como en Paraná, Brasil. Los datos del primer trimestre de 2026 revelan que las ventas cayeron casi a la mitad en comparación con el mismo período del año anterior: 56 unidades frente a 116. La producción siguió esa misma línea, con solo 38 máquinas fabricadas en lugar de las 86 del año anterior.
El panorama del sector tampoco favorece una rápida recuperación. La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) reportó que en mayo de 2026 se patentaron 710 unidades de cosechadoras, tractores y pulverizadoras, lo que representa una caída del 16,8% frente a las 853 del mismo mes de 2025. En total, durante los primeros cinco meses del año, se registraron 2.823 unidades, un 1,3% menos que las 2.861 del mismo periodo del año anterior.
A finales del año pasado, Metalfor se convirtió en la primera empresa argentina en recibir financiamiento de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) en más de seis años, con un préstamo de 50 millones de dólares a ocho años, con un periodo de gracia de dos años.
Según se conoció en febrero de 2026, este crédito formó parte de la reactivación del vínculo financiero entre Estados Unidos y Argentina tras un acuerdo comercial bilateral, y fue interpretado como un indicio del regreso de Argentina a la atención de inversión de entidades gubernamentales estadounidenses.
“El caso de Metalfor no es aislado. Hay al menos otras dos empresas que están transitando el mismo proceso con la DFC, incluso con montos superiores a los 50 millones de dólares. Ambos expedientes están bastante avanzados, con visitas presenciales de ejecutivos del organismo a las plantas de las empresas”, comentó un informado sobre las negociaciones en ese momento.
Metalfor deberá entablar negociaciones con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) para revisar las condiciones laborales mientras enfrenta una creciente deuda salarial. El PPC permite un diálogo tripartito entre la empresa, el sindicato y el Estado, con el objetivo de prevenir despidos o suspensiones masivas.
Este recurso, regulado por la Secretaría de Trabajo, permite a las empresas que presentan dificultades económicas reducir costos laborales a través de ajustes en sus convenios colectivos, lo que puede incluir suspensiones o despidos.
La decisión de abrir el procedimiento ocurre en un contexto financiero adverso para la firma. Datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) indican que Metalfor debe a 23 entidades bancarias alrededor de 52.000 millones de pesos, de los cuales aproximadamente 22.000 millones están clasificados en categorías de alto riesgo de insolvencia. Además, la compañía cuenta con 558 cheques rechazados por un total de 5.348 millones de pesos, habiendo saldado apenas el 11% de esa deuda.
Pese a esta situación, Metalfor se mantuvo en la categoría de menor riesgo hasta mayo de 2025, luego pasó a Situación 2 entre agosto y noviembre de ese año, y alcanzó la Situación 3 entre marzo y abril de 2026.
La crisis se refleja también en su producción, que opera al 50% de su capacidad instalada en las dos plantas de Marcos Juárez y otra en Noetinger, así como en Paraná, Brasil. Los datos del primer trimestre de 2026 revelan que las ventas cayeron casi a la mitad en comparación con el mismo período del año anterior: 56 unidades frente a 116. La producción siguió esa misma línea, con solo 38 máquinas fabricadas en lugar de las 86 del año anterior.
El panorama del sector tampoco favorece una rápida recuperación. La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) reportó que en mayo de 2026 se patentaron 710 unidades de cosechadoras, tractores y pulverizadoras, lo que representa una caída del 16,8% frente a las 853 del mismo mes de 2025. En total, durante los primeros cinco meses del año, se registraron 2.823 unidades, un 1,3% menos que las 2.861 del mismo periodo del año anterior.
A finales del año pasado, Metalfor se convirtió en la primera empresa argentina en recibir financiamiento de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) en más de seis años, con un préstamo de 50 millones de dólares a ocho años, con un periodo de gracia de dos años.
Según se conoció en febrero de 2026, este crédito formó parte de la reactivación del vínculo financiero entre Estados Unidos y Argentina tras un acuerdo comercial bilateral, y fue interpretado como un indicio del regreso de Argentina a la atención de inversión de entidades gubernamentales estadounidenses.
“El caso de Metalfor no es aislado. Hay al menos otras dos empresas que están transitando el mismo proceso con la DFC, incluso con montos superiores a los 50 millones de dólares. Ambos expedientes están bastante avanzados, con visitas presenciales de ejecutivos del organismo a las plantas de las empresas”, comentó un informado sobre las negociaciones en ese momento.
