El Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura decidió, por unanimidad, no destituir al juez del Tribunal Oral Federal de La Pampa, Pablo Díaz Lacava, quien enfrentaba un juicio político a raíz de denuncias de maltrato laboral, abuso de autoridad, coacción y violencia de género dirigidas contra su personal y funcionarios judiciales.
Los integrantes del tribunal consideraron que, aunque existió un grave conflicto interno, no se estableció una causal suficiente de mal desempeño que justificara la remoción, considerando que esa acción hubiera sido desproporcionada.
El fallo unánime del Jurado de Enjuiciamiento y las acusaciones iniciales
Para el jurado, el juicio político no debe utilizarse como una herramienta para resolver problemas de gestión o convivencia en una dependencia judicial, a menos que los hechos presenten el umbral necesario para la destitución de un magistrado.
El proceso se inició a partir de denuncias interpuestas en abril de 2023 por secretarios y empleados del tribunal, donde se investigaron situaciones de hostigamiento, intimidación y agresiones. Un episodio particularmente grave involucró el lanzamiento de una piedra que ingresó a una oficina durante la presencia de trabajadores en su interior. El Consejo de la Magistratura había evaluado que esta conducta evidenciaba graves desórdenes, así como falta de probidad y decoro, lo cual motivó la apertura del proceso de remoción.
En las audiencias, los consejeros Diego Barroetaveña y Álvaro González, actuando como fiscales, señalaron que el magistrado había sometido a los funcionarios y empleados a “un verdadero infierno”, destacando que su comportamiento generó un clima laboral extremadamente tenso, afectando el buen funcionamiento del servicio judicial. Según ambos, los episodios denunciados evidenciaban una situación más allá de simples desacuerdos entre trabajadores y su superior.
La defensa, liderada por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, rechazó las acusaciones y cuestionó la validez de las pruebas presentadas. Argumentó que el daño alegado no había sido suficientemente probado y que varios de los incidentes descritos como agresiones podían interpretarse como desacuerdos naturales en el entorno laboral. En relación al episodio del lanzamiento de la piedra, afirmó que se trató de una broma, si bien reconoció que no había sido apropiada.
La declaración del magistrado y el contexto de otras causas disciplinarias
Díaz Lacava se presentó ante el Jurado para exponer su versión de los hechos y ofrecer disculpas a quienes pudieran haberse sentido ofendidos. También expresó su compromiso de tomar las medidas necesarias para mejorar su relación con el personal y continuar en su cargo.
Paralelamente, el magistrado enfrenta una causa penal por lesiones leves y graves, así como amenazas simples y coactivas contra trabajadores del sistema judicial, donde se enmarcan los hechos denunciados en un ambiente de violencia y maltrato laboral, afectando también a las denunciantes mujeres debido a violencia de género.
Esta resolución se produce en un contexto de intensa actividad disciplinaria en el Consejo de la Magistratura. En diciembre pasado, fue destituido el juez Martín Poderti, y el 18 de agosto, el juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, también fue removido. Asimismo, el juez federal de Rosario, Gastón Salmain, se encuentra procesado y con prisión preventiva, a la espera del desarrollo de su propio proceso de remoción.
Los integrantes del tribunal consideraron que, aunque existió un grave conflicto interno, no se estableció una causal suficiente de mal desempeño que justificara la remoción, considerando que esa acción hubiera sido desproporcionada.
El fallo unánime del Jurado de Enjuiciamiento y las acusaciones iniciales
Para el jurado, el juicio político no debe utilizarse como una herramienta para resolver problemas de gestión o convivencia en una dependencia judicial, a menos que los hechos presenten el umbral necesario para la destitución de un magistrado.
El proceso se inició a partir de denuncias interpuestas en abril de 2023 por secretarios y empleados del tribunal, donde se investigaron situaciones de hostigamiento, intimidación y agresiones. Un episodio particularmente grave involucró el lanzamiento de una piedra que ingresó a una oficina durante la presencia de trabajadores en su interior. El Consejo de la Magistratura había evaluado que esta conducta evidenciaba graves desórdenes, así como falta de probidad y decoro, lo cual motivó la apertura del proceso de remoción.
En las audiencias, los consejeros Diego Barroetaveña y Álvaro González, actuando como fiscales, señalaron que el magistrado había sometido a los funcionarios y empleados a “un verdadero infierno”, destacando que su comportamiento generó un clima laboral extremadamente tenso, afectando el buen funcionamiento del servicio judicial. Según ambos, los episodios denunciados evidenciaban una situación más allá de simples desacuerdos entre trabajadores y su superior.
La defensa, liderada por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, rechazó las acusaciones y cuestionó la validez de las pruebas presentadas. Argumentó que el daño alegado no había sido suficientemente probado y que varios de los incidentes descritos como agresiones podían interpretarse como desacuerdos naturales en el entorno laboral. En relación al episodio del lanzamiento de la piedra, afirmó que se trató de una broma, si bien reconoció que no había sido apropiada.
La declaración del magistrado y el contexto de otras causas disciplinarias
Díaz Lacava se presentó ante el Jurado para exponer su versión de los hechos y ofrecer disculpas a quienes pudieran haberse sentido ofendidos. También expresó su compromiso de tomar las medidas necesarias para mejorar su relación con el personal y continuar en su cargo.
Paralelamente, el magistrado enfrenta una causa penal por lesiones leves y graves, así como amenazas simples y coactivas contra trabajadores del sistema judicial, donde se enmarcan los hechos denunciados en un ambiente de violencia y maltrato laboral, afectando también a las denunciantes mujeres debido a violencia de género.
Esta resolución se produce en un contexto de intensa actividad disciplinaria en el Consejo de la Magistratura. En diciembre pasado, fue destituido el juez Martín Poderti, y el 18 de agosto, el juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, también fue removido. Asimismo, el juez federal de Rosario, Gastón Salmain, se encuentra procesado y con prisión preventiva, a la espera del desarrollo de su propio proceso de remoción.
