Desde la llegada al poder de Milei, la comunidad universitaria ha llevado a cabo cinco marchas federales, todas con alta participación. La más reciente, que reunió a más de un millón de personas, tuvo lugar hace pocos días y estuvo marcada por la represión de las fuerzas de seguridad. La exigencia es clara: que el gobierno respete la Ley de financiamiento, que garantiza la sostenibilidad de la educación superior pública en Argentina. Sin embargo, un año después de su promulgación, el Ejecutivo continúa dificultando el cumplimiento de esta norma, transformando un acto sencillo –como es el pago de lo adeudado– en un proceso casi absurdo. En este análisis, expresan su preocupación rectores, líderes gremiales, representantes estudiantiles y el abogado que representa al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el cual está al tanto de la judicialización de esta normativa.
La Ley de financiamiento fue aprobada por el Congreso en reiteradas ocasiones y logró superar un veto presidencial con amplia mayoría; además, su implementación ha sido respaldada judicialmente en todas las instancias. A partir de esta ley, se debería proceder a un incremento del 33% en los salarios del personal universitario, duplicar las becas estudiantiles y garantizar los gastos operativos. Sin embargo, el gobierno ha optado por ignorar esta obligación, actuando como si nada estuviera en juego. Aún así, la situación está sufriendo cambios paulatinos.
Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro y vicepresidente del CIN, manifestó: “No solo está en juego el presupuesto universitario, sino quién decide. En un sistema republicano y democrático, hay dos poderes que establecen lo que debe cumplirse, y el Poder Ejecutivo no acata ni a la legislatura ni a la justicia. Esto nos preocupa porque está en riesgo la democracia”. Agregó: “Cumplir una ley no es opcional; no es una recomendación, es una obligación. Es inaceptable lo que está ocurriendo. Consideramos la posibilidad de presentar una denuncia penal si el incumplimiento persiste. Es un ciclo interminable. A pesar del desgaste, la resignación no es una opción”.
Además de reclamar por las deudas acumuladas, también se plantea la discusión sobre lo que el gobierno no está dispuesto a abonar en el futuro. Aquí es donde entra el presupuesto 2027. Mientras la propuesta oficial plantea destinar 7.3 billones de pesos a las universidades para el próximo año, los rectores han solicitado 11 billones para garantizar que estas instituciones puedan cumplir sus funciones esenciales. Como en años pasados, este desacuerdo generará tensiones, que ya han comenzado a manifestarse.
La dificultad para implementar la Ley de financiamiento ha sido evidente, ya que el gobierno ha puesto en marcha diversos mecanismos legales para evitar sus obligaciones.
Pablo Manili, abogado del CIN y de las 59 universidades que interpusieron el amparo, comenta sobre el proceso judicial. Debe distinguirse entre la medida cautelar y la discusión de fondo. “Sobre la medida cautelar, en diciembre, un juez ordenó cumplir una parte de la Ley de financiamiento, que afecta los sueldos de docentes y personal no docente, así como las becas para alumnos en situación de vulnerabilidad. El gobierno no cumplió y apeló. La Cámara de Apelaciones sostuvo la resolución en marzo, pero el gobierno nuevamente desoyó la orden y llevó el caso a la Corte, que lo ratificó el 25 de junio. Sin embargo, no hubo cumplimiento. A raíz de esto, se le impuso al jefe de Gabinete una multa diaria de 100 mil pesos”, expone Manili.
El abogado aclara que las multas pueden extenderse a otros funcionarios y aumentar el monto diario hasta que se cumpla con la resolución judicial. “Es incorrecto lo que se dice en algunos medios sobre la suspensión de esta multa. Lo único que ocurrió es que la justicia concedió al gobierno un recurso de apelación que está en análisis; no se ha suspendido la multa para el señor Santilli”, agrega.
En cuanto a la discusión principal, Manili explica: “Recibimos un fallo favorable en septiembre, el cual dejó claro que el decreto que suspendió la Ley es inconstitucional y que el presidente no tiene la potestad para ello. Por lo tanto, debe cumplir con la norma. Este fallo también ha sido apelado y está en la Cámara de Apelaciones”.
El presidente de la Federación Universitaria Argentina, Joaquín Carvalho, subraya: “Hoy se conmemora un año desde la promulgación de la Ley. Hay que recordar que el mismo día en que fue aprobada, el gobierno decidió suspenderla, argumentando que no especificaba de dónde se obtendrían los recursos para las universidades nacionales”. Carvalho añade: “Desde ese momento, la batalla legislativa se ha intensificado, sumándose a una judicial. Se realizaron dos marchas federales (en mayo y octubre) de las cinco que se llevaron a cabo hasta ahora”.
Uno de los aspectos positivos de este conflicto ha sido la revitalización del movimiento estudiantil, que ha empezado a ocupar el centro de la escena en numerosos casos. El último evento relevante tuvo lugar hace una semana, cuando estudiantes organizaron una protesta pacífica en el Palacio Pizzurno exigiendo el cumplimiento de la Ley de financiamiento, y la respuesta del oficialismo fue la promesa de iniciar acciones legales en su contra.
Los sindicatos también siguen adelante con sus movilizaciones. Clara Chevalier, secretaria general de Conadu, ofrece su análisis: “Este aniversario nos muestra una imagen clara de la situación. Por un lado, el incumplimiento es evidencia de la decisión del gobierno nacional de atacar el sistema universitario desde su llegada al poder. Por otro lado, es una prueba de que la comunidad universitaria está decidida a no dejarse vencer, saliendo a las calles una y otra vez”.
La líder gremial destaca que la reciente marcha dejó claro un punto: “Se ha comenzado a articular la demanda universitaria con otras causas. Además de nuestra lucha, hay un aparato productivo en descomposición, crecientes índices de trabajadores que no pueden cubrir sus necesidades básicas, y familias endeudadas y olvidadas por un gobierno insensible”.
Chevalier menciona que esta fue la primera marcha en la que el gobierno aplicó la represión: “Nos encontramos con una administración asediada, que solo recurre a la represión, incapaz de tolerar la realización de un acto, y que opta por la represión para disolverlo”. Carvalho resume: “Estamos exigiendo en múltiples frentes y lo continuaremos haciendo. En la calle, a través de marchas federales contundentes; en el ámbito político, con la colaboración de diputados y senadores, y también en la vía judicial. Tenemos que ser ingeniosos, intentar captar la atención de la ciudadanía, y presentar nuevas ideas”.
Desde el 10 de diciembre de 2023, el gobierno ha iniciado un proceso que fragmenta y desgasta a la comunidad universitaria. Históricamente un motivo de orgullo, la ha colocado en el centro de la controversia y, amparándose en la necesidad de cuidar el déficit fiscal, ha tratado de socavarla en cada ocasión que se le ha presentado.
El discurso del oficialismo ha estigmatizado a las universidades, considerándolas “curros de la política” y alimentando la retórica sobre la necesidad de realizar auditorías para “terminar con los negocios”. Al ser las instituciones de educación superior en Argentina un reflejo de una diversidad de voces e ideologías, la administración actual continúa su estrategia de explotar estas diferencias, debilitando su unidad y resistencia.
A lo largo del último año, desde la aprobación de la Ley de financiamiento y el incumplimiento del gobierno, se han generado debates sin fin en redes sociales y medios tradicionales. En este contexto, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, ha sido el principal vocero del oficialismo. De sus intervenciones, dos han marcado la memoria colectiva. En septiembre de 2025, durante un programa de streaming, se le preguntó sobre las irregularidades detectadas en las universidades, a lo que respondió que no había encontrado ningún caso concreto de corrupción: “Si yo detecto algún curro, lo denuncio. Curro, Curro, no”.
La segunda intervención ocurrió en un debate televisivo en mayo, donde Álvarez le aseguró a Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del CIN, que si la Corte fallaba a favor de las universidades, el gobierno cumpliría la Ley. “¿Cómo puede haber alguna duda respecto al cumplimiento de la Ley? Nosotros vamos a cumplir absolutamente la Ley”, aseguró el funcionario.
El gobierno mantiene una batalla cultural que va más allá de consideraciones presupuestarias y económicas. Mientras tanto, se debilita a las universidades, comprometiendo tanto su futuro como el funcionamiento democrático del país.
La Ley de financiamiento fue aprobada por el Congreso en reiteradas ocasiones y logró superar un veto presidencial con amplia mayoría; además, su implementación ha sido respaldada judicialmente en todas las instancias. A partir de esta ley, se debería proceder a un incremento del 33% en los salarios del personal universitario, duplicar las becas estudiantiles y garantizar los gastos operativos. Sin embargo, el gobierno ha optado por ignorar esta obligación, actuando como si nada estuviera en juego. Aún así, la situación está sufriendo cambios paulatinos.
Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro y vicepresidente del CIN, manifestó: “No solo está en juego el presupuesto universitario, sino quién decide. En un sistema republicano y democrático, hay dos poderes que establecen lo que debe cumplirse, y el Poder Ejecutivo no acata ni a la legislatura ni a la justicia. Esto nos preocupa porque está en riesgo la democracia”. Agregó: “Cumplir una ley no es opcional; no es una recomendación, es una obligación. Es inaceptable lo que está ocurriendo. Consideramos la posibilidad de presentar una denuncia penal si el incumplimiento persiste. Es un ciclo interminable. A pesar del desgaste, la resignación no es una opción”.
Además de reclamar por las deudas acumuladas, también se plantea la discusión sobre lo que el gobierno no está dispuesto a abonar en el futuro. Aquí es donde entra el presupuesto 2027. Mientras la propuesta oficial plantea destinar 7.3 billones de pesos a las universidades para el próximo año, los rectores han solicitado 11 billones para garantizar que estas instituciones puedan cumplir sus funciones esenciales. Como en años pasados, este desacuerdo generará tensiones, que ya han comenzado a manifestarse.
La dificultad para implementar la Ley de financiamiento ha sido evidente, ya que el gobierno ha puesto en marcha diversos mecanismos legales para evitar sus obligaciones.
Pablo Manili, abogado del CIN y de las 59 universidades que interpusieron el amparo, comenta sobre el proceso judicial. Debe distinguirse entre la medida cautelar y la discusión de fondo. “Sobre la medida cautelar, en diciembre, un juez ordenó cumplir una parte de la Ley de financiamiento, que afecta los sueldos de docentes y personal no docente, así como las becas para alumnos en situación de vulnerabilidad. El gobierno no cumplió y apeló. La Cámara de Apelaciones sostuvo la resolución en marzo, pero el gobierno nuevamente desoyó la orden y llevó el caso a la Corte, que lo ratificó el 25 de junio. Sin embargo, no hubo cumplimiento. A raíz de esto, se le impuso al jefe de Gabinete una multa diaria de 100 mil pesos”, expone Manili.
El abogado aclara que las multas pueden extenderse a otros funcionarios y aumentar el monto diario hasta que se cumpla con la resolución judicial. “Es incorrecto lo que se dice en algunos medios sobre la suspensión de esta multa. Lo único que ocurrió es que la justicia concedió al gobierno un recurso de apelación que está en análisis; no se ha suspendido la multa para el señor Santilli”, agrega.
En cuanto a la discusión principal, Manili explica: “Recibimos un fallo favorable en septiembre, el cual dejó claro que el decreto que suspendió la Ley es inconstitucional y que el presidente no tiene la potestad para ello. Por lo tanto, debe cumplir con la norma. Este fallo también ha sido apelado y está en la Cámara de Apelaciones”.
El presidente de la Federación Universitaria Argentina, Joaquín Carvalho, subraya: “Hoy se conmemora un año desde la promulgación de la Ley. Hay que recordar que el mismo día en que fue aprobada, el gobierno decidió suspenderla, argumentando que no especificaba de dónde se obtendrían los recursos para las universidades nacionales”. Carvalho añade: “Desde ese momento, la batalla legislativa se ha intensificado, sumándose a una judicial. Se realizaron dos marchas federales (en mayo y octubre) de las cinco que se llevaron a cabo hasta ahora”.
Uno de los aspectos positivos de este conflicto ha sido la revitalización del movimiento estudiantil, que ha empezado a ocupar el centro de la escena en numerosos casos. El último evento relevante tuvo lugar hace una semana, cuando estudiantes organizaron una protesta pacífica en el Palacio Pizzurno exigiendo el cumplimiento de la Ley de financiamiento, y la respuesta del oficialismo fue la promesa de iniciar acciones legales en su contra.
Los sindicatos también siguen adelante con sus movilizaciones. Clara Chevalier, secretaria general de Conadu, ofrece su análisis: “Este aniversario nos muestra una imagen clara de la situación. Por un lado, el incumplimiento es evidencia de la decisión del gobierno nacional de atacar el sistema universitario desde su llegada al poder. Por otro lado, es una prueba de que la comunidad universitaria está decidida a no dejarse vencer, saliendo a las calles una y otra vez”.
La líder gremial destaca que la reciente marcha dejó claro un punto: “Se ha comenzado a articular la demanda universitaria con otras causas. Además de nuestra lucha, hay un aparato productivo en descomposición, crecientes índices de trabajadores que no pueden cubrir sus necesidades básicas, y familias endeudadas y olvidadas por un gobierno insensible”.
Chevalier menciona que esta fue la primera marcha en la que el gobierno aplicó la represión: “Nos encontramos con una administración asediada, que solo recurre a la represión, incapaz de tolerar la realización de un acto, y que opta por la represión para disolverlo”. Carvalho resume: “Estamos exigiendo en múltiples frentes y lo continuaremos haciendo. En la calle, a través de marchas federales contundentes; en el ámbito político, con la colaboración de diputados y senadores, y también en la vía judicial. Tenemos que ser ingeniosos, intentar captar la atención de la ciudadanía, y presentar nuevas ideas”.
Desde el 10 de diciembre de 2023, el gobierno ha iniciado un proceso que fragmenta y desgasta a la comunidad universitaria. Históricamente un motivo de orgullo, la ha colocado en el centro de la controversia y, amparándose en la necesidad de cuidar el déficit fiscal, ha tratado de socavarla en cada ocasión que se le ha presentado.
El discurso del oficialismo ha estigmatizado a las universidades, considerándolas “curros de la política” y alimentando la retórica sobre la necesidad de realizar auditorías para “terminar con los negocios”. Al ser las instituciones de educación superior en Argentina un reflejo de una diversidad de voces e ideologías, la administración actual continúa su estrategia de explotar estas diferencias, debilitando su unidad y resistencia.
A lo largo del último año, desde la aprobación de la Ley de financiamiento y el incumplimiento del gobierno, se han generado debates sin fin en redes sociales y medios tradicionales. En este contexto, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, ha sido el principal vocero del oficialismo. De sus intervenciones, dos han marcado la memoria colectiva. En septiembre de 2025, durante un programa de streaming, se le preguntó sobre las irregularidades detectadas en las universidades, a lo que respondió que no había encontrado ningún caso concreto de corrupción: “Si yo detecto algún curro, lo denuncio. Curro, Curro, no”.
La segunda intervención ocurrió en un debate televisivo en mayo, donde Álvarez le aseguró a Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del CIN, que si la Corte fallaba a favor de las universidades, el gobierno cumpliría la Ley. “¿Cómo puede haber alguna duda respecto al cumplimiento de la Ley? Nosotros vamos a cumplir absolutamente la Ley”, aseguró el funcionario.
El gobierno mantiene una batalla cultural que va más allá de consideraciones presupuestarias y económicas. Mientras tanto, se debilita a las universidades, comprometiendo tanto su futuro como el funcionamiento democrático del país.
