El primer semestre de 2026 presentó una paradoja para el oficialismo: a pesar de que la crisis política provocada por el caso Manuel Adorni detuvo gran parte de la agenda legislativa durante varios meses, el Gobierno resultó más productivo en términos legislativos que en todo el año anterior.
De acuerdo con el registro oficial de la Dirección de Información Parlamentaria de la Cámara de Diputados, en 2025 el Congreso aprobó 17 leyes, marcando así la cifra más baja de la última década. En contraste, hasta el 17 de julio de este año, ya se habían sancionado 19 leyes, superando la cantidad total del año 2025 en poco más de seis meses.
La diferencia no se limita solo a la cantidad, sino también a su origen. Durante 2025, el oficialismo no logró convertir en ley ninguna de sus propias iniciativas durante el período ordinario de sesiones, que abarcó de marzo a noviembre. De las 11 leyes aprobadas en ese lapso, tres fueron acuerdos internacionales heredados de la administración de Alberto Fernández y las ocho restantes correspondieron a proyectos de la oposición, entre ellos la emergencia en Bahía Blanca, dos aumentos jubilatorios, la Emergencia en Discapacidad, el financiamiento de universidades nacionales, la Emergencia en Salud Pediátrica y la Ley Nicolás, de las cuales siete fueron finalmente vetadas por el Poder Ejecutivo.
La única actividad legislativa del oficialismo en 2025 se limitó a las sesiones extraordinarias de febrero (que incluyeron la reforma del Código Penal y Procesal Penal y temas relativos a la lucha contra las mafias) y a dos leyes promulgadas en las extraordinarias de fin de año: el Presupuesto 2026 y el régimen de Inocencia Fiscal.
La diferencia con 2026 es notable. Aunque Javier Milei había prometido en la Asamblea Legislativa del 1° de marzo enviar paquetes de proyectos mensualmente, lo cual no se cumplió, y a pesar del revuelo causado por las declaraciones juradas de Adorni y su posterior renuncia a la Jefatura de Gabinete, el oficialismo logró establecer una agenda propia.
El proceso comenzó en las extraordinarias de febrero, cuando el 12 se aprobó en Diputados el nuevo Régimen Penal Juvenil, que reduce la edad de imputabilidad a 14 años; una semana después, el 19, se otorgó media sanción a la reforma laboral. El Senado aprobó ambas iniciativas como ley el 27 de febrero. Durante el período ordinario, la Cámara alta dio el visto bueno el 13 de marzo a la modificación de la Ley de Glaciares, que facilita la explotación económica en zonas periglaciares, convertida en ley en Diputados el 8 de abril.
El 24 de junio, durante la última sesión del semestre, se sumaron la aprobación del pago a bonistas por la deuda residual de 2001 y la media sanción del Súper RIGI, un régimen de incentivos para inversiones por encima de los 1.000 millones de dólares en sectores como la inteligencia artificial y la biotecnología, que ahora deberá ser validado por el Senado.
A estas reformas nacionales se añaden un importante número de acuerdos internacionales—incluyendo tratados de extradición con Polonia y Costa Rica, convenios de seguridad social con Suiza y San Marino, y asistencia jurídica mutua con Serbia y Cuba—que también representaron una parte significativa de lo sancionado en 2025, aunque en menor medida.
El oficialismo reconoce que el ritmo de aprobación estuvo por debajo de lo prometido. Proyectos como la ley Hojarasca, la reducción de zonas frías, la ley de lobby, la reforma a la Ley de Financiamiento Universitario y la ley de inviolabilidad de la propiedad privada están estancados, varios de ellos en el Senado.
Pese a esto, el Gobierno se muestra esperanzado en tener un segundo semestre más activo a partir de agosto, con la discusión del Presupuesto 2027, la reforma electoral, modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central y la Ley de Sociedades Generales impulsada por el ministro Federico Sturzenegger en el centro de su agenda.
De acuerdo con el registro oficial de la Dirección de Información Parlamentaria de la Cámara de Diputados, en 2025 el Congreso aprobó 17 leyes, marcando así la cifra más baja de la última década. En contraste, hasta el 17 de julio de este año, ya se habían sancionado 19 leyes, superando la cantidad total del año 2025 en poco más de seis meses.
La diferencia no se limita solo a la cantidad, sino también a su origen. Durante 2025, el oficialismo no logró convertir en ley ninguna de sus propias iniciativas durante el período ordinario de sesiones, que abarcó de marzo a noviembre. De las 11 leyes aprobadas en ese lapso, tres fueron acuerdos internacionales heredados de la administración de Alberto Fernández y las ocho restantes correspondieron a proyectos de la oposición, entre ellos la emergencia en Bahía Blanca, dos aumentos jubilatorios, la Emergencia en Discapacidad, el financiamiento de universidades nacionales, la Emergencia en Salud Pediátrica y la Ley Nicolás, de las cuales siete fueron finalmente vetadas por el Poder Ejecutivo.
La única actividad legislativa del oficialismo en 2025 se limitó a las sesiones extraordinarias de febrero (que incluyeron la reforma del Código Penal y Procesal Penal y temas relativos a la lucha contra las mafias) y a dos leyes promulgadas en las extraordinarias de fin de año: el Presupuesto 2026 y el régimen de Inocencia Fiscal.
La diferencia con 2026 es notable. Aunque Javier Milei había prometido en la Asamblea Legislativa del 1° de marzo enviar paquetes de proyectos mensualmente, lo cual no se cumplió, y a pesar del revuelo causado por las declaraciones juradas de Adorni y su posterior renuncia a la Jefatura de Gabinete, el oficialismo logró establecer una agenda propia.
El proceso comenzó en las extraordinarias de febrero, cuando el 12 se aprobó en Diputados el nuevo Régimen Penal Juvenil, que reduce la edad de imputabilidad a 14 años; una semana después, el 19, se otorgó media sanción a la reforma laboral. El Senado aprobó ambas iniciativas como ley el 27 de febrero. Durante el período ordinario, la Cámara alta dio el visto bueno el 13 de marzo a la modificación de la Ley de Glaciares, que facilita la explotación económica en zonas periglaciares, convertida en ley en Diputados el 8 de abril.
El 24 de junio, durante la última sesión del semestre, se sumaron la aprobación del pago a bonistas por la deuda residual de 2001 y la media sanción del Súper RIGI, un régimen de incentivos para inversiones por encima de los 1.000 millones de dólares en sectores como la inteligencia artificial y la biotecnología, que ahora deberá ser validado por el Senado.
A estas reformas nacionales se añaden un importante número de acuerdos internacionales—incluyendo tratados de extradición con Polonia y Costa Rica, convenios de seguridad social con Suiza y San Marino, y asistencia jurídica mutua con Serbia y Cuba—que también representaron una parte significativa de lo sancionado en 2025, aunque en menor medida.
El oficialismo reconoce que el ritmo de aprobación estuvo por debajo de lo prometido. Proyectos como la ley Hojarasca, la reducción de zonas frías, la ley de lobby, la reforma a la Ley de Financiamiento Universitario y la ley de inviolabilidad de la propiedad privada están estancados, varios de ellos en el Senado.
Pese a esto, el Gobierno se muestra esperanzado en tener un segundo semestre más activo a partir de agosto, con la discusión del Presupuesto 2027, la reforma electoral, modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central y la Ley de Sociedades Generales impulsada por el ministro Federico Sturzenegger en el centro de su agenda.
