La Justicia estableció las fechas para el juicio a Cristina Kirchner en las causas Los Sauces y Hotesur. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 decidió separar el juicio que investiga a la exmandataria por presunto lavado de activos relacionado con las empresas de Lázaro Báez y el Grupo Indalo.
El tribunal, conformado por Adriana Palliotti, José Antonio Michilini y Fernando Machado Pelloni, fijó el inicio del juicio por Los Sauces para el viernes 23 de octubre de 2026 a las 10 de la mañana. Por su parte, el juicio por Hotesur comenzará de forma separada el viernes 19 de marzo de 2027.
Los jueces argumentaron la decisión de desagregar los juicios en que, a pesar de compartir un contexto histórico, ambas causas tienen diferentes objetivos procesales. En el caso de Hotesur, se investiga el flujo de fondos de Báez hacia los hoteles familiares a través de Valle Mitre, mientras que en Los Sauces se incluyen también pagos del Grupo Indalo por el alquiler de propiedades. El tribunal advirtió que un juicio conjunto, que incluiría casi 200 testigos por cada causa, podría extenderse por más de dos años. Se habilitaron también audiencias los sábados 24 y 31 de octubre, así como en la primera semana de la feria de enero para Los Sauces.
En relación a Hotesur, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques sostienen que parte de los fondos de la obra pública vial adjudicada irregularmente a empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz —que está siendo investigada en la causa Vialidad— se habría desviado a través de la explotación de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, que se habrían integrado al patrimonio de la familia Kirchner y luego se alquilaban a Valle Mitre, una empresa vinculada al empresario.
Según el requerimiento de elevación a juicio, Valle Mitre pagó a Hotesur SA más de $28 millones y otros $6,9 millones por Las Dunas desde marzo de 2010 hasta mayo de 2013. Se sostiene que los accionistas habrían retirado esos fondos bajo la forma de créditos en lugar de dividendos. Los hechos fueron calificados como lavado de activos, agraviados por la existencia de una organización destinada a facilitar la comisión del delito para algunos de los acusados. Se recordó que Florencia Kirchner fue sobreseída en esta causa por una decisión firme del 26 de noviembre de 2021. Por el contrario, Máximo Kirchner, actual diputado nacional, enfrenta imputaciones.
La causa denominada Los Sauces abarca una gama más amplia de operaciones: además de los fondos provenientes de Báez, también se señala una segunda fuente de ingresos asociada a empresas del Grupo Indalo, que habrían abonado a la sociedad Los Sauces SA —constituida en noviembre de 2006— a cambio de beneficios, contratos y ventajas impositivas.
Según el requerimiento fiscal, entre 2009 y 2016 Los Sauces emitió facturas a estas empresas por casi 26 millones de pesos en concepto de alquileres, lo que representaba cerca del 88% de su facturación total, muchas veces por contratos sobre inmuebles que no eran necesarios para las actividades de las locatarias o a precios por encima del mercado. Asimismo, los fiscales alegan que los accionistas retiraron más de 10 millones de pesos de la sociedad y utilizaron algunos inmuebles de forma gratuita. Esta imputación es investigada bajo la hipótesis de asociación ilícita además del lavado de activos.
Para justificar la separación de las causas, el tribunal invocó el artículo 43 del Código Procesal Penal, que prohíbe la acumulación de casos que puedan provocar un retraso significativo en uno de ellos. Resaltó que cada expediente cuenta con casi 200 testigos específicos, existiendo apenas poco más de veinte nombres comunes entre ambas listas. Según los jueces, un juicio único habría obligado a las defensas y querellas con interés en un solo expediente a participar en audiencias ajenas a su causa, prolongando el juicio por más de dos años.
El tribunal también consideró que Los Sauces tiene un estado procesal más avanzado, ya que esa causa llegó primero al tribunal, y que los tres magistrados integran distintos tribunales orales federales, lo que obliga a compatibilizar agendas con otros juicios en trámite en sus jurisdicciones. Se citó como precedente el desdoblamiento que el TOF1 realizó entre los casos de Plan Cóndor y Automotores Orletti, así como la intervención previa del mismo TOF5 en la causa Sueños Compartidos.
Como paso previo al inicio de los debates, el tribunal ha ordenado la actualización de la información personal, laboral y de antecedentes de los imputados; ha solicitado a los poderes del Estado que informen sobre los cargos públicos que ocupan o han ocupado, requiere un informe socioambiental a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y también solicitó a la Dirección Nacional de Reincidencia y a la Policía Federal los antecedentes penales de cada uno.
El tribunal, conformado por Adriana Palliotti, José Antonio Michilini y Fernando Machado Pelloni, fijó el inicio del juicio por Los Sauces para el viernes 23 de octubre de 2026 a las 10 de la mañana. Por su parte, el juicio por Hotesur comenzará de forma separada el viernes 19 de marzo de 2027.
Los jueces argumentaron la decisión de desagregar los juicios en que, a pesar de compartir un contexto histórico, ambas causas tienen diferentes objetivos procesales. En el caso de Hotesur, se investiga el flujo de fondos de Báez hacia los hoteles familiares a través de Valle Mitre, mientras que en Los Sauces se incluyen también pagos del Grupo Indalo por el alquiler de propiedades. El tribunal advirtió que un juicio conjunto, que incluiría casi 200 testigos por cada causa, podría extenderse por más de dos años. Se habilitaron también audiencias los sábados 24 y 31 de octubre, así como en la primera semana de la feria de enero para Los Sauces.
En relación a Hotesur, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques sostienen que parte de los fondos de la obra pública vial adjudicada irregularmente a empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz —que está siendo investigada en la causa Vialidad— se habría desviado a través de la explotación de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, que se habrían integrado al patrimonio de la familia Kirchner y luego se alquilaban a Valle Mitre, una empresa vinculada al empresario.
Según el requerimiento de elevación a juicio, Valle Mitre pagó a Hotesur SA más de $28 millones y otros $6,9 millones por Las Dunas desde marzo de 2010 hasta mayo de 2013. Se sostiene que los accionistas habrían retirado esos fondos bajo la forma de créditos en lugar de dividendos. Los hechos fueron calificados como lavado de activos, agraviados por la existencia de una organización destinada a facilitar la comisión del delito para algunos de los acusados. Se recordó que Florencia Kirchner fue sobreseída en esta causa por una decisión firme del 26 de noviembre de 2021. Por el contrario, Máximo Kirchner, actual diputado nacional, enfrenta imputaciones.
La causa denominada Los Sauces abarca una gama más amplia de operaciones: además de los fondos provenientes de Báez, también se señala una segunda fuente de ingresos asociada a empresas del Grupo Indalo, que habrían abonado a la sociedad Los Sauces SA —constituida en noviembre de 2006— a cambio de beneficios, contratos y ventajas impositivas.
Según el requerimiento fiscal, entre 2009 y 2016 Los Sauces emitió facturas a estas empresas por casi 26 millones de pesos en concepto de alquileres, lo que representaba cerca del 88% de su facturación total, muchas veces por contratos sobre inmuebles que no eran necesarios para las actividades de las locatarias o a precios por encima del mercado. Asimismo, los fiscales alegan que los accionistas retiraron más de 10 millones de pesos de la sociedad y utilizaron algunos inmuebles de forma gratuita. Esta imputación es investigada bajo la hipótesis de asociación ilícita además del lavado de activos.
Para justificar la separación de las causas, el tribunal invocó el artículo 43 del Código Procesal Penal, que prohíbe la acumulación de casos que puedan provocar un retraso significativo en uno de ellos. Resaltó que cada expediente cuenta con casi 200 testigos específicos, existiendo apenas poco más de veinte nombres comunes entre ambas listas. Según los jueces, un juicio único habría obligado a las defensas y querellas con interés en un solo expediente a participar en audiencias ajenas a su causa, prolongando el juicio por más de dos años.
El tribunal también consideró que Los Sauces tiene un estado procesal más avanzado, ya que esa causa llegó primero al tribunal, y que los tres magistrados integran distintos tribunales orales federales, lo que obliga a compatibilizar agendas con otros juicios en trámite en sus jurisdicciones. Se citó como precedente el desdoblamiento que el TOF1 realizó entre los casos de Plan Cóndor y Automotores Orletti, así como la intervención previa del mismo TOF5 en la causa Sueños Compartidos.
Como paso previo al inicio de los debates, el tribunal ha ordenado la actualización de la información personal, laboral y de antecedentes de los imputados; ha solicitado a los poderes del Estado que informen sobre los cargos públicos que ocupan o han ocupado, requiere un informe socioambiental a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y también solicitó a la Dirección Nacional de Reincidencia y a la Policía Federal los antecedentes penales de cada uno.
