Claudio Lamela, abogado penalista y usuario de Edesur, interpuso una denuncia penal contra directivos de la empresa en febrero de 2025, después de haber padecido 12 cortes de energía en un período de dos semanas, llegando a tener uno de estos cortes que se prolongó casi tres días. La problemática no solo afectó el suministro eléctrico, sino que también lo dejó sin agua, ya que las bombas de su edificio requerían electricidad para funcionar.
Sin embargo, su denuncia no se limitó a su vivencia personal como consumidor. Lamela elaboró un extenso escrito de 21 páginas en el que incorporó no solo sus reclamos, sino también las conclusiones de una auditoría técnica integral llevada a cabo por el ENRE sobre Edesur en 2023.
Dicha auditoría alertaba que la red de Edesur operaba “al límite de la capacidad técnica de la infraestructura instalada” y denunciaba la falta de “inversión real, solo parches”. Además, indicaba que la empresa seguía operando con “equipos de los años 40 y 60” y resaltaba que más del 60% de sus equipos de alta tensión databan de antes de 1980.
El informe también señalaba que la propia compañía admitía que el nivel de inversión estaba cerca de un 85% por debajo de lo requerido para el mantenimiento adecuado del sistema. Lamela denunció cuatro posibles delitos y solicitó ser reconocido como querellante para poder intervenir en el expediente y presentar pruebas.
La causa se asignó al Juzgado Federal N°12, mientras que la investigación fue conducida por la Fiscalía Federal N°4. Según lo expuesto por Lamela, no fue convocado a declarar, no se citaron testigos y no se ordenó ninguna pericia para examinar la red eléctrica.
La única acción relevante en la causa fue una solicitud de información al ENRE. Este organismo reportó que durante 34 días del verano de 2025 se habían presentado 182.489 reclamos por cortes de luz en la Ciudad, y que un solo día había afectado a 342.641 usuarios.
Además, el 31 de diciembre de 2025, una falla en la subestación Bosques dejó sin energía a 1.085.000 usuarios, según los datos incluidos en el expediente. Posteriormente, en mayo de 2026, otra explosión en la subestación Centenario impactó a otros 100.000 usuarios.
En agosto de 2026, tras el archivo del caso, Lamela volvió a recolectar pruebas: 17 vecinos de una misma cuadra de Flores que también habían experimentado cortes de entre 30 y 78 horas firmaron sus reclamos y se ofrecieron como testigos. Sin embargo, el juzgado no los convocó y consideró que esos hechos deberían ser tramitarse en otra causa.
A pesar de la información recopilada, el 16 de julio de 2026, la fiscalía solicitó el archivo de la denuncia, argumentando que los hechos “no revisten carácter penal y resultan manifiestamente atípicos”, y que se intentaba trasladar un conflicto administrativo al ámbito penal. Al día siguiente, el archivo fue efectivizado.
En la misma resolución se denegó la solicitud de Lamela para ser querellante, considerando que, al no existir delito, no correspondía reconocerle esa condición.
El abogado cuestionó esta lógica: se desestimó su participación porque la causa estaba cerrada, pero el cierre se produjo sin permitirle participar ni presentar las pruebas que demandaba.
Lamela apeló la decisión, y la Sala I de la Cámara Federal confirmó esta postura el 26 de agosto, aunque sostuvo que, al no ser querellante, no existía “la imposibilidad de revisar la decisión de fondo impugnada”.
El abogado procedió a llevar su planteo ante Casación. El 17 de septiembre, la misma Sala rechazó el recurso por mayoría, pero el juez Bertuzzi se manifestó en disidencia, indicando que era adecuado habilitar su apelación.
Finalmente, el 22 de septiembre, Lamela presentó una queja ante la Cámara Federal de Casación Penal. Este tribunal tendrá la responsabilidad de decidir si el recurso puede ser revisado.
Mientras tanto, el expediente sigue acumulando datos sobre los cortes del servicio. Entre marzo y agosto de 2025, según mediciones del ENRE, Edesur registró 5,04 cortes por usuario, superando con creces el máximo permitido de 2,07, y más de 11 horas sin suministro en comparación con un límite de 3,81 horas.
El objetivo de Lamela es que la Casación revise el cierre de la investigación. Su principal reclamo es que la denuncia sea analizada y que se le permita ser escuchado antes de que el expediente se cierre de manera definitiva.
Sin embargo, su denuncia no se limitó a su vivencia personal como consumidor. Lamela elaboró un extenso escrito de 21 páginas en el que incorporó no solo sus reclamos, sino también las conclusiones de una auditoría técnica integral llevada a cabo por el ENRE sobre Edesur en 2023.
Dicha auditoría alertaba que la red de Edesur operaba “al límite de la capacidad técnica de la infraestructura instalada” y denunciaba la falta de “inversión real, solo parches”. Además, indicaba que la empresa seguía operando con “equipos de los años 40 y 60” y resaltaba que más del 60% de sus equipos de alta tensión databan de antes de 1980.
El informe también señalaba que la propia compañía admitía que el nivel de inversión estaba cerca de un 85% por debajo de lo requerido para el mantenimiento adecuado del sistema. Lamela denunció cuatro posibles delitos y solicitó ser reconocido como querellante para poder intervenir en el expediente y presentar pruebas.
La causa se asignó al Juzgado Federal N°12, mientras que la investigación fue conducida por la Fiscalía Federal N°4. Según lo expuesto por Lamela, no fue convocado a declarar, no se citaron testigos y no se ordenó ninguna pericia para examinar la red eléctrica.
La única acción relevante en la causa fue una solicitud de información al ENRE. Este organismo reportó que durante 34 días del verano de 2025 se habían presentado 182.489 reclamos por cortes de luz en la Ciudad, y que un solo día había afectado a 342.641 usuarios.
Además, el 31 de diciembre de 2025, una falla en la subestación Bosques dejó sin energía a 1.085.000 usuarios, según los datos incluidos en el expediente. Posteriormente, en mayo de 2026, otra explosión en la subestación Centenario impactó a otros 100.000 usuarios.
En agosto de 2026, tras el archivo del caso, Lamela volvió a recolectar pruebas: 17 vecinos de una misma cuadra de Flores que también habían experimentado cortes de entre 30 y 78 horas firmaron sus reclamos y se ofrecieron como testigos. Sin embargo, el juzgado no los convocó y consideró que esos hechos deberían ser tramitarse en otra causa.
A pesar de la información recopilada, el 16 de julio de 2026, la fiscalía solicitó el archivo de la denuncia, argumentando que los hechos “no revisten carácter penal y resultan manifiestamente atípicos”, y que se intentaba trasladar un conflicto administrativo al ámbito penal. Al día siguiente, el archivo fue efectivizado.
En la misma resolución se denegó la solicitud de Lamela para ser querellante, considerando que, al no existir delito, no correspondía reconocerle esa condición.
El abogado cuestionó esta lógica: se desestimó su participación porque la causa estaba cerrada, pero el cierre se produjo sin permitirle participar ni presentar las pruebas que demandaba.
Lamela apeló la decisión, y la Sala I de la Cámara Federal confirmó esta postura el 26 de agosto, aunque sostuvo que, al no ser querellante, no existía “la imposibilidad de revisar la decisión de fondo impugnada”.
El abogado procedió a llevar su planteo ante Casación. El 17 de septiembre, la misma Sala rechazó el recurso por mayoría, pero el juez Bertuzzi se manifestó en disidencia, indicando que era adecuado habilitar su apelación.
Finalmente, el 22 de septiembre, Lamela presentó una queja ante la Cámara Federal de Casación Penal. Este tribunal tendrá la responsabilidad de decidir si el recurso puede ser revisado.
Mientras tanto, el expediente sigue acumulando datos sobre los cortes del servicio. Entre marzo y agosto de 2025, según mediciones del ENRE, Edesur registró 5,04 cortes por usuario, superando con creces el máximo permitido de 2,07, y más de 11 horas sin suministro en comparación con un límite de 3,81 horas.
El objetivo de Lamela es que la Casación revise el cierre de la investigación. Su principal reclamo es que la denuncia sea analizada y que se le permita ser escuchado antes de que el expediente se cierre de manera definitiva.
