La fiscal federal interina Luisina Tiscornia, quien lidera el Área de Transición de la Unidad Fiscal Neuquén, ha solicitado formalmente la elevación a juicio oral de 19 personas acusadas por su presunta participación en la desaparición forzada de Sergio Daniel Ávalos. Este estudiante universitario, que contaba con 18 años, fue visto por última vez en el establecimiento conocido como “El Fuerte”, también denominado “Las Palmas”, durante la madrugada del 14 de junio de 2003.
En el requerimiento presentado ante el Juzgado Federal N°2 de Neuquén, la fiscal destacó que la seguridad del boliche —compuesta por seis militares, cinco policías y tres empleados civiles— tuvo un rol activo en la desaparición de Ávalos. Además, aquellos que trabajaban en las áreas de mantenimiento, limpieza y administración del local, que debieron haber estado al tanto de lo sucedido, optaron por no proporcionar información sobre el incidente, obstaculizando el avance de la investigación. Según Tiscornia, cada uno de ellos, en función de su capacidad, contribuyó a la obstrucción del caso.
Consecuentemente, la fiscal acusó a once involucrados como coautores y a ocho más como partícipes necesarios del delito de desaparición forzada de persona, según lo estipulado en el artículo 142 ter del Código Penal, el cual prevé penas de entre 10 y 25 años de prisión, tal como señala el portal Fiscales.
Para la fiscalía, la desaparición de Ávalos se produjo en el contexto de una “estructura organizada” dentro del boliche, que incluía personal de seguridad del Ejército Argentino y de la Policía de Neuquén, así como empleados del local, bajo la dirección del propietario y la coordinación del encargado. Este esquema constituía un “aparato de violencia organizado” que funcionaba con un modo operativo predefinido.
En su solicitud, se detalla que el personal de seguridad operaba bajo un sistema que mantenía un control constante de lo que sucedía en el local, actuando “en la prevención y control de los conflictos de manera violenta”. Se constató que este personal tenía “antecedentes probados de violencia” hacia los clientes que asistían al lugar.
Dentro de este sistema, era habitual trasladar a los clientes problemáticos a un área conocida como “cuartito de seguridad”, donde eran sometidos a agresiones físicas y verbales cada vez que se presentaba alguna situación conflictiva durante la noche, ya sea entre los propios clientes o entre estos y el personal de seguridad.
La fiscal también puso de relieve que, aunque la búsqueda de Ávalos continúa sin cesar, hay suficientes pruebas que respaldan la decisión de llevar a juicio a los acusados.
Sergio Daniel Ávalos, oriundo de Picún Leufú, se encontraba cursando la carrera de Economía en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). En la noche del 14 de junio de 2003, asistió al boliche “El Fuerte” junto a otros estudiantes, ubicado en Primeros Pobladores 2000 de la ciudad de Neuquén. De acuerdo con la investigación, la última vez que se lo vio fue en el interior del local entre las 6:30 y las 7 de la mañana, y desde entonces su paradero es desconocido.
“Con los elementos colectados se puede afirmar que la víctima fue retenida dentro del lugar, y luego trasladada para su ocultamiento a otros lugares, permaneciendo así hasta el día de la fecha, en circunstancias que aún se desconocen”, concluyó Tiscornia en su requerimiento fiscal.
La causa se inició tres días después —el 17 de junio de 2003—, cuando el encargado de las Residencias Universitarias de la UNCo presentó una denuncia indicando que el joven, quien ocupaba una de las habitaciones de la residencia, no había regresado tras salir a bailar. Diez años después, en 2013, la querella solicitó que se catalogara el caso como desaparición forzada de personas, pidiendo además que la investigación fuera transferida a la justicia federal. Este planteo fue respaldado por la UNCo, que actúa como amicus curiae desde 2012, y por el Ministerio Público Fiscal.
Finalmente, en 2014, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que la competencia correspondía a la justicia federal. Desde entonces, el 11 de noviembre de ese año, la causa se encuentra bajo la jurisdicción del Juzgado Federal N°2 de Neuquén.
A partir de ese momento, el Ministerio Público Fiscal ha llevado a cabo más de un centenar de declaraciones testimoniales, ha realizado investigaciones de campo, obtenido documentación de organismos públicos y privados, llevado a cabo relevamientos en cementerios de las provincias de Río Negro y Neuquén, y ha producido informes periciales de ADN, en colaboración con el Equipo Argentino de Antropología Forense, a raíz del descubrimiento de restos óseos.
En el requerimiento presentado ante el Juzgado Federal N°2 de Neuquén, la fiscal destacó que la seguridad del boliche —compuesta por seis militares, cinco policías y tres empleados civiles— tuvo un rol activo en la desaparición de Ávalos. Además, aquellos que trabajaban en las áreas de mantenimiento, limpieza y administración del local, que debieron haber estado al tanto de lo sucedido, optaron por no proporcionar información sobre el incidente, obstaculizando el avance de la investigación. Según Tiscornia, cada uno de ellos, en función de su capacidad, contribuyó a la obstrucción del caso.
Consecuentemente, la fiscal acusó a once involucrados como coautores y a ocho más como partícipes necesarios del delito de desaparición forzada de persona, según lo estipulado en el artículo 142 ter del Código Penal, el cual prevé penas de entre 10 y 25 años de prisión, tal como señala el portal Fiscales.
Para la fiscalía, la desaparición de Ávalos se produjo en el contexto de una “estructura organizada” dentro del boliche, que incluía personal de seguridad del Ejército Argentino y de la Policía de Neuquén, así como empleados del local, bajo la dirección del propietario y la coordinación del encargado. Este esquema constituía un “aparato de violencia organizado” que funcionaba con un modo operativo predefinido.
En su solicitud, se detalla que el personal de seguridad operaba bajo un sistema que mantenía un control constante de lo que sucedía en el local, actuando “en la prevención y control de los conflictos de manera violenta”. Se constató que este personal tenía “antecedentes probados de violencia” hacia los clientes que asistían al lugar.
Dentro de este sistema, era habitual trasladar a los clientes problemáticos a un área conocida como “cuartito de seguridad”, donde eran sometidos a agresiones físicas y verbales cada vez que se presentaba alguna situación conflictiva durante la noche, ya sea entre los propios clientes o entre estos y el personal de seguridad.
La fiscal también puso de relieve que, aunque la búsqueda de Ávalos continúa sin cesar, hay suficientes pruebas que respaldan la decisión de llevar a juicio a los acusados.
Sergio Daniel Ávalos, oriundo de Picún Leufú, se encontraba cursando la carrera de Economía en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). En la noche del 14 de junio de 2003, asistió al boliche “El Fuerte” junto a otros estudiantes, ubicado en Primeros Pobladores 2000 de la ciudad de Neuquén. De acuerdo con la investigación, la última vez que se lo vio fue en el interior del local entre las 6:30 y las 7 de la mañana, y desde entonces su paradero es desconocido.
“Con los elementos colectados se puede afirmar que la víctima fue retenida dentro del lugar, y luego trasladada para su ocultamiento a otros lugares, permaneciendo así hasta el día de la fecha, en circunstancias que aún se desconocen”, concluyó Tiscornia en su requerimiento fiscal.
La causa se inició tres días después —el 17 de junio de 2003—, cuando el encargado de las Residencias Universitarias de la UNCo presentó una denuncia indicando que el joven, quien ocupaba una de las habitaciones de la residencia, no había regresado tras salir a bailar. Diez años después, en 2013, la querella solicitó que se catalogara el caso como desaparición forzada de personas, pidiendo además que la investigación fuera transferida a la justicia federal. Este planteo fue respaldado por la UNCo, que actúa como amicus curiae desde 2012, y por el Ministerio Público Fiscal.
Finalmente, en 2014, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que la competencia correspondía a la justicia federal. Desde entonces, el 11 de noviembre de ese año, la causa se encuentra bajo la jurisdicción del Juzgado Federal N°2 de Neuquén.
A partir de ese momento, el Ministerio Público Fiscal ha llevado a cabo más de un centenar de declaraciones testimoniales, ha realizado investigaciones de campo, obtenido documentación de organismos públicos y privados, llevado a cabo relevamientos en cementerios de las provincias de Río Negro y Neuquén, y ha producido informes periciales de ADN, en colaboración con el Equipo Argentino de Antropología Forense, a raíz del descubrimiento de restos óseos.
