El juez K Alberto Lugones ha conseguido que su secretaria letrada sea incluida en la lista de candidatos para cubrir la vacante en el juzgado que se ocupa de la causa relacionada con la mansión de Pilar, el principal expediente que involucra al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y a su tesorero, Pablo Toviggino. Fuentes judiciales indican que esto representa un avance adicional en el “blindaje judicial” de ambos dirigentes a raíz del final del Mundial.
La abogada María Pérez Cárrega, quien ha colaborado con Lugones en la Magistratura, ascendió del puesto 12 en el orden de méritos tras exámenes de antecedentes y oposición a formar parte de la lista definitiva, según lo señalado.
Su inclusión ha generado sorpresa en el ámbito judicial, ya que el Concurso 430, abierto en 2019 para una vacante en el Juzgado Penal Económico N° 10, ha tenido un desarrollo inusualmente prolongado y cambiante. El examen escrito tuvo lugar en 2019, la primera orden de mérito se aprobó en diciembre de 2020 y las entrevistas personales se realizaron en septiembre de 2022. No fue sino hasta abril de este año que la propuesta final fue aceptada por la Comisión de Selección.
En la actualidad, el juzgado crucial para la AFA está subrogado por la jueza Verónica Straccia, quien asumió la investigación de la causa de la mansión de Pilar tras la decisión de la Cámara Nacional en lo Penal Económico de tramitar el expediente íntegramente en ese fuero. Una vez que se designe al nuevo juez, Straccia dejará el juzgado.
La evolución del concurso es desconcertante. En la primera orden de mérito, Pérez Cárrega se ubicaba en el puesto 12 con 150,20 puntos, mientras que los primeros tres lugares eran ocupados por Ignacio Labadens, María Juliana Márquez y Matías Alejandro Latino, junto a otros ocho postulantes que la superaban.
Posteriormente, tras las entrevistas, la situación cambió notablemente. El consejero Diego Barroetaveña, responsable del informe sobre esta etapa, destacó que Pérez Cárrega mostró “un perfil integral y actualizado”, con especial énfasis en perspectiva de género y ética pública, lo que justificó una modificación en el orden de mérito. Barroetaveña renunció a la Comisión de Ética de la AFA a principios de este año.
En su informe, Barroetaveña señaló que aunque otros concursantes manifestaron un desempeño satisfactorio, Pérez Cárrega demostró “un conocimiento más profundo de los temas abordados”. Esta evaluación justificó la reevaluación de su posición en el ranking.
Con esta justificación, propuso que la lista definitiva incluyera a Ignacio Labadens, María Juliana Márquez, Matías Alejandro Latino y María Pérez Cárrega.
Una fuente gubernamental indicó que “Mahiques no conoce a Pérez Cárrega ni fue consultado sobre su nombramiento”, lo que podría debilitar las posibilidades de que Milei la elija para el juzgado N° 10.
La Comisión de Selección aprobó posteriormente el informe con el apoyo de Lugones, Vanesa Siley, Santiago Viola, Hugo Galderisi y María Vázquez, siendo validado luego por el plenario del Consejo de la Magistratura.
Desde un enfoque político, Lugones lidera la lista Celeste de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, identificada con el peronismo, y su voto a menudo coincide con la estrategia judicial de Cristina Kirchner.
Un aspecto relevante del expediente es que, al momento de emitir su dictamen, Labadens formaba parte de varias ternas de otros concursos dirigidos al Poder Ejecutivo. Esto llevó a Barroetaveña a sugerir aplicar el artículo 48 del Reglamento de Concursos y permitir que Pérez Cárrega fuera incluida en la lista complementaria.
Días después, el 25 de junio, el Poder Ejecutivo designó a Labadens como juez del Juzgado Nacional de Menores N° 2 mediante el Decreto 506, a cargo de Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Posteriormente, el Decreto 588 oficializó la terna para el Juzgado Penal Económico N° 10, que incluye a María Juliana Márquez, Matías Alejandro Latino y María Pérez Cárrega.
Así, Pérez Cárrega escaló del puesto 12 al listado definitivo para uno de los juzgados más sensibles políticamente, el que deberá abordar gran parte de las investigaciones patrimoniales de la AFA.
La controversia en torno al concurso avanza en paralelo con la disputa judicial relacionada con la causa de la mansión de Pilar, la principal investigación que involucra a Tapia y Toviggino. La Cámara Nacional en lo Penal Económico determinó que el expediente debía concentrarse en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10, actualmente subrogado por Straccia, buscando finalizar con el conflicto de competencia que surgió con la intervención de un juez federal que reclamó parte de la investigación con base en el cambio de domicilio legal de la AFA.
Este cambio también había generado una fuerte controversia. En enero, la Cámara Federal de San Martín, con la intervención de Lugones, decidió desplazar a un juez de la investigación, considerando que la asociación tenía su domicilio legal en Pilar. Esta resolución permitió que parte del expediente se trasladara a otro juzgado.
No obstante, hace unas semanas, la Cámara Nacional en lo Penal Económico resolvió que la investigación debía unificarse en este fuero, devolviendo el caso al juzgado subrogado por Straccia.
Otra resolución también ha beneficiado a la conducción de la AFA. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil anuló una decisión del Ministerio de Justicia que designaba veedores para supervisar la entidad y vigilar el destino de 300 millones de dólares obtenidos por TourProEnter por la explotación comercial de la imagen del equipo nacional.
El fallo determinó que la supervisión de la legalidad sobre la AFA corresponde exclusivamente a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas del gobierno. Este tribunal había previo respaldado la reforma que amplió el mandato de Tapia hasta 2029.
El panorama político también ha cambiado dentro del Gobierno. Durante la gestión del exministro Mariano Cúneo Libarona, se había impulsado una mayor fiscalización sobre la AFA, pero esto perdió fuerza con la llegada de Mahiques. El padre del actual ministro, un destacado juez de Casación, tiene vínculos cercanos con la conducción de la AFA, principalmente a través del representante del gobierno ante la Magistratura, Santiago Viola.
En los tribunales, se observa con atención el papel de Viola, quien votó a favor del dictamen que reconfiguró el orden de mérito en el concurso y forma parte de la Comisión de Selección. El informe del consejero Barroetaveña fue aprobado por esta Comisión y luego ratificada por el plenario del Consejo de la Magistratura.
Fuentes del organismo señalaron que el ascenso de Pérez Cárrega fue resultado de “criterios vinculados a la perspectiva de género, más que de una negociación política entre los consejeros”, aunque se observa que desplazó a ocho postulantes con mejores resultados en las evaluaciones.
Este margen de discrecionalidad durante las entrevistas es un aspecto críticamente cuestionado del proceso de selección de magistrados, pues especialistas argumentan que se puede alterar significativamente el orden de mérito basado en criterios objetivos.
Este debate ha resurgido en la Corte Suprema, donde se propuso reformar el sistema para dar mayor peso a criterios objetivos en los concursos para judiciales.
El caso de Pérez Cárrega no es aislado, con informes que sugieren que, entre los primeros concursos de la gestión de Milei, numerosos aspirantes ascendieron significativamente en el orden de méritos debido a su desempeño en las entrevistas personales.
Fuentes judiciales reconocen que, aunque hay 21 expedientes abiertos, las resoluciones firmes han sido escasas; hasta ahora, Tapia y Toviggino cuentan con un único procesamiento dictado por un juez en una causa relacionada con presuntas irregularidades tributarias.
Adicionalmente, el juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del fuero penal ordinario ha instado a que la Corte Suprema defina el conflicto surgido por una denuncia presentada por un empresario, que, según dos magistradas, justifica la intervención de la Justicia Federal.
Este planteo está a la espera de dictamen en la Procuración General, siendo la resolución del máximo tribunal crucial no solo para determinar quién se encargará de una de las investigaciones más importantes sobre la AFA, sino también para finalizar con una prolongada discusión de competencias que ha generado decisiones contradictorias entre diferentes tribunales.
La abogada María Pérez Cárrega, quien ha colaborado con Lugones en la Magistratura, ascendió del puesto 12 en el orden de méritos tras exámenes de antecedentes y oposición a formar parte de la lista definitiva, según lo señalado.
Su inclusión ha generado sorpresa en el ámbito judicial, ya que el Concurso 430, abierto en 2019 para una vacante en el Juzgado Penal Económico N° 10, ha tenido un desarrollo inusualmente prolongado y cambiante. El examen escrito tuvo lugar en 2019, la primera orden de mérito se aprobó en diciembre de 2020 y las entrevistas personales se realizaron en septiembre de 2022. No fue sino hasta abril de este año que la propuesta final fue aceptada por la Comisión de Selección.
En la actualidad, el juzgado crucial para la AFA está subrogado por la jueza Verónica Straccia, quien asumió la investigación de la causa de la mansión de Pilar tras la decisión de la Cámara Nacional en lo Penal Económico de tramitar el expediente íntegramente en ese fuero. Una vez que se designe al nuevo juez, Straccia dejará el juzgado.
La evolución del concurso es desconcertante. En la primera orden de mérito, Pérez Cárrega se ubicaba en el puesto 12 con 150,20 puntos, mientras que los primeros tres lugares eran ocupados por Ignacio Labadens, María Juliana Márquez y Matías Alejandro Latino, junto a otros ocho postulantes que la superaban.
Posteriormente, tras las entrevistas, la situación cambió notablemente. El consejero Diego Barroetaveña, responsable del informe sobre esta etapa, destacó que Pérez Cárrega mostró “un perfil integral y actualizado”, con especial énfasis en perspectiva de género y ética pública, lo que justificó una modificación en el orden de mérito. Barroetaveña renunció a la Comisión de Ética de la AFA a principios de este año.
En su informe, Barroetaveña señaló que aunque otros concursantes manifestaron un desempeño satisfactorio, Pérez Cárrega demostró “un conocimiento más profundo de los temas abordados”. Esta evaluación justificó la reevaluación de su posición en el ranking.
Con esta justificación, propuso que la lista definitiva incluyera a Ignacio Labadens, María Juliana Márquez, Matías Alejandro Latino y María Pérez Cárrega.
Una fuente gubernamental indicó que “Mahiques no conoce a Pérez Cárrega ni fue consultado sobre su nombramiento”, lo que podría debilitar las posibilidades de que Milei la elija para el juzgado N° 10.
La Comisión de Selección aprobó posteriormente el informe con el apoyo de Lugones, Vanesa Siley, Santiago Viola, Hugo Galderisi y María Vázquez, siendo validado luego por el plenario del Consejo de la Magistratura.
Desde un enfoque político, Lugones lidera la lista Celeste de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, identificada con el peronismo, y su voto a menudo coincide con la estrategia judicial de Cristina Kirchner.
Un aspecto relevante del expediente es que, al momento de emitir su dictamen, Labadens formaba parte de varias ternas de otros concursos dirigidos al Poder Ejecutivo. Esto llevó a Barroetaveña a sugerir aplicar el artículo 48 del Reglamento de Concursos y permitir que Pérez Cárrega fuera incluida en la lista complementaria.
Días después, el 25 de junio, el Poder Ejecutivo designó a Labadens como juez del Juzgado Nacional de Menores N° 2 mediante el Decreto 506, a cargo de Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Posteriormente, el Decreto 588 oficializó la terna para el Juzgado Penal Económico N° 10, que incluye a María Juliana Márquez, Matías Alejandro Latino y María Pérez Cárrega.
Así, Pérez Cárrega escaló del puesto 12 al listado definitivo para uno de los juzgados más sensibles políticamente, el que deberá abordar gran parte de las investigaciones patrimoniales de la AFA.
La controversia en torno al concurso avanza en paralelo con la disputa judicial relacionada con la causa de la mansión de Pilar, la principal investigación que involucra a Tapia y Toviggino. La Cámara Nacional en lo Penal Económico determinó que el expediente debía concentrarse en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10, actualmente subrogado por Straccia, buscando finalizar con el conflicto de competencia que surgió con la intervención de un juez federal que reclamó parte de la investigación con base en el cambio de domicilio legal de la AFA.
Este cambio también había generado una fuerte controversia. En enero, la Cámara Federal de San Martín, con la intervención de Lugones, decidió desplazar a un juez de la investigación, considerando que la asociación tenía su domicilio legal en Pilar. Esta resolución permitió que parte del expediente se trasladara a otro juzgado.
No obstante, hace unas semanas, la Cámara Nacional en lo Penal Económico resolvió que la investigación debía unificarse en este fuero, devolviendo el caso al juzgado subrogado por Straccia.
Otra resolución también ha beneficiado a la conducción de la AFA. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil anuló una decisión del Ministerio de Justicia que designaba veedores para supervisar la entidad y vigilar el destino de 300 millones de dólares obtenidos por TourProEnter por la explotación comercial de la imagen del equipo nacional.
El fallo determinó que la supervisión de la legalidad sobre la AFA corresponde exclusivamente a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas del gobierno. Este tribunal había previo respaldado la reforma que amplió el mandato de Tapia hasta 2029.
El panorama político también ha cambiado dentro del Gobierno. Durante la gestión del exministro Mariano Cúneo Libarona, se había impulsado una mayor fiscalización sobre la AFA, pero esto perdió fuerza con la llegada de Mahiques. El padre del actual ministro, un destacado juez de Casación, tiene vínculos cercanos con la conducción de la AFA, principalmente a través del representante del gobierno ante la Magistratura, Santiago Viola.
En los tribunales, se observa con atención el papel de Viola, quien votó a favor del dictamen que reconfiguró el orden de mérito en el concurso y forma parte de la Comisión de Selección. El informe del consejero Barroetaveña fue aprobado por esta Comisión y luego ratificada por el plenario del Consejo de la Magistratura.
Fuentes del organismo señalaron que el ascenso de Pérez Cárrega fue resultado de “criterios vinculados a la perspectiva de género, más que de una negociación política entre los consejeros”, aunque se observa que desplazó a ocho postulantes con mejores resultados en las evaluaciones.
Este margen de discrecionalidad durante las entrevistas es un aspecto críticamente cuestionado del proceso de selección de magistrados, pues especialistas argumentan que se puede alterar significativamente el orden de mérito basado en criterios objetivos.
Este debate ha resurgido en la Corte Suprema, donde se propuso reformar el sistema para dar mayor peso a criterios objetivos en los concursos para judiciales.
El caso de Pérez Cárrega no es aislado, con informes que sugieren que, entre los primeros concursos de la gestión de Milei, numerosos aspirantes ascendieron significativamente en el orden de méritos debido a su desempeño en las entrevistas personales.
Fuentes judiciales reconocen que, aunque hay 21 expedientes abiertos, las resoluciones firmes han sido escasas; hasta ahora, Tapia y Toviggino cuentan con un único procesamiento dictado por un juez en una causa relacionada con presuntas irregularidades tributarias.
Adicionalmente, el juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del fuero penal ordinario ha instado a que la Corte Suprema defina el conflicto surgido por una denuncia presentada por un empresario, que, según dos magistradas, justifica la intervención de la Justicia Federal.
Este planteo está a la espera de dictamen en la Procuración General, siendo la resolución del máximo tribunal crucial no solo para determinar quién se encargará de una de las investigaciones más importantes sobre la AFA, sino también para finalizar con una prolongada discusión de competencias que ha generado decisiones contradictorias entre diferentes tribunales.
