Han transcurrido dos años desde la última vez que organizaciones sociales llevaron a cabo cortes en rutas a nivel nacional. Ayer, esta situación se reavivó. ¿El motivo? La decisión del Gobierno de suprimir el plan ‘Volver al Trabajo’, que otorgaba una asistencia mensual de 78 mil pesos a cerca de un millón de personas. Durante el proceso de ‘reconversión del plan en trabajo’, muchos de estos beneficiarios no lograron acceder al mercado laboral.
La asistencia total representa un impacto de 680 millones de dólares anuales. Los cortes de ruta se hicieron sentir con fuerza en provincias como Jujuy, Chaco, Santiago del Estero, Corrientes, Tucumán y la provincia de Buenos Aires, así como también en los accesos a la Capital Federal. Para poner en perspectiva el efecto del recorte, en Chaco, 47 mil personas dependían de esta asistencia (ayer se realizó el último pago), lo que significa que más de 3 mil millones de pesos dejarán de circular en la economía.
‘Ahora nos miran a nosotros, pero ese impacto en la economía lo van a sentir los gobernadores’, señaló Eduardo Belliboni, representante de Polo Obrero, al comentar sobre la situación. La caída en la actividad económica y el ajuste fiscal se han convertido en los desafíos principales que enfrenta la administración de Javier Milei, en medio de tensiones políticas y judiciales que involucran a funcionarios clave.
En respuesta a esta caída en la recaudación, el ministro del Interior, Diego Santilli, se apresuró a contactar a gobernadores aliados para adelantar fondos y facilitar la regularización de sus cuentas. Actualmente, los frentes salariales están abiertos en casi todas las provincias. De acuerdo con el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en 18 provincias aún no se han alcanzado acuerdos en las paritarias de planta permanente. Asimismo, otras 17 provincias no han cerrado convenios docentes, 15 con el sector salud y 10 con las fuerzas de seguridad.
Las transferencias automáticas a las provincias han disminuido un 8,1%, y el consumo está en declive. Un empresario del sector gastronómico en el conurbano bonaerense compartió que tiene dos restaurantes bajo la misma marca, uno ubicado en una zona de clase media ajustada y el otro en una de clase media alta. ‘El primero ha registrado una caída del 40% interanual, y he perdido dinero por primera vez en 20 años, sin contar la pandemia. El segundo, en cambio, está siempre lleno de reservas’, relató el empresario. Esto ilustra la realidad de dos países coexistiendo.
El pasado martes, mientras los mandatarios provinciales se fotografiaban en Casa Rosada junto a Santilli para gestionar fondos adicionales, en oficinas cercanas se seguía de cerca el escándalo relacionado con Manuel Adorni. Además de nuevos préstamos que surgieron en las últimas horas —con detalles que fueron mencionados en su declaración jurada—, la escribana Adriana Mónica Nechevenko se presentará ante el fiscal Gerardo Pollicita esta mañana.
Según fuentes consultadas, Nechevenko, quien tiene vínculos con Adorni desde hace más de 25 años, llevará documentos que certifiquen que su trabajo fue realizado de manera correcta. También presentará información sobre los préstamos de quienes adquirieron propiedades al actual funcionario. La incógnita principal será determinar los plazos establecidos para la devolución de estos préstamos.
La asistencia total representa un impacto de 680 millones de dólares anuales. Los cortes de ruta se hicieron sentir con fuerza en provincias como Jujuy, Chaco, Santiago del Estero, Corrientes, Tucumán y la provincia de Buenos Aires, así como también en los accesos a la Capital Federal. Para poner en perspectiva el efecto del recorte, en Chaco, 47 mil personas dependían de esta asistencia (ayer se realizó el último pago), lo que significa que más de 3 mil millones de pesos dejarán de circular en la economía.
‘Ahora nos miran a nosotros, pero ese impacto en la economía lo van a sentir los gobernadores’, señaló Eduardo Belliboni, representante de Polo Obrero, al comentar sobre la situación. La caída en la actividad económica y el ajuste fiscal se han convertido en los desafíos principales que enfrenta la administración de Javier Milei, en medio de tensiones políticas y judiciales que involucran a funcionarios clave.
En respuesta a esta caída en la recaudación, el ministro del Interior, Diego Santilli, se apresuró a contactar a gobernadores aliados para adelantar fondos y facilitar la regularización de sus cuentas. Actualmente, los frentes salariales están abiertos en casi todas las provincias. De acuerdo con el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en 18 provincias aún no se han alcanzado acuerdos en las paritarias de planta permanente. Asimismo, otras 17 provincias no han cerrado convenios docentes, 15 con el sector salud y 10 con las fuerzas de seguridad.
Las transferencias automáticas a las provincias han disminuido un 8,1%, y el consumo está en declive. Un empresario del sector gastronómico en el conurbano bonaerense compartió que tiene dos restaurantes bajo la misma marca, uno ubicado en una zona de clase media ajustada y el otro en una de clase media alta. ‘El primero ha registrado una caída del 40% interanual, y he perdido dinero por primera vez en 20 años, sin contar la pandemia. El segundo, en cambio, está siempre lleno de reservas’, relató el empresario. Esto ilustra la realidad de dos países coexistiendo.
El pasado martes, mientras los mandatarios provinciales se fotografiaban en Casa Rosada junto a Santilli para gestionar fondos adicionales, en oficinas cercanas se seguía de cerca el escándalo relacionado con Manuel Adorni. Además de nuevos préstamos que surgieron en las últimas horas —con detalles que fueron mencionados en su declaración jurada—, la escribana Adriana Mónica Nechevenko se presentará ante el fiscal Gerardo Pollicita esta mañana.
Según fuentes consultadas, Nechevenko, quien tiene vínculos con Adorni desde hace más de 25 años, llevará documentos que certifiquen que su trabajo fue realizado de manera correcta. También presentará información sobre los préstamos de quienes adquirieron propiedades al actual funcionario. La incógnita principal será determinar los plazos establecidos para la devolución de estos préstamos.
