El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) ha dispuesto nuevos embargos preventivos y medidas cautelares sobre diversos bienes relacionados con los condenados en la Causa Vialidad. Uno de los inmuebles incluídos es el departamento de San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple su condena bajo prisión domiciliaria.
La propiedad es de Los Sauces S.A., la empresa inmobiliaria de la familia Kirchner, y ahora se suma a los activos sobre los que la Justicia avanza para asegurar el cumplimiento del decomiso que se establece en la sentencia, el cual asciende a un total de $685.000 millones.
No obstante, esta resolución no implica, por ahora, que la propiedad sea subastada ni que cambie de titularidad de inmediato. Por ello, no se establece que Cristina Kirchner deba dejar su residencia actual, aunque la situación del departamento plantea interrogantes sobre lo que podría suceder si finalmente se lleva a cabo el decomiso.
Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso han señalado que las medidas cautelares buscan garantizar la indisponibilidad jurídica de los bienes durante el proceso para determinar cuáles serán efectivamente objeto de decomiso.
Dicha decisión se produce en el marco de una segunda fase de ejecución patrimonial de la sentencia, en la cual, en una primera instancia, el fiscal Diego Luciani había solicitado avanzar sobre 111 propiedades, solicitud que fue posteriormente aprobada por el TOF 2.
En noviembre, el tribunal había dispuesto el decomiso de 20 inmuebles pertenecientes a la familia Kirchner, 85 correspondientes a Lázaro Báez y sus empresas, y otros seis de los restantes condenados. La Cámara Federal de Casación Penal, a fines de febrero, ratificó la interpretación del tribunal y ordenó continuar con esas propiedades, pero tanto Cristina Kirchner como Lázaro Báez apelaron, por lo que la resolución sobre ese primer conjunto de activos está ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia.
Mientras el máximo tribunal analiza estos recursos, el TOF 2 ha llevado adelante medidas sobre una segunda serie que incluye 144 bienes, abarcando propiedades, vehículos y participaciones accionariales en diversas sociedades.
Asimismo, dentro de las nuevas medidas también se encuentra la inclusión de 5 millones de dólares que Florencia Kirchner tenía depositados en una caja de seguridad del Banco Galicia.
Para extender las medidas sobre los activos de Máximo y Florencia Kirchner, los magistrados se basaron en las conclusiones de la sentencia condenatoria de la Causa Vialidad. Según el tribunal, la maniobra vinculada a la adjudicación de obra pública generó beneficios económicos directos para Lázaro Báez y beneficios indirectos para la familia Kirchner. Los jueces destacaron que entre 2003 y 2015 existió una relación económico-comercial entre las empresas del empresario y los negocios familiares.
Durante ese lapso, las empresas de Báez alquilaron propiedades, gestionaron establecimientos turísticos y llevaron a cabo construcciones en hoteles e inmuebles de la familia Kirchner, ya sea a título personal como a través de las sociedades Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.
Según el TOF 2, parte de los recursos derivados del delito se canalizaron a través de estas operaciones, lo que resultó en activos pertenecientes a las empresas familiares. Con base en esta interpretación, los magistrados consideraron que el decomiso podría afectar bienes incorporados por los nueve condenados a sus patrimonios entre 2003 y 2015. Las medidas preventivas tienen el objetivo de impedir que esos activos sean dispuestos mientras se establece su situación definitiva.
Además, la resolución se fundamenta en el artículo 23 del Código Penal, que permite alcanzar a sociedades o personas jurídicas que se beneficien del producto o provecho de un delito, así como ciertos bienes o participaciones que sean cedidos o transferidos gratuitamente a terceros.
De este modo, el departamento de San José 1111 queda cautelarmente incluido en el proceso de ejecución patrimonial de la condena, mientras el TOF 2 prosigue con la segunda fase sobre los activos y la Corte Suprema debe resolver sobre los recursos presentados respecto del primer grupo de propiedades.
La propiedad es de Los Sauces S.A., la empresa inmobiliaria de la familia Kirchner, y ahora se suma a los activos sobre los que la Justicia avanza para asegurar el cumplimiento del decomiso que se establece en la sentencia, el cual asciende a un total de $685.000 millones.
No obstante, esta resolución no implica, por ahora, que la propiedad sea subastada ni que cambie de titularidad de inmediato. Por ello, no se establece que Cristina Kirchner deba dejar su residencia actual, aunque la situación del departamento plantea interrogantes sobre lo que podría suceder si finalmente se lleva a cabo el decomiso.
Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso han señalado que las medidas cautelares buscan garantizar la indisponibilidad jurídica de los bienes durante el proceso para determinar cuáles serán efectivamente objeto de decomiso.
Dicha decisión se produce en el marco de una segunda fase de ejecución patrimonial de la sentencia, en la cual, en una primera instancia, el fiscal Diego Luciani había solicitado avanzar sobre 111 propiedades, solicitud que fue posteriormente aprobada por el TOF 2.
En noviembre, el tribunal había dispuesto el decomiso de 20 inmuebles pertenecientes a la familia Kirchner, 85 correspondientes a Lázaro Báez y sus empresas, y otros seis de los restantes condenados. La Cámara Federal de Casación Penal, a fines de febrero, ratificó la interpretación del tribunal y ordenó continuar con esas propiedades, pero tanto Cristina Kirchner como Lázaro Báez apelaron, por lo que la resolución sobre ese primer conjunto de activos está ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia.
Mientras el máximo tribunal analiza estos recursos, el TOF 2 ha llevado adelante medidas sobre una segunda serie que incluye 144 bienes, abarcando propiedades, vehículos y participaciones accionariales en diversas sociedades.
Asimismo, dentro de las nuevas medidas también se encuentra la inclusión de 5 millones de dólares que Florencia Kirchner tenía depositados en una caja de seguridad del Banco Galicia.
Para extender las medidas sobre los activos de Máximo y Florencia Kirchner, los magistrados se basaron en las conclusiones de la sentencia condenatoria de la Causa Vialidad. Según el tribunal, la maniobra vinculada a la adjudicación de obra pública generó beneficios económicos directos para Lázaro Báez y beneficios indirectos para la familia Kirchner. Los jueces destacaron que entre 2003 y 2015 existió una relación económico-comercial entre las empresas del empresario y los negocios familiares.
Durante ese lapso, las empresas de Báez alquilaron propiedades, gestionaron establecimientos turísticos y llevaron a cabo construcciones en hoteles e inmuebles de la familia Kirchner, ya sea a título personal como a través de las sociedades Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.
Según el TOF 2, parte de los recursos derivados del delito se canalizaron a través de estas operaciones, lo que resultó en activos pertenecientes a las empresas familiares. Con base en esta interpretación, los magistrados consideraron que el decomiso podría afectar bienes incorporados por los nueve condenados a sus patrimonios entre 2003 y 2015. Las medidas preventivas tienen el objetivo de impedir que esos activos sean dispuestos mientras se establece su situación definitiva.
Además, la resolución se fundamenta en el artículo 23 del Código Penal, que permite alcanzar a sociedades o personas jurídicas que se beneficien del producto o provecho de un delito, así como ciertos bienes o participaciones que sean cedidos o transferidos gratuitamente a terceros.
De este modo, el departamento de San José 1111 queda cautelarmente incluido en el proceso de ejecución patrimonial de la condena, mientras el TOF 2 prosigue con la segunda fase sobre los activos y la Corte Suprema debe resolver sobre los recursos presentados respecto del primer grupo de propiedades.
