La reciente ofensiva tributaria impulsada por Xi Jinping tiene como objetivo incrementar la presión sobre el patrimonio en el exterior de las principales fortunas chinas, lo que podría alterar las dinámicas de bancos, asesores financieros y mercados inmobiliarios en lugares como Hong Kong, Singapur, Japón y Estados Unidos. Este nuevo gravamen afecta tanto a los dividendos como a los intereses generados por fideicomisos ubicados fuera de China.
Según se informa, la imposición de una tasa fiscal del 20% comenzará a regir a partir del próximo 22 de octubre. La normativa del gobierno chino tiene un enfoque amplio: incluye activos patrimoniales heredados y establece un sistema de retención para aquellos ciudadanos que decidan trasladar su residencia fiscal al extranjero.
La medida impacta a individuos con un alto patrimonio que han utilizado estructuras internacionales para gestionar sus inversiones, empresas y bienes familiares. Desde julio, el Gobierno anunció que examinará las ganancias generadas en el período 2023-2025 y otorgó un plazo de 90 días para que estos contribuyentes regularicen su situación fiscal.
Además, la ley contempla la aplicación del impuesto en diversas fases de la vida de un fideicomiso, abarcando su creación, aumento de los activos, generación de rentas y distribución a los beneficiarios.
El objetivo de esta acción es fortalecer las arcas fiscales y promover la noción de “prosperidad común” planteada por Xi Jinping. La estrategia busca que aquellos sectores que más se beneficiaron del crecimiento económico de las últimas décadas realicen un mayor aporte fiscal, considerando además sus activos offshore.
Analistas de Barclays señalaron que esta podría ser solo una primera etapa de un control más amplio sobre las ganancias obtenidas por exportadores en el extranjero, ingresos laborales fuera de China, inversiones internacionales y, a largo plazo, herencias.
Los bancos en China han recibido instrucciones para revisar minuciosamente las inversiones en el exterior de sus clientes más acaudalados. En algunos casos, esta auditoría podría retroceder hasta el año 2000, abarcando tanto transacciones financieras como ganancias de capital.
El impacto de esta nueva medida ha sorprendido a muchas familias empresarias que estaban en proceso de planificación sucesoria. Una generación de fundadores que ha acumulado sus fortunas desde el primer auge de la apertura económica en China enfrenta ahora la urgencia de decidir sobre la transmisión de sus activos en un contexto tributario más restrictivo.
Harry Yu, socio principal de Fung Yu Trust Services en Hong Kong, destacó que las familias deben evaluar simultáneamente anteriores transacciones, sus necesidades actuales de liquidez y sus proyectos sucesorios. “Es más arqueología que planificación”, comentó Yu, describiendo el desafiante proceso de reconstrucción de los registros de fideicomisos, cuentas e inversiones.
Un inversor del sector tecnológico mencionó que la precisión del nuevo sistema refleja un conocimiento previo de los activos mantenidos en el exterior, afirmando: “Tienen el sistema, conocen sus inversiones”.
La presión impositiva ha agitado tanto a Singapur como a Hong Kong, destinos clave para el capital chino asignado al exterior. De acuerdo con un informe, el patrimonio transfronterizo gestionado en Hong Kong alcanzó el año pasado los 2,9 billones de dólares, convirtiendo a esta ciudad en el principal centro mundial de riqueza extraterritorial, superando a Suiza.
Singapur ha atraído a empresarios chinos que han establecido oficinas familiares, adquirido propiedades de lujo y trasladado parte de sus capitales a un entorno con una carga fiscal más ligera. Muchos de ellos anhelaban que un cambio de residencia o ciudadanía los eximiera de las obligaciones tributarias chinas. Sim Bock Eng, director del estudio jurídico Wong Partnership en Singapur, comentó que sus clientes reaccionaron con asombro: “Pensaban que eso los protegería”.
La inquietud también se ha trasladado a Japón, donde inversores y empresarios chinos han estado comprando propiedades premium en ciudades como Tokio y Osaka, así como en destinos turísticos como Niseko. Agentes inmobiliarios han señalado que esta continua afluencia de capitales ha llevado a un notable aumento de precios en ciertos segmentos del mercado.
Muchos de estos inversores han utilizado circuitos informales de transferencia y han invertido en pequeñas empresas locales. Con la nueva presión fiscal de China, ahora recurren a asesores y expertos en tributación para actualizar sus registros sin disparar auditorías sobre el origen de los fondos o sobre la valoración de sus empresas en Japón. Las conversaciones, en vez de centrarse en propiedades o visados, ahora se concentran en los impuestos.
En este contexto, Taiwán y Estados Unidos se perfilan como posibles alternativas para quienes ya cuentan con activos fuera de China, dado que ninguno de estos países participa formalmente en el Estándar Común de Reporte de la OCDE, el mecanismo que facilita el intercambio automático de información financiera entre jurisdicciones.
Banqueros entrevistados han indicado que la división de gestión patrimonial de Morgan Stanley en Nueva York ha visto un aumento significativo en las consultas, apertura de cuentas y transferencias de fondos provenientes de Hong Kong y Singapur. Los inversores extranjeros no residentes suelen estar exentos del impuesto estadounidense sobre ganancias de capital derivadas de inversiones locales. Esta ventaja fiscal, sumada a la ausencia de intercambio automático de información bajo el estándar de la OCDE, ha incrementado el interés por trasladar sus fondos hacia Estados Unidos.
Según se informa, la imposición de una tasa fiscal del 20% comenzará a regir a partir del próximo 22 de octubre. La normativa del gobierno chino tiene un enfoque amplio: incluye activos patrimoniales heredados y establece un sistema de retención para aquellos ciudadanos que decidan trasladar su residencia fiscal al extranjero.
La medida impacta a individuos con un alto patrimonio que han utilizado estructuras internacionales para gestionar sus inversiones, empresas y bienes familiares. Desde julio, el Gobierno anunció que examinará las ganancias generadas en el período 2023-2025 y otorgó un plazo de 90 días para que estos contribuyentes regularicen su situación fiscal.
Además, la ley contempla la aplicación del impuesto en diversas fases de la vida de un fideicomiso, abarcando su creación, aumento de los activos, generación de rentas y distribución a los beneficiarios.
El objetivo de esta acción es fortalecer las arcas fiscales y promover la noción de “prosperidad común” planteada por Xi Jinping. La estrategia busca que aquellos sectores que más se beneficiaron del crecimiento económico de las últimas décadas realicen un mayor aporte fiscal, considerando además sus activos offshore.
Analistas de Barclays señalaron que esta podría ser solo una primera etapa de un control más amplio sobre las ganancias obtenidas por exportadores en el extranjero, ingresos laborales fuera de China, inversiones internacionales y, a largo plazo, herencias.
Los bancos en China han recibido instrucciones para revisar minuciosamente las inversiones en el exterior de sus clientes más acaudalados. En algunos casos, esta auditoría podría retroceder hasta el año 2000, abarcando tanto transacciones financieras como ganancias de capital.
El impacto de esta nueva medida ha sorprendido a muchas familias empresarias que estaban en proceso de planificación sucesoria. Una generación de fundadores que ha acumulado sus fortunas desde el primer auge de la apertura económica en China enfrenta ahora la urgencia de decidir sobre la transmisión de sus activos en un contexto tributario más restrictivo.
Harry Yu, socio principal de Fung Yu Trust Services en Hong Kong, destacó que las familias deben evaluar simultáneamente anteriores transacciones, sus necesidades actuales de liquidez y sus proyectos sucesorios. “Es más arqueología que planificación”, comentó Yu, describiendo el desafiante proceso de reconstrucción de los registros de fideicomisos, cuentas e inversiones.
Un inversor del sector tecnológico mencionó que la precisión del nuevo sistema refleja un conocimiento previo de los activos mantenidos en el exterior, afirmando: “Tienen el sistema, conocen sus inversiones”.
La presión impositiva ha agitado tanto a Singapur como a Hong Kong, destinos clave para el capital chino asignado al exterior. De acuerdo con un informe, el patrimonio transfronterizo gestionado en Hong Kong alcanzó el año pasado los 2,9 billones de dólares, convirtiendo a esta ciudad en el principal centro mundial de riqueza extraterritorial, superando a Suiza.
Singapur ha atraído a empresarios chinos que han establecido oficinas familiares, adquirido propiedades de lujo y trasladado parte de sus capitales a un entorno con una carga fiscal más ligera. Muchos de ellos anhelaban que un cambio de residencia o ciudadanía los eximiera de las obligaciones tributarias chinas. Sim Bock Eng, director del estudio jurídico Wong Partnership en Singapur, comentó que sus clientes reaccionaron con asombro: “Pensaban que eso los protegería”.
La inquietud también se ha trasladado a Japón, donde inversores y empresarios chinos han estado comprando propiedades premium en ciudades como Tokio y Osaka, así como en destinos turísticos como Niseko. Agentes inmobiliarios han señalado que esta continua afluencia de capitales ha llevado a un notable aumento de precios en ciertos segmentos del mercado.
Muchos de estos inversores han utilizado circuitos informales de transferencia y han invertido en pequeñas empresas locales. Con la nueva presión fiscal de China, ahora recurren a asesores y expertos en tributación para actualizar sus registros sin disparar auditorías sobre el origen de los fondos o sobre la valoración de sus empresas en Japón. Las conversaciones, en vez de centrarse en propiedades o visados, ahora se concentran en los impuestos.
En este contexto, Taiwán y Estados Unidos se perfilan como posibles alternativas para quienes ya cuentan con activos fuera de China, dado que ninguno de estos países participa formalmente en el Estándar Común de Reporte de la OCDE, el mecanismo que facilita el intercambio automático de información financiera entre jurisdicciones.
Banqueros entrevistados han indicado que la división de gestión patrimonial de Morgan Stanley en Nueva York ha visto un aumento significativo en las consultas, apertura de cuentas y transferencias de fondos provenientes de Hong Kong y Singapur. Los inversores extranjeros no residentes suelen estar exentos del impuesto estadounidense sobre ganancias de capital derivadas de inversiones locales. Esta ventaja fiscal, sumada a la ausencia de intercambio automático de información bajo el estándar de la OCDE, ha incrementado el interés por trasladar sus fondos hacia Estados Unidos.
