Luego de la tensión generada por la suspensión de la comercialización de granos durante 72 horas en protesta por el control de las exportaciones de maíz, las autoridades gubernamentales y los representantes del sector agropecuario retomaron las negociaciones la semana pasada para buscar soluciones conjuntas ante el aumento de los precios de los alimentos, impulsado por el incremento de los costos de producción y la presión para exportar, dado los valores récord en los mercados internacionales.
Durante las reuniones de los grupos de trabajo de maíz y trigo, los Ministerios de Agricultura y de Desarrollo Productivo, liderados por Luis Basterra y Matías Kulfas, respectivamente, propusieron facilitar el acceso al crédito a pequeños y medianos productores. Esto se realizará mediante el otorgamiento de garantías totales o parciales para los préstamos proporcionados por entidades financieras, dirigidos a quienes demandan trigo y maíz en el mercado local, insumos esenciales para la producción ganadera y la elaboración de alimentos.
Estos préstamos, que serían otorgados por entidades bancarias públicas y privadas, contarían con el respaldo del Fondo de Garantías Argentino (Fogar), lo que permitiría a los productores evitar la transferencia directa de posibles aumentos en sus gastos de producción a los precios finales y gestionar mejor las irregularidades del mercado.
La propuesta tiene como objetivo principal beneficiar a los criadores de ganado y a los molinos de trigo, a fin de contener el aumento de precios en la carne y el pan que llegan al consumidor.
Además, el Gobierno ha solicitado un análisis detallado de la demanda de granos por parte de cada sector, para coordinar esfuerzos con los productores primarios y asegurar tanto los precios como las cantidades. Por ejemplo, la industria avícola ha reportado haber superado las dificultades inmediatas, y los molinos se muestran optimistas respecto a poder manejar la situación rápidamente.
Otra medida que se encuentra en discusión es la posible expansión de las operaciones de cobertura a través del Rofex, con el objetivo de garantizar volúmenes anualmente y lograr precios más competitivos.
Los representantes del sector agropecuario, organizados en la Mesa del Maíz y la Mesa del Trigo, han propuesto la creación de un “fondo anticíclico alimentario”, que utilizaría una parte de los ingresos adicionales que el Tesoro podría recaudar este año debido al inesperado aumento de precios de las materias primas en el ámbito internacional. Esta iniciativa tiene el fin de crear un colchón financiero que permita “desacoplar” los precios internos, un objetivo también propugnado por el Gobierno para evitar que el aumento de precios externos impacte en el mercado local.
Según los cálculos de los principales involucrados en esta propuesta, el Gobierno estima recaudar alrededor de $ 5835 millones por derechos de exportación, aunque a los precios actuales se proyecta que esa cifra podría superar los $ 8000 millones. Los sectores del campo buscan que una parte de esos más de $ 2200 millones se reinvierta en la actividad, aunque resulta probable que ese excedente sea utilizado para cubrir parte de la demanda de insumos importados por la industria.
Recientemente, el Gobierno ha preferido no implementar un aumento en las retenciones a los granos, con el objetivo de no crear tensiones con el sector agropecuario y evitar comprometer una agenda de trabajo que va más allá de la coyuntura actual.
No obstante, la inflación en los alimentos continúa preocupando a las autoridades, especialmente tras la reciente información de que la canasta básica alimentaria, que mide el límite de la indigencia, ha aumentado más de 10 puntos por encima de la inflación del 2020, alcanzando un incremento del 45,5%. En un año electoral, donde los ingresos enfrentan dificultades frente a la inflación, se pueden anticipar decisiones drásticas.
El jueves pasado, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, participó de una reunión del gabinete económico para ofrecer un informe sobre el impacto del aumento de precios a nivel internacional y las acciones que se están llevando a cabo para garantizar que los precios de los alimentos sean “razonables para la población”. Basterra reconoció que “se están identificando los instrumentos para lograr un desacople de los precios” y aseguró que el Gobierno trabaja para implementar estas acciones “con el consenso de todos los actores”.
Durante las reuniones de los grupos de trabajo de maíz y trigo, los Ministerios de Agricultura y de Desarrollo Productivo, liderados por Luis Basterra y Matías Kulfas, respectivamente, propusieron facilitar el acceso al crédito a pequeños y medianos productores. Esto se realizará mediante el otorgamiento de garantías totales o parciales para los préstamos proporcionados por entidades financieras, dirigidos a quienes demandan trigo y maíz en el mercado local, insumos esenciales para la producción ganadera y la elaboración de alimentos.
Estos préstamos, que serían otorgados por entidades bancarias públicas y privadas, contarían con el respaldo del Fondo de Garantías Argentino (Fogar), lo que permitiría a los productores evitar la transferencia directa de posibles aumentos en sus gastos de producción a los precios finales y gestionar mejor las irregularidades del mercado.
La propuesta tiene como objetivo principal beneficiar a los criadores de ganado y a los molinos de trigo, a fin de contener el aumento de precios en la carne y el pan que llegan al consumidor.
Además, el Gobierno ha solicitado un análisis detallado de la demanda de granos por parte de cada sector, para coordinar esfuerzos con los productores primarios y asegurar tanto los precios como las cantidades. Por ejemplo, la industria avícola ha reportado haber superado las dificultades inmediatas, y los molinos se muestran optimistas respecto a poder manejar la situación rápidamente.
Otra medida que se encuentra en discusión es la posible expansión de las operaciones de cobertura a través del Rofex, con el objetivo de garantizar volúmenes anualmente y lograr precios más competitivos.
Los representantes del sector agropecuario, organizados en la Mesa del Maíz y la Mesa del Trigo, han propuesto la creación de un “fondo anticíclico alimentario”, que utilizaría una parte de los ingresos adicionales que el Tesoro podría recaudar este año debido al inesperado aumento de precios de las materias primas en el ámbito internacional. Esta iniciativa tiene el fin de crear un colchón financiero que permita “desacoplar” los precios internos, un objetivo también propugnado por el Gobierno para evitar que el aumento de precios externos impacte en el mercado local.
Según los cálculos de los principales involucrados en esta propuesta, el Gobierno estima recaudar alrededor de $ 5835 millones por derechos de exportación, aunque a los precios actuales se proyecta que esa cifra podría superar los $ 8000 millones. Los sectores del campo buscan que una parte de esos más de $ 2200 millones se reinvierta en la actividad, aunque resulta probable que ese excedente sea utilizado para cubrir parte de la demanda de insumos importados por la industria.
Recientemente, el Gobierno ha preferido no implementar un aumento en las retenciones a los granos, con el objetivo de no crear tensiones con el sector agropecuario y evitar comprometer una agenda de trabajo que va más allá de la coyuntura actual.
No obstante, la inflación en los alimentos continúa preocupando a las autoridades, especialmente tras la reciente información de que la canasta básica alimentaria, que mide el límite de la indigencia, ha aumentado más de 10 puntos por encima de la inflación del 2020, alcanzando un incremento del 45,5%. En un año electoral, donde los ingresos enfrentan dificultades frente a la inflación, se pueden anticipar decisiones drásticas.
El jueves pasado, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, participó de una reunión del gabinete económico para ofrecer un informe sobre el impacto del aumento de precios a nivel internacional y las acciones que se están llevando a cabo para garantizar que los precios de los alimentos sean “razonables para la población”. Basterra reconoció que “se están identificando los instrumentos para lograr un desacople de los precios” y aseguró que el Gobierno trabaja para implementar estas acciones “con el consenso de todos los actores”.
