Frente a la presión ejercida por la oposición, el oficialismo ha modificado su enfoque, pasando de negar la existencia del problema del endeudamiento familiar a abrir el debate en comisiones y comprometerse a impulsar un proyecto propio. La oposición, sin embargo, considera que esta es una maniobra dilatoria y reiteró la programación de una sesión especial para el 9 de septiembre.
Para contrarrestar esta convocatoria, La Libertad Avanza ha habilitado la comisión de Finanzas, donde se discutirán 34 de los 50 proyectos con estado parlamentario. El miércoles, el presidente de la comisión, Santiago Pauli, presentó un plan de trabajo que incluye cinco reuniones para recibir expositores y la firma del dictamen el 30 de septiembre.
Laura Rodríguez Machado, representante del bloque libertario por Córdoba, solicitó la inclusión de sindicatos, entidades financieras mutuales y cooperativas en las discusiones, buscando abordar el tema con “la verdad completa”.
Silvana Giudici, secretaria parlamentaria del bloque, reafirmó el compromiso de “trabajar en un proyecto coherente que no impida el acceso al crédito de los 47 millones de argentinos”. Más tarde, aseguró que “estamos elaborando alternativas que no rompan con el crédito, sino que incrementen el acceso al mismo y garanticen el conocimiento sobre tasas y costos financieros”.
No obstante, la oposición ha calificado esta acción como una maniobra dilatoria, insistiendo en que la sesión programada para el próximo miércoles sigue en pie. Pablo Juliano, de la Unión Cívica Radical, cuestionó la ausencia de un plenario, argumentando que un llamado a este tipo de encuentro habría mostrado seriedad. “Es una dilación, una falta de respeto”, afirmó.
Pauli prometió trabajar en la “unificación de giros” de los proyectos presentados. Por su parte, la peronista Cecilia Moreau destacó que tanto la sesión como las reuniones anunciadas son meras estrategias del oficialismo para ganar tiempo. “No nos subestimen. Decían que era un problema entre privados, atribuyendo el endeudamiento a las compras de televisores para ver el mundial. Consideran que somos ingenuos”, sentenció.
En la primera reunión se invitaron a economistas como Martín Tetaz, Victor Hugo Ruilova Quezada, Osvaldo Giordano, Jorge Colina, Mariano Flores Vidal y Pablo Curat, así como al defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Arturo Pozzali, y Matias Huala, director académico de la Certificación Avanzada en Fintech en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires.
Los proyectos que se presentan abarcan diversas propuestas políticas, incluyendo las de Unión por la Patria, la Izquierda, la Coalición Cívica y Provincias Unidas, así como iniciativas de aliados de La Libertad Avanza, como Sebastián Nóblega, Nancy Picón y Yolanda Vega. En particular, Vega sugiere establecer un año de emergencia financiera, donde las entidades que otorguen créditos no puedan cobrar una Tasa Nominal Anual superior a 1.5 veces la de los plazos fijos a 30 días, de acuerdo con la publicada por el Banco Central, limitando también la Tasa Efectiva Anual y el Costo Financiero Total.
Otras propuestas incluyen un período de gracia de 60 días para el inicio de pagos y mediaciones obligatorias con beneficios para deudores cumplidores, además de fomentar un consumo financiero responsable mediante la opción de establecer límites de gasto que superen los autorizados por las entidades financieras.
Para contrarrestar esta convocatoria, La Libertad Avanza ha habilitado la comisión de Finanzas, donde se discutirán 34 de los 50 proyectos con estado parlamentario. El miércoles, el presidente de la comisión, Santiago Pauli, presentó un plan de trabajo que incluye cinco reuniones para recibir expositores y la firma del dictamen el 30 de septiembre.
Laura Rodríguez Machado, representante del bloque libertario por Córdoba, solicitó la inclusión de sindicatos, entidades financieras mutuales y cooperativas en las discusiones, buscando abordar el tema con “la verdad completa”.
Silvana Giudici, secretaria parlamentaria del bloque, reafirmó el compromiso de “trabajar en un proyecto coherente que no impida el acceso al crédito de los 47 millones de argentinos”. Más tarde, aseguró que “estamos elaborando alternativas que no rompan con el crédito, sino que incrementen el acceso al mismo y garanticen el conocimiento sobre tasas y costos financieros”.
No obstante, la oposición ha calificado esta acción como una maniobra dilatoria, insistiendo en que la sesión programada para el próximo miércoles sigue en pie. Pablo Juliano, de la Unión Cívica Radical, cuestionó la ausencia de un plenario, argumentando que un llamado a este tipo de encuentro habría mostrado seriedad. “Es una dilación, una falta de respeto”, afirmó.
Pauli prometió trabajar en la “unificación de giros” de los proyectos presentados. Por su parte, la peronista Cecilia Moreau destacó que tanto la sesión como las reuniones anunciadas son meras estrategias del oficialismo para ganar tiempo. “No nos subestimen. Decían que era un problema entre privados, atribuyendo el endeudamiento a las compras de televisores para ver el mundial. Consideran que somos ingenuos”, sentenció.
En la primera reunión se invitaron a economistas como Martín Tetaz, Victor Hugo Ruilova Quezada, Osvaldo Giordano, Jorge Colina, Mariano Flores Vidal y Pablo Curat, así como al defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Arturo Pozzali, y Matias Huala, director académico de la Certificación Avanzada en Fintech en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires.
Los proyectos que se presentan abarcan diversas propuestas políticas, incluyendo las de Unión por la Patria, la Izquierda, la Coalición Cívica y Provincias Unidas, así como iniciativas de aliados de La Libertad Avanza, como Sebastián Nóblega, Nancy Picón y Yolanda Vega. En particular, Vega sugiere establecer un año de emergencia financiera, donde las entidades que otorguen créditos no puedan cobrar una Tasa Nominal Anual superior a 1.5 veces la de los plazos fijos a 30 días, de acuerdo con la publicada por el Banco Central, limitando también la Tasa Efectiva Anual y el Costo Financiero Total.
Otras propuestas incluyen un período de gracia de 60 días para el inicio de pagos y mediaciones obligatorias con beneficios para deudores cumplidores, además de fomentar un consumo financiero responsable mediante la opción de establecer límites de gasto que superen los autorizados por las entidades financieras.
