Javier Milei está elaborando una modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, con el propósito fundamental de eliminar los mecanismos que permiten a esta entidad financiar al Tesoro. Desde el Gobierno se asegura que esta iniciativa se presentará como una “señal fuerte para consolidar la baja de la inflación” y establecer por ley restricciones a los canales de emisión monetaria vinculados al gasto público.
“Es la fase final de la pulverización de la inflación porque no va a dar margen alguno para que el Central financie al Tesoro. Nunca más”, manifiestan en el núcleo duro del equipo económico del Ejecutivo. No obstante, el proyecto aún no ha llegado a su forma definitiva. En la Casa Rosada admiten que no existe un borrador cerrado ni un cronograma formal para su presentación en el Congreso.
Hay quienes dentro del Gobierno consideran que, por el momento, “fue solo un título”. Sin embargo, el anuncio ya ha dado pie a diálogos entre los equipos de Economía, Desregulación y el Banco Central. La reforma se centra en uno de los aspectos más delicados de la política económica argentina: la relación entre el Banco Central y el Tesoro.
Desde un enfoque técnico, el Gobierno pretende limitar o incluso prohibir los adelantos transitorios, las transferencias de utilidades contables y las adquisiciones de deuda pública que puedan funcionar como financiamiento monetario del déficit. Los adelantos transitorios son préstamos a corto plazo que el Banco Central puede conceder al Tesoro, dentro de ciertos límites legales. En cambio, las utilidades son ganancias contables del BCRA que en diversos momentos han sido transferidas al Tesoro y utilizadas como fuente de financiamiento.
Adicionalmente, el Ejecutivo estudia la posibilidad de restringir la compra de títulos públicos por parte del Banco Central. Este aspecto resulta más delicado, ya que una autoridad monetaria puede negociar con bonos del Tesoro por razones de política monetaria, liquidez o estabilidad financiera. La diferencia que busca establecer el Gobierno es entre las operaciones de mercado para gestionar la liquidez y las compras dirigidas a financiar al fisco.
Por ello, en la Casa Rosada contemplan el modelo de Estados Unidos como una referencia. La Reserva Federal permite operaciones con bonos del Tesoro en el mercado secundario para llevar a cabo la política monetaria, pero esto no equivale a una asistencia automática al Tesoro para cubrir sus necesidades fiscales. En el Gobierno creen que esta distinción puede ser útil para diseñar un régimen que mantenga los instrumentos monetarios sin habilitar un financiamiento directo del gasto.
“Va más o menos por ahí”, aseguran fuentes oficiales sobre el diseño técnico que visualizan. La idea en discusión es centrar como prioridad la estabilidad monetaria y financiera, eliminar referencias amplias como equidad social o desarrollo con inclusión y establecer normativas más estrictas que eviten que el BCRA se convierta en una herramienta de financiamiento político.
Este cambio implicaría una revisión del artículo que establece los objetivos del Banco Central. Milei ha criticado la reforma impulsada en 2012, durante la gestión del BCRA de Mercedes Marcó del Pont, argumentando que amplió demasiado las finalidades de la entidad. En su última intervención en la Fundación Faro, el Presidente expresó que la Carta Orgánica actual permite emitir “por cualquier motivo” y subrayó la necesidad de recuperar la misión de salvaguardar el valor de la moneda.
La discusión también está presente en el marco del programa con el Fondo Monetario Internacional. En la segunda revisión, el organismo señaló que, una vez estabilizada la macroeconomía, sería necesario llevar adelante una reforma legal más amplia del Banco Central para fortalecer su independencia, mejorar su gobernanza y robustecer los resguardos contra el financiamiento monetario del déficit.
Asimismo, la modificación podría incluir normativas sobre la independencia del directorio. El Gobierno contempla fortalecer mandatos técnicos, con validación del Congreso y menos dependencia del ciclo político. El objetivo es proteger a las autoridades del BCRA de los cambios de gobierno y restringir la posibilidad de que el Poder Ejecutivo utilice al banco como una herramienta para financiar programas o vencimientos.
Otro aspecto que se analiza es la emisión que resulta de la compra de reservas. Si el Banco Central adquiere dólares, entrega pesos y expande la base monetaria. El Gobierno evalúa cómo conciliar una regla monetaria estricta con la necesidad de acumular reservas, intervenir en el mercado cambiario o gestionar la liquidez. Este es uno de los temas más complicados para los equipos técnicos, ya que una prohibición total podría limitar la capacidad de acción del BCRA.
En la práctica, la reforma buscaría disociar tres funciones: preservar el valor de la moneda, mantener la estabilidad financiera y actuar como regulador del sistema bancario. El Gobierno aspira a evitar que estas funciones se entrelacen con el financiamiento fiscal. La premisa política de Milei es que la inflación no se combate solamente con disciplina a corto plazo, sino con una regla institucional que impida la emisión para cubrir déficits.
“Es la fase final de la pulverización de la inflación porque no va a dar margen alguno para que el Central financie al Tesoro. Nunca más”, manifiestan en el núcleo duro del equipo económico del Ejecutivo. No obstante, el proyecto aún no ha llegado a su forma definitiva. En la Casa Rosada admiten que no existe un borrador cerrado ni un cronograma formal para su presentación en el Congreso.
Hay quienes dentro del Gobierno consideran que, por el momento, “fue solo un título”. Sin embargo, el anuncio ya ha dado pie a diálogos entre los equipos de Economía, Desregulación y el Banco Central. La reforma se centra en uno de los aspectos más delicados de la política económica argentina: la relación entre el Banco Central y el Tesoro.
Desde un enfoque técnico, el Gobierno pretende limitar o incluso prohibir los adelantos transitorios, las transferencias de utilidades contables y las adquisiciones de deuda pública que puedan funcionar como financiamiento monetario del déficit. Los adelantos transitorios son préstamos a corto plazo que el Banco Central puede conceder al Tesoro, dentro de ciertos límites legales. En cambio, las utilidades son ganancias contables del BCRA que en diversos momentos han sido transferidas al Tesoro y utilizadas como fuente de financiamiento.
Adicionalmente, el Ejecutivo estudia la posibilidad de restringir la compra de títulos públicos por parte del Banco Central. Este aspecto resulta más delicado, ya que una autoridad monetaria puede negociar con bonos del Tesoro por razones de política monetaria, liquidez o estabilidad financiera. La diferencia que busca establecer el Gobierno es entre las operaciones de mercado para gestionar la liquidez y las compras dirigidas a financiar al fisco.
Por ello, en la Casa Rosada contemplan el modelo de Estados Unidos como una referencia. La Reserva Federal permite operaciones con bonos del Tesoro en el mercado secundario para llevar a cabo la política monetaria, pero esto no equivale a una asistencia automática al Tesoro para cubrir sus necesidades fiscales. En el Gobierno creen que esta distinción puede ser útil para diseñar un régimen que mantenga los instrumentos monetarios sin habilitar un financiamiento directo del gasto.
“Va más o menos por ahí”, aseguran fuentes oficiales sobre el diseño técnico que visualizan. La idea en discusión es centrar como prioridad la estabilidad monetaria y financiera, eliminar referencias amplias como equidad social o desarrollo con inclusión y establecer normativas más estrictas que eviten que el BCRA se convierta en una herramienta de financiamiento político.
Este cambio implicaría una revisión del artículo que establece los objetivos del Banco Central. Milei ha criticado la reforma impulsada en 2012, durante la gestión del BCRA de Mercedes Marcó del Pont, argumentando que amplió demasiado las finalidades de la entidad. En su última intervención en la Fundación Faro, el Presidente expresó que la Carta Orgánica actual permite emitir “por cualquier motivo” y subrayó la necesidad de recuperar la misión de salvaguardar el valor de la moneda.
La discusión también está presente en el marco del programa con el Fondo Monetario Internacional. En la segunda revisión, el organismo señaló que, una vez estabilizada la macroeconomía, sería necesario llevar adelante una reforma legal más amplia del Banco Central para fortalecer su independencia, mejorar su gobernanza y robustecer los resguardos contra el financiamiento monetario del déficit.
Asimismo, la modificación podría incluir normativas sobre la independencia del directorio. El Gobierno contempla fortalecer mandatos técnicos, con validación del Congreso y menos dependencia del ciclo político. El objetivo es proteger a las autoridades del BCRA de los cambios de gobierno y restringir la posibilidad de que el Poder Ejecutivo utilice al banco como una herramienta para financiar programas o vencimientos.
Otro aspecto que se analiza es la emisión que resulta de la compra de reservas. Si el Banco Central adquiere dólares, entrega pesos y expande la base monetaria. El Gobierno evalúa cómo conciliar una regla monetaria estricta con la necesidad de acumular reservas, intervenir en el mercado cambiario o gestionar la liquidez. Este es uno de los temas más complicados para los equipos técnicos, ya que una prohibición total podría limitar la capacidad de acción del BCRA.
En la práctica, la reforma buscaría disociar tres funciones: preservar el valor de la moneda, mantener la estabilidad financiera y actuar como regulador del sistema bancario. El Gobierno aspira a evitar que estas funciones se entrelacen con el financiamiento fiscal. La premisa política de Milei es que la inflación no se combate solamente con disciplina a corto plazo, sino con una regla institucional que impida la emisión para cubrir déficits.
